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Pianesi y Balán integran organización señalada por vínculos con la CIA

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Los diputados provinciales Ariel Pianesi, de la Unión Cívica Radical (UCR) Misiones, y Soledad Balán, del Frente Renovador de la Concordia Social, figuran en el listado de políticos asociados a la Red de Acción Política (RAP), una organización financiada por la National Endowment for Democracy (NED) estadounidense.

En la lista, figura también la misionera María Belén Pérez, presidenta de la Juventud Radical (JR) entre 2019 y 2021, y del mismo sector conducido por Martín Lousteau, con el que se referencia Pianesi.

Según aseguran personalidades como los ex presidentes latinoamericanos Rafael Correa, de Ecuador, el boliviano Evo Morales y el hondureño Manuel Zelaya, así como intelectuales y ex agentes de Estados Unidos, tanto la NED como la RAP reciben financiamiento de la CIA, la central de inteligencia de los Estados Unidos.

En el mismo sentido, diversos medios estadounidenses, como The Washington Post, han ubicado a la NED como sucesora de la CIA en las intervenciones norteamericanas en distintos escenarios internacionales.

Por su parte, la Red de Acción Política (RAP), que integran los tres dirigentes misioneros, es una organización con sede en Buenos Aires creada en 2002 por el empresario Alan Clutterbuck.

La cara visible de la fundación fue miembro del equipo económico del gobierno de Carlos Menem y colaborador de Patricia Bullrich en Unión por la Libertad, el partido creado por la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri.

La RAP se presenta como “una fundación plural y apartidaria, que tiene como misión hacer un aporte hacia la formación y el fortalecimiento de la dirigencia política en Argentina a partir de un auténtico espíritu republicano, una vocación de fortalecer el marco institucional y un conjunto de valores, principios y conductas compartidas”.

Las empresas que financian la fundación, y figuran como sus socios principales, son Coca-Cola, Arcos Dorados (McDonald’s), JP Morgan, Techint, Arcor y los bancos Galicia, HSBC, Santander Río y Francés. Entre los socios adherentes aparecen, además, la minera Barrick Gold y el Banco Hipotecario y, entre los sponsors principales, están Telefónica e IBM.

Los misioneros

Los diputados provinciales que figuran en el listado de políticos reclutados por la RAP reconocieron sus vínculos con la fundación de Clutterbuck y haber participado de diversas convocatorias, pero negaron conocer la línea de financiamiento que se le cuestiona a la entidad.

“Nada que ver”, dijo la legisladora Soledad Balán, consultada por La Voz de Misiones, y comentó: “Vi la publicación”.

“La RAP está compuesta por funcionarios y empresarios. Tiene empresas grandes que aportan, un montón”, señaló, y aclaró: “Los funcionarios ni pagamos, ni recibimos dinero”.

“Yo participé de dos actividades presenciales y una virtual”, recordó.

De su lado, el radical Ariel “Pepe” Pianesi contestó: “Sí, participo, pero ni idea de lo demás”, aseguró y lanzó: “Debe ser fake”.

El precandidato a senador nacional de Juntos por el Cambio (JxC) también contó que participó de convocatorias de la organización, “como de muchas organizadas por ONG, fundaciones, asociaciones civiles, etcétera”.

“Me invitaron a participar de encuentros virtuales sobre distintos temas”, afirmó y graficó: “Son instancias de debate participativas, con actores de distintos partidos políticos”.

“Honestamente, no creo que alguien pueda creer que esa noticia sea cierta”, cerró el aspirante al Senado.

Políticos enlistados

La RAP aglutina unos 200 políticos argentinos, entre los que se cuentan figuras nacionales como Margarita Stolbizer (GEN), el peronista Juan Manuel Urtubey, y los dirigentes de Juntos por el Cambio Eduardo Amadeo, Gabriela Michetti, Oscar Aguad, Adrián Pérez, Federico Pinedo, Silvana Giudici, Ricardo Buryaile, Carolina Stanley y Federico Sturzenegger, entre otros.

También hay gobernadores, como el santafesino Omar Perotti y el mendocino Rodolfo Suarez; intendentes, como Pablo Javkin, de Rosario; Martín Llaryora, el electo gobernador de Córdoba; Martín Yeza, de Pinamar; Inés Brizuela y Doria, de La Rioja; y Emilio Jatón, de Santa Fé, entre otros.

La fundación ofrece a sus políticos la participación en cursos y seminarios, que se desarrollan en el país y en el exterior y del que también participan empresarios, con gastos de viaje pagos en todos los casos.

Estados Unidos, Reino Unido, Colombia, Australia y Nueva Zelanda, figuran entre los destinos más recurrentes de las convocatorias.

Según anuncian en su página web, el proceso de selección se da luego de definir una “matriz objetivo” de políticos a incorporar, “en función de criterios de pluralidad y diversidad partidaria, ideológica, de cargos, geográfica y de género”.

“Finalmente, si ambas partes están de acuerdo y firman el acta de compromisos, el político queda incorporado a RAP en calidad de miembro y puede participar de las iniciativas que se llevan adelante”, explican.

Descubiertos

La NED (National Endowment for Democracy) fue creada en 1983 por el Congreso de Estados Unidos a instancias del entonces presidente Reagan, con el propósito de financiar proyectos que promuevan la democracia liberal en el mundo.

En un artículo de 1991, The Washington Post entrevistaba a un ex agente de la CIA, quien revelaba la trama oculta del cambio en la política exterior de Estados Unidos, superada la “guerra fría” con el bloque comunista.

“La vieja era de las operaciones encubiertas ha muerto”, señalaba el espía entrevistado por TWP.

“La abeja reina de las operaciones abiertas ha sido la National Endowment For Democracy (…) Hizo abiertamente lo que alguna vez fue inconfesable: enviar dinero para fuerzas anticomunistas detrás de la cortina de hierro”, agregaba.

El hombre afirmaba que “mucho de lo que hacemos hoy lo hacíamos con la CIA hace 25 años”, y contaba que la NED “gasta anualmente 30 millones de dólares para financiar partidos políticos, sindicatos, movimientos disidentes y medios de comunicación en una docena de países”.

“Desde hace 30 años, la National Endowment for Democracy se encarga de la parte legal de las operaciones ilegales de la CIA. Sin despertar sospechas, ha venido creando una extensa red mundial de corrupción, comprando sindicatos -tanto obreros como patronales- así como partidos políticos de izquierda y de derecha para que defiendan los intereses de Estados Unidos en vez de los intereses de sus propios miembros”, escribió Thierry Meyssan, periodista y activista político francés, fundador de la red Voltaire.

En 2015, la Fiscalía General de Rusia declaró “indeseable” la NED, y la caratuló como una “amenaza al orden constitucional, la capacidad del defensa y la seguridad del Estado”.

El organismo ruso acusó a la fundación estadounidense de participar en “acciones dirigidas a reconocer como ilegítimos los resultados electorales, organizar actos políticos para influir en las decisiones de órganos del poder ejecutivo y desacreditar el servicio en las Fuerzas Armadas de Rusia”.

También, presidentes latinoamericanos, como Correa, Morales y Zelaya, se refirieron en diversas ocasiones a la NED como un brazo de la CIA en la región.

El hondureño ubicó a la fundación estadounidense detrás del financiamiento del golpe de Estado que lo sacó del gobierno en 2009.

“Si a los hondureños nos hubieran dejado arreglar nuestros problemas, yo creo que hubiéramos llegado a acuerdos pacíficos; el problema es que se metieron fuerzas extranjeras; especialmente, las derechas más recalcitrantes de los Estados Unidos”, sostuvo Zelaya.

La NED canaliza el financiamiento de programas y organizaciones no gubernamentales como la RAP de Alan Clutterbuck a través del Centro Internacional para la Empresa Privada (Cipe), creado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham); el Instituto de Sindicatos Libres (FTUI), creado por la Federación Estadounidense del Trabajo y el Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO); el Instituto Nacional Demócrata para los Asuntos Internacionales (NDIIA), del Partido Demócrata; y el Instituto Nacional Republicano para Asuntos Internacionales (NRIIA), asociado al Partido Republicano.

El mismo sitio de la RAP, menciona actividades conjuntas con estos organismos, como el programa “Generando Espacios de Diálogo Público – Privado”, realizado en 2010, que consistió en un viaje a Washington de un grupo de 11 políticos de la lista y nueve empresarios.

Un informe del programa ADN, del periodista Tomás Mendez, de 2017, denunciaba a la fundación de Clutterbuck como pantalla de operaciones encubiertas de Estados Unidos en el país.

El segmento de C5N presentó material de archivo y los testimonios de los tres ex presidentes latinoamericanos; el ex analista de la CIA Ray McGovern, que asoció a la NED con lo que describió como “equipo de operaciones encubiertas”; y el ex activista de Greenpeace Franco Segesso.

“Nosotros en una organización social a veces tardamos un año en conseguir una reunión con cualquier político”, dijo Segesso en el segmento de C5N. “Estas empresas, en una semana, pueden tener una reunión con cualquiera de estas personas”, agregó.

Política

Inviolabilidad Privada con media sanción: los tres misioneros votaron a favor

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Intendentes

Con los votos de Sonia Rojas Decut, Carlos Arce y Martín Goerling, el gobierno nacional logró dar media sanción en el Senado al proyecto de Ley de Inviolabilidad a la Propiedad Privada, luego de quitar el articulado sobre extranjerización de tierras y dar de baja las modificaciones a la Ley de Manejo de Fuego.

La iniciativa fue sancionada por 37 a 33 votos que fueron aportados por la Libertad Avanza, UCR, PRO, y los senadores provinciales de Misiones, Chubut, Neuquén y un legislador de Provincias Unidas. 

El Gobierno ya había eliminado el capítulo 3 sobre extranjerización de la tierra y a última hora debió excluir los artículos sobre la Ley del Manejo del Fuego. Ese respaldo se obtuvo con los 21 votos de La Libertad Avanza, 9 de la UCR, 3 del PRO, los dos senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, el correntino Carlos “Camau” Espínola  y la chubutense Edith Terenzi.

En contra estuvieron 24 senadores del interbloque justicialista, 3 de Convicción Federal, Beatriz Avila de Independencia, Flavia Royon de Primero los Salteños, Alejandra Vigo de Provincias Unidas, la neuquina Julieta Corroza y los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano.

Sin embargo, el oficialismo fracasó en su propósito de cambiar para la reforma de la Ley de Manejo del Fuego, ya que había senadores dialoguistas que rechazaban esta propuesta.

Los radicales Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger, además de Terenzi, Royón, Alejandra Vigo, los santacruceños Carambia y Gadano, la tucumana Beatriz Oliva y dos representantes misioneros, rechazaron los cambios a la ley promovida por Máximo Kirchner.

La ley vigente, impulsada en 2020, prohíbe modificar durante 60 años el uso de bosques nativos y humedales afectados por incendios y durante 30 años en el caso de tierras agropecuarias. El Gobierno busca flexibilizar ese régimen al considerar que castiga a los propietarios de los inmuebles incendiados.

En el capítulo sobre desalojos el oficialismo junto a los aliados tuvo 36 votos ya que la chubutense Edith Terenzi decidió abstenerse.

Cómo quedan los desalojos

– Se aplicará el desalojo exprés en los casos en que se trate de inmuebles usurpados o tenedores precarios.

– El juez podrá disponer la inmediata entrega del inmueble si “el derecho invocado fuese verosímil y previa caución juratoria”.

– El juez podrá intimar dentro de las 72 horas la devolución del inmueble si así lo pide el propietario, que deberá mostrar con prueba documental que es el dueño de este terreno, vivienda o campo.

– Los propietarios podrán intimidar a los inquilinos que adeudan el pago de sus contratos, pero le deberán otorgar un plazo de al menos 10 días corridos para ponerse al día, que se contarán desde que reciben la respectiva notificación.

– La notificación se deberá realizar en el domicilio denunciado en el contrato o también por correo electrónico y deberá precisar el lugar exacto del pago.

– Si se mantiene el incumplimiento del inquilino, el propietario puede iniciar la acción de desalojo que se efectuará en un plazo de 10 días hábiles.

– El propietario no puede negarse a recibir las llaves ni poner condiciones para aceptarlas, aunque puede dejar asentado por escrito que quedan deudas pendientes por reclamar después.

– En el caso de que haya menores o adultos en situación de desamparado, el juez deberá darles intervención obligatoria a los organismos de protección locales y al Ministerio Público Tutelar.

Expropiaciones

– La declaración de utilidad pública se deberá aplicar de manera restrictiva declaración de “utilidad pública” deberá interpretarse de manera restrictiva.

– El Estado deberá fundamentar los motivos claramente de esa medida.

– Se estableció un tope 30% de indemnización por lucro cesante.

– La tasa de interés que se deberá pagar será la del Índice de precios al Consumidor más la tasa del Banco Nación a treinta días. No se realizará la transferencia sin el pago de la indemnización, aunque el Estado podrá pedir la posesión de ese bien.

– El juez podrá pedir un dictamen del Tribunal de Tasaciones de la Nación cuando hay diferencias sobre el valor que debe pagar el Estado.

Digitalización y regularización de escrituras

Se podrá presentar documentos digitales en los Registros de la Propiedad de todo el país, aunque en algunas jurisdicciones ya se permiten.

El proyecto modifica la ley “Pierri” de regularización dominial para que puedan acceder a la escritura de esa vivienda única para las familias que tengan una posesión pública durante los 10 años anteriores para poder acceder a ese beneficio.

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Política

Marcha contra la Ley de Tierras en Posadas: “Basta de miseria y entrega”

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Integrantes de organizaciones sociales, ambientales, educativas y políticas, se concentraron esta tarde en el Mástil de avenida Mitre de Posadas para marchar hacia la plaza 9 de Julio en rechazo al proyecto de Ley de Inviolabilidad a la Propiedad Privada impulsada por el gobierno nacional.

De esta manera, una columna de manifestantes que se extendió a lo largo de cuatro cuadras desplegó distintas banderas y carteles que expresaban: “Nuestra tierra es nuestra” y “La patria no se vende, no se incendia ni se desaloja”.

“El proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, o Ley de Extranjerización de la Tierra, favorecería a una mayor concentración y extranjerización de la tierra, permitiendo una mayor participación de grandes grupos económicos en la compra de tierras productivas”, alertó uno de los manifestantes presentes.

Y añadió: “Misiones es capital de la biodiversidad, su territorio está sobre el Acuífero Guaraní y eso es estratégico considerando además su ubicación geográfica en la Triple Frontera. El 78% de los lagos quedaría sin protección ante la compra de tierras ribereñas, al igual que el 65% de los ríos y el 41% de las nacientes de agua quedarían desregularizadas”.

Marcha contra la Ley de Tierras en Posadas

Durante la lectura de un documento colectivo, los presentes hicieron referencia a los datos del Registro Nacional de Tierras Rurales, que da cuenta de que el país reúne un total de 13 millones de hectáreas en manos extranjeras, el equivalente a cuatro veces la superficie de Corrientes y Misiones, siendo esta última la que reúne la mayor proporción de tierras extranjerizadas.

“En la actualidad, en Misiones existen departamentos como Iguazú que representa el 40% de la superficie extranjerizada. Considerando que un 27% corresponde a áreas protegidas, el territorio disponible para el asentamiento y el desarrollo de las comunidades locales es limitado. Esta situación se ve agravada por tratarse de una región estratégica debido a la riqueza de sus recursos naturales y su ubicación fronteriza”, precisaron.

El listado lo completan los departamentos de Montecarlo (18%), General San Martín (17%), Eldorado (16%) y con el mismo porcentaje Concepción de la Sierra y San Javier. “Todos por encima del 15% establecido por la Ley 26.737”, advirtieron.

En tanto, a nivel municipal, las localidades con mayor concentración de tierras extranjeras son: Puerto Iguazú, Puerto Libertad, Puerto Esperanza, Comandante Andresito, San Antonio, Eldorado, Puerto Piray, Montecarlo, El Alcázar, Puerto Rico. “Estos municipios conforman un corredor estratégico de fuerte presencia de capitales extranjeros en el norte de nuestra provincia”, lamentaron.

Alrededor de 400 personas marcharon en la capital provincial

Al igual que en otros puntos de la provincia y del país, la movilización se realizó durante la sesión en la que se debatió el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado de la Nación.

Sin la parte de extranjerización del territorio, el paquete del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, modifica el Código Procesal Civil y Comercial, habilitando los “desalojos exprés” de propiedades ocupadas mediante procesos judiciales sumarísimos que no necesitan de sentencia firme, entre otros temas.

Para finalizar, los manifestantes pidieron a los legisladores “respetar la voz del pueblo”, y añadieron: “No sean cómplices del saqueo del país, basta de miseria y entrega, voten en contra de este proyecto de ley. La tierra y la soberanía son el futuro de nuestro pueblo y por eso se deben defender”.

En el Senado el debate continúa sobre el proyecto general, mientras que a las afueras una multitudinaria movilización pregona el rechazo en medio de incidentes.

Arce, Rojas Decut y Goerling evitaron que proyecto de Milei vuelva a comisión

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Arce, Rojas Decut y Goerling evitaron que proyecto de Milei vuelva a comisión

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El Senado de la Nación rechazó devolver el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada a comisión, tal como solicitó el peronismo para consensuar un nuevo despacho luego de que el gobierno se viera obligado a retirar el Capítulo 3 de extranjerización de la tierra.

Con el apoyo de los misioneros Carlos Arce, Sonia Rojas Decut y Martín Goerling, el oficialismo reunió 38 votos a favor de continuar el debate, contra 31 votos de la oposición por enviar de nuevo el proyecto a comisión.

Así, el debate continúa en este momento en el recinto, de un proyecto de ley que vio pasar unos 16 borradores del despacho de mayoría, que incluía el capítulo eliminado ayer por La Libertad Avanza dado el escaso apoyo legislativo, y que como sostuvo el peronista José Mayans “el pueblo argentino no sabe bien de qué trata el texto que fue corregido y corregido muchas veces”.

Sin la parte de la extranjerización del territorio, el paquete del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, modifica el Código Procesal Civil y Comercial, habilitando los “desalojos exprés” de propiedades ocupadas mediante procesos judiciales sumarísimos que no necesitan de sentencia firme.

Además, complejiza la expropiación estatal de propiedades privadas, encareciendo la estatización con obligaciones como el “lucro cesante” y la actualización de las indemnizaciones por inflación más y una tasa de interés comercial activa.

También reforma la Ley de Manejo del Fuego 26.815, sancionada a fines de 2012 y modificada en 2020, que establece los “presupuestos mínimos de protección ambiental” destinados a prevenir y combatir los incendios forestales y rurales en el país.

En concreto, el proyecto elimina la normativa introducida en 2020 por el peronismo para impedir la modificación del uso de tierras que hayan sufrido incendios de cualquier tipo, prohibiendo su venta o loteo por plazos de entre 30 y 60 años, para evitar quemas intencionales con fines inmobiliarios o agropecuarios.

Monobloque

Minutos antes del inicio de la sesión, la senadora Rojas Decut anunció la conformación de un bloque unipersonal denominado Movimiento por Misiones (MPM).

A través de un comunicado con membrete del Senado, Rojas Decut explicó que “lejos de significar un cambio de rumbo, esta decisión representa la consolidación de un camino político que pone en el centro a Misiones, su identidad y el mandato de los misioneros”.

“Vine al Senado a defender a mi provincia”, afirmó Rojas Decut y argumentó que su nuevo bloque unipersonal “es la expresión institucional del compromiso territorial que vengo sosteniendo desde el primer día”.

“Es una herramienta de gestión al servicio del gobierno de la provincia y de cada misionero que abraza los ideales del federalismo”, definió. “Movimiento por Misiones nace para sostener un compromiso territorial directo con los 79 municipios de la provincia”, señaló y sostuvo que el sentido de su espacio “es escuchar a quienes viven, producen, gestionan y construyen la provincia todos los días, y llevar esas voces al Congreso de la Nación”.

Entre las prioridades de su bloque, Rojas Decut enlistó la “defensa de la tierra misionera, el  rechazo a cualquier reforma que facilite la extranjerización indiscriminada de tierras rurales, sin tener en cuenta las particularidades de las provincias, o que debilite la protección de las zonas de frontera hídrica, con el Acuífero Guaraní como patrimonio estratégico irrenunciable; la custodia de la biodiversidad; el federalismo real; la educación como motor de desarrollo; el trabajo, la producción y la innovación, con el crecimiento equilibrado en los casi 30.000 km² de la provincia, generando más oportunidades para cerca de 1.300.000 misioneros”.

“Estoy a disposición para llevar la voz del gobierno de mi provincia al Congreso de la Nación”, señaló Rojas Decut y finalizó: “Esa es una causa que no admite grietas, porque la identidad misionera es una forma de construir futuro poniendo siempre a Misiones en primer lugar”.

 

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