Nuestras Redes

Política

Pianesi y Balán integran organización señalada por vínculos con la CIA

Publicado

el

CIA

Los diputados provinciales Ariel Pianesi, de la Unión Cívica Radical (UCR) Misiones, y Soledad Balán, del Frente Renovador de la Concordia Social, figuran en el listado de políticos asociados a la Red de Acción Política (RAP), una organización financiada por la National Endowment for Democracy (NED) estadounidense.

En la lista, figura también la misionera María Belén Pérez, presidenta de la Juventud Radical (JR) entre 2019 y 2021, y del mismo sector conducido por Martín Lousteau, con el que se referencia Pianesi.

Según aseguran personalidades como los ex presidentes latinoamericanos Rafael Correa, de Ecuador, el boliviano Evo Morales y el hondureño Manuel Zelaya, así como intelectuales y ex agentes de Estados Unidos, tanto la NED como la RAP reciben financiamiento de la CIA, la central de inteligencia de los Estados Unidos.

En el mismo sentido, diversos medios estadounidenses, como The Washington Post, han ubicado a la NED como sucesora de la CIA en las intervenciones norteamericanas en distintos escenarios internacionales.

Por su parte, la Red de Acción Política (RAP), que integran los tres dirigentes misioneros, es una organización con sede en Buenos Aires creada en 2002 por el empresario Alan Clutterbuck.

La cara visible de la fundación fue miembro del equipo económico del gobierno de Carlos Menem y colaborador de Patricia Bullrich en Unión por la Libertad, el partido creado por la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri.

La RAP se presenta como “una fundación plural y apartidaria, que tiene como misión hacer un aporte hacia la formación y el fortalecimiento de la dirigencia política en Argentina a partir de un auténtico espíritu republicano, una vocación de fortalecer el marco institucional y un conjunto de valores, principios y conductas compartidas”.

Las empresas que financian la fundación, y figuran como sus socios principales, son Coca-Cola, Arcos Dorados (McDonald’s), JP Morgan, Techint, Arcor y los bancos Galicia, HSBC, Santander Río y Francés. Entre los socios adherentes aparecen, además, la minera Barrick Gold y el Banco Hipotecario y, entre los sponsors principales, están Telefónica e IBM.

Los misioneros

Los diputados provinciales que figuran en el listado de políticos reclutados por la RAP reconocieron sus vínculos con la fundación de Clutterbuck y haber participado de diversas convocatorias, pero negaron conocer la línea de financiamiento que se le cuestiona a la entidad.

“Nada que ver”, dijo la legisladora Soledad Balán, consultada por La Voz de Misiones, y comentó: “Vi la publicación”.

“La RAP está compuesta por funcionarios y empresarios. Tiene empresas grandes que aportan, un montón”, señaló, y aclaró: “Los funcionarios ni pagamos, ni recibimos dinero”.

“Yo participé de dos actividades presenciales y una virtual”, recordó.

De su lado, el radical Ariel “Pepe” Pianesi contestó: “Sí, participo, pero ni idea de lo demás”, aseguró y lanzó: “Debe ser fake”.

El precandidato a senador nacional de Juntos por el Cambio (JxC) también contó que participó de convocatorias de la organización, “como de muchas organizadas por ONG, fundaciones, asociaciones civiles, etcétera”.

“Me invitaron a participar de encuentros virtuales sobre distintos temas”, afirmó y graficó: “Son instancias de debate participativas, con actores de distintos partidos políticos”.

“Honestamente, no creo que alguien pueda creer que esa noticia sea cierta”, cerró el aspirante al Senado.

Políticos enlistados

La RAP aglutina unos 200 políticos argentinos, entre los que se cuentan figuras nacionales como Margarita Stolbizer (GEN), el peronista Juan Manuel Urtubey, y los dirigentes de Juntos por el Cambio Eduardo Amadeo, Gabriela Michetti, Oscar Aguad, Adrián Pérez, Federico Pinedo, Silvana Giudici, Ricardo Buryaile, Carolina Stanley y Federico Sturzenegger, entre otros.

También hay gobernadores, como el santafesino Omar Perotti y el mendocino Rodolfo Suarez; intendentes, como Pablo Javkin, de Rosario; Martín Llaryora, el electo gobernador de Córdoba; Martín Yeza, de Pinamar; Inés Brizuela y Doria, de La Rioja; y Emilio Jatón, de Santa Fé, entre otros.

La fundación ofrece a sus políticos la participación en cursos y seminarios, que se desarrollan en el país y en el exterior y del que también participan empresarios, con gastos de viaje pagos en todos los casos.

Estados Unidos, Reino Unido, Colombia, Australia y Nueva Zelanda, figuran entre los destinos más recurrentes de las convocatorias.

Según anuncian en su página web, el proceso de selección se da luego de definir una “matriz objetivo” de políticos a incorporar, “en función de criterios de pluralidad y diversidad partidaria, ideológica, de cargos, geográfica y de género”.

“Finalmente, si ambas partes están de acuerdo y firman el acta de compromisos, el político queda incorporado a RAP en calidad de miembro y puede participar de las iniciativas que se llevan adelante”, explican.

Descubiertos

La NED (National Endowment for Democracy) fue creada en 1983 por el Congreso de Estados Unidos a instancias del entonces presidente Reagan, con el propósito de financiar proyectos que promuevan la democracia liberal en el mundo.

En un artículo de 1991, The Washington Post entrevistaba a un ex agente de la CIA, quien revelaba la trama oculta del cambio en la política exterior de Estados Unidos, superada la “guerra fría” con el bloque comunista.

“La vieja era de las operaciones encubiertas ha muerto”, señalaba el espía entrevistado por TWP.

“La abeja reina de las operaciones abiertas ha sido la National Endowment For Democracy (…) Hizo abiertamente lo que alguna vez fue inconfesable: enviar dinero para fuerzas anticomunistas detrás de la cortina de hierro”, agregaba.

El hombre afirmaba que “mucho de lo que hacemos hoy lo hacíamos con la CIA hace 25 años”, y contaba que la NED “gasta anualmente 30 millones de dólares para financiar partidos políticos, sindicatos, movimientos disidentes y medios de comunicación en una docena de países”.

“Desde hace 30 años, la National Endowment for Democracy se encarga de la parte legal de las operaciones ilegales de la CIA. Sin despertar sospechas, ha venido creando una extensa red mundial de corrupción, comprando sindicatos -tanto obreros como patronales- así como partidos políticos de izquierda y de derecha para que defiendan los intereses de Estados Unidos en vez de los intereses de sus propios miembros”, escribió Thierry Meyssan, periodista y activista político francés, fundador de la red Voltaire.

En 2015, la Fiscalía General de Rusia declaró “indeseable” la NED, y la caratuló como una “amenaza al orden constitucional, la capacidad del defensa y la seguridad del Estado”.

El organismo ruso acusó a la fundación estadounidense de participar en “acciones dirigidas a reconocer como ilegítimos los resultados electorales, organizar actos políticos para influir en las decisiones de órganos del poder ejecutivo y desacreditar el servicio en las Fuerzas Armadas de Rusia”.

También, presidentes latinoamericanos, como Correa, Morales y Zelaya, se refirieron en diversas ocasiones a la NED como un brazo de la CIA en la región.

El hondureño ubicó a la fundación estadounidense detrás del financiamiento del golpe de Estado que lo sacó del gobierno en 2009.

“Si a los hondureños nos hubieran dejado arreglar nuestros problemas, yo creo que hubiéramos llegado a acuerdos pacíficos; el problema es que se metieron fuerzas extranjeras; especialmente, las derechas más recalcitrantes de los Estados Unidos”, sostuvo Zelaya.

La NED canaliza el financiamiento de programas y organizaciones no gubernamentales como la RAP de Alan Clutterbuck a través del Centro Internacional para la Empresa Privada (Cipe), creado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham); el Instituto de Sindicatos Libres (FTUI), creado por la Federación Estadounidense del Trabajo y el Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO); el Instituto Nacional Demócrata para los Asuntos Internacionales (NDIIA), del Partido Demócrata; y el Instituto Nacional Republicano para Asuntos Internacionales (NRIIA), asociado al Partido Republicano.

El mismo sitio de la RAP, menciona actividades conjuntas con estos organismos, como el programa “Generando Espacios de Diálogo Público – Privado”, realizado en 2010, que consistió en un viaje a Washington de un grupo de 11 políticos de la lista y nueve empresarios.

Un informe del programa ADN, del periodista Tomás Mendez, de 2017, denunciaba a la fundación de Clutterbuck como pantalla de operaciones encubiertas de Estados Unidos en el país.

El segmento de C5N presentó material de archivo y los testimonios de los tres ex presidentes latinoamericanos; el ex analista de la CIA Ray McGovern, que asoció a la NED con lo que describió como “equipo de operaciones encubiertas”; y el ex activista de Greenpeace Franco Segesso.

“Nosotros en una organización social a veces tardamos un año en conseguir una reunión con cualquier político”, dijo Segesso en el segmento de C5N. “Estas empresas, en una semana, pueden tener una reunión con cualquiera de estas personas”, agregó.

Política

La Marcha Universitaria colmó Posadas en defensa de la educación pública

Publicado

el

La cuarta Marcha Federal Universitaria dejó en Misiones una imagen difícil de recordar en los últimos años: una movilización que desbordó las calles del centro de Posadas y convirtió a la plaza 9 de Julio en el punto de llegada de una multitud atravesada por la defensa de la educación pública.

El punto de convocatoria fue el Mástil de la avenida Uruguay, a las 14. Desde allí, la columna avanzó por la calle Ayacucho hasta la intersección con Bolívar, en dirección a la plaza. Más de doce cuadras de manifestantes recorrieron el centro posadeño en una caravana que, a cada paso, sumaba más personas.

Cuatro cuadras y media podían contarse cuando la columna todavía estaba lejos del acto central. Minutos después, siete cuadras completas avanzaban entre cánticos, banderas y aplausos. Una convocatoria que los presentes describieron como una de las más masivas que haya vivido la provincia.

La columna avanzó por calle Ayacucho y llegó a cubrir más de siete cuadras.

Estudiantes, docentes, no docentes, jubilados y trabajadores universitarios se sumaron unidos contra el desfinanciamiento, apenas un día después de conocerse nuevos recortes y quita de subsidios a las universidades nacionales, y horas antes de una reunión clave entre el gobierno nacional y las autoridades universitarias.

“Exigimos que se cumplan los principios democráticos. No puede ser que el gobierno nacional actúe de manera inconstitucional”, expresó Gisela Spasiuk, docente y Secretaria General Académica de la Universidad Nacional de Misiones (Unam). 

Al llegar al centro de la ciudad, el acto principal tuvo como eje la lectura de un memorándum consensuado por las organizaciones universitarias y replicado en cada una de las marchas realizadas en el país. El documento expuso el rechazo al ajuste sobre las universidades públicas y reclamó la aplicación efectiva de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, sancionada por el Congreso en 2025 y aún sin aplicación plena.

Marcho por una universidad de calidad, por un sueldo digno, porque tuvimos una pérdida salarial enorme producto de la devaluación y aun así seguimos enseñando. Esta es nuestra lucha, la de los docentes y la de los alumnos, porque nosotros también estudiamos en una facultad pública”, sostuvo una docente de la Facultad de Ciencias Exactas.

Estudiantes, docentes, no docentes y vecinos se sumaron a la movilización.

La trabajadora universitaria contó que estuvo tres años trabajando ad honorem y que hoy, con un cargo de ayudante de primera de diez horas semanales, percibe un salario de $250.000.

Nahuel, estudiante avanzado de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Unam, marchó en reclamo de mayor financiamiento universitario. Contó que fue uno de los perjudicados por el recorte de políticas estudiantiles, como el desfinanciamiento del comedor universitario, las becas y la quita de las becas Progresar.

“No hay una respuesta de por qué me sacaron la beca. Estoy acá por la posibilidad de continuar mis estudios y para que muchos más estudiantes puedan acceder a una educación de calidad, habitar la educación pública y no las calles”, expresó.

“Alguien no nos está escuchando y por eso tenemos la obligación de salir a las calles para hacernos oír”, dijo Jeremías, estudiante de la carrera de Comunicación Social de la Facultad de Humanidades.

Ana Lucía, colombiana radicada hace diez años en Misiones y tesista de la Licenciatura en Trabajo Social, también participó de la movilización.

“Hay que defender la universidad pública y este derecho”, declaró.

Además, sostuvo que en un contexto regional atravesado por el avance de políticas de derecha no se pueden perder las conquistas alcanzadas por los pueblos.

“En Colombia estudié en una universidad privada y, aunque soy profesional, no pude homologar mis estudios. En la universidad pública fue una experiencia totalmente distinta: te da otra visión, te hace mirar el contexto y, como inmigrante, acceder a este derecho es un gran logro que no debe ser quitado”, expresó.

Milei y Adorni fueron los principales apuntados en los carteles de los manifestantes.

Entre los principales puntos, el memorándum advirtió sobre la caída real del presupuesto universitario, que según el informe del CEPA alcanzó el 41,6% respecto de 2023, además de la pérdida del poder adquisitivo de docentes y no docentes, cuyos salarios acumulan una caída superior al 34% desde noviembre de 2023.

También se remarcó que gran parte de los trabajadores universitarios perciben ingresos por debajo de la línea de pobreza y que el proyecto impulsado por el gobierno nacional no recompone las pérdidas acumuladas frente a la inflación.

Por su parte, el vicerrector de la Unam, Sergio Edgardo Katogui, presente en la marcha, expresó que la masiva convocatoria refleja el acompañamiento de toda la comunidad universitaria y de gran parte de la sociedad al reclamo del sector.

“Elevamos este reclamo desde el sistema universitario pidiendo algo tan simple como el cumplimiento de una ley que lleva más de 200 días sancionada y cuya aplicación sigue siendo dilatada sistemáticamente”, señaló.

Además, remarcó la fuerte pérdida del poder adquisitivo de docentes y trabajadores universitarios, junto con la falta de recomposición de las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades.

Para Katogui, resultó “casi una provocación” que un día antes de la marcha el gobierno nacional anunciara nuevas medidas de recorte al sistema universitario y que recién después de la movilización convocara a una reunión.

Y sostuvo que este marco de ajuste impacta en toda la sociedad pero “pese a eso, hemos tenido la mayor cantidad de inscriptos en toda la historia de la universidad. Por eso entendemos que la universidad pública sigue siendo la esperanza de los jóvenes y que la sociedad continúa depositando su confianza en la educación pública. Eso redobla nuestro compromiso para seguir luchando y defender la universidad pública como esperanza del pueblo”, concluyó Katogui.

Universitarios vuelven a las calles para exigir el cumplimiento de la ley

Seguir Leyendo

Política

Intendente rechaza la municipalización de Moconá: “No es prioridad”

Publicado

el

Moconá

El intendente de El Soberbio, Ricardo Leiva, consideró que en estos momentos la municipalización de Moconá “no está en la agenda porque no es prioridad”, mientras que vecinos del paraje La Barra formularon una nota en rechazo al proyecto de ley y la presentarán en los próximos días ante la Legislatura provincial.

Este mes ingresó a la Cámara de Representantes de Misiones un proyecto que propone la creación del municipio de Moconá, una jurisdicción de más de 21.000 habitantes que sería dividida del actual territorio de El Soberbio en caso de aprobarse. 

La iniciativa presentada por la diputada del Frente Encuentro Misionero, María del Carmen Méndez Azón, se inscribe en el proceso de municipalización que avanza en Misiones para “mejorar servicios del Estado en zonas alejadas”, como fue el caso de Fracrán en octubre del año 2022.

Entrevistado por Radio República, el mandatario local expresó su disconformidad con el proyecto. “Hoy por hoy, como estamos, no es necesario”, afirmó, aunque no descartó dar el paso en un futuro “cuando tengamos una economía más fuerte y quizás en esos lugares la instalación de otras instituciones que hacen al servicio de la comunidad. Ahí podría entrar dentro de la lógica, hoy no es prioridad”.

Al mismo tiempo, señaló: “Hoy tenemos un municipio ordenado, brindamos todo tipo de servicios en cada una de las picadas así que no estamos para eso, más en esta situación de crisis, necesitamos seguir brindando estos servicios”.

Para el intendente, quienes apoyan la municipalización de Moconá integran un grupo reducido de vecinos: “Una diputada justicialista estuvo juntando adherentes y de ahí viene el planteo de cuatro, cinco personas, de hacer un municipio nuevo. Entonces encararon con notas, hicieron firmar a los vecinos, algunos tenían muchas dudas, incluso me preguntaban, y yo les dije que lo hagan, pero para nosotros no es una prioridad en este momento porque estamos abocados a otras cuestiones”.

“Tenemos distintos grupos políticos, los que están en las colonias están totalmente en desacuerdo con esto. Los de La Barra hicieron notas para mostrar su repudio porque no quieren perder su identidad como soberbianos. Seguramente la enviarán a la Cámara en los próximos días”, concluyó.

El proyecto se alinea con la creación de nuevos municipios, tal como ocurrió con Dos Hermanas, Fracrán, Salto Encantado y Pozo Azul, con el objetivo de “acercar el Estado a las colonias más alejadas de los centros urbanos”. 

El Soberbio: comerciantes juntan firmas para declarar emergencia en seguridad

Seguir Leyendo

Política

Universitarios vuelven a las calles para exigir el cumplimiento de la ley

Publicado

el

Este martes a las 14, docentes, estudiantes y no docentes, de las distintas sedes de la Universidad Nacional de Misiones (Unam), se concentrarán en el Mástil de las avenidas Uruguay y Mitre de Posadas para marchar hacia la Plaza 9 de Julio por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobado por el Congreso y ratificado por la Justicia.

Al igual que en otros puntos del país, la Unam se sumará a la cuarta Marcha Federal Universitaria, en lo que va de la gestión de Javier Milei, y estará acompañada por diferentes organizaciones sociales, sindicales y políticas, como la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y el Partido Justicialista distrito Misiones (PJ).

A través de un comunicado, desde la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (Fhycs)de la Unam, coincidieron en que “la educación pública argentina atraviesa hoy uno de los capítulos más complejos y determinantes de su historia”, por lo que, de cara a una nueva marcha, aseguraron: “El panorama en los pasillos de las facultades y en los espacios de investigación o extensión no es sólo de preocupación, sino de lucha activa por la supervivencia del sistema educativo y científico-técnico”.

Respecto a lo económico, manifestaron que “el ajuste sobre el sector científico-tecnológico ha alcanzado un escalofriante 44%, con la pérdida de más de 4.500 empleos en organismos clave”.

A su vez, añadieron que “el conflicto se ha judicializado y profundizado, aunque la Ley de Financiamiento Universitario está vigente -tras haber sido aprobada por el Congreso, vetada por el ejecutivo y nuevamente ratificada por el Poder Legislativo-, el gobierno nacional se resiste a su cumplimiento efectivo, apelando incluso ante la corte suprema para evitar la actualización de partidas y salarios”.

Particularmente, en la Unam “la crisis golpea con una fuerza particular debido a las asimetrías regionales, por lo que enfrenta su peor presupuesto en dos décadas y la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (Fhycs), uno de los ámbitos de fomento del pensamiento crítico y la formación en la región, se encuentra en la primera línea de esta resistencia”.

En este sentido, el decano de dicha casa de estudios, Cristian Garrido, ha sido contundente al describir la gravedad del cuadro: “Logramos sostener la universidad como derecho y proyecto colectivo, pero el escenario es desfavorable. No sólo se han congelado los montos de las becas, sino que pasamos de tener 11.000 becas Progresar a apenas 3.000. Muchos estudiantes están teniendo problemas reales para sostenerse dentro del sistema. Para los estudiantes, la universidad no es solo un edificio, es un proyecto de vida”.

En este contexto, plantearon que “la movilización no es solo una protesta por salarios o infraestructura; es la defensa de un modelo de país”. Por ello, exige la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento, para cubrir salarios reales, recuperar la ciencia y tecnología, detener el desmantelamiento de organismos como el Conicet, Inta, Inti y Bienestar Estudiantil, además de restituir las becas y financiamiento para comedores y albergues.

La marcha es organizada a lo largo y ancho del país por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Gremial Docente.

La Unam se suma a la cuarta marcha federal universitaria el 12 de mayo

Seguir Leyendo
Publicidad

Lo más visto