Política
Pianesi y Balán integran organización señalada por vínculos con la CIA
Los diputados provinciales Ariel Pianesi, de la Unión Cívica Radical (UCR) Misiones, y Soledad Balán, del Frente Renovador de la Concordia Social, figuran en el listado de políticos asociados a la Red de Acción Política (RAP), una organización financiada por la National Endowment for Democracy (NED) estadounidense.
En la lista, figura también la misionera María Belén Pérez, presidenta de la Juventud Radical (JR) entre 2019 y 2021, y del mismo sector conducido por Martín Lousteau, con el que se referencia Pianesi.
Según aseguran personalidades como los ex presidentes latinoamericanos Rafael Correa, de Ecuador, el boliviano Evo Morales y el hondureño Manuel Zelaya, así como intelectuales y ex agentes de Estados Unidos, tanto la NED como la RAP reciben financiamiento de la CIA, la central de inteligencia de los Estados Unidos.
En el mismo sentido, diversos medios estadounidenses, como The Washington Post, han ubicado a la NED como sucesora de la CIA en las intervenciones norteamericanas en distintos escenarios internacionales.
Por su parte, la Red de Acción Política (RAP), que integran los tres dirigentes misioneros, es una organización con sede en Buenos Aires creada en 2002 por el empresario Alan Clutterbuck.
La cara visible de la fundación fue miembro del equipo económico del gobierno de Carlos Menem y colaborador de Patricia Bullrich en Unión por la Libertad, el partido creado por la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri.
La RAP se presenta como “una fundación plural y apartidaria, que tiene como misión hacer un aporte hacia la formación y el fortalecimiento de la dirigencia política en Argentina a partir de un auténtico espíritu republicano, una vocación de fortalecer el marco institucional y un conjunto de valores, principios y conductas compartidas”.
Las empresas que financian la fundación, y figuran como sus socios principales, son Coca-Cola, Arcos Dorados (McDonald’s), JP Morgan, Techint, Arcor y los bancos Galicia, HSBC, Santander Río y Francés. Entre los socios adherentes aparecen, además, la minera Barrick Gold y el Banco Hipotecario y, entre los sponsors principales, están Telefónica e IBM.
Los misioneros
Los diputados provinciales que figuran en el listado de políticos reclutados por la RAP reconocieron sus vínculos con la fundación de Clutterbuck y haber participado de diversas convocatorias, pero negaron conocer la línea de financiamiento que se le cuestiona a la entidad.
“Nada que ver”, dijo la legisladora Soledad Balán, consultada por La Voz de Misiones, y comentó: “Vi la publicación”.
“La RAP está compuesta por funcionarios y empresarios. Tiene empresas grandes que aportan, un montón”, señaló, y aclaró: “Los funcionarios ni pagamos, ni recibimos dinero”.
“Yo participé de dos actividades presenciales y una virtual”, recordó.
De su lado, el radical Ariel “Pepe” Pianesi contestó: “Sí, participo, pero ni idea de lo demás”, aseguró y lanzó: “Debe ser fake”.
El precandidato a senador nacional de Juntos por el Cambio (JxC) también contó que participó de convocatorias de la organización, “como de muchas organizadas por ONG, fundaciones, asociaciones civiles, etcétera”.
“Me invitaron a participar de encuentros virtuales sobre distintos temas”, afirmó y graficó: “Son instancias de debate participativas, con actores de distintos partidos políticos”.
“Honestamente, no creo que alguien pueda creer que esa noticia sea cierta”, cerró el aspirante al Senado.

Políticos enlistados
La RAP aglutina unos 200 políticos argentinos, entre los que se cuentan figuras nacionales como Margarita Stolbizer (GEN), el peronista Juan Manuel Urtubey, y los dirigentes de Juntos por el Cambio Eduardo Amadeo, Gabriela Michetti, Oscar Aguad, Adrián Pérez, Federico Pinedo, Silvana Giudici, Ricardo Buryaile, Carolina Stanley y Federico Sturzenegger, entre otros.
También hay gobernadores, como el santafesino Omar Perotti y el mendocino Rodolfo Suarez; intendentes, como Pablo Javkin, de Rosario; Martín Llaryora, el electo gobernador de Córdoba; Martín Yeza, de Pinamar; Inés Brizuela y Doria, de La Rioja; y Emilio Jatón, de Santa Fé, entre otros.
La fundación ofrece a sus políticos la participación en cursos y seminarios, que se desarrollan en el país y en el exterior y del que también participan empresarios, con gastos de viaje pagos en todos los casos.
Estados Unidos, Reino Unido, Colombia, Australia y Nueva Zelanda, figuran entre los destinos más recurrentes de las convocatorias.
Según anuncian en su página web, el proceso de selección se da luego de definir una “matriz objetivo” de políticos a incorporar, “en función de criterios de pluralidad y diversidad partidaria, ideológica, de cargos, geográfica y de género”.
“Finalmente, si ambas partes están de acuerdo y firman el acta de compromisos, el político queda incorporado a RAP en calidad de miembro y puede participar de las iniciativas que se llevan adelante”, explican.
Descubiertos
La NED (National Endowment for Democracy) fue creada en 1983 por el Congreso de Estados Unidos a instancias del entonces presidente Reagan, con el propósito de financiar proyectos que promuevan la democracia liberal en el mundo.
En un artículo de 1991, The Washington Post entrevistaba a un ex agente de la CIA, quien revelaba la trama oculta del cambio en la política exterior de Estados Unidos, superada la “guerra fría” con el bloque comunista.
“La vieja era de las operaciones encubiertas ha muerto”, señalaba el espía entrevistado por TWP.
“La abeja reina de las operaciones abiertas ha sido la National Endowment For Democracy (…) Hizo abiertamente lo que alguna vez fue inconfesable: enviar dinero para fuerzas anticomunistas detrás de la cortina de hierro”, agregaba.
El hombre afirmaba que “mucho de lo que hacemos hoy lo hacíamos con la CIA hace 25 años”, y contaba que la NED “gasta anualmente 30 millones de dólares para financiar partidos políticos, sindicatos, movimientos disidentes y medios de comunicación en una docena de países”.
“Desde hace 30 años, la National Endowment for Democracy se encarga de la parte legal de las operaciones ilegales de la CIA. Sin despertar sospechas, ha venido creando una extensa red mundial de corrupción, comprando sindicatos -tanto obreros como patronales- así como partidos políticos de izquierda y de derecha para que defiendan los intereses de Estados Unidos en vez de los intereses de sus propios miembros”, escribió Thierry Meyssan, periodista y activista político francés, fundador de la red Voltaire.
En 2015, la Fiscalía General de Rusia declaró “indeseable” la NED, y la caratuló como una “amenaza al orden constitucional, la capacidad del defensa y la seguridad del Estado”.
El organismo ruso acusó a la fundación estadounidense de participar en “acciones dirigidas a reconocer como ilegítimos los resultados electorales, organizar actos políticos para influir en las decisiones de órganos del poder ejecutivo y desacreditar el servicio en las Fuerzas Armadas de Rusia”.
También, presidentes latinoamericanos, como Correa, Morales y Zelaya, se refirieron en diversas ocasiones a la NED como un brazo de la CIA en la región.
El hondureño ubicó a la fundación estadounidense detrás del financiamiento del golpe de Estado que lo sacó del gobierno en 2009.
“Si a los hondureños nos hubieran dejado arreglar nuestros problemas, yo creo que hubiéramos llegado a acuerdos pacíficos; el problema es que se metieron fuerzas extranjeras; especialmente, las derechas más recalcitrantes de los Estados Unidos”, sostuvo Zelaya.
La NED canaliza el financiamiento de programas y organizaciones no gubernamentales como la RAP de Alan Clutterbuck a través del Centro Internacional para la Empresa Privada (Cipe), creado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham); el Instituto de Sindicatos Libres (FTUI), creado por la Federación Estadounidense del Trabajo y el Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO); el Instituto Nacional Demócrata para los Asuntos Internacionales (NDIIA), del Partido Demócrata; y el Instituto Nacional Republicano para Asuntos Internacionales (NRIIA), asociado al Partido Republicano.
El mismo sitio de la RAP, menciona actividades conjuntas con estos organismos, como el programa “Generando Espacios de Diálogo Público – Privado”, realizado en 2010, que consistió en un viaje a Washington de un grupo de 11 políticos de la lista y nueve empresarios.
Un informe del programa ADN, del periodista Tomás Mendez, de 2017, denunciaba a la fundación de Clutterbuck como pantalla de operaciones encubiertas de Estados Unidos en el país.
El segmento de C5N presentó material de archivo y los testimonios de los tres ex presidentes latinoamericanos; el ex analista de la CIA Ray McGovern, que asoció a la NED con lo que describió como “equipo de operaciones encubiertas”; y el ex activista de Greenpeace Franco Segesso.
“Nosotros en una organización social a veces tardamos un año en conseguir una reunión con cualquier político”, dijo Segesso en el segmento de C5N. “Estas empresas, en una semana, pueden tener una reunión con cualquiera de estas personas”, agregó.
Política
Reforma laboral: media sanción con los votos de Rojas Decut, Arce y Goerling
Tras casi 17 horas de tratamiento, la reforma laboral logró media sanción en el Senado con 42 votos positivos, incluyendo el de los misioneros, Sonia Rojas Decut, Carlos Arce y Martín Goerling, y el aval de los 26 títulos que integran el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei.
Tras la aprobación del Presupuesto 2026 en diciembre último, la Ley de Modernización Laboral se convirtió en una de las leyes más importantes que el Gobierno aspira a sancionar luego de la ley Bases aprobada en el 2024.
El proyecto contempla incentivos para promover el ingreso al empleo formal con la baja de impuestos, topes a las indemnizaciones y el armado, habilita los convenios por empresa, crea el banco de horas, y establece límites al derecho de huelga en los servicios esenciales.
La sesión comenzó a las 11:13 de ayer miércoles y cerca de la medianoche el único orador por Misiones fue el senador del bloque del PRO Martín Goerling, quien adelantó su acompañamiento en general. Mientras que los renovadores Rojas Decut y Arce también votaron en el mismo sentido.
En su lectura de datos, Goerling remarcó que con la legislación actual “El Estado se queda con un tercio del salario de un trabajador antes de que llegue a fin de mes”. Al mismo tiempo, añadió que “Argentina tiene hoy la carga laboral en contratos más alta de América Latina”.
Por lo que consideró: “Tenemos que defender el trabajo de los argentinos. Esta ley va en contra de la intermediación, en contra de la industria del juicio”. Y adelantó: “Hoy el PRO va a acompañar esta ley en general porque va a votar por el que quiere contratar y no se anima, por el joven que quiere trabajar y no puede, por los 6 millones de argentinos que hoy están en la informalidad. Debemos dar el paso de reformar esta ley para que uno de los cambios profundos que necesita la Argentina empiece a dar sus frutos”.
En el último tramo del debate en general, asistieron a la sesión desde un balcón del recinto la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el subsecretario Eduardo “Lule Menem”, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Finalmente, la votación en general se dio a la 1:20, cuando los 42 votos a favor fueron marcados por los legisladores de LLA (20), el PRO (3), UCR (10), Frente Cívico (1), Independencia (1), el Frente Renovador de la Concordia (2), Primero los Salteños (1), Provincias Unidas (2), Despierta Chubut (1) y la Neuquinidad (1).
Mientras que los 30 votos de rechazo aportó el interbloque del peronismo conformado por el bloque Justicialista, Convicción Federal y el Frente Cívico de Santiago del Estero.

Votación por la Ley de Modernización Laboral
Luego, continuó la votación en particular de los 26 títulos que conforman el proyecto, momento en que el oficialismo no aceptó las modificaciones propuestas por diferentes senadores peronistas, como el caso del capítulo XIV donde figuraba el artículo referido a mantener el aporte obligatorio a los gremios y empresas, por lo que propusieron volver a la propuesta del Gobierno nacional para que esos aportes sean voluntarios.
En esa votación el oficialismo obtuvo 40 votos a favor, 32 en contra y la sesión concluyó pocos minutos antes de las 4.
De esta manera, el oficialismo recibió el apoyo de los gobernadores de Misiones, Hugo Passalacqua, Salta Gustavo Sáenz, de Tucumán Osvaldo Jaldo, de Chubut Ignacio Torres, de Neuquén Rolando Figueroa, de Corrientes Juan Pablo Valdes y de Córdoba, Martín Llaryora.
Los detalles
A lo largo de toda la jornada el oficialismo y sus aliados mantuvieron la decisión de autorizar solo a las autoridades bancarias el uso de billeteras virtuales para pagar sueldos y señalaron que, si una billetera virtual quiere tener esa posibilidad, deberá adecuarse a las normas del Banco Central.
También se votó que se mantenga el sistema de aportes que hacen los afiliados a los gremios y allí se dispuso que no habrá ningún plazo para su vigencia, pero sí un tope del 2%. Esa misma medida se aplicará a las cámaras que reciben aportes obligatorios de las empresas que tendrán un tope del 0,5%.
En el tema del Instituto Nacional del Cine (Incaa) se decidió que se mantendrá hasta el 2028 el sistema de financiamiento que tiene actualmente con el 10% del precio de las entradas de cine, 10% de la venta/alquiler de videos y 25% de la recaudación del Enacom hasta el 2028 y luego se mantendrá con partidas del Presupuesto Nacional.
El proyecto finalmente fue girado a la Cámara de Diputados y el oficialismo aspira a poder votar esa iniciativa antes del 27 de febrero.
Incidentes frente al Congreso mientras el Senado debate la reforma laboral
Política
Herrera Ahuad cuestionó el financiamiento para la reforma penal juvenil
El diputado nacional del Frente Renovador Neo, Oscar Herrera Ahuad, quien integra el interbloque Innovación Federal, participó hoy como orador en el debate del dictamen del proyectos de reforma penal juvenil en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la Nación. Durante su exposición, puso el foco en la falta de precisiones sobre el financiamiento que deberían asumir las provincias para implementar la legislación, en caso de que sea aprobada.
“Otra vez ponen en manos de las provincias una responsabilidad que debe ser compartida con la Nación”, cuestionó frente a sus pares el legislador, también médico pediatra y ex gobernador de Misiones.
En ese marco, Herrera aseguró que la ley “genera incertidumbre” en cuanto al financiamiento y que “muchas familias” están esperando “estos equipos multidisciplinarios”. Además, aclaró que no se refería al “crimen” que pudieran cometer los menores, sino “al delito que comete y la familia no lo puede contener porque es un menor adicto y está en un sistema que lo lleva cada día a eso”.
El diputado señaló que actualmente “se pone 23 millones de pesos para el Ministerio Público Fiscal y para el Ministerio de Justicia de la Nación” y, en esa línea, interpeló a los presentes con la pregunta: “¿Ustedes están convencidos de que con ese dinero van a poder construir centros modelos en toda la Argentina, cuando se han desfinanciado hasta los centros mínimos que tenemos de desarrollo infantil?”.
“No hay plata”, arremetió Herrera citando la premisa del presidente Javier Milei y continuó: “Otra vez va esto en el lomo de los gobernadores y las provincias, y otra vez escuchamos la otra campana, de decirles a los gobernadores ‘bajen los impuestos’, ‘achiquen los gastos’. ¿Ustedes creen que con esto se soluciona este problema? Yo le puedo asegurar que no”.
El diputado por Misiones también se refirió a la situación actual del sistema de salud mental del país, al que describió como “total y absolutamente desmembrado”.
“Se quitó el financiamiento a lo que es el programa de salud mental de la Argentina, que, con errores o con aciertos, en mi provincia lo pudimos aplicar muy bien y no coincido en eso de mandarlos a un manicomio. Nosotros los socializamos: los enfermos con alguna patología mental acuden a hospitales normales y son atendidos por equipos que están ahí, pero se hace cargo la provincia”, subrayó Herrera.
Y agregó: “Le estamos dando la responsabilidad a las provincias de construir centros multidisciplinarios sin decir de dónde van a sacar los recursos”.
Seguidamente, el exgobernador volvió a poner el foco en los recursos que propone la legislación: “La discusión está dada en todos los órdenes. Nosotros, en nuestra provincia, queremos saber: ¿de dónde vamos a sacar los recursos?, ¿Quién nos va a dar? Y también queremos que nos ayuden y nos acompañen en esto de decir: bajen los impuestos, achiquen el gasto. Ese es un gasto público y lo van a asumir las provincias”.
Por último, el diputado solicitó incorporar al dictamen un “capitulo de asignación de recursos específicos y taxativo para las provincias para llevar adelante esto, esos es una gran solución no para construir cárceles, sí para construir centros modelos y recuperar lo que en algún momento tuvimos como política publica que es la contención de nuestros jóvenes”.
Herrera Ahuad designado en comisión que tratará baja de edad de imputabilidad
Política
Marcharon contra la reforma laboral en Posadas
Al igual que en otros puntos del país, esta mañana, trabajadores nucleados en diferentes agrupaciones sociales, gremiales y políticas, marcharon a la plaza central de la capital provincial en rechazo al tratamiento legislativo de la reforma laboral, conocida como Ley de Modernización Laboral que se debate hoy en el Senado.
La columna ocupó al menos dos cuadras y se desplazó por calle Junín, desde el Mástil de Uruguay y Mitre hasta la Plaza 9 de Julio, donde referentes del Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Partido Obrero (PO) y otras agrupaciones, brindaron discursos advirtiendo sobre los riesgos de la aprobación e implementación de la reforma laboral en el país.
Desde la manifestación, Jazmín Kinder, integrante del Partido Obrero, expresó: “Me parece realmente gravísimo lo que se está por votar hoy. Es una contrarreforma a la que no consideramos laboral, sino esclavista, porque lleva a una involución de los derechos laborales hasta la desaparición de los mismos”.
Y sumó: “Quiero que se llame la atención respecto al discurso del gobierno, de enfrentar a trabajadores y trabajadoras porque hay una realidad: no se puede tapar el sol con la mano, hay una gran mayoría de trabajadores que están siendo precarizados en el país y eso se debe a que no hubo control por parte de los gobernantes”.
En ese sentido, refirió a las “facilidades” que implementó el gobierno para continuar “precarizando” a distintos sectores de trabajadores “con exenciones impositivas a los empleadores y una burocracia sindical que no luchó por el pase a planta de los trabajadores, sino que abogó por aumentar a la precarización, tercerización y demás. Que unos tengan derechos y otros no es algo muy peligroso”.
En ese contexto, recordó la pérdida de más de 400 empresas en Misiones y al menos 2 mil puestos de trabajo en blanco. Por lo que también refirió al éxodo de trabajadores argentinos a Brasil, lo que, a su entender, respondería a “la destrucción de la industria y los puestos de trabajo”.
Desde la CTA, Martín Ayala, enfatizó: “Hay que buscar la mayor unidad posible en todo el campo nacional y popular de las centrales obreras y los sindicatos de base, las organizaciones sociales, políticas y de jubilados, no es reforma, es regresión. Los trabajadores sabemos que es un revanchismo social de la vieja oligarquía”.
Desde el mismo espacio, Mónica Gurina, resaltó: “Hemos trabajado como pueblo para construir un derecho protectorio para los trabajadores, para la clase trabajadora que hace la riqueza de la Argentina. Sin embargo, nuestros carteles hablan, los legisladores han traicionado sucesivamente a los trabajadores”.
A nivel provincial, la protesta se replicará en Oberá y en Eldorado, y en distintas ciudades ubicadas a lo largo y ancho del país, desde donde proponen generar un “plan de lucha para derrotar la reforma esclavista y al gobierno nacional”.

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