Política
Pianesi y Balán integran organización señalada por vínculos con la CIA
Los diputados provinciales Ariel Pianesi, de la Unión Cívica Radical (UCR) Misiones, y Soledad Balán, del Frente Renovador de la Concordia Social, figuran en el listado de políticos asociados a la Red de Acción Política (RAP), una organización financiada por la National Endowment for Democracy (NED) estadounidense.
En la lista, figura también la misionera María Belén Pérez, presidenta de la Juventud Radical (JR) entre 2019 y 2021, y del mismo sector conducido por Martín Lousteau, con el que se referencia Pianesi.
Según aseguran personalidades como los ex presidentes latinoamericanos Rafael Correa, de Ecuador, el boliviano Evo Morales y el hondureño Manuel Zelaya, así como intelectuales y ex agentes de Estados Unidos, tanto la NED como la RAP reciben financiamiento de la CIA, la central de inteligencia de los Estados Unidos.
En el mismo sentido, diversos medios estadounidenses, como The Washington Post, han ubicado a la NED como sucesora de la CIA en las intervenciones norteamericanas en distintos escenarios internacionales.
Por su parte, la Red de Acción Política (RAP), que integran los tres dirigentes misioneros, es una organización con sede en Buenos Aires creada en 2002 por el empresario Alan Clutterbuck.
La cara visible de la fundación fue miembro del equipo económico del gobierno de Carlos Menem y colaborador de Patricia Bullrich en Unión por la Libertad, el partido creado por la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri.
La RAP se presenta como “una fundación plural y apartidaria, que tiene como misión hacer un aporte hacia la formación y el fortalecimiento de la dirigencia política en Argentina a partir de un auténtico espíritu republicano, una vocación de fortalecer el marco institucional y un conjunto de valores, principios y conductas compartidas”.
Las empresas que financian la fundación, y figuran como sus socios principales, son Coca-Cola, Arcos Dorados (McDonald’s), JP Morgan, Techint, Arcor y los bancos Galicia, HSBC, Santander Río y Francés. Entre los socios adherentes aparecen, además, la minera Barrick Gold y el Banco Hipotecario y, entre los sponsors principales, están Telefónica e IBM.
Los misioneros
Los diputados provinciales que figuran en el listado de políticos reclutados por la RAP reconocieron sus vínculos con la fundación de Clutterbuck y haber participado de diversas convocatorias, pero negaron conocer la línea de financiamiento que se le cuestiona a la entidad.
“Nada que ver”, dijo la legisladora Soledad Balán, consultada por La Voz de Misiones, y comentó: “Vi la publicación”.
“La RAP está compuesta por funcionarios y empresarios. Tiene empresas grandes que aportan, un montón”, señaló, y aclaró: “Los funcionarios ni pagamos, ni recibimos dinero”.
“Yo participé de dos actividades presenciales y una virtual”, recordó.
De su lado, el radical Ariel “Pepe” Pianesi contestó: “Sí, participo, pero ni idea de lo demás”, aseguró y lanzó: “Debe ser fake”.
El precandidato a senador nacional de Juntos por el Cambio (JxC) también contó que participó de convocatorias de la organización, “como de muchas organizadas por ONG, fundaciones, asociaciones civiles, etcétera”.
“Me invitaron a participar de encuentros virtuales sobre distintos temas”, afirmó y graficó: “Son instancias de debate participativas, con actores de distintos partidos políticos”.
“Honestamente, no creo que alguien pueda creer que esa noticia sea cierta”, cerró el aspirante al Senado.
Políticos enlistados
La RAP aglutina unos 200 políticos argentinos, entre los que se cuentan figuras nacionales como Margarita Stolbizer (GEN), el peronista Juan Manuel Urtubey, y los dirigentes de Juntos por el Cambio Eduardo Amadeo, Gabriela Michetti, Oscar Aguad, Adrián Pérez, Federico Pinedo, Silvana Giudici, Ricardo Buryaile, Carolina Stanley y Federico Sturzenegger, entre otros.
También hay gobernadores, como el santafesino Omar Perotti y el mendocino Rodolfo Suarez; intendentes, como Pablo Javkin, de Rosario; Martín Llaryora, el electo gobernador de Córdoba; Martín Yeza, de Pinamar; Inés Brizuela y Doria, de La Rioja; y Emilio Jatón, de Santa Fé, entre otros.
La fundación ofrece a sus políticos la participación en cursos y seminarios, que se desarrollan en el país y en el exterior y del que también participan empresarios, con gastos de viaje pagos en todos los casos.
Estados Unidos, Reino Unido, Colombia, Australia y Nueva Zelanda, figuran entre los destinos más recurrentes de las convocatorias.
Según anuncian en su página web, el proceso de selección se da luego de definir una “matriz objetivo” de políticos a incorporar, “en función de criterios de pluralidad y diversidad partidaria, ideológica, de cargos, geográfica y de género”.
“Finalmente, si ambas partes están de acuerdo y firman el acta de compromisos, el político queda incorporado a RAP en calidad de miembro y puede participar de las iniciativas que se llevan adelante”, explican.
Descubiertos
La NED (National Endowment for Democracy) fue creada en 1983 por el Congreso de Estados Unidos a instancias del entonces presidente Reagan, con el propósito de financiar proyectos que promuevan la democracia liberal en el mundo.
En un artículo de 1991, The Washington Post entrevistaba a un ex agente de la CIA, quien revelaba la trama oculta del cambio en la política exterior de Estados Unidos, superada la “guerra fría” con el bloque comunista.
“La vieja era de las operaciones encubiertas ha muerto”, señalaba el espía entrevistado por TWP.
“La abeja reina de las operaciones abiertas ha sido la National Endowment For Democracy (…) Hizo abiertamente lo que alguna vez fue inconfesable: enviar dinero para fuerzas anticomunistas detrás de la cortina de hierro”, agregaba.
El hombre afirmaba que “mucho de lo que hacemos hoy lo hacíamos con la CIA hace 25 años”, y contaba que la NED “gasta anualmente 30 millones de dólares para financiar partidos políticos, sindicatos, movimientos disidentes y medios de comunicación en una docena de países”.
“Desde hace 30 años, la National Endowment for Democracy se encarga de la parte legal de las operaciones ilegales de la CIA. Sin despertar sospechas, ha venido creando una extensa red mundial de corrupción, comprando sindicatos -tanto obreros como patronales- así como partidos políticos de izquierda y de derecha para que defiendan los intereses de Estados Unidos en vez de los intereses de sus propios miembros”, escribió Thierry Meyssan, periodista y activista político francés, fundador de la red Voltaire.
En 2015, la Fiscalía General de Rusia declaró “indeseable” la NED, y la caratuló como una “amenaza al orden constitucional, la capacidad del defensa y la seguridad del Estado”.
El organismo ruso acusó a la fundación estadounidense de participar en “acciones dirigidas a reconocer como ilegítimos los resultados electorales, organizar actos políticos para influir en las decisiones de órganos del poder ejecutivo y desacreditar el servicio en las Fuerzas Armadas de Rusia”.
También, presidentes latinoamericanos, como Correa, Morales y Zelaya, se refirieron en diversas ocasiones a la NED como un brazo de la CIA en la región.
El hondureño ubicó a la fundación estadounidense detrás del financiamiento del golpe de Estado que lo sacó del gobierno en 2009.
“Si a los hondureños nos hubieran dejado arreglar nuestros problemas, yo creo que hubiéramos llegado a acuerdos pacíficos; el problema es que se metieron fuerzas extranjeras; especialmente, las derechas más recalcitrantes de los Estados Unidos”, sostuvo Zelaya.
La NED canaliza el financiamiento de programas y organizaciones no gubernamentales como la RAP de Alan Clutterbuck a través del Centro Internacional para la Empresa Privada (Cipe), creado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham); el Instituto de Sindicatos Libres (FTUI), creado por la Federación Estadounidense del Trabajo y el Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO); el Instituto Nacional Demócrata para los Asuntos Internacionales (NDIIA), del Partido Demócrata; y el Instituto Nacional Republicano para Asuntos Internacionales (NRIIA), asociado al Partido Republicano.
El mismo sitio de la RAP, menciona actividades conjuntas con estos organismos, como el programa “Generando Espacios de Diálogo Público – Privado”, realizado en 2010, que consistió en un viaje a Washington de un grupo de 11 políticos de la lista y nueve empresarios.
Un informe del programa ADN, del periodista Tomás Mendez, de 2017, denunciaba a la fundación de Clutterbuck como pantalla de operaciones encubiertas de Estados Unidos en el país.
El segmento de C5N presentó material de archivo y los testimonios de los tres ex presidentes latinoamericanos; el ex analista de la CIA Ray McGovern, que asoció a la NED con lo que describió como “equipo de operaciones encubiertas”; y el ex activista de Greenpeace Franco Segesso.
“Nosotros en una organización social a veces tardamos un año en conseguir una reunión con cualquier político”, dijo Segesso en el segmento de C5N. “Estas empresas, en una semana, pueden tener una reunión con cualquiera de estas personas”, agregó.
El Senado de la Nación rechazó devolver el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada a comisión, tal como solicitó el peronismo para consensuar un nuevo despacho luego de que el gobierno se viera obligado a retirar el Capítulo 3 de extranjerización de la tierra.
Con el apoyo de los misioneros Carlos Arce, Sonia Rojas Decut y Martín Goerling, el oficialismo reunió 38 votos a favor de continuar el debate, contra 31 votos de la oposición por enviar de nuevo el proyecto a comisión.
Así, el debate continúa en este momento en el recinto, de un proyecto de ley que vio pasar unos 16 borradores del despacho de mayoría, que incluía el capítulo eliminado ayer por La Libertad Avanza dado el escaso apoyo legislativo, y que como sostuvo el peronista José Mayans “el pueblo argentino no sabe bien de qué trata el texto que fue corregido y corregido muchas veces”.
Sin la parte de la extranjerización del territorio, el paquete del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, modifica el Código Procesal Civil y Comercial, habilitando los “desalojos exprés” de propiedades ocupadas mediante procesos judiciales sumarísimos que no necesitan de sentencia firme.
Además, complejiza la expropiación estatal de propiedades privadas, encareciendo la estatización con obligaciones como el “lucro cesante” y la actualización de las indemnizaciones por inflación más y una tasa de interés comercial activa.
También reforma la Ley de Manejo del Fuego 26.815, sancionada a fines de 2012 y modificada en 2020, que establece los “presupuestos mínimos de protección ambiental” destinados a prevenir y combatir los incendios forestales y rurales en el país.
En concreto, el proyecto elimina la normativa introducida en 2020 por el peronismo para impedir la modificación del uso de tierras que hayan sufrido incendios de cualquier tipo, prohibiendo su venta o loteo por plazos de entre 30 y 60 años, para evitar quemas intencionales con fines inmobiliarios o agropecuarios.
Tras el receso invernal, este jueves el Honorable Concejo Deliberante (HCD) retomó las sesiones ordinarias con nuevos bloques que reconfiguran el escenario político del recinto, en un contexto marcado por el quiebre entre Encuentro Misionero, espacio lanzado por el diputado provincial Carlos Rovira, y Movimiento por lo que Viene, impulsado por un sector afín al gobernador Hugo Passalacqua.
“Compromiso por Nuestra Ciudad” fue presentado este jueves por el concejal Héctor Cardozo. Al nuevo bloque se sumaron el presidente del cuerpo, Daniel Vigo, y la edil Luciana Scromeda, quienes formalizaron así su salida de Encuentro Misionero, espacio surgido tras la extinción del Partido de la Concordia Social, que durante dos décadas se mantuvo en el poder con Rovira a la cabeza.
Ante la prensa, Cardozo explicó que el flamante bloque se referencia en el intendente Leonardo “Lalo” Stelatto y que tendrá como objetivo acompañar la gestión municipal.
Consultado sobre la conformación del espacio, el edil afirmó: “Buscamos mostrar nuestro apoyo a la gestión del intendente. Nosotros nos debemos a los vecinos”.
En esa línea, Cardozo remarcó que el posadeño “eligió un intendente y concejales para trabajar las 24 horas en resolver sus problemas” y añadió: “No para estar viendo de qué lado estamos”.
De esta manera, buscó diferenciar a Compromiso por Nuestra Ciudad del quiebre político que se produjo entre sectores vinculados a Rovira y al gobernador.
Dib y el agua
Por otro lado, el concejal Jair Dib inauguró su bloque unipersonal, Acuerdo Urbano, desde el que impulsó proyectos para insistir en la resolución de la problemática en torno a la empresa Servicios de Aguas de Misiones Sociedad Anónima (Samsa), que se mantiene desde comienzos de año y que, según expuso ante sus pares, “sigue ocurriendo”.
Además, solicitó modificar el reglamento del HCD, que prohíbe el tratamiento de una iniciativa rechazada durante el mismo período legislativo, para volver a exigir a la prestataria del servicio la colocación de válvulas de expulsión de aire en las cañerías domiciliarias.
Con la conformación de Compromiso por Nuestra Ciudad y Acuerdo Urbano, las concejalas Malena Mazal, Samira Almirón y Laura Traid son las únicas integrantes del bloque de ex renovadores que aún no se pronunciaron públicamente sobre su futuro político. Este jueves, las tres ediles prefirieron no hacer declaraciones al respecto ante la prensa.
En caso de que decidan conformar un nuevo bloque o sumarse a alguno de los ya existentes, Encuentro Misionero quedaría sin representación en el Concejo capitalino.
Sin los votos necesarios y una creciente campaña en contra, el gobierno de Javier Milei dio marcha atrás con la reforma de la Ley de Tierras Rurales 26.737 y retiró el Capítulo 3 del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que se tratará mañana en el Senado.
La decisión de La Libertad Avanza se produjo luego del rechazo de tres gobernadores muy cercanos a la Casa Rosada, el tucumano Osvaldo Jaldo, el neuquino Rolando Figueroa y el salteño Gustavo Saenz, y ante el riesgo de no poder avanzar con las reformas a las leyes de Desalojos, Expropiaciones y de Manejo del Fuego que también incorpora el proyecto del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
La encargada de hacer pública la noticia fue la jefa del oficialismo en el Senado, la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que este mediodía se reunió con senadores de la denominada “oposición dialoguista” en el bloque de la UCR, en el segundo piso del Congreso.
Según publicó el diario porteño La Nación, “la endeble mayoría que tenía el oficialismo para aprobar la extranjerización de tierras comenzó a derrumbarse en las últimas horas, cuando corrió como reguero de pólvora la noticia de que dos aliadas del Gobierno, la salteña Flavia Royón y la tucumana Beatriz Ávila, que responden a los gobernadores Gustavo Sáenz y Osvaldo Jaldo, habían decidido votar en contra del capítulo de la polémica”.
“Tampoco acompañaría al oficialismo la neuquina Julieta Corroza, que sigue los lineamientos del gobernador Rolando Figueroa”, reseña el diario fundado por Bartolomé Mitre y agrega: “A estas deserciones de último momento se suman las ya conocidas resistencias que había en el bloque radical de parte de Maximiliano Abad (Buenos Aires), Daniel Kroneberger (La Pampa) y Flavio Fama (Catamarca)”.
Este último se encuentra impedido de viajar para la sesión de mañana por problemas de salud, y pidió que se le dé el mismo tratamiento que a la kirchnerista mendocina Anabel Fernández Sagasti, autorizada por la vicepresidenta Victoria Villarruel a participar y votar de manera virtual por encontrarse cursando un embarazo de 32 semanas con prescripción médica de no viajar largas distancias.
Entre los gobernadores que rechazan la reforma de la Ley de Tierras, se anota también el misionero Hugo Passalacqua, que hace dos semanas convocó a los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut a votar contra el proyecto, que en la provincia contaba con el apoyo del senador del PRO, Martín Goerling.
Arce hizo público este miércoles en sus redes sociales un comunicado con membrete del Senado, donde adelantó que, de votare el jueves el proyecto, iba a rechazar el Capítulo 3, de extranjerización de la tierra.
El parlamentario de Encuentro Misionero no menciona en su comunicado la reunión de hace dos semanas con Passalacqua, pero asegura que “luego del análisis de la última versión del dictamen del proyecto denominado ‘Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada’, ha tomado la decisión de votar en contra de la totalidad del Capítulo III, que modifica la Ley de Tierras N.o. 26.737”.
Siempre en tercera persona, el documento sostiene que Arce “reafirma su compromiso con la promoción de las inversiones productivas que generen empleo y valor agregado, en un marco de seguridad jurídica que también contemple la protección del interés público, el ambiente y la soberanía sobre los recursos estratégicos de nuestra provincia y la república”.
Capítulo 3
El proyecto de “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” del gobierno de La Libertad Avanza consiste en un paquete de reformas para limitar la intervención estatal sobre los bienes privados, acelerar la recuperación de inmuebles ocupados y promover la inversión.
El Capítulo 3, retirado hoy por Bullrich, abordaba de manera específica la modificación y flexibilización de la Ley de Tierras Rurales 26.737, desmontando las restricciones para que capitales y ciudadanos extranjeros adquieran campos y extensiones territoriales en el país.
Entre los puntos centrales y los cambios más relevantes, se destacaba el aumento del tope vigente, de 15% a 25% la propiedad foránea de la tierra a nivel nacional, provincial y municipal.
Esto ya había sido objeto de cambio por parte del gobierno en su intento por conseguir los votos en el Senado, ya que el proyecto original proponía liberar por completo la compra de tierras por parte de extranjeros.
El Capítulo 3 derogaba también los controles locales y los topes a nivel municipal o departamental, habilitando la concentración de la propiedad de la tierra en manos extranjeras en distritos rurales clave, y remueve la restricción que impedía que un mismo titular extranjero posea más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo agrícola.
Asimismo, ponía fin a los cupos por nacionalidad, que estipulaba que particulares o capitales de un mismo país no podían superar el 30% del total de las tierras permitidas para extranjeros.
Fuego
El resto del paquete de Sturzenegger modifica el Código Procesal Civil y Comercial, habilitando los “desalojos exprés” de propiedades ocupadas mediante procesos judiciales sumarísimos que no necesitan de sentencia firme.
Además, complejiza la expropiación estatal de propiedades privadas, encareciendo la estatización con obligaciones como el “lucro cesante” y la actualización de las indemnizaciones por inflación más y una tasa de interés comercial activa.
El paquete del gobierno también reforma la Ley de Manejo del Fuego 26.815, sancionada a fines de 2012 y modificada en 2020, que establece los “presupuestos mínimos de protección ambiental” destinados a prevenir y combatir los incendios forestales y rurales en el país.
En concreto, el proyecto elimina la normativa introducida en 2020 por el peronismo para impedir la modificación del uso de tierras que hayan sufrido incendios de cualquier tipo, prohibiendo su venta o loteo por plazos de entre 30 y 60 años, para evitar quemas intencionales con fines inmobiliarios o agropecuarios.
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