Política
Pianesi y Balán integran organización señalada por vínculos con la CIA
Los diputados provinciales Ariel Pianesi, de la Unión Cívica Radical (UCR) Misiones, y Soledad Balán, del Frente Renovador de la Concordia Social, figuran en el listado de políticos asociados a la Red de Acción Política (RAP), una organización financiada por la National Endowment for Democracy (NED) estadounidense.
En la lista, figura también la misionera María Belén Pérez, presidenta de la Juventud Radical (JR) entre 2019 y 2021, y del mismo sector conducido por Martín Lousteau, con el que se referencia Pianesi.
Según aseguran personalidades como los ex presidentes latinoamericanos Rafael Correa, de Ecuador, el boliviano Evo Morales y el hondureño Manuel Zelaya, así como intelectuales y ex agentes de Estados Unidos, tanto la NED como la RAP reciben financiamiento de la CIA, la central de inteligencia de los Estados Unidos.
En el mismo sentido, diversos medios estadounidenses, como The Washington Post, han ubicado a la NED como sucesora de la CIA en las intervenciones norteamericanas en distintos escenarios internacionales.
Por su parte, la Red de Acción Política (RAP), que integran los tres dirigentes misioneros, es una organización con sede en Buenos Aires creada en 2002 por el empresario Alan Clutterbuck.
La cara visible de la fundación fue miembro del equipo económico del gobierno de Carlos Menem y colaborador de Patricia Bullrich en Unión por la Libertad, el partido creado por la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri.
La RAP se presenta como “una fundación plural y apartidaria, que tiene como misión hacer un aporte hacia la formación y el fortalecimiento de la dirigencia política en Argentina a partir de un auténtico espíritu republicano, una vocación de fortalecer el marco institucional y un conjunto de valores, principios y conductas compartidas”.
Las empresas que financian la fundación, y figuran como sus socios principales, son Coca-Cola, Arcos Dorados (McDonald’s), JP Morgan, Techint, Arcor y los bancos Galicia, HSBC, Santander Río y Francés. Entre los socios adherentes aparecen, además, la minera Barrick Gold y el Banco Hipotecario y, entre los sponsors principales, están Telefónica e IBM.
Los misioneros
Los diputados provinciales que figuran en el listado de políticos reclutados por la RAP reconocieron sus vínculos con la fundación de Clutterbuck y haber participado de diversas convocatorias, pero negaron conocer la línea de financiamiento que se le cuestiona a la entidad.
“Nada que ver”, dijo la legisladora Soledad Balán, consultada por La Voz de Misiones, y comentó: “Vi la publicación”.
“La RAP está compuesta por funcionarios y empresarios. Tiene empresas grandes que aportan, un montón”, señaló, y aclaró: “Los funcionarios ni pagamos, ni recibimos dinero”.
“Yo participé de dos actividades presenciales y una virtual”, recordó.
De su lado, el radical Ariel “Pepe” Pianesi contestó: “Sí, participo, pero ni idea de lo demás”, aseguró y lanzó: “Debe ser fake”.
El precandidato a senador nacional de Juntos por el Cambio (JxC) también contó que participó de convocatorias de la organización, “como de muchas organizadas por ONG, fundaciones, asociaciones civiles, etcétera”.
“Me invitaron a participar de encuentros virtuales sobre distintos temas”, afirmó y graficó: “Son instancias de debate participativas, con actores de distintos partidos políticos”.
“Honestamente, no creo que alguien pueda creer que esa noticia sea cierta”, cerró el aspirante al Senado.

Políticos enlistados
La RAP aglutina unos 200 políticos argentinos, entre los que se cuentan figuras nacionales como Margarita Stolbizer (GEN), el peronista Juan Manuel Urtubey, y los dirigentes de Juntos por el Cambio Eduardo Amadeo, Gabriela Michetti, Oscar Aguad, Adrián Pérez, Federico Pinedo, Silvana Giudici, Ricardo Buryaile, Carolina Stanley y Federico Sturzenegger, entre otros.
También hay gobernadores, como el santafesino Omar Perotti y el mendocino Rodolfo Suarez; intendentes, como Pablo Javkin, de Rosario; Martín Llaryora, el electo gobernador de Córdoba; Martín Yeza, de Pinamar; Inés Brizuela y Doria, de La Rioja; y Emilio Jatón, de Santa Fé, entre otros.
La fundación ofrece a sus políticos la participación en cursos y seminarios, que se desarrollan en el país y en el exterior y del que también participan empresarios, con gastos de viaje pagos en todos los casos.
Estados Unidos, Reino Unido, Colombia, Australia y Nueva Zelanda, figuran entre los destinos más recurrentes de las convocatorias.
Según anuncian en su página web, el proceso de selección se da luego de definir una “matriz objetivo” de políticos a incorporar, “en función de criterios de pluralidad y diversidad partidaria, ideológica, de cargos, geográfica y de género”.
“Finalmente, si ambas partes están de acuerdo y firman el acta de compromisos, el político queda incorporado a RAP en calidad de miembro y puede participar de las iniciativas que se llevan adelante”, explican.
Descubiertos
La NED (National Endowment for Democracy) fue creada en 1983 por el Congreso de Estados Unidos a instancias del entonces presidente Reagan, con el propósito de financiar proyectos que promuevan la democracia liberal en el mundo.
En un artículo de 1991, The Washington Post entrevistaba a un ex agente de la CIA, quien revelaba la trama oculta del cambio en la política exterior de Estados Unidos, superada la “guerra fría” con el bloque comunista.
“La vieja era de las operaciones encubiertas ha muerto”, señalaba el espía entrevistado por TWP.
“La abeja reina de las operaciones abiertas ha sido la National Endowment For Democracy (…) Hizo abiertamente lo que alguna vez fue inconfesable: enviar dinero para fuerzas anticomunistas detrás de la cortina de hierro”, agregaba.
El hombre afirmaba que “mucho de lo que hacemos hoy lo hacíamos con la CIA hace 25 años”, y contaba que la NED “gasta anualmente 30 millones de dólares para financiar partidos políticos, sindicatos, movimientos disidentes y medios de comunicación en una docena de países”.
“Desde hace 30 años, la National Endowment for Democracy se encarga de la parte legal de las operaciones ilegales de la CIA. Sin despertar sospechas, ha venido creando una extensa red mundial de corrupción, comprando sindicatos -tanto obreros como patronales- así como partidos políticos de izquierda y de derecha para que defiendan los intereses de Estados Unidos en vez de los intereses de sus propios miembros”, escribió Thierry Meyssan, periodista y activista político francés, fundador de la red Voltaire.
En 2015, la Fiscalía General de Rusia declaró “indeseable” la NED, y la caratuló como una “amenaza al orden constitucional, la capacidad del defensa y la seguridad del Estado”.
El organismo ruso acusó a la fundación estadounidense de participar en “acciones dirigidas a reconocer como ilegítimos los resultados electorales, organizar actos políticos para influir en las decisiones de órganos del poder ejecutivo y desacreditar el servicio en las Fuerzas Armadas de Rusia”.
También, presidentes latinoamericanos, como Correa, Morales y Zelaya, se refirieron en diversas ocasiones a la NED como un brazo de la CIA en la región.
El hondureño ubicó a la fundación estadounidense detrás del financiamiento del golpe de Estado que lo sacó del gobierno en 2009.
“Si a los hondureños nos hubieran dejado arreglar nuestros problemas, yo creo que hubiéramos llegado a acuerdos pacíficos; el problema es que se metieron fuerzas extranjeras; especialmente, las derechas más recalcitrantes de los Estados Unidos”, sostuvo Zelaya.
La NED canaliza el financiamiento de programas y organizaciones no gubernamentales como la RAP de Alan Clutterbuck a través del Centro Internacional para la Empresa Privada (Cipe), creado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham); el Instituto de Sindicatos Libres (FTUI), creado por la Federación Estadounidense del Trabajo y el Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO); el Instituto Nacional Demócrata para los Asuntos Internacionales (NDIIA), del Partido Demócrata; y el Instituto Nacional Republicano para Asuntos Internacionales (NRIIA), asociado al Partido Republicano.
El mismo sitio de la RAP, menciona actividades conjuntas con estos organismos, como el programa “Generando Espacios de Diálogo Público – Privado”, realizado en 2010, que consistió en un viaje a Washington de un grupo de 11 políticos de la lista y nueve empresarios.
Un informe del programa ADN, del periodista Tomás Mendez, de 2017, denunciaba a la fundación de Clutterbuck como pantalla de operaciones encubiertas de Estados Unidos en el país.
El segmento de C5N presentó material de archivo y los testimonios de los tres ex presidentes latinoamericanos; el ex analista de la CIA Ray McGovern, que asoció a la NED con lo que describió como “equipo de operaciones encubiertas”; y el ex activista de Greenpeace Franco Segesso.
“Nosotros en una organización social a veces tardamos un año en conseguir una reunión con cualquier político”, dijo Segesso en el segmento de C5N. “Estas empresas, en una semana, pueden tener una reunión con cualquiera de estas personas”, agregó.
Política
La Reforma Laboral es ley: senadores misioneros votaron a favor
Con los votos de los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, del Frente Renovador Neo, y Martín Goerling, del PRO Misiones, el Senado de la Nación sancionó esta noche la Ley de Modernización Laboral, del gobierno de Javier Milei.
La votación llegó al cabo de una maratónica jornada, que arrancó a las 11 de la mañana con el tratamiento del nuevo régimen penal juvenil que baja la imputabilidad a los 14 años, y que fue aprobado por una mayoría que incluyó a los misioneros.
La sanción de la reforma laboral se decidió por 42 votos afirmativos, 28 negativos y 2 abstenciones.
Es la segunda vez que el Senado trata el proyecto, luego de la media sanción del 12 de febrero, que cayó en la Cámara de Diputados con la decisión del oficialismo de retirar el artículo 44, de las licencias médicas, porque el rechazo abarcaba a sus aliados políticos y comprometía la suerte de la ley en el recinto.
El texto que sancionó hoy el Senado es el mismo que la Cámara ya había aprobado hace dos semanas, pero sin el artículo que recortaba el salario de los trabajadores con licencias médicas, que fue retirado por el gobierno luego de la controversia generalizada.
Política
Con votos de Arce, Rojas y Goerling, se aprobó el Régimen Penal Juvenil
Con 44 votos afirmativos, entre los que se contaron a los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, del Frente Renovador Neo; y Martín Goerling, del PRO Misiones, 27 negativos y una abstención, el Senado de la Nación, aprobó esta tarde el nuevo Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad a los 14 años.
El debate se extendió durante varias horas en el recinto y tuvo su correlato en la calle, donde la Policía Federal y la Gendarmería Nacional reprimió con hidrantes y gases a los manifestantes.
En el transcurso de la sesión, las posiciones se dividieron entre la aceptación, por parte del oficialismo y sus aliados; y el rechazo a la ley, de parte del peronismo y fuerzas provinciales, como el Movimiento Popular Fueguino, y fue casi un calco de lo sucedido en la Cámara de Diputados, donde el proyecto obtuvo la media sanción el 12 de febrero pasado.

Resultados de la votación en general
Intervenciones
En el cierre del debate, el senador misionero Carlos Arce, del Frente Renovador de la Concordia, sostuvo que se trata de una “reforma largamente postergada” y afirmó que actualizar el marco normativo constituye “una obligación moral, institucional y constitucional”.
El legislador subrayó que la iniciativa no tiene un carácter punitivo sino formativo, al señalar que apunta a “fomentar la responsabilidad del imputado”, haciendo especial hincapié en el “adolescente”, que puede comprender el acto delictivo cometido. En ese sentido, remarcó que el proyecto promueve la educación, la resocialización y la integración social, con el objetivo de reducir la reincidencia.
“Estamos acá para legislar para proteger a las víctimas, a sus familias y a sus funciones”, expresó, al tiempo que advirtió que el fenómeno delictivo juvenil no es homogéneo en todo el país. Por ello, planteó la necesidad de diseñar políticas con una mirada federal que garanticen su aplicación de acuerdo a la realidad de cada provincia.
Arce también señaló que el Estado nacional deberá adaptar institutos, capacitar recursos humanos e incorporar equipos interdisciplinarios.
En materia presupuestaria, indicó que el proyecto prevé una partida para 2026, aunque consideró necesario avanzar hacia un presupuesto plurianual, sucesivo y continuo, al entender que la problemática no puede resolverse en un solo año.
Asimismo, recordó la comisión plenaria realizada el 19 de febrero, donde nueve familiares brindaron testimonio sobre el “doble sufrimiento” atravesado: primero por la pérdida de sus seres queridos y luego por la situación de injusticia que, según señalaron, persiste en la actualidad.
Finalmente, anticipó su voto favorable retomando el pedido de los familiares: “Por favor, legisladores, sancionen una ley que evite nuevos delitos y que terminemos con el sufrimiento de nuestras familias”.
Goerling, optó por hablar “desde lo que siento como ciudadano” y desde su rol como legislador con la responsabilidad de tener que votar.
Sostuvo que se trata de una ley “de sentido común” que busca dar respuesta a un problema que, según afirmó, es real y que Argentina arrastra desde hace años.
En relación con la baja de la edad de imputabilidad a 14 años, señaló que el debate también implica equiparar a la Argentina con otros países de la región. “Los únicos de América Latina que tienen desde los 16 años son Argentina y Cuba”.
Goerling planteó que, además del dolor de las víctimas, existe una problemática social vinculada a la ausencia del Estado y a familias que no saben cómo abordar situaciones de menores que delinquen.
Para el senador la iniciativa prevé la creación o adecuación de institutos con programas de capacitación, educación, tratamiento de adicciones y reinserción social. “Si mató a los 14 o 15 y no hacemos nada, cuando cumpla 18 o 19 va a estar peor”, afirmó.
También hizo referencia a la situación en Misiones, provincia que tiene un 92% de frontera con Brasil y Paraguay. Describió problemáticas vinculadas al narcotráfico en zonas como Puerto Iguazú, Andresito, San Pedro, Bernardo de Irigoyen, Puerto Rico y Eldorado, y mencionó la circulación de una droga conocida como “pedra”, que, según afirmó, afecta a jóvenes en situación de vulnerabilidad.
Finalmente, consideró que la ley representa “un avance significativo” y que también abre el debate sobre la necesidad de fortalecer políticas públicas en materia de rehabilitación y tratamiento de adicciones. En nombre de su bloque, anticipó el acompañamiento a la iniciativa.
Política
Justicia Federal ratificó suspensiones de Arrúa, Comparín y Kornuta en el PJ
El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Posadas rechazó los recursos promovidos el diputado nacional y ex secretario general del Partido Justicialista (PJ) Misiones, Alberto Arrúa; la ex presidenta Myriam Comparín, y el ex apoderado Martín Kornuta, contra la resolución de la Intervención partidaria de sumariarlos por inconducta y suspenderlos como afiliados hasta que concluyan las actuaciones, que los imposibilitan participar de las elecciones internas del 19 de abril próximo.
Arrúa, Comparín y Kornuta, están acusados de “un accionar reiteradamente funcional a políticas ajenas al ideario justicialista y alineado al gobierno de Javier Milei, la sujeción a instrucciones políticas extrapartidarias y el incumplimiento de la obligación de entregar la sede, las unidades básicas, así como la documentación contable y los libros partidarios a las legítimas autoridades interventoras”.
Según informaron los interventores, Gustavo Arrieta y Máximo Rodríguez, en un comunicado, “la resolución judicial confirma la validez de las actuaciones llevadas adelante por la Intervención y ratifica la legalidad de la suspensión preventiva de afiliaciones dispuesta en el marco de los procedimientos disciplinarios en curso”.
“En su fallo, el Tribunal resolvió no hacer lugar al planteo de nulidad ni al recurso contra la suspensión preventiva de afiliación, concluyendo que la medida fue dictada conforme a la normativa partidaria vigente”, informa el comunicado.
El fallo del tribunal destaca que “la suspensión preventiva reviste carácter cautelar y no constituye una sanción definitiva, por lo que no implica la cancelación irreversible de derechos políticos”, tal como argumentaban los demandantes.
“Además, no se acreditó la existencia de vicios sustanciales ni perjuicio concreto que justifiquen la declaración de nulidad del procedimiento disciplinario”, reza el comunicado.
El juzgado reconoció también que los interventores, Arrieta y Rodríguez, “cuentan con facultades plenas para ejercer las atribuciones de los órganos partidarios durante el período de intervención” y reafirmó que “las suspensiones preventivas son decisiones propias del ámbito partidario y, como tales, no resultan revisables judicialmente en cuanto a su oportunidad o conveniencia”.
El fallo remarca, también, el hecho de que el PJ Misiones se encuentra intervenido por decisión de las autoridades nacionales del partido, ratificada por su Congreso Nacional, “otorgando plena validez a las facultades conferidas a los interventores para normalizar el distrito y garantizar la participación electoral”.
Asimismo, el tribunal destacó que la suspensión preventiva de Arrúa, Comparín y Kornuta, “se encuentra expresamente prevista en la Carta Orgánica partidaria y puede ser dispuesta mientras se sustancia el correspondiente sumario disciplinario”.
En el final del comunicado, los interventores reafirman su “compromiso con la normalización del Partido Justicialista en la provincia de Misiones, el fortalecimiento de la institucionalidad partidaria y el respeto irrestricto a las normas estatutarias y a la legalidad vigente”, y avisan que “las actuaciones disciplinarias continuarán su curso conforme a derecho y con pleno respeto de las garantías de defensa de todas las partes involucradas”.
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