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Milei confirmó a Bullrich en Seguridad: “Seremos implacables”

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La presidenta del PRO y ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, será la ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei, a partir del 10 de diciembre.

La noticia fue confirmada este viernes por la oficina del presidente electo en su cuenta de la red social X, donde anunció también que el ministro de Carlos Menem, Rodolfo Barra, será el Procurador del Tesoro de la Nación.

“La oficina del Presidente electo de la República Argentina informa que la Dra. Patricia Bullrich será la Ministra de Seguridad de la Nación a partir del 10 de diciembre”, reza el posteo oficial.

La designación de Bullrich al frente de la cartera de Seguridad, se instaló con fuerza la semana pasada y detonó una interna en el PRO, donde la acusaron de “cortarse sola” y “tirarse de cabeza al cargo”, y le reclamaron la renuncia a la presidencia del partido, cuyo anuncio la futura ministra de Milei concretó ayer.

Esta semana, el nombre de la ex ministra de Macri volvió a sonar pero en la cartera de Trabajo, donde también Bullrich ya se desempeñó durante el gobierno de Fernando de la Rúa y es recordada por el recorte del 13% a los jubilados.

Sin cuartel

Luego del comunicado de la oficina de Milei, la futura ministra de Seguridad del gobierno de La Libertad Avanza (LLA), anunció la noticia en su cuenta de X.

“Agradezco al presidente electo @JMilei la oportunidad ofrecida para volver a servir a la patria como ministra de Seguridad”, escribió Bullrich.

“Me comprometí con cada uno de ustedes a lograr el cambio profundo que nos demanda la sociedad y daré esa batalla desde el lugar que hoy me toca”, aseguró.

“El cambio verdadero es posible si la ley se aplica en cada rincón del país, de forma pareja para todos y sin privilegios”, sentenció.

“Argentina necesita orden”, afirmó Bullrich, retomando su principal consigna de campaña, y arremetió: “Seremos implacables contra el crimen y daremos una lucha sin cuartel contra el narcotráfico”.

“Es simple”, señaló y avisó: “El que las hace, las paga”.

Maldonado

Su gestión como ministra de Seguridad de Macri, tampoco está exenta de efemérides, como el caso del artesano Santiago Maldonado, que desapareció durante un operativo de Gendarmería Nacional, el 1 de agosto de 2017, en una comunidad mapuche en Cushamen, provincia de Chubut, y cuyo cadáver fue encontrado más de dos meses y medio después, en el río Chubut, en una zona que había sido rastrillada cinco veces durante la investigación judicial.

El caso conmocionó al país y puso a Bullrich en el ojo del huracán, aunque la ministra en todo momento enfrentó a la familia del joven muerto y a los organismos nacionales e internacionales que reclamaban justicia, y respaldó la actuación de los gendarmes en el sur.

Santiago Maldonado.

Hubo un único imputado en la causa, el gendarme Emmanuel Echazú, que por entonces ostentaba el grado de subalférez, y que, finalmente, fue absuelto y ascendido a alférez.

El 29 de noviembre de 2018,  el juez Guillermo Lleral dictó la sentencia definitiva, cerrando los expedientes y dando por concluida la investigación de la muerte de Santiago Maldonado, atribuyéndola a “un conjunto de incidencias”, de las cuales “nadie” era responsable.

Rafael Nahuel

Otro de los hechos de la época de Bullrich en Seguridad, ocurrió el 25 de noviembre de 2017: el asesinato del joven Rafael Nahuel, durante el desalojo de Prefectura Naval en la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi.

Nahuel murió al recibir un tiro en la espalda durante una persecución en la que los prefectos dispararon 150 balas de plomo, en una represión que ocurrió mientras Bullrich aseguraba estar combatiendo a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

Rafael Nahuel, asesinado por efectivos de Prefectura Naval en 2017.

Este miércoles, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca condenó como autor del crimen al prefecto Sergio Cavia a cinco años de prisión y 8 de inhabilitación para ejercer cargos públicos, y a cuatros años de prisión y 7 de inhabilitación a los prefectos Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Sergio García y Carlos Valentín Sosa como partícipes necesarios.

Chocobar

Otro caso emblemático de la gestión de Bullrich durante el gobierno de Cambiemos, ocurrió a finales del mismo año de la desaparición y muerte de Maldonado, y el asesinato de Nahuel.

Se lo conoció como el ‘Caso Chocobar’, por el policía Luis Chocobar, que el 18 de diciembre de 2017, mató a Juan Pablo Kukoc, de 17 años, quien minutos antes, junto a otro muchacho, habían acuchillado a un turista estadounidense para robarle una cámara de fotos.

Víctima y victimario: Juan Pablo Kukoc, de 17 años, y el policía Luis Chocobar.

El hecho dividió a la opinión y volvió a colocar a la ministra de Macri en el centro de la tormenta.

Bullrich actuó como en el caso Maldonado y respaldó al policía, e incluso lo convidó a un encuentro con Mauricio Macri, que lo recibió en la Casa Rosada.

En 2020, Chocobar fue condenado a prisión en suspenso e inhabilitado por cinco años como policía, por el Tribunal Oral de Menores porteño Nº2, por el delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego, cometido con exceso en el cumplimiento de un deber”: le disparó a Kukoc por la espalda, cuando estaba huyendo.

Las lanchas israelíes

En 2016, el Ministerio de Seguridad de Bullrich pagó U$S50 millones a un astillero israelí por la compra de cuatro lanchas patrulleras para la Prefectura Naval Argentina.

La Oficina Anticorrupción cuestionó la operación concretada por adjudicación directa a un proveedor previamente seleccionado, y habló de un sobreprecio del 138%, unos U$S29 millones por encima del valor de mercado de las embarcaciones.

En abril pasado, en medio de la escalada de violencia narco en Rosario, la diputada macrista Mónica Frade, le preguntó por las lanchas al ministro de Seguridad del gobierno que sale el 10 de diciembre: “Están tiradas en Misiones, son una porquería que no navegan en el río, ni en el mar”, le contestó Aníbal Fernández.

 

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Rovira presentó Reforma Electoral: Boleta Única y elecciones de enero a mayo

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Con el objetivo de “fortalecer la calidad institucional”, “ordenar la oferta electoral” y “mejorar la experiencia del ciudadano”, Encuentro Misionero envió este martes a la Legislatura el proyecto de Reforma Electoral anunciado por el diputado Carlos Rovira en la previa oficialista de la sesión del jueves pasado.

En términos prácticos, la iniciativa del oficialismo provincial modifica la Ley de Lemas, restringiendo a cuatro el número de sublemas por municipio e incorpora la Boleta Única Partidaria, que -si bien- no es la misma BUP utilizada en las últimas elecciones nacionales y que la oposición local quiere para Misiones, cumple al propósito de reducir la cantidad de papeletas en el cuarto oscuro.

El proyecto establece que cada partido o frente político tendrá una única boleta, dividida en dos grandes secciones: arriba, los cargos provinciales —gobernador, vice y diputados—, y abajo, los cuatro sublemas municipales permitidos.

Sin embargo, la reforma propuesta impide al elector la posibilidad de dividir su voto y optar entre candidaturas provinciales y municipales de distintos espacios políticos, que comúnmente se conoce como “corte de boletas”.

El proyecto permite al elector marcar un único casillero: el correspondiente al sublema de su preferencia, y vincula, automáticamente, el voto con la categoría de cargos provinciales. Es decir, al votar por Intendente y Concejales, ya se está votando por Gobernador, Vice y Diputados.

BUP Misionera

La reforma modifica también el calendario electoral y establece que las elecciones provinciales se realizarán entre el 31 de enero y el 31 de mayo de cada año electoral, aunque deja abierta la posibilidad de adherir a convocatorias nacionales.

También, deroga el artículo 78 de Ley Electoral vigente, que prohíbe incluir fotografías de los candidatos en las boletas de votación, y encarga al Tribunal Electoral resolver los aspectos técnicos de la implementación de esta BUP a la Misionera.

 

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Pianesi se mete en el reclamo de bancas del PRO: “Es la ley”

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El ex diputado provincial y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) Misiones, Ariel Pepe Pianesi, se metió en la discusión por el reclamo que hizo el PRO en el Tribunal Electoral de la Provincia, de las bancas de Miguel Orlando Núñez en la Legislatura, y de seis de sus concejales que en noviembre del año pasado ficharon para La Libertad Avanza (LLA).

En un posteo en su cuenta de X, el ex legislador radical confrontó lo argumentado por el presidente del partido de Javier Milei en la tierra colorada, el abogado y diputado provincial Adrián Nuñez, quien en un comunicado partidario defendió a los ediles del PRO que ahora revistan en las fuerzas del cielo y sostuvo que “no hay sustento jurídico” para reclamar sus bancas de concejales.

“Sobre la discusión de las bancas en misiones, no es una opinión, es la ley”, escribió Pianesi y subió una captura de pantalla de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, que regula la constitución, organización, derechos, obligaciones y funcionamiento de todas las agrupaciones políticas y municipales en la provincia.

“La norma XI 7 dice que las bancas pertenecen a los partidos que postularon las candidaturas”, dice el presidente de la UCR Misiones, saldando la discusión y dejando en orsai al referente mileísta misionero.

La ofensiva del macrismo local por las bancas de María Ivis Frontini, de Oberá; Edgard Fernando Montiel, de Eldorado; Javier Melgarejo, de Puerto Piray; Mirta Barrios y Carmen Mottard, ambas de San Javier; y Rodolfo Kuczak, de Garupá, quienes fueron electos por la lista del PRO en 2023 y se pasaron a LLA en noviembre de 2025, sorprendió a los libertarios de Nuñez, que respondió cerrando filas detrás de los ediles que su partido consiguió sin necesidad de elecciones.

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Intendentes de 67 municipios reivindican el liderazgo político de Passalacqua

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Intendentes de 67 municipios de la provincia, suscribieron este martes en Ruiz de Montoya un Acta Acuerdo “Por la unidad, el compromiso territorial y el futuro de Misiones”, donde reivindicaron el “liderazgo político” del gobernador Hugo Passalacqua y reclamaron “representación real y efectiva” en la toma de decisiones, y “voz y voto en las instancias de negociación”, la “conformación de listas” y la “estrategia electoral” del oficialismo para las elecciones de 2027.

El cónclave de los jefes comunales, nucleados en la Comisión de Desarrollo Estratégico e Integral de Municipios (CODEIM) y en la Asociación de Intendentes del Norte Misionero (ADINM), resultó en una suerte de manifiesto político, en un momento en que el oficialismo se reorganiza de cara al año electoral en ciernes y busca marcarle la cancha al gobierno de Javier Milei.

En el Acta Acuerdo de Ruiz de Montoya, los intendentes reafirman su “compromiso con la unidad política, la gobernabilidad provincial y el fortalecimiento de los municipios como base territorial del desarrollo, la representación democrática y la transformación social”.

“Conscientes de los desafíos sociales, económicos e institucionales, que atraviesan la Provincia y la Nación, sostenemos la necesidad de consolidar una articulación política e institucional permanente entre los Gobiernos Locales y el Gobierno Provincial, basada en la responsabilidad compartida, la organización territorial y la defensa irrestricta de los intereses del pueblo misionero”, manifiesta el escrito.

En el documento, de seis puntos, los jefes comunales firmantes anuncian la conformación de “una Mesa Política y Técnica en sesión permanente”, integrada por dos intendentes de cada una de las entidades firmantes, con “el objetivo de coordinar políticas públicas, fortalecer la articulación institucional y optimizar la capacidad de respuesta del Estado en todo el territorio provincial”.

Informan que la misma servirá para “canalizar las demandas de los municipios, ante el Gobierno Provincial y Nacional”, “defender la autonomía de los gobiernos locales, ante imposiciones respecto al cobro de tasas y recortes de fondos coparticipables y/o transferencias nacionales/provinciales”, y  “promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas de gestión que fortalezcan la eficiencia administrativa, la transparencia, el uso responsable de los recursos públicos y la cercanía permanente con los vecinos”.

Los puntos tercero y cuarto del documento son los de mayor voltaje político, por cuanto expresa el alineamiento de los intendentes firmantes con Passalacqua y reclama “voz y voto” en las decisiones de Encuentro Misionero y el armado electoral para 2027.

“Reconocemos, la figura del gobernador, Lic. Hugo Mario Passalacqua, como máxima autoridad política del Estado y articulador estratégico del vínculo permanente entre la Provincia y los municipios”, reza el punto tres.

“Destacamos esta impronta de gestión cercana al territorio, con capacidad de escucha, vocación de respuesta y presencia efectiva del Estado en cada rincón de Misiones”, continúa y destaca: “Es precisamente ese equilibrio entre prudencia política y celeridad ejecutiva lo que dinamiza los procesos de la administración pública, traduciéndose de manera directa en respuestas ágiles, concretas y efectivas para las demandas de nuestras comunidades”.

En el punto cuatro, los intendentes firmantes solicitan “una representación real y efectiva de los municipios en los ámbitos de decisión política y partidaria de la Provincia, asegurando voz y voto en las instancias de negociación, en la conformación de listas y en la definición de la estrategia electoral correspondiente al período 2026/2027”.

“Como intendentes, reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de políticas públicas y respuestas concretas de gestión, sustentadas en la experiencia territorial y el contacto directo con nuestras comunidades”, declaman.

Los puntos quinto y sexto refuerzan los dos anteriores, y vuelven a reivindicar el papel de los intendentes en el armado político del oficialismo.

“Promovemos, un federalismo con justicia territorial, que reconozca a los municipios como actores centrales del desarrollo provincial y garantice un Estado presente en cada barrio, colonia, paraje y comunidad de la tierra colorada”, manifiesta el quinto punto.

“Entendemos que la cercanía con la ciudadanía, la equidad territorial y la respuesta concreta a las necesidades sociales, deben ocupar un lugar prioritario en la agenda política provincial”, señala.

En el punto seis, los intendentes se juramentan “sostener la cohesión política e institucional del espacio aquí constituido”, alegando que el futuro de Misiones “sólo puede construirse desde la unidad organizada, la responsabilidad institucional y el trabajo articulado entre la Provincia y los municipios”.

“En ese marco, los abajo firmantes se comprometen a no suscribir acuerdos individuales ni adoptar definiciones políticas que contradigan los consensos alcanzados en la Mesa aquí conformada, garantizando la cohesión y la fortaleza colectiva”, finaliza el documento.

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