Política
Milei confirmó a Bullrich en Seguridad: “Seremos implacables”
La presidenta del PRO y ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, será la ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei, a partir del 10 de diciembre.
La noticia fue confirmada este viernes por la oficina del presidente electo en su cuenta de la red social X, donde anunció también que el ministro de Carlos Menem, Rodolfo Barra, será el Procurador del Tesoro de la Nación.
“La oficina del Presidente electo de la República Argentina informa que la Dra. Patricia Bullrich será la Ministra de Seguridad de la Nación a partir del 10 de diciembre”, reza el posteo oficial.
La designación de Bullrich al frente de la cartera de Seguridad, se instaló con fuerza la semana pasada y detonó una interna en el PRO, donde la acusaron de “cortarse sola” y “tirarse de cabeza al cargo”, y le reclamaron la renuncia a la presidencia del partido, cuyo anuncio la futura ministra de Milei concretó ayer.
Esta semana, el nombre de la ex ministra de Macri volvió a sonar pero en la cartera de Trabajo, donde también Bullrich ya se desempeñó durante el gobierno de Fernando de la Rúa y es recordada por el recorte del 13% a los jubilados.
Sin cuartel
Luego del comunicado de la oficina de Milei, la futura ministra de Seguridad del gobierno de La Libertad Avanza (LLA), anunció la noticia en su cuenta de X.
“Agradezco al presidente electo @JMilei la oportunidad ofrecida para volver a servir a la patria como ministra de Seguridad”, escribió Bullrich.
“Me comprometí con cada uno de ustedes a lograr el cambio profundo que nos demanda la sociedad y daré esa batalla desde el lugar que hoy me toca”, aseguró.
“El cambio verdadero es posible si la ley se aplica en cada rincón del país, de forma pareja para todos y sin privilegios”, sentenció.
“Argentina necesita orden”, afirmó Bullrich, retomando su principal consigna de campaña, y arremetió: “Seremos implacables contra el crimen y daremos una lucha sin cuartel contra el narcotráfico”.
“Es simple”, señaló y avisó: “El que las hace, las paga”.
Maldonado
Su gestión como ministra de Seguridad de Macri, tampoco está exenta de efemérides, como el caso del artesano Santiago Maldonado, que desapareció durante un operativo de Gendarmería Nacional, el 1 de agosto de 2017, en una comunidad mapuche en Cushamen, provincia de Chubut, y cuyo cadáver fue encontrado más de dos meses y medio después, en el río Chubut, en una zona que había sido rastrillada cinco veces durante la investigación judicial.
El caso conmocionó al país y puso a Bullrich en el ojo del huracán, aunque la ministra en todo momento enfrentó a la familia del joven muerto y a los organismos nacionales e internacionales que reclamaban justicia, y respaldó la actuación de los gendarmes en el sur.
Santiago Maldonado.
Hubo un único imputado en la causa, el gendarme Emmanuel Echazú, que por entonces ostentaba el grado de subalférez, y que, finalmente, fue absuelto y ascendido a alférez.
El 29 de noviembre de 2018, el juez Guillermo Lleral dictó la sentencia definitiva, cerrando los expedientes y dando por concluida la investigación de la muerte de Santiago Maldonado, atribuyéndola a “un conjunto de incidencias”, de las cuales “nadie” era responsable.
Rafael Nahuel
Otro de los hechos de la época de Bullrich en Seguridad, ocurrió el 25 de noviembre de 2017: el asesinato del joven Rafael Nahuel, durante el desalojo de Prefectura Naval en la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi.
Nahuel murió al recibir un tiro en la espalda durante una persecución en la que los prefectos dispararon 150 balas de plomo, en una represión que ocurrió mientras Bullrich aseguraba estar combatiendo a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).
Rafael Nahuel, asesinado por efectivos de Prefectura Naval en 2017.
Este miércoles, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca condenó como autor del crimen al prefecto Sergio Cavia a cinco años de prisión y 8 de inhabilitación para ejercer cargos públicos, y a cuatros años de prisión y 7 de inhabilitación a los prefectos Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Sergio García y Carlos Valentín Sosa como partícipes necesarios.
Chocobar
Otro caso emblemático de la gestión de Bullrich durante el gobierno de Cambiemos, ocurrió a finales del mismo año de la desaparición y muerte de Maldonado, y el asesinato de Nahuel.
Se lo conoció como el ‘Caso Chocobar’, por el policía Luis Chocobar, que el 18 de diciembre de 2017, mató a Juan Pablo Kukoc, de 17 años, quien minutos antes, junto a otro muchacho, habían acuchillado a un turista estadounidense para robarle una cámara de fotos.
Víctima y victimario: Juan Pablo Kukoc, de 17 años, y el policía Luis Chocobar.
El hecho dividió a la opinión y volvió a colocar a la ministra de Macri en el centro de la tormenta.
Bullrich actuó como en el caso Maldonado y respaldó al policía, e incluso lo convidó a un encuentro con Mauricio Macri, que lo recibió en la Casa Rosada.
En 2020, Chocobar fue condenado a prisión en suspenso e inhabilitado por cinco años como policía, por el Tribunal Oral de Menores porteño Nº2, por el delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego, cometido con exceso en el cumplimiento de un deber”: le disparó a Kukoc por la espalda, cuando estaba huyendo.
Las lanchas israelíes
En 2016, el Ministerio de Seguridad de Bullrich pagó U$S50 millones a un astillero israelí por la compra de cuatro lanchas patrulleras para la Prefectura Naval Argentina.
La Oficina Anticorrupción cuestionó la operación concretada por adjudicación directa a un proveedor previamente seleccionado, y habló de un sobreprecio del 138%, unos U$S29 millones por encima del valor de mercado de las embarcaciones.
En abril pasado, en medio de la escalada de violencia narco en Rosario, la diputada macrista Mónica Frade, le preguntó por las lanchas al ministro de Seguridad del gobierno que sale el 10 de diciembre: “Están tiradas en Misiones, son una porquería que no navegan en el río, ni en el mar”, le contestó Aníbal Fernández.
Agradezco al presidente electo @JMilei la oportunidad ofrecida para volver a servir a la patria como ministra de Seguridad.
Me comprometí con cada uno de ustedes a lograr el cambio profundo que nos demanda la sociedad y daré esa batalla desde el lugar que hoy me toca.
El…
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 1, 2023
“Acá traigo mi meo, señor presidente”, lanzó el concejal de La Libertad Avanza (LLA) Misiones, el ex radical Alejandro Verón, en la última sesión del Honorable Concejo Deliberante de Puerto Iguazú, y apoyó sobre su banca un vasito plástico, de los utilizados por los laboratorios de análisis clínicos, con un líquido amarillo que daba a suponer que, verdaderamente, se trataba de su orina.
El mismo Verón subió a su cuenta de Instagram un corte de video del episodio con el que ridiculizó al oficialismo que, en la ocasión, anunciaba la adhesión de la administración del intendente Claudio Filippa, y el HCD local, al Decreto 776, del Poder Ejecutivo Provincial, de exámenes toxicológicos obligatorios para funcionarios públicos y personal en áreas sensibles.
En el video, editado por Verón, el concejal libertario interviene inmediatamente después de que por Secretaría se leyera la Ordenanza respectiva: “Adhiérase la Municipalidad de Puerto Iguazú y el Honorable Concejo Deliberante de puerto Iguazú, a la realización de exámenes toxicológicos para el personal jerárquico y agentes estratégicos del ámbito municipal”.
Las imágenes muestran a la secretaria Haydee Ramos leyendo el documento en tono solemne, junto al presidente del HCD, Carlos Ríos, y saltan a Verón y su vasito de orina.
“¿Por qué traje mi meo?”, pregunta a voz en jarro el edil. “Porque yo no tengo ningún problema; ningún problema de que sepan quien…o yo, Alejandro Verón puedo dar explicaciones”, agrega.
“Y ustedes, señor presidente; los concejales del bloque de la Renovación, del desencuentro misionero, o de lo que sea por lo que se viene…no acompañan cuando nosotros pedimos explicaciones”, suelta Verón, en modo de arenga.
“Esa es la pregunta, señor presidente: ¿Por qué no cumplen?”, apunta el edil y dispara: “Y esto, si quieren, tiene que ver con…sobre la exigencia de los servicios públicos; sobre la exigencia de qué es lo que paga el vecino; sobre la exigencia de ¿adónde va la guita del contribuyente de Puerto Iguazú?”.
“¿Y quiénes son los contratistas que hacen obras? ¿Quiénes hacen el empedrado? ¿Quiénes son los que manejan concesiones privadas dentro del ejido municipal?”, escala Verón y suelta: “Eso también queremos saber”.
La publicación no registra la resolución de la escena montada por el concejal libertario para reclamarle al oficialismo la displicencia con que el Ejecutivo trata los pedidos de informe de la oposición legislativa.
“En #puertoiguazu es más importante saber si los concejales se falopean o escabian, antes de responder los pedidos de informe, los datos de obras y qué se hace con la guita de los contribuyentes”, escribe el edil en la descripción del posteo.
“Yo cumplo. No tengo nada que esconder”, agrega Verón, en la publicación que coronó con el hashtag #chaupelado, y lanza el guante: “¿Por qué el intendente y sus concejales no cumplen?”.
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La diputada provincial de La Libertad Avanza (LLA) Misiones, Samantha Stekler, destacó que la ausencia de este lunes en la Comisión de Poderes de la Cámara de Representantes, del candidato propuesto por el Poder Ejecutivo para el cargo de fiscal del Tribunal Penal 1 de Posadas, Héctor Daniel Simón, demuestra que “la verdadera oposición y la participación ciudadana son un freno efectivo frente a la opacidad en las designaciones de magistrados”.
La Legislatura llevó a cabo hoy la audiencia pública para el tratamiento de los pliegos para la designación de nuevos magistrados y funcionarios judiciales de la provincia, convocatoria que, al decir de la legisladora libertaria, “quedó marcada por un hecho que expone el estado de las instituciones: el postulante Héctor Daniel Simón decidió no presentarse a dar la cara”.
Stekler remarcó que esta baja no es casualidad, sino el resultado directo de la presión y los cuestionamientos realizados a su candidatura por parte de la “verdadera oposición”.
La legisladora argumentó que “el historial del postulante acumulaba una serie de graves denuncias que ponían en jaque su idoneidad para el cargo”, y recalcó “la importancia de no dejar pasar estas designaciones a puertas cerradas”.
“Este, no es un hecho menor”, alegó la diputada Stekler y señaló que “la audiencia pública existe precisamente para que las designaciones judiciales puedan ser sometidas al escrutinio ciudadano e institucional”.
La legisladora opinó, asimismo, que el faltazo de Simón “es una clara victoria de la transparencia institucional sobre la vieja política judicial”, porque “cuando un postulante considera necesario ausentarse, queda demostrado que estos mecanismos de participación y control cumplen una función efectiva”.
El tratamiento del pliego de Héctor Daniel Simón con candidato a ocupar el cargo de fiscal del Tribunal Penal Uno de Posadas fue postergado este lunes en virtud de un pedido del propio funcionario, quien solicitó que el asunto sea analizado una vez que se resuelvan los planteos en su contra que impulsan legisladores de La Libertad Avanza (LLA).
La solicitud fue presentada mediante una nota dirigida al diputado Rudi Bundziak, presidente de la Comisión de Poderes, Peticiones, Reglamento, Acuerdos y Biblioteca de la Cámara de Representantes, que tenía previsto avanzar con el análisis de su candidatura.
A partir del pedido, el tratamiento quedó en pausa hasta tanto se resuelvan los cuestionamientos planteados contra el funcionario.
En su escrito, Simón argumentó que “esta solicitud se asienta en que, teniendo en cuenta los planteos formulados en mi contra que ofenden mi honor e idoneidad, los mismos sean resueltos de manera previa por las autoridades y los canales correspondientes”.
En esa línea, agregó que “una vez finalizados estos procesos respectivos, solicito sea convocado nuevamente a Audiencia Pública ante ustedes”.
“Destaco el compromiso y el respeto a las instituciones provinciales de Héctor Daniel Simón, quien ha tomado la decisión personal de solicitar, mediante nota, la postergación del tratamiento del pliego que lo propone en el cargo judicial correspondiente”, destacó Bundziak en sus redes sociales.
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Los cuestionamientos
La postulación de Simón había quedado envuelta en una controversia política desde comienzos de julio, cuando catorce diputados del arco opositor solicitaron al gobernador Hugo Passalacqua que retirara su pliego.
El planteo fue encabezado por el diputado de La Libertad Avanza Adrián Núñez y acompañado por legisladores de distintos espacios opositores.
En la presentación, los diputados cuestionaron las condiciones morales y técnicas del fiscal y mencionaron denuncias administrativas ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y presuntos episodios de mal desempeño, entre ellos el supuesto uso de efectivos policiales para tareas particulares y actuaciones vinculadas con una demanda laboral iniciada contra Simón.
Los legisladores también cuestionaron su intervención en una investigación contra el intendente de Caraguatay, Mario Darío Peyer, por una denuncia de abuso sexual presentada por una trabajadora del Concejo Deliberante.
En ese expediente, Simón había solicitado el sobreseimiento de Peyer y posteriormente se inició una investigación por una presunta falsa denuncia. La propia presentación opositora vinculó ese episodio con una disputa política local.
No obstante, según pudo reconstruir este medio en su momento, la causa por falsa denuncia se originó en una presentación realizada por terceros y no en una actuación iniciada de oficio por el fiscal. Simón dio trámite tanto a esa denuncia como a la original y las decisiones procesales quedaron en manos del juez de instrucción interviniente.
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