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Milei confirmó a Bullrich en Seguridad: “Seremos implacables”

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La presidenta del PRO y ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, será la ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei, a partir del 10 de diciembre.

La noticia fue confirmada este viernes por la oficina del presidente electo en su cuenta de la red social X, donde anunció también que el ministro de Carlos Menem, Rodolfo Barra, será el Procurador del Tesoro de la Nación.

“La oficina del Presidente electo de la República Argentina informa que la Dra. Patricia Bullrich será la Ministra de Seguridad de la Nación a partir del 10 de diciembre”, reza el posteo oficial.

La designación de Bullrich al frente de la cartera de Seguridad, se instaló con fuerza la semana pasada y detonó una interna en el PRO, donde la acusaron de “cortarse sola” y “tirarse de cabeza al cargo”, y le reclamaron la renuncia a la presidencia del partido, cuyo anuncio la futura ministra de Milei concretó ayer.

Esta semana, el nombre de la ex ministra de Macri volvió a sonar pero en la cartera de Trabajo, donde también Bullrich ya se desempeñó durante el gobierno de Fernando de la Rúa y es recordada por el recorte del 13% a los jubilados.

Sin cuartel

Luego del comunicado de la oficina de Milei, la futura ministra de Seguridad del gobierno de La Libertad Avanza (LLA), anunció la noticia en su cuenta de X.

“Agradezco al presidente electo @JMilei la oportunidad ofrecida para volver a servir a la patria como ministra de Seguridad”, escribió Bullrich.

“Me comprometí con cada uno de ustedes a lograr el cambio profundo que nos demanda la sociedad y daré esa batalla desde el lugar que hoy me toca”, aseguró.

“El cambio verdadero es posible si la ley se aplica en cada rincón del país, de forma pareja para todos y sin privilegios”, sentenció.

“Argentina necesita orden”, afirmó Bullrich, retomando su principal consigna de campaña, y arremetió: “Seremos implacables contra el crimen y daremos una lucha sin cuartel contra el narcotráfico”.

“Es simple”, señaló y avisó: “El que las hace, las paga”.

Maldonado

Su gestión como ministra de Seguridad de Macri, tampoco está exenta de efemérides, como el caso del artesano Santiago Maldonado, que desapareció durante un operativo de Gendarmería Nacional, el 1 de agosto de 2017, en una comunidad mapuche en Cushamen, provincia de Chubut, y cuyo cadáver fue encontrado más de dos meses y medio después, en el río Chubut, en una zona que había sido rastrillada cinco veces durante la investigación judicial.

El caso conmocionó al país y puso a Bullrich en el ojo del huracán, aunque la ministra en todo momento enfrentó a la familia del joven muerto y a los organismos nacionales e internacionales que reclamaban justicia, y respaldó la actuación de los gendarmes en el sur.

Santiago Maldonado.

Hubo un único imputado en la causa, el gendarme Emmanuel Echazú, que por entonces ostentaba el grado de subalférez, y que, finalmente, fue absuelto y ascendido a alférez.

El 29 de noviembre de 2018,  el juez Guillermo Lleral dictó la sentencia definitiva, cerrando los expedientes y dando por concluida la investigación de la muerte de Santiago Maldonado, atribuyéndola a “un conjunto de incidencias”, de las cuales “nadie” era responsable.

Rafael Nahuel

Otro de los hechos de la época de Bullrich en Seguridad, ocurrió el 25 de noviembre de 2017: el asesinato del joven Rafael Nahuel, durante el desalojo de Prefectura Naval en la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi.

Nahuel murió al recibir un tiro en la espalda durante una persecución en la que los prefectos dispararon 150 balas de plomo, en una represión que ocurrió mientras Bullrich aseguraba estar combatiendo a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

Rafael Nahuel, asesinado por efectivos de Prefectura Naval en 2017.

Este miércoles, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca condenó como autor del crimen al prefecto Sergio Cavia a cinco años de prisión y 8 de inhabilitación para ejercer cargos públicos, y a cuatros años de prisión y 7 de inhabilitación a los prefectos Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Sergio García y Carlos Valentín Sosa como partícipes necesarios.

Chocobar

Otro caso emblemático de la gestión de Bullrich durante el gobierno de Cambiemos, ocurrió a finales del mismo año de la desaparición y muerte de Maldonado, y el asesinato de Nahuel.

Se lo conoció como el ‘Caso Chocobar’, por el policía Luis Chocobar, que el 18 de diciembre de 2017, mató a Juan Pablo Kukoc, de 17 años, quien minutos antes, junto a otro muchacho, habían acuchillado a un turista estadounidense para robarle una cámara de fotos.

Víctima y victimario: Juan Pablo Kukoc, de 17 años, y el policía Luis Chocobar.

El hecho dividió a la opinión y volvió a colocar a la ministra de Macri en el centro de la tormenta.

Bullrich actuó como en el caso Maldonado y respaldó al policía, e incluso lo convidó a un encuentro con Mauricio Macri, que lo recibió en la Casa Rosada.

En 2020, Chocobar fue condenado a prisión en suspenso e inhabilitado por cinco años como policía, por el Tribunal Oral de Menores porteño Nº2, por el delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego, cometido con exceso en el cumplimiento de un deber”: le disparó a Kukoc por la espalda, cuando estaba huyendo.

Las lanchas israelíes

En 2016, el Ministerio de Seguridad de Bullrich pagó U$S50 millones a un astillero israelí por la compra de cuatro lanchas patrulleras para la Prefectura Naval Argentina.

La Oficina Anticorrupción cuestionó la operación concretada por adjudicación directa a un proveedor previamente seleccionado, y habló de un sobreprecio del 138%, unos U$S29 millones por encima del valor de mercado de las embarcaciones.

En abril pasado, en medio de la escalada de violencia narco en Rosario, la diputada macrista Mónica Frade, le preguntó por las lanchas al ministro de Seguridad del gobierno que sale el 10 de diciembre: “Están tiradas en Misiones, son una porquería que no navegan en el río, ni en el mar”, le contestó Aníbal Fernández.

 

Política

Dirigentes del peronismo federal con Passalacqua: respaldo y agenda común

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peronismo federal

Una comitiva de dirigentes del denominado peronismo federal se reunió este miércoles con el gobernador Hugo Passalacqua, en un encuentro que, además de expresar el respaldo político al mandatario, sugiere el esbozo de una agenda común de cara a las elecciones del año próximo.

La comitiva estuvo conformada por los diputados nacionales Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz y Emir Félix, presidente del PJ de Mendoza; el intendente de la localidad bonaerense de Pilar, Federico Achával, y el presidente del PJ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Manuel Olmos.

“Es una reunión para abrir un diálogo político, para coordinar agendas de intereses de la provincia y de los intereses que representa el gobernador”, señaló Tolosa Paz a los periodistas que la abordaron a la salida del grupo del encuentro con Passalacqua.

La diputada nacional comentó que la visita a la tierra colorada se enmarca en la gira nacional que están llevando adelante con el peronismo federal, para conocer la realidad del país y construir una alternativa electoral que enfrente a La Libertad Avanza en 2027.

“Venimos a charlar, a escuchar la realidad del peronismo de Misiones y la realidad del peronismo de otras provincias”, sostuvo Tolosa Paz.

En la misma línea se expresó Félix, quien además remarcó que “la agenda de las economías provinciales tiene que tomar relevancia en la discusión del país”.

Además del encuentro con el gobernador, con quien se interiorizaron de la realidad provincial y le expresaron la voluntad de una hoja de ruta común en defensa del trabajo, la producción y las economías regionales, los dirigentes peronistas se reunieron con el presidente del Partido Justicialista (PJ) Misiones, Christian Humada, para conocer de primera mano la reorganización institucional del justicialismo misionero y abrir un canal de diálogo con las nuevas autoridades partidarias.

Tolosa Paz y Emir Félix charlan con el presidente del PJ Misiones, Christian Humada, en el estacionamiento de la sede partidaria en Posadas. (Foto de Darío Guimaraes / X)

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Denuncian a Rovira por enriquecimiento y piden que le prohíban salir del país

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La Fiscalía de Instrucción Penal Nº 1, de Posadas, recepcionó este miércoles una denuncia por enriquecimiento ilícito contra el diputado provincial y líder de Encuentro Misionero, Carlos Eduardo Rovira, donde pide, entre otras medidas, la prohibición de salida del país.

Se trata de la denuncia Nº 283/2026, impulsada por el dirigente radical de Eldorado, Gustavo González, radicada ante la fiscal Amalia Spinato, con competencia de la jueza de Instrucción Carla Freitag.

En el escrito, González acusa a Rovira de la “presunta comisión del delito de Enriquecimiento Ilícito de Funcionario Público en concurso real”, en virtud de lo establecido en el artículo 268, inciso 2º, del Código Penal de la Nación, con la presunción de otras figuras penales, como “negociaciones incompatibles con ejercicio de funciones púbicas”, “omisión maliciosa de declaraciones juradas” e “infracción a las leyes de dominio público e hidráulico”.

En su denuncia, Gonzalez extiende la acusación “a toda otra persona que resultare autor, coautor, testaferro, cómplice o encubridor” de los delitos que le imputa a Rovira, y pide que “a los fines de garantizar la investigación, se disponga la prohibición de salida del país y el oportuno desafuero” del legislador y fundador del Frente Renovador de la Concordia.

En el punto 2, el escrito de González repasa la trayectoria política de Rovira y destaca que dado que el ex gobernador “no registra haber ejercido formalmente actividades comerciales, empresariales, industriales o profesionales independientes con capacidad de generación de ingresos” en más de 25 años, se desprende que “la totalidad de su subsistencia legal y de su núcleo familiar, deviene directo de las remuneraciones y dietas fijadas por la ley para el ejercicio de la función pública”.

Mansión y estancias

Seguidamente, la denuncia se enfoca en la “desproporción patrimonial” que exhibe Rovira y que se contrapone con lo señalado en el punto 2, como “el inmueble y mansión”, que el diputado provincial posee en la zona residencial ribereña conocida como Puerto Laurel; las “estancias y activos inmobiliarios”; el “entramado empresarial”, que involucra a sus hijos; y su “vinculación con contratistas del Estado”.

En cuanto a la residencia de Rovira en la costa del río Paraná, la denuncia resalta que el inmueble ocupa “14.000 metros cuadrados” y “ostenta un valor millonario y cuenta con infraestructura de alto costo económico”, que contraría los ingresos del legislador en todos sus años en la función pública.

En cuanto a las “estancias y activos inmobiliarios adicionales”, González menciona una finca de “gran extensión territorial”, ubicada sobre la ruta 105, entre Garupá y Fachinal, de “valor millonario”, sobre la que pesan “severas sospechas de titularidad real o mediante sociedades satélites”.

Asimismo, habla de otros “lotes y campos en el interior de Misiones”, de “alta valuación fiscal”, inscriptos a “nombre de familiares, allegados y firmas vinculadas”.

El ex diputado y dirigente radical, Gustavo González, esta mañana frente a la Fiscalía de Instrucción Penal Nº 1, de Posadas.

Miami y París

En los párrafos siguientes, el escrito apunta a los “altos consumos en el extranjero” de los hijos de Rovira, que “registran residencia permanente en el exterior (Miami, EE.UU.; y París, Francia), exhibiendo niveles de vida, titularidad de bienes y erogaciones en divisas extranjeras”, que “no guardan correlación alguna con la capacidad de ingresos derivada del sueldo público percibido por su padre en Misiones”.

La presentación pide que se investiguen también los vínculos de Rovira con contratistas del Estado provincial, en particular la participación “de su entorno en empresas beneficiarias de contratos de obra pública (históricamente vinculadas a la firma Constructora Spotorno) y emprendimientos promovidos o financiados con recursos del tesoro provincial (firmas como Agro Sustentable S.A. y otras vinculadas a su círculo directo)”.

Riesgo de fuga

En el punto 4, relacionado con los fueros parlamentarios de Rovira, González opina que “la inmunidad de proceso”, establecida en los artículos 88 y 89 de la Constitución Provincial, “no impide el inicio, la prosecución, ni la producción de la totalidad de las medidas de prueba de carácter patrimonial, registral, bancario y fiscal requeridas en esta denuncia”.

En el escrito, el denunciante solicita el “ordenamiento inmediato de las medidas de prueba tendientes a consolidar el cuadro probatorio y, oportunamente, requerir la declaración indagatoria” del acusado; y “si se considera pertinente, se libre oficio a la Honorable Cámara de Representantes de Misiones, solicitando el desafuero del legislador conforme los dispuesto en la Carta Magna Provincial”.

En el punto siguiente, la denuncia alerta sobre el “peligro de fuga” y de “entorpecimiento” de la investigación, que representa el “carácter transfronterizo de la provincia”, la “desproporcionada capacidad económica del denunciado y la existencia comprobada” de propiedades e inversiones de sus hijos en Europa y Estados Unidos.

“Existe un riesgo de fuga cierto y de entorpecimiento de la investigación”, alerta González y pide a la fiscal Spinato que requiera, “con carácter de urgente”, la “prohibición de salida del país” de Rovira, la “retención de sus documentos de viaje” y la “inhibición general” de sus bienes.

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Política

El gobierno y las provincias del Norte acuerdan nuevo régimen energético

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El gobierno nacional alcanzó este martes un acuerdo con las provincias norteñas para un nuevo esquema energético que contemple las particularidades de las zonas cálidas y muy cálidas del país, tal lo planteado al jefe de Gabinete, Diego Santilli, en la 24ª Asamblea de Gobernadores del Norte Grande, que se celebró en Posadas la semana pasada.

La propuesta fue consensuada durante una reunión de la Mesa de Diálogo encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el mismo Santilli, junto a los gobernadores Raúl Jalil, de Catamarca; Gustavo Sáenz, de Salta; Leandro Zdero, de Chaco; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; y Carlos Sadir, de Jujuy; y de la que también participaron la secretaria de Energía, María Tettamanti; el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González; y técnicos del área de las diez provincias involucradas.

Tras la reunión, y aunque no ofreció mayores detalles, el ministro Caputo explicó que el acuerdo con los mandatarios provinciales sirve para “redefinir los subsidios a la energía en las zonas cálidas y muy cálidas”.

“En el marco de la Mesa de Diálogo con los gobernadores del Norte, consensuamos una propuesta para un reclamo histórico de las provincias”, comentó el jefe del equipo económico de Javier Milei y agregó: “Acordamos trabajar en conjunto para avanzar en su implementación lo antes posible”.

Santilli, por su parte, destacó la “celeridad” con que la Casa Rosada atendió el planteo de las provincias norteñas y afirmó: “En menos de una semana escuchamos el reclamo de los gobernadores, nos sentamos a trabajar y encontramos una solución”.

“Es un reclamo histórico del Norte y demostramos que, cuando hay diálogo y voluntad de encontrar soluciones, Nación y provincias pueden trabajar juntas y dar respuestas concretas a la gente”, opinó.

El jefe de Gabinete retomó lo explicado por el ministro Caputo y señaló que “la iniciativa apunta a reconocer las particularidades climáticas de las provincias del Norte y el mayor consumo eléctrico asociado a las altas temperaturas, especialmente durante los meses de verano”.

“Este es el camino que queremos consolidar: escuchar, dialogar y resolver. Los problemas que llevan años esperando una respuesta no se solucionan con discusiones entre Nación y provincias, sino trabajando juntos”, finalizó Santilli.

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