En medio de la controversia por la modificación al régimen de licencias por enfermedad introducida en el proyecto de reforma laboral que obtuvo media sanción la semana pasada en el Senado, la senadora oficialista Patricia Bullrich salió a aclarar que el gobierno está dispuesto a introducir cambios en el artículo 44 de la ley cuando se trate en Diputados.

Bullrich hizo estás afirmaciones en una entrevista en el canal porteño TN, donde la consultaron sobre los detalles del proyecto relacionados con las licencias médicas de los trabajadores dados a conocer por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que encendieron la polémica y pusieron al gobierno en una posición incómoda para asegurar un trámite rápido en la cámara baja.

“Sobre lo que son enfermedades severas, degenerativas, irrecuperables, vamos a hacer una modificación y vamos a dejar el 100% del salario”, comentó Bullrich y anunció: “Lo estamos trabajando, pero sólo en caso de verificación de casos fehacientes”.

El proyecto aprobado en el Senado y que se debatirá en la Cámara de Diputados este jueves o el próximo, establece que los trabajadores que sufran una enfermedad por cuestiones recreativas ajenas al trabajo, como una lesión haciendo deportes o un accidente, cobrarían sólo el 50% de sus sueldos cuando la licencia supere los tres meses, y 75% en caso de que sean afecciones causadas por una cuestión involuntaria, como una gripe o un cáncer.

Ahora, la ex ministra de Seguridad de Milei adelantó que el oficialismo “estudia la manera de introducir un cambio” en este punto, para que quienes se enfermen gravemente puedan seguir cobrando el 100% de sus salarios mientras dure su licencia médica.

Bullrich insistió, sin embargo, en mantener lo establecido del 50% del salario para los lesionados o accidentados fuera del trabajo, ya que -según aseguró- “hay una cantidad de certificados truchos impresionantes, y si te querés hacer el vivo, cobrás menos”.

La senadora de La Libertad Avanza (LLA) habló de una “mafia de los certificados médicos” y aseguró que, según datos recientes de los que no especificó fuentes, el país registra un 15% de ausencias justificadas en el ámbito laboral, cifra que consideró excesiva y vinculada a prácticas fraudulentas.

“Antes de que llegue la policía, llegan los abogados a ofrecer certificados”, afirmó Bullrich durante la entrevista y planteó que la reforma busca terminar con esta práctica.

Bullrich, sin embargo, no precisó de qué manera van a modificar el texto aprobado en el Senado, ya que, si los cambios se introducen en el proyecto con media sanción, la ley debe regresar a la cámara de origen para volver a ser votada.

Una opción que se viralizó en las redes sociales es que el gobierno ofrecerá en Diputados el “compromiso” de hacer la modificación a la hora de reglamentar la ley y pedirá a los legisladores que voten el proyecto tal cual salió del Senado.

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La Libertad Avanza Misiones, junto al presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), Rodrigo Correa, recibió a Sebastián Macías, presidente de la Cámara de Representantes de Misiones, con el objetivo de escuchar su posición sobre la actualidad del sector yerbatero y avanzar en un intercambio institucional sobre el escenario que atraviesa la actividad.

Desde LLA Misiones se remarcó que la desregulación ha contribuido a un aumento del consumo interno y a niveles récord de exportaciones, fortaleciendo el posicionamiento de la yerba mate argentina en el mercado nacional e internacional.

Asimismo, desde el espacio señalaron que, si bien aún existen aspectos por mejorar, el rumbo está trazado y debe sostenerse con seriedad institucional, promoviendo mayor competitividad y previsibilidad para todos los actores involucrados.

En ese sentido, LLA Misiones manifestó su compromiso de continuar trabajando de manera responsable para fortalecer al sector yerbatero y acompañar a los distintos eslabones de la cadena productiva.

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El proyecto de Régimen Penal Juvenil, que busca bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, se aprobó por una amplia mayoría en el Congreso de la Nación y ahora el debate se traslada al Senado.

La iniciativa contó con el respaldo de la Libertad Avanza, el radicalismo, el PRO, Innovación Federal, Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Producción y Trabajo, e Independencia con 148 votos a favor y 100 en contra.

La propuesta impulsada por LLA plantea la reforma de una ley de la dictadura y tendrá un nuevo régimen especial para los menores, ya que propone desde sanciones menores hasta 15 años de cárcel para delitos graves.

A su vez, con esta ley no se podrá establecer la pena perpetua y se fija que los menores tendrán que tener una prisión “en un lugar especial”, alejado de los adultos criminales.

De esta manera, para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, en tanto que para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves, se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.

Ahora la iniciativa será tratada por el Senado y es posible que el debate se desarrolle en sesión el 26 de febrero.

El debate

Uno de los puntos más polémicos del proyecto es que en el texto original no incluye una previsión presupuestaria para su implementación, lo que significaba una presión aún mayor para las provincias, que debían afrontar los costos implícitos de la norma. 

En su alocución en el recinto, el diputado nacional por Misiones por el bloque de Innovación Federal, Oscar Herrera Ahuad, puso el foco en la cuestión punitiva, y enfatizó en el impacto presupuestario y estructural que la implementación de la ley tendría en las provincias.

“Hemos escuchado diferentes ponencias y evidentemente en un tema tan sensible es muy difícil ponerse de acuerdo, es complejo”, señaló y trajo como ejemplo las experiencias internacionales de Brasil y Chile. Explicó que su expectativa respecto del proyecto no está vinculada a la cárcel como fin en sí mismo, sino a una atención integral del menor vinculado a un hecho delictivo.

Al mismo tiempo, valoró que el proyecto mencione la conformación de equipos multidisciplinarios para abordar situaciones complejas como las adicciones. “No queremos que ese chico vaya a preso, sino que sea atendido”, enfatizó aludiendo a la necesidad de respuestas integrales para jóvenes en conflicto con la ley.

Respecto a lo presupuestario, consideró: “Este proyecto de ley tiene un costo muy alto para las provincias, mientras se impulsa una política de reducción del gasto y presión para bajar impuestos, al mismo tiempo se exige a las provincias asumir nuevas responsabilidades en materia de salud, educación, seguridad e infraestructura”.

Ante esta situación advertida por el legislador misionero, desde el bloque Innovación Federal reclamaron que la Nación incorpore al proyecto un capítulo que contemple una asignación presupuestaria específica, mientras que el Gobierno nacional asumió el compromiso de incorporar un apartado que asigne los fondos necesarios para la aplicación de la ley, dispuesto en $23.739.155.303.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, defendió el proyecto al señalar que el objetivo no es “amontonar menores privados de la libertad” sino “resocializarlos”. 

Mientras que, desde la oposición, la diputada Victoria Tolosa Paz cuestionó la consigna impulsada por sectores libertarios de “delito de adulto, pena de adulto”, al considerar que responde más a una estrategia de campaña que a una política pública consistente.

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