Renunciaron a sus fueros para que los investiguen. Fueron involucrados en el hallazgo de una plantación de marihuana.

Los líderes del Partido Agrario y Social (PAyS), Héctor “Cacho” Bárbaro y Martín Sereno, se pusieron a disposición de la justicia para que investigue si tienen responsabilidad en la explotación de una plantación de marihuana, como les atribuyó una publicación.

En el trámite, encuadrado en una acción de vindicación prevista por la Constitución de Misiones, el diputado nacional y su par provincial, renunciaron a sus fueros con el fin de allanar la intervención judicial, según se informó este martes.

La presentación fue realizada ante el juez Federal de Eldorado, Miguel Ángel Guerrero, acompañada por elementos periodísticos acerca de la supuesta responsabilidad de ambos en la explotación de marihuana en el paraje Inter, en jurisdicción de Dos Hermanas.

A partir de la divulgación del caso a través de las redes sociales, en diciembre pasado, los legisladores también pidieron que comparezca el responsable de la publicación, quien hizo referencias a “fuentes de la investigación” como proveedoras de la información.

Del lado del PAyS se dieron a conocer declaraciones de Bárbaro y Sereno acerca del respeto a la libertad de expresión, pero “estamos acostumbrados a las operaciones políticas a través de supuestos comunicadores.

El caso que desató la denuncia judicial, “es gravísimo porque nos involucran en una actividad delictiva que es un flagelo para miles de familias con hijos y afectos víctimas de la droga”, señalaron.

“El límite es claro, llegó el momento de marcar hasta acá muchachos”, puntualizaron, al tiempo que valorizaron el recurso judicial al que acudieron porque “es mucho más adecuada porque más allá de atacar a las personas por razones políticas, en la publicación se afecta a las instituciones y al propio sistema representativo cuando se lesiona la credibilidad y la seguridad jurídica”.

La acción

El recurso utilizado por los legisladores consiste en que “el funcionario o empleado a quien se impute delito cometido en el ejercicio de su cargo está obligado a acusar judicialmente para vindicarse, bajo pena de su destitución, y gozará del beneficio de gratuidad procesal”.

En un comunicado firmado por 52 ediles de toda la provincia, piden que el parte oficial de contagios incluya los resultados de laboratorios privados. Además, recomiendan mayor cantidad de testeos “para tomar decisiones acertadas”.

“Los Concejales de Juntos por el Cambio de la Provincia de Misiones manifestamos nuestra preocupación por el creciente número de casos de Covid-19 en nuestra provincia”, comienza la misiva firmada por más de medio centenar de ediles, la mayoría de origen radical, hoy enrolados tras los colores del Pro.

En el comunicado oficial, concejales y ex concejales de casi 40 localidades misioneras se dirigen al ministro de salud de la provincia para reclamar datos sobre Covid-19: “Dr. Oscar Alarcón proporcione a la ciudadanía las cifras reales de pacientes afectados por dicha patología”, comienzan.

Los ediles solicitan, además: “Que se informen los casos diagnosticados por test de PCR como asimismo los casos de pacientes que han resultado positivos al hisopado test rápido…”.

Entre los datos sobre los que indagan para que salgan a luz, solicitan el detalle sobre los resultados: “…tanto en Salud Pública como en los laboratorios privados que, por ahora, no figuran en el parte oficial”, insinúan y a continuación recomiendan: “Creemos resulta imperioso se aumente el número de testeos en todas las localidades”.

El diputado Sartori apoyó el dictamen del oficialismo. También lo hicieron los que responden a Schiaretti. Los dos sectores son fundamentales para la sesión del 29.

Con los votos de los tres integrantes del frente misionero y de los diputados que responden el gobernador Juan Schiaretti, el Frente de Todos logró el dictamen de mayoría del proyecto que establece una nueva fórmula de movilidad jubilatoria.

La adhesión del Frente Renovador de la Concordia quedó ratificada por la firma del diputado Diego Sartori, mientras que Paulo Cassinerio hizo lo propio en nombre de la representación cordobesa, lo que garantizaría la sanción de la norma el 29.

De esa manera, en Misiones comenzaron a despejarse las dudas sobre el futuro de la relación entre la provincia y la Nación, a partir del veto del presidente Alberto Fernández a la creación de zonas aduaneras especiales en los distritos fronterizos.

El debate de la movilidad jubilatoria se dio en un plenario de las comisiones de Presupuesto y de Previsión Social realizado en el recinto del palacio este miércoles para mantener el distanciamiento social y coordinado por el presidente de la última de ellas, el oficialista entrerriano Marcelo Casaretto.

La discusión se extendió por seis horas, el proyecto de movilidad tuvo 42 firmas a favor y el rechazo de Cambiemos 36. El diputado de izquierda Nicolás del Caño presentó un dictamen propio como también los lavagnistas y socialistas, aunque en este caso no tienen representantes en la comisión y deberán defenderlo en el recinto.

Contando

El único ausente del Frente de Todos: el jujeño José Luis Martiarena, quien ni siquiera se conectó al VPN para votar. El oficialismo tiene 118 votos y si alcanza los 6 del bloque de Ramón y los 4 de Córdoba quedará a uno sólo de la mayoría simple.

La diferencia puede alcanzar con la dupla de Felipe Álvarez y Antonio Carambia, aliados en varias votaciones; o la del bonaerense Eduardo Bucca y Andrés Zottos, que integran el interbloque federal junto a cordobeses, lavagnistas y socialistas. Queda suelta como posible aliada la neuquina Alma Sapag.

La nueva fórmula para actualizar las jubilaciones contempla en partes iguales el aumento de la recaudación destinado al Anses por diferentes leyes con la variación salarial, considerada esta última según la cifra más alta entre las mediciones del Indec y el Ministerio de Trabajo (Ritpe).