Política
Kiczka, Mela y el dilema de una banca vacía en la Legislatura
Tras la expulsión del ahora ex diputado Germán Kiczka, su banca quedó vacía y por el corrimiento de las listas se sabe que es Javier Mela, de la Unión Cívica Radical (UCR), quien debería ocupar ese lugar y reclama “que se cumpla la ley”, pero lo cierto es que el debate sobre qué sucederá con esa banca recién comienza, dado que otros advierten sobre una especie de “vacío legal” que podría derivar en que la Cámara de Representantes funcione con 39 legisladores, es decir, con uno menos de pleno y sin que el apostoleño desbancado sea reemplazado.
La expulsión de Kiczka, imputado en una causa por tenencia y distribución de archivos con material de abuso sexual infantil (Masi), se resolvió ayer, con el voto afirmativo de los 38 legisladores presentes, dada la ausencia de su socio político y amigo Pedro Puerta, creador de Activar, partido mediante el cual llegó a la Cámara de Representantes en las elecciones de 2021 para cumplir mandato hasta 2025.
La sanción tomada por la Legislatura es el resultado de una serie de acciones previas que el parlamento misionero ya había tomado en su contra. Primero, se le rechazó su renuncia, luego se votó su desafuero para permitir su detención. También se le suspendió el pago de su salario como diputado y su exclusión de la Cámara fue la medida final que marcó el cierre del proceso y el fin de su carrera legislativa.
Por el corrimiento de la lista votada el 6 de junio de 2021, al radical Javier Mela le correspondería ocupar la vacante, con lo que volvería al recinto donde estuvo entre los años 2017 y 2021. Consultado por La Voz de Misiones, Mela recordó que “la Constitución Provincial establece que toda banca vacía debe ser cubierta en la sesión siguiente a la que se aprueba una renuncia o expulsión”, remarcando que “ninguna banca puede quedar vacía”.
Al ser consultado sobre la posibilidad de que el oficialismo “prolongue” el proceso de designación del reemplazo de Kiczka, afirmó: “La verdad no se cuáles serían sus intenciones. Tienen que cumplir la ley, pueden no hacerlo y por ahí adelantan la Navidad como Maduro“.
Aunque todavía no fue convocado, tenía previsto que, como legislador reemplazante, jure en la sesión del 19 de septiembre, fecha que finalmente fue suspendida por coincidir con el Parlamento Estudiantil fechado para ese mismo día, por lo que la próxima reunión parlamentaria se dará recién el 26 de septiembre, siendo además que el período legislativo 2024 culmina el 31 de octubre.
De suceder, se redistribuirán las once bancas de la oposición en una Cámara de 40, por lo que la UCR se quedará con seis, el PRO con cuatro y Activar con una. Hasta ahora, cada partido tiene su bloque y en los hechos funcionan como un interbloque, aunque esa figura no exista en la reglamentación misionera.
Las bancas de Pedro Puerta y Germán Kiczka, vacías el último jueves por segunda vez desde que se desató el escándalo.
De “vacíos legales”
Sin embargo, el mecanismo de reemplazo que parecería funcionar casi de manera automática, como sucedió con la reciente designación la renovadora Lilian Tartaglino en lugar de Silvia Rojas, quien renunció aduciendo “razones personales”, no tendría el mismo efecto en el caso Kiczka, teniendo en cuenta que su renuncia no fue aceptada y que el Código Electoral de la provincia no hace mención a sustituciones previstas para casos de expulsión.
Quien planteó este panorama fue el abogado Nicolás Zayas, quien consideró que la ocupación de la banca libre debe ser judicializada, para que la cuestión sea resuelta por la Justicia Electoral de Misiones y que de esta manera se siente precedente.
“La ocupación de la banca de Germán Kiczka expulsado el día jueves, debería dirimirse ante la Justicia Electoral de Misiones, debe ser judicializado y que el Tribunal Electoral siente Jurisprudencia. Es el primer caso de la historia. Hay interpretaciones Constitucionales en pugna”, introdujo Zayas al exponer sus argumentos a través de su cuenta de “X”.
Y ahondó en que “el Código Electoral Ley XI N° 6 NO define el proceso de sustitución de un diputado expulsado. La sustitución sólo procede ante Renuncia o Muerte del legislador, según el artículo 146”.
El caso Kiczka abrió un nuevo debate en torno al artículo 146 del Código Electoral – Ley XI N° 6.
En este sentido, el letrado consideró que lo ocurrido con Kiczka no tiene precedentes en la historia provincial, siendo la primera vez en 69 años que se procede a la expulsión de un integrante de la Cámara de Representantes, provocando un “vacío legal” que, a su entender, “deberá resolver la Justicia” ya que “no hay previsión de sustitución en casos de expulsión”.
Además, ponderó que “no se vulnera para nada la representación de minorías (art. 48 CP) en el cuerpo colegiado que equivale a un tercio del total de legisladores (39). El oficialismo cuenta con 25 bancas y la oposición con 14. Se respeta el tercio de ley”.
Para reforzar aún más su fundamentación, el letrado también hizo mención al artículo 82 de la Constitución de Misiones, el cual refiere que la composición de la Cámara de Representantes en ningún caso puede exceder de 40 integrantes, ni ser menor a 30.
“La banca de Kiczka debería quedar vacante y la Cámara de Representantes funcionar con 39 legisladores, hasta tanto se dirima las cuestiones legales. Y el Tribunal Electoral siente Jurisprudencia”, remató Zayas.
No son pocas las fuentes políticas que avizoran que el oficialismo podría ampararse en esta misma cuestión para dejar la banca vacía como “símbolo de castigo” y en ese marco también adquiere relevancia la nota de opinión redactada por el conductor del Frente Renovador Carlos Rovira, donde consideraba que por el caso Kiczka “también deben caber penas para el Frente Electoral o la Alianza que lo validó”.
Tampoco pasó inadvertido que en la sesión donde se aprobó la expulsión de Kiczka la diputada informante Anazul Centeno deslizó como tiro por elevación que “algunos responderán penalmente, otros lo harán políticamente” y agregó que “será ahora tiempo de la Justicia Electoral y la Justicia Penal dirimir lo que vendrá”.
“Al ser un caso prácticamente sin precedentes por la gravedad de delito que derivó en la expulsión del diputado, se dejaría todo en manos de la Justicia Electoral. Se sabe que eso tarda meses en resolverse y que solo quedan cinco sesiones hasta el fin del período legislativo. Así que lo más probable es que la banca quede vacía”, teorizó una fuente con cercanía al poder político.
“Totalitarismos”
Del otro lado, es decir, desde la oposición, también advierten que la posibilidad de que Kiczka no sea reemplazado toma cada vez más fuerza y por ello salieron al cruce.
Uno de los que tomó la bandera del reclamo fue el ex diputado provincial y nacional por la UCR Luis Mario Pastori, quien esta mañana publicó una nota titulada “Misiones: a cinco minutos del totalitarismo”.
En la misiva, el radical cuestionó la decisión de rechazar la denuncia presentada por Kiczka y criticó “conformación de una comisión investigadora que nada tenía que investigar porque ello ya estaba en manos de la Justicia”.
“La Renovación misionera decidió políticamente extender el período de estrépito como señal de que los tiempos los maneja a su exclusivo antojo y buscando el mayor rédito político de tan repugnante hecho”, sostuvo Pastori.
Mi opinión sobre el “caso Kiczka” y la banca vacante. https://t.co/tjpjr3caIF
— Luis Mario Pastori (@luispastori) September 13, 2024
Y arremetió: “Bastó una simple nota de opinión del conductor del espacio oficialista sugiriendo que la lista opositora que había propuesto a Kiczka debería ser castigada por el hecho de no haber adivinado con antelación acerca de la conducta privada de uno de sus miembros, para que salga el coro de aduladores reclamando que esa banca permanezca vacía como sanción ejemplificadora para todos y todas y mostrando que con su mayoría pueden hacer lo que les plazca”.
En la misma carta Pastori reclamó la designación de su correligionario Javier Mela, amparándose en el artículo 84 de la Constitución de Misiones, el cual establece que “las vacantes no serán cubiertas cuando faltare menos de un año para el término del período correspondiente, a menos que alcancen a la quinta parte del total de la Legislatura”.
“El régimen electoral determina que debe ocupar la vacante quien sigue en el orden de lista, en este caso Javier Mela. Es decir, falta más de un año para el término del período y existe un orden de lista aprobado por el Tribunal Electoral”, fundamentó el dirigente radical.
Por su parte, el también ex diputado provincial Gustavo González, fue otro de los radicales en hacerse eco de la cuestión y a través de su cuenta personal de “X” pidió “que la Renovación respete la Constitución y se designe sin dilaciones a su reemplazo”.
En diálogo con LVM profundizó: “No existe ninguna excusa o motivo para no designarlo de manera inmediata a Javier Mela como diputado en reemplazo de Kiczka. Lo que debe hacer la mayoría, que corresponde al Frente Renovador, es cumplir con la Constitución porque no hay excusa alguna que impida que se lo designe”.
Y agregó: “Hay una intención de mantener la Cámara con 39 integrantes, lo que sería inconstitucional, porque claramente la Constitución de la Provincia de Misiones establece el funcionamiento de la Cámara con 40 legisladores. Si a la Renovación no le gusta que asuma un radical, no lo puede decidir, lo que tiene que hacer. Es cumplir con la Constitución”.
“Nosotros estamos insistiendo. El bloque va a presentar un pedido frente a la Cámara y lo mismo está haciendo el partido”, finalizó.
Se lo expulsó a Kiczka. Bien. Ahora que la Renovación respete la Constitución y se designe sin dilaciones a su reemplazo @JavierMela1.
— Gustavo González (@GonzalezUCR) September 12, 2024
El reemplazo
Javier Mela está casado y tiene dos hijos. Al iniciarse en política fue militante de la Franja Morada, se recibió de abogado en la Universidad Nacional del Noreste, Corrientes, en 2003 y ese mismo año montó un estudio, a través del cual lleva 20 años de trabajo ininterrumpido en el sector privado.
Simultáneamente, ocupó varios cargos partidarios, como delegado del Registro Nacional de Armas (Renar) durante la gestión de Mauricio Macri y diputado provincial por la UCR durante el período 2017-2021.
Legislatura: Mela en la lista de sucesión ante la salida de Germán Kiczka
El bloque de La Libertad Avanza (LLA) Misiones presentó un proyecto de enmienda constitucional para modificar el artículo 96 de la Carta Magna misionera, referente al período de sesiones de la Legislatura provincial.
El partido que encabeza el diputado Adrián Nuñez, vicepresidente primero de la Cámara, hizo pública la iniciativa en sus redes sociales, mediante un video de la legisladora Samantha Stekler.
“Actualmente, la legislatura sesiona de mayo a octubre; seis meses de actividad ordinaria”, comenta Stekler en el spot, grabado en el frente a la sede legislativa de Villa Sarita.
“A nivel nacional, el Congreso trabaja de marzo a noviembre; y varias provincias adoptaron calendarios similares o más amplios, con mayor continuidad institucional”, agrega.
De hecho, solo Misiones, Santa Fe, Catamarca y Mendoza comienzan sus periodos legislativos el 1º de mayo de cada año. De las cuatro, la tierra colorada es la única que tiene un sistema unicameral; y junto a Santa Fe comparte el mismo calendario legislativo. En Mendoza, el período concluye el 30 de septiembre, y en Catamarca el 30 de noviembre.
“Esto no se trata solo de dictar leyes, el Poder Legislativo cumple funciones de control, seguimiento de políticas públicas y análisis del gasto público”, señala Stekler.
La legisladora argumenta que un periodo de sesiones “acotado” como el misionero, “limita” al Poder Legislativo “para pedir informes, supervisar la ejecución del presupuesto; y en materia de justicia, retrasa los acuerdos para que los nuevos jueces, fiscales y defensores, puedan asumir el cargo”.
“Por ello, desde el bloque de LLA presentamos un proyecto de enmienda constitucional para ampliar el período de sesiones legislativas desde el 1º de marzo al 30 de noviembre, en línea con el esquema nacional”, informa Stekler.
“El objetivo es fortalecer el funcionamiento institucional y mejorar las capacidades de control del Estado”, finaliza.
Mayoría calificada
La figura de la enmienda constitucional está reglamentada en el artículo 178 de la Carta Magna misionera, que establece como requisito el voto de los dos tercios de la totalidad de los miembros de la Cámara de Representantes y la aprobación popular en un referéndum.
El artículo 179, establece que para que “el referéndum se considere válido, se requiere que los votos emitidos hayan sobrepasado el 50% de los electores inscriptos en el Registro Cívico de la Provincia”.
La Constitución misionera también establece que las reformas o enmiendas “no podrán llevarse a cabo, sino con intervalo de dos años”.
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La suspensión del pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en controles fiscales en ruta quedó formalmente reglamentada este martes a partir de su publicación en el Boletín Oficial. La medida fue una de las primeras discusiones que se dieron tras el surgimiento del espacio político Encuentro Misionero, junto con el planteo de avanzar en un esquema de alivio impositivo más amplio que también incluye reclamos a la Nación para reducir el IVA, Ganancias y otros tributos nacionales.
La iniciativa tuvo un proceso de análisis y consideración entre los distintos sectores que integran el nuevo espacio político misionero, donde se consensuó la necesidad de reducir la carga tributaria sobre la actividad económica, tanto a nivel provincial como nacional. Se trató de uno de los primeros ejes de trabajo en la búsqueda de respuestas a un contexto macroeconómico marcado por la recesión y la pérdida de poder adquisitivo.
La propuesta fue anunciada por el Poder Ejecutivo el viernes 1 de mayo, en la apertura de sesiones ordinarias, y ahora se prevé que el instrumento sea girado a la Legislatura para su tratamiento y validación, en línea con el esquema institucional que rige este tipo de reformas.
En ese marco, la Cámara de Representantes de Misiones se consolidó en los últimos años como un ámbito central de articulación política e institucional. Bajo las presidencias de Carlos Rovira, Oscar Herrera Ahuad y actualmente Sebastián Macías, el cuerpo legislativo mantuvo un rol clave en la construcción de consensos y en la generación de herramientas de gestión para el Poder Ejecutivo. Entre ellas, se destaca la temprana aprobación anual del presupuesto, considerada una pieza central para garantizar previsibilidad en la administración.
En ese esquema institucional, Encuentro Misionero —espacio político con origen en la Legislatura— se consolidó como un ámbito de articulación que no solo canaliza debates internos, sino que también aporta cohesión política al misionerismo y respaldo al Ejecutivo en la definición de medidas económicas. Su dinámica interna permitió que propuestas como la suspensión del pago a cuenta de Ingresos Brutos encuentren consenso político previo y viabilidad institucional, integrando discusión legislativa, acuerdo político y posterior implementación administrativa.
Rige desde el 1 de julio
En ese contexto, el Ministerio de Hacienda de Misiones publicó este martes en el Boletín Oficial la Resolución 329 que reglamenta la suspensión del pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en controles fiscales en ruta. La medida, que entrará en vigencia el 1 de julio de 2026, define el alcance del régimen especial. Además, establece qué contribuyentes quedarán excluidos y detalla los nuevos procedimientos administrativos.
La resolución se enmarca en el Decreto N° 713/2026 y en las facultades otorgadas por la Ley VII – N° 107. En ese sentido, la Provincia avanzó en la implementación de un régimen excepcional y temporal, que apunta a reducir la carga operativa tanto para los contribuyentes como para la Agencia Tributaria Misiones (ATM), en un contexto de inestabilidad económica.
En concreto, se dispuso la suspensión parcial de varios artículos de la Resolución General N° 056/2007, vinculada al pago a cuenta en controles de mercadería, mientras que la Resolución General N° 044/2021 continuará vigente, salvo en los aspectos específicamente modificados. La medida tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con prórroga automática durante el primer semestre de 2027.
El 95% de contribuyentes excluidos
Uno de los puntos centrales es la exclusión automática de contribuyentes que, durante el ejercicio fiscal anterior, hayan registrado pagos a cuenta por un monto igual o inferior a 10 millones de pesos. Este universo que alcanza al 95% del total quedará exceptuado del régimen y no deberá abonar anticipos, aunque sí tendrá que cumplir con obligaciones informativas mínimas en los puestos de control.
Además, estos contribuyentes estarán liberados de presentar la declaración jurada informativa mensual (SR-343), pero deberán exhibir el formulario SR-341 con carácter informativo junto con la documentación respaldatoria de las operaciones.
Por otro lado, quienes superen el umbral de los 10 millones de pesos continuarán dentro del régimen, aunque con modificaciones. En estos casos, el pago a cuenta se realizará bajo un sistema global equivalente al 75% del impuesto determinado en el anteúltimo mes, con vencimiento el día 25 del mes correspondiente.
La resolución también contempla situaciones particulares. Por ejemplo, los nuevos contribuyentes quedarán excluidos del régimen durante los primeros tres meses desde su inscripción. Luego, la ATM evaluará su comportamiento fiscal para determinar si continúan fuera del sistema o deben incorporarse.
En paralelo, se estableció un mecanismo de regularización para contribuyentes no inscriptos detectados en controles en ruta. Si regularizan su situación, serán considerados como nuevos contribuyentes y podrán acceder a los beneficios del régimen.
Otro aspecto relevante es la creación de padrones actualizados mensualmente, donde se clasificará a los contribuyentes como incluidos, excluidos o nuevos. Esta segmentación será clave para definir las obligaciones en cada caso.
En cuanto a los controles, el transportista deberá presentar la documentación correspondiente según la categoría del contribuyente. Esto incluye comprobantes de pago, formularios informativos y respaldos de las operaciones. La responsabilidad de proveer esta documentación recaerá en quien contrate el servicio de transporte.
Asimismo, la normativa endurece las sanciones por incumplimiento. La falta de presentación o la adulteración de formularios podrá derivar en multas e incluso en la reincorporación automática al régimen general, perdiendo los beneficios de simplificación.
Finalmente, desde el Ministerio de Hacienda remarcaron que la medida no elimina los regímenes vigentes, sino que los flexibiliza de manera temporal. El objetivo, indicaron, es aliviar costos, reducir burocracia y fomentar la actividad económica sin modificar la estructura tributaria de fondo.
Encuentro Misionero tuvo su lanzamiento oficial: “Es un equipo fuerte”
Luego de que el concejal Jair Dib (Encuentro Misionero) responsabilizara a Judith Salom (Unión Cívica Radical) y a Pablo Argañaraz (La Libertad Avanza) por el fracaso de su proyecto de ordenanza, tratado en la sesión ordinaria del último jueves, que tenía como objetivo exigir a la empresa Servicios de Aguas de Misiones Sociedad Anónima (SAMSA) la instalación de bloqueadores de aire en todas las conexiones domiciliarias, el Comité Posadas del partido centenario salió al cruce y lo calificó de “irresponsable” y “cobarde”.
“El concejal posadeño Jair Dib miente y busca culpables donde no los hay”, expresó el Comité de la UCR en el comunicado publicado este martes en sus redes oficiales, donde además señaló que el edil oficialista acusó a la concejal Salom por una ordenanza “que ni su propio bloque acompañó”.
En otra línea, el radicalismo posadeño remarcó que “ni los suyos lo respaldaron” y agregó que “lo cierto es que el propio concejal Dib no contó con el acompañamiento de su bloque, ya que los concejales –Héctor- Cardozo, –Samira- Almirón, –Laura- Traid, –Luciana- Scromeda, –Malena-Mazal y -Daniel- Vigo no apoyaron la iniciativa”.
De esta manera, el Comité afirmó que la acusación del ex presidente del Concejo Deliberante capitalino “no solo es falsa”, sino que además “busca desviar la atención de un problema estructural que venimos señalando desde hace años”.
Tras respaldar a la concejal Salom, que estuvo presente en el recinto el último jueves, aunque se ausento de su banca al momento de la votación del proyecto sobre SAMSA, la UCR sostuvo que el partido “ha denunciado” de manera “sostenida” los “abusos” en las prestaciones de servicios públicos “desde el inicio del actual modelo de gestión renovador”.
Por último, el Comité exigió “dejar de lado las acciones con claros fines electoralistas” para trabajar con “seriedad, responsabilidad y compromiso en los problemas de la gente”.
La iniciativa de Jair Dib fue rechazada en la última sesión ordinaria, tras cosechar seis abstenciones del bloque oficialista y cinco votos afirmativos de la oposición. El concejal de Encuentro Misionero responsabilizó a Salom y Argañaraz por el resultado y pidió sanciones en sus dietas, ya que ninguno de los dos estuvo presente al momento de la votación.
En cuanto a Argañaraz, se retiró del recinto minutos antes de que se tratara el proyecto sobre SAMSA, luego de un cruce con la concejal Luciana Scromeda en torno a la aprobación del Balance Municipal 2025.
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