Política
Kiczka, Mela y el dilema de una banca vacía en la Legislatura
Tras la expulsión del ahora ex diputado Germán Kiczka, su banca quedó vacía y por el corrimiento de las listas se sabe que es Javier Mela, de la Unión Cívica Radical (UCR), quien debería ocupar ese lugar y reclama “que se cumpla la ley”, pero lo cierto es que el debate sobre qué sucederá con esa banca recién comienza, dado que otros advierten sobre una especie de “vacío legal” que podría derivar en que la Cámara de Representantes funcione con 39 legisladores, es decir, con uno menos de pleno y sin que el apostoleño desbancado sea reemplazado.
La expulsión de Kiczka, imputado en una causa por tenencia y distribución de archivos con material de abuso sexual infantil (Masi), se resolvió ayer, con el voto afirmativo de los 38 legisladores presentes, dada la ausencia de su socio político y amigo Pedro Puerta, creador de Activar, partido mediante el cual llegó a la Cámara de Representantes en las elecciones de 2021 para cumplir mandato hasta 2025.
La sanción tomada por la Legislatura es el resultado de una serie de acciones previas que el parlamento misionero ya había tomado en su contra. Primero, se le rechazó su renuncia, luego se votó su desafuero para permitir su detención. También se le suspendió el pago de su salario como diputado y su exclusión de la Cámara fue la medida final que marcó el cierre del proceso y el fin de su carrera legislativa.
Por el corrimiento de la lista votada el 6 de junio de 2021, al radical Javier Mela le correspondería ocupar la vacante, con lo que volvería al recinto donde estuvo entre los años 2017 y 2021. Consultado por La Voz de Misiones, Mela recordó que “la Constitución Provincial establece que toda banca vacía debe ser cubierta en la sesión siguiente a la que se aprueba una renuncia o expulsión”, remarcando que “ninguna banca puede quedar vacía”.
Al ser consultado sobre la posibilidad de que el oficialismo “prolongue” el proceso de designación del reemplazo de Kiczka, afirmó: “La verdad no se cuáles serían sus intenciones. Tienen que cumplir la ley, pueden no hacerlo y por ahí adelantan la Navidad como Maduro“.
Aunque todavía no fue convocado, tenía previsto que, como legislador reemplazante, jure en la sesión del 19 de septiembre, fecha que finalmente fue suspendida por coincidir con el Parlamento Estudiantil fechado para ese mismo día, por lo que la próxima reunión parlamentaria se dará recién el 26 de septiembre, siendo además que el período legislativo 2024 culmina el 31 de octubre.
De suceder, se redistribuirán las once bancas de la oposición en una Cámara de 40, por lo que la UCR se quedará con seis, el PRO con cuatro y Activar con una. Hasta ahora, cada partido tiene su bloque y en los hechos funcionan como un interbloque, aunque esa figura no exista en la reglamentación misionera.
Las bancas de Pedro Puerta y Germán Kiczka, vacías el último jueves por segunda vez desde que se desató el escándalo.
De “vacíos legales”
Sin embargo, el mecanismo de reemplazo que parecería funcionar casi de manera automática, como sucedió con la reciente designación la renovadora Lilian Tartaglino en lugar de Silvia Rojas, quien renunció aduciendo “razones personales”, no tendría el mismo efecto en el caso Kiczka, teniendo en cuenta que su renuncia no fue aceptada y que el Código Electoral de la provincia no hace mención a sustituciones previstas para casos de expulsión.
Quien planteó este panorama fue el abogado Nicolás Zayas, quien consideró que la ocupación de la banca libre debe ser judicializada, para que la cuestión sea resuelta por la Justicia Electoral de Misiones y que de esta manera se siente precedente.
“La ocupación de la banca de Germán Kiczka expulsado el día jueves, debería dirimirse ante la Justicia Electoral de Misiones, debe ser judicializado y que el Tribunal Electoral siente Jurisprudencia. Es el primer caso de la historia. Hay interpretaciones Constitucionales en pugna”, introdujo Zayas al exponer sus argumentos a través de su cuenta de “X”.
Y ahondó en que “el Código Electoral Ley XI N° 6 NO define el proceso de sustitución de un diputado expulsado. La sustitución sólo procede ante Renuncia o Muerte del legislador, según el artículo 146”.
El caso Kiczka abrió un nuevo debate en torno al artículo 146 del Código Electoral – Ley XI N° 6.
En este sentido, el letrado consideró que lo ocurrido con Kiczka no tiene precedentes en la historia provincial, siendo la primera vez en 69 años que se procede a la expulsión de un integrante de la Cámara de Representantes, provocando un “vacío legal” que, a su entender, “deberá resolver la Justicia” ya que “no hay previsión de sustitución en casos de expulsión”.
Además, ponderó que “no se vulnera para nada la representación de minorías (art. 48 CP) en el cuerpo colegiado que equivale a un tercio del total de legisladores (39). El oficialismo cuenta con 25 bancas y la oposición con 14. Se respeta el tercio de ley”.
Para reforzar aún más su fundamentación, el letrado también hizo mención al artículo 82 de la Constitución de Misiones, el cual refiere que la composición de la Cámara de Representantes en ningún caso puede exceder de 40 integrantes, ni ser menor a 30.
“La banca de Kiczka debería quedar vacante y la Cámara de Representantes funcionar con 39 legisladores, hasta tanto se dirima las cuestiones legales. Y el Tribunal Electoral siente Jurisprudencia”, remató Zayas.
No son pocas las fuentes políticas que avizoran que el oficialismo podría ampararse en esta misma cuestión para dejar la banca vacía como “símbolo de castigo” y en ese marco también adquiere relevancia la nota de opinión redactada por el conductor del Frente Renovador Carlos Rovira, donde consideraba que por el caso Kiczka “también deben caber penas para el Frente Electoral o la Alianza que lo validó”.
Tampoco pasó inadvertido que en la sesión donde se aprobó la expulsión de Kiczka la diputada informante Anazul Centeno deslizó como tiro por elevación que “algunos responderán penalmente, otros lo harán políticamente” y agregó que “será ahora tiempo de la Justicia Electoral y la Justicia Penal dirimir lo que vendrá”.
“Al ser un caso prácticamente sin precedentes por la gravedad de delito que derivó en la expulsión del diputado, se dejaría todo en manos de la Justicia Electoral. Se sabe que eso tarda meses en resolverse y que solo quedan cinco sesiones hasta el fin del período legislativo. Así que lo más probable es que la banca quede vacía”, teorizó una fuente con cercanía al poder político.
“Totalitarismos”
Del otro lado, es decir, desde la oposición, también advierten que la posibilidad de que Kiczka no sea reemplazado toma cada vez más fuerza y por ello salieron al cruce.
Uno de los que tomó la bandera del reclamo fue el ex diputado provincial y nacional por la UCR Luis Mario Pastori, quien esta mañana publicó una nota titulada “Misiones: a cinco minutos del totalitarismo”.
En la misiva, el radical cuestionó la decisión de rechazar la denuncia presentada por Kiczka y criticó “conformación de una comisión investigadora que nada tenía que investigar porque ello ya estaba en manos de la Justicia”.
“La Renovación misionera decidió políticamente extender el período de estrépito como señal de que los tiempos los maneja a su exclusivo antojo y buscando el mayor rédito político de tan repugnante hecho”, sostuvo Pastori.
Mi opinión sobre el “caso Kiczka” y la banca vacante. https://t.co/tjpjr3caIF
— Luis Mario Pastori (@luispastori) September 13, 2024
Y arremetió: “Bastó una simple nota de opinión del conductor del espacio oficialista sugiriendo que la lista opositora que había propuesto a Kiczka debería ser castigada por el hecho de no haber adivinado con antelación acerca de la conducta privada de uno de sus miembros, para que salga el coro de aduladores reclamando que esa banca permanezca vacía como sanción ejemplificadora para todos y todas y mostrando que con su mayoría pueden hacer lo que les plazca”.
En la misma carta Pastori reclamó la designación de su correligionario Javier Mela, amparándose en el artículo 84 de la Constitución de Misiones, el cual establece que “las vacantes no serán cubiertas cuando faltare menos de un año para el término del período correspondiente, a menos que alcancen a la quinta parte del total de la Legislatura”.
“El régimen electoral determina que debe ocupar la vacante quien sigue en el orden de lista, en este caso Javier Mela. Es decir, falta más de un año para el término del período y existe un orden de lista aprobado por el Tribunal Electoral”, fundamentó el dirigente radical.
Por su parte, el también ex diputado provincial Gustavo González, fue otro de los radicales en hacerse eco de la cuestión y a través de su cuenta personal de “X” pidió “que la Renovación respete la Constitución y se designe sin dilaciones a su reemplazo”.
En diálogo con LVM profundizó: “No existe ninguna excusa o motivo para no designarlo de manera inmediata a Javier Mela como diputado en reemplazo de Kiczka. Lo que debe hacer la mayoría, que corresponde al Frente Renovador, es cumplir con la Constitución porque no hay excusa alguna que impida que se lo designe”.
Y agregó: “Hay una intención de mantener la Cámara con 39 integrantes, lo que sería inconstitucional, porque claramente la Constitución de la Provincia de Misiones establece el funcionamiento de la Cámara con 40 legisladores. Si a la Renovación no le gusta que asuma un radical, no lo puede decidir, lo que tiene que hacer. Es cumplir con la Constitución”.
“Nosotros estamos insistiendo. El bloque va a presentar un pedido frente a la Cámara y lo mismo está haciendo el partido”, finalizó.
Se lo expulsó a Kiczka. Bien. Ahora que la Renovación respete la Constitución y se designe sin dilaciones a su reemplazo @JavierMela1.
— Gustavo González (@GonzalezUCR) September 12, 2024
El reemplazo
Javier Mela está casado y tiene dos hijos. Al iniciarse en política fue militante de la Franja Morada, se recibió de abogado en la Universidad Nacional del Noreste, Corrientes, en 2003 y ese mismo año montó un estudio, a través del cual lleva 20 años de trabajo ininterrumpido en el sector privado.
Simultáneamente, ocupó varios cargos partidarios, como delegado del Registro Nacional de Armas (Renar) durante la gestión de Mauricio Macri y diputado provincial por la UCR durante el período 2017-2021.
Legislatura: Mela en la lista de sucesión ante la salida de Germán Kiczka
El diputado provincial de La Libertad Avanza (LLA) Misiones, Adrián Nuñez, presentó ayer en la Legislatura dos proyectos para exceptuar del pago del Impuesto a los Ingresos Brutos a las actividades vinculadas con la navegación fluvial y la producción primaria a través de cooperativas.
Ambas iniciativas, que fueron fundamentadas por el legislador en el recinto e incorporadas al BAE, proponen la modificación de la Ley XXII Nº 35, del Código Fiscal de la Provincia de Misiones.
Navegantes
En lo referente a la navegación fluvial, el proyecto promueve la modificación del artículo 158 del Código Fiscal provincial, para exceptuar del pago de Ingresos Brutos “al transporte por agua, infraestructura portuaria, navegación y servicios complementarios”, como “el transporte fluvial y lacustre de carga; la explotación de infraestructura para el transporte marítimo; derechos de puerto; servicios para la navegación, incluidos los servicios de practicaje, pilotaje, atraque y salvamento”.
En los fundamentos, Nuñez sostuvo que la iniciativa se inscribe “en un contexto nacional de revisión del régimen jurídico aplicable a la navegación y al comercio de cabotaje” y mencionó el tratamiento en el Congreso de la Nación de una modificación del Decreto-Ley N.º 19.492/44 para permitir “la participación de buques de bandera extranjera en el transporte entre puertos argentinos”.
El legislador argumentó que “hoy, el sistema de transporte de cargas enfrenta desafíos estructurales vinculados a la eficiencia logística, los costos de distribución, la integración territorial y la competitividad de las economías regionales” y destacó “la especial relevancia de la Hidrovía Paraguay-Paraná como eje estratégico para la circulación de mercancías en el Cono Sur”.
Explicó que el proyecto de su bloque “no pretende regular la navegación, el comercio, ni la autorización de buques”, sino legislar sobre “una carga fiscal que encarece la utilización del transporte fluvial, la infraestructura portuaria y los servicios de navegación en Misiones”.
“El impacto de esta medida resulta especialmente relevante para Misiones”, sostuvo Nuñez y argumentó que “toda reducción de costos sobre el transporte por agua, la explotación de infraestructura portuaria y los servicios de navegación puede mejorar la competitividad de la producción misionera, facilitar la salida exportadora y disminuir la dependencia exclusiva del transporte terrestre”.
Productores
El segundo proyecto modifica el inciso K del artículo 158 del Código Fiscal de Misiones y exceptúa del pago de Ingresos Brutos a las actividades de producción primaria, especialmente, cuando la comercialización se realiza a través de cooperativas de productores.
En concreto, la iniciativa alcanza a la producción agropecuaria, silvicultura, forestal, la caza y la pesca, y se aplicará, exclusivamente, a la “primera comercialización” de lo producido.
“La producción primaria es uno de los pilares fundamentales de la economía misionera”, planteó el diputado de LLA y señaló que “actividades como la yerba mate, el té, la actividad forestal, la agricultura familiar y otras economías regionales configuran, no solo una fuente de empleo genuino, sino también la base productiva que sustenta el desarrollo de numerosas comunidades de la provincia”.
Argumentó que “en ese marco resulta necesario avanzar hacia un sistema tributario más claro, previsible y favorable al desarrollo productivo, evitando interpretaciones ambiguas que puedan generar cargas fiscales indebidas e incertidumbre jurídica para los productores”.
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El diputado del Partido Libertario de Misiones (PLM), Martín Arjol, presentó en la sesión de ayer de la Legislatura un proyecto para la convocatoria a un segundo plebiscito por la represa de Corpus, luego del referéndum de 1996 en que la obra fue rechazada por el 88,63% de los votos emitidos.
Se trata del Expediente D-69993-26, firmado por Arjol y el diputado del bloque Algo Nuevo, Miguel Orlando Núñez, para que la Legislatura pida al Poder Ejecutivo que “arbitre los medios para la realización de un Plebiscito proponiendo la construcción de la Represa Hidroeléctrica Corpus Christi en el emplazamiento Pindo-i de dicha localidad misionera”.
El legislador libertario ingresó la iniciativa al Boletín de Asuntos Entrados (BAE) de la Cámara, junto a otro proyecto, el Expediente D70149/26, para la creación del “Régimen Provincial de Incentivo para Pequeños Aprovechamientos Hidroeléctricos, destinado a promover la inversión, desarrollo, construcción, operación y explotación de centrales hidroeléctricas de pequeña escala en Misiones”.
Herramienta
En los fundamentos del proyecto para volver a plebiscitar la construcción de Corpus, Arjol argumentó que “la situación energética de la provincia es crítica” y culpó de la problemática a EMSA y “al manejo deficiente”, “partidario” y “proselitista” de la empresa.
“El principal vector energético para la región es la energía eléctrica, como no disponemos de reservas de hidrocarburos, ni siquiera de una conexión a la red nacional de gas natural, la energía eléctrica es nuestra herramienta para el progreso”, señaló.
Comentó que la Misiones tiene un único punto de conexión al Sistema Interconectado Nacional, que viene desde Ituzaingó, con una provisión de no más de 300 MW, mientras que “la demanda energética pico es de 642 MW”, lo que “muestra la situación crítica” que enfrenta la provincia.
Cuestionó que, para hacer frente a esta situación, se estén “utilizando recursos desesperados como la instalación de generación diésel”, que es “extremadamente caro y contaminante”, y asimismo desestimó la eficacia de las plantas generadoras con paneles solares, porque “solo funcionan si el resto del sistema funciona”, ya que “ante un corte de suministro eléctrico del SIP”, estos parques “no pueden abastecer siquiera una casa, porque se desconectan automáticamente del sistema”.
“Todo esto redunda en el pésimo sistema eléctrico provincial, con cortes de energía extremamente frecuentes y desesperantemente largos en algunos puntos de la provincia”, cargó Arjol y lanzó: “Tres apagones totales sufridos en los últimos años”.
“Nuestra Provincia carece de gas natural, petróleo, energía nuclear, litio, minerales críticos, carbón, pero es inmensamente rica en recursos hídricos, y es por eso que vengo discutir la necesidad urgente de aprovechar los principales recursos energéticos que tenemos, que son los aprovechamientos hidroeléctricos de nuestros ríos a gran escala”, argumentó.
“En la provincia contamos con potencial hidroeléctrico en los ríos Paraná y Uruguay, y el principal y más estudiado está en la ciudad de Corpus, en aguas del Río Paraná”, precisó.
“El aprovechamiento Corpus, en su emplazamiento de Pindo-í es un proyecto hidroeléctrico multipropósito de 2.880 MW de potencia instalada, con un costo estimado de U$S4.100 millones, que permitirá generar el 10% de la energía de la República Argentina a un precio de U$S31/MWh, y permitirá con sus obras complementarias mejorar los sistemas de agua potable de la provincia, rutas y autopistas de calidad que potencien el turismo; un sistema de salud más completo y distribuido en la provincia y, por sobre todo, un sistema eléctrico confiable y robusto que permita un verdadero y duradero crecimiento económico para la provincia”, detalló.
Cambios
El legislador libertario señaló que “muchas cosas han cambiado” desde la anterior consulta popular por Corpus, que el rechazo ciudadano de 1996 “sirvió para estudiar otros emplazamientos para la presa, buscando lugares de menor impacto”, y que “el principal argumento” de la negativa de hace 30 años fue “el mal ejemplo que constituía Yacyretá por aquellos tiempos”.
En tal sentido, Arjol sostuvo que “la culminación de de Yacyretá, en cuyo espejo se miró la ciudadanía en 1996, ha traído un conjunto de obras de vital importancia para la región”, que “esa imagen negativa que se proyectaba sobre la obra ha desaparecido”, y “solo un ultramontano puede negar hoy los enormes beneficios que ha traído”.
Arjol señaló que, en el caso de que Corpus se construya, el impacto alcanzaría a unas 7.000 hectáreas en el lado argentino y que “muy pocas familias” misioneras se verían afectadas por la obra.
“La energía hidroeléctrica es renovable y limpia. No genera emisiones de gases de efecto invernadero”, ponderó el legislador y valoró también el impacto de la mega obra en la generación de nuevos puestos de trabajo.
“Habrá muchas empresas misioneras que deberán proveer bienes y servicios, exigencia que debe estar en el pliego de condiciones, y se abrirá un circulo virtuoso de empleo que atacará unas de las mayores calamidades que nos afectan: el desempleo”, argumentó.
“Otro punto importante es que las regalías de las represas serán en su totalidad para Misiones, lo que representa una cantidad importantísima fondos que adicionalmente se incorporan al fisco provincial, y que con una adecuada articulación política podría ser destinada por ley al subsidio de la energía en suelo misionero”, destacó.
Arjol remarcó que su proyecto “se encuentra en plena consonancia con los compromisos asumidos a nivel federal en el Pacto de Mayo, suscripto entre el Estado Nacional y las provincias, cuyo punto 6 establece como principio rector la obligación de promover el aprovechamiento y desarrollo de los recursos naturales como base del crecimiento económico y la generación de riqueza”.
La interna oficialista en Puerto Piray sumó un nuevo capítulo con la denuncia penal presentada por dos concejales contra la intendenta Mirtha Elizabeth Lezcano por “presuntos delitos” en la administración pública, a raíz de la adquisición por parte del Ejecutivo municipal de dos camionetas 4×4 valuadas en alrededor de 49 millones de pesos cada una y que, según sostienen, “no aparecen”.
Los ediles Remigio Smith y Elizabeth Mercado, del bloque Juntos Podemos Piray, realizaron la presentación formal ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico luego de agotar las instancias administrativas sin obtener una respuesta del área legal de la Municipalidad.
La situación salió a la luz durante el análisis en comisión del Balance Municipal 2025 enviado al Honorable Concejo Deliberante (HCD) por la intendenta Lezcano, donde los ediles denunciantes detectaron la compra de dos camionetas Ford Ranger XL 4×4 doble cabina, registradas como adquiridas en marzo de 2025 por un monto superior a los 49 millones pesos cada una.
“Para que ellos realicen esa compra, tendría que haber pasado por el Concejo y en ningún momento ingresó un expediente para una adquisición de esa magnitud”, apuntó la concejal Mercado en diálogo con La Voz de Misiones.
Mercado relató a LVM que la compra figura en el apartado de Patrimonio Municipal del Balance, aunque señaló que no cuenta con mayores precisiones sobre la operación, motivo por el cual desde su bloque decidieron enviar una carta documento al Ejecutivo de Piray para acceder al expediente de la adquisición.
“Se supone que, si realizaron esa compra, tienen que tener un expediente’”, sostuvo la edil y continuó: “Nos acercamos al Municipio después de enviar la carta documento y nos derivaron al área legal. El abogado nos dijo que no había recibido nada, que no sabía del tema y que iba a preparar una respuesta formal”.
La concejal afirmó que, según lo establecido en el Artículo 70 de la Constitución Provincial de Misiones, la compra de las camionetas debía ingresar al Concejo mediante una licitación pública y contar con la aprobación de los ediles.
“Toda enajenación de bienes fiscales o municipales, compra, obra pública y demás contratos se hará por el sistema de subasta o licitación pública, bajo pena de nulidad, sin perjuicio de las responsabilidades emergentes”, sostiene la Constitución de Misiones en su Artículo 70.
Mercado cuestionó que “hasta el día de hoy estamos esperando la respuesta del abogado” y añadió que concurrieron en al menos tres oportunidades más a la Municipalidad, pero ante la falta de información sobre la compra decidieron avanzar por la vía judicial.
Además, la edil contó que, en el marco del análisis del Balance que continúa en comisión, citaron a la intendenta Mirtha Elizabeth Lezcano a comparecer en una reunión “para dar explicaciones”.
Sin embargo, Mercado sostuvo que el Concejo “está manejado por los concejales de ella” y deslizó que la nota de citación “aún no fue enviada”.
Interna local
La tensión política entre los concejales del bloque Juntos Podemos Piray y la intendenta Lezcano, todos integrantes del espacio Encuentro Misionero, arrastra varios capítulos en Puerto Piray.
El año pasado, Remigio Smith y Elizabeth Mercado impulsaron la creación de una Comisión Investigadora contra la jefa comunal luego de que se ausentara a dos sesiones especiales convocadas para brindar explicaciones sobre presuntas irregularidades en la gestión, aunque la iniciativa finalmente no prosperó en el Concejo.
Meses después, durante la apertura de sesiones ordinarias 2026, la concejal Mercado volvió a exponer públicamente las diferencias internas al exhibir carteles con reclamos por falta de transparencia y cuestionamientos al manejo del Ejecutivo municipal.
Ahora, el conflicto sumó un nuevo episodio con la presentación realizada por los concejales ante la Justicia, donde solicitaron que se investigue la compra de las dos camionetas Ford Ranger XL 4×4 registradas en el Balance Municipal 2025 y cuyo expediente administrativo, según sostienen, no fue puesto a disposición del Concejo Deliberante.
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