Política
Kiczka, Mela y el dilema de una banca vacía en la Legislatura
Tras la expulsión del ahora ex diputado Germán Kiczka, su banca quedó vacía y por el corrimiento de las listas se sabe que es Javier Mela, de la Unión Cívica Radical (UCR), quien debería ocupar ese lugar y reclama “que se cumpla la ley”, pero lo cierto es que el debate sobre qué sucederá con esa banca recién comienza, dado que otros advierten sobre una especie de “vacío legal” que podría derivar en que la Cámara de Representantes funcione con 39 legisladores, es decir, con uno menos de pleno y sin que el apostoleño desbancado sea reemplazado.
La expulsión de Kiczka, imputado en una causa por tenencia y distribución de archivos con material de abuso sexual infantil (Masi), se resolvió ayer, con el voto afirmativo de los 38 legisladores presentes, dada la ausencia de su socio político y amigo Pedro Puerta, creador de Activar, partido mediante el cual llegó a la Cámara de Representantes en las elecciones de 2021 para cumplir mandato hasta 2025.
La sanción tomada por la Legislatura es el resultado de una serie de acciones previas que el parlamento misionero ya había tomado en su contra. Primero, se le rechazó su renuncia, luego se votó su desafuero para permitir su detención. También se le suspendió el pago de su salario como diputado y su exclusión de la Cámara fue la medida final que marcó el cierre del proceso y el fin de su carrera legislativa.
Por el corrimiento de la lista votada el 6 de junio de 2021, al radical Javier Mela le correspondería ocupar la vacante, con lo que volvería al recinto donde estuvo entre los años 2017 y 2021. Consultado por La Voz de Misiones, Mela recordó que “la Constitución Provincial establece que toda banca vacía debe ser cubierta en la sesión siguiente a la que se aprueba una renuncia o expulsión”, remarcando que “ninguna banca puede quedar vacía”.
Al ser consultado sobre la posibilidad de que el oficialismo “prolongue” el proceso de designación del reemplazo de Kiczka, afirmó: “La verdad no se cuáles serían sus intenciones. Tienen que cumplir la ley, pueden no hacerlo y por ahí adelantan la Navidad como Maduro“.
Aunque todavía no fue convocado, tenía previsto que, como legislador reemplazante, jure en la sesión del 19 de septiembre, fecha que finalmente fue suspendida por coincidir con el Parlamento Estudiantil fechado para ese mismo día, por lo que la próxima reunión parlamentaria se dará recién el 26 de septiembre, siendo además que el período legislativo 2024 culmina el 31 de octubre.
De suceder, se redistribuirán las once bancas de la oposición en una Cámara de 40, por lo que la UCR se quedará con seis, el PRO con cuatro y Activar con una. Hasta ahora, cada partido tiene su bloque y en los hechos funcionan como un interbloque, aunque esa figura no exista en la reglamentación misionera.
Las bancas de Pedro Puerta y Germán Kiczka, vacías el último jueves por segunda vez desde que se desató el escándalo.
De “vacíos legales”
Sin embargo, el mecanismo de reemplazo que parecería funcionar casi de manera automática, como sucedió con la reciente designación la renovadora Lilian Tartaglino en lugar de Silvia Rojas, quien renunció aduciendo “razones personales”, no tendría el mismo efecto en el caso Kiczka, teniendo en cuenta que su renuncia no fue aceptada y que el Código Electoral de la provincia no hace mención a sustituciones previstas para casos de expulsión.
Quien planteó este panorama fue el abogado Nicolás Zayas, quien consideró que la ocupación de la banca libre debe ser judicializada, para que la cuestión sea resuelta por la Justicia Electoral de Misiones y que de esta manera se siente precedente.
“La ocupación de la banca de Germán Kiczka expulsado el día jueves, debería dirimirse ante la Justicia Electoral de Misiones, debe ser judicializado y que el Tribunal Electoral siente Jurisprudencia. Es el primer caso de la historia. Hay interpretaciones Constitucionales en pugna”, introdujo Zayas al exponer sus argumentos a través de su cuenta de “X”.
Y ahondó en que “el Código Electoral Ley XI N° 6 NO define el proceso de sustitución de un diputado expulsado. La sustitución sólo procede ante Renuncia o Muerte del legislador, según el artículo 146”.
El caso Kiczka abrió un nuevo debate en torno al artículo 146 del Código Electoral – Ley XI N° 6.
En este sentido, el letrado consideró que lo ocurrido con Kiczka no tiene precedentes en la historia provincial, siendo la primera vez en 69 años que se procede a la expulsión de un integrante de la Cámara de Representantes, provocando un “vacío legal” que, a su entender, “deberá resolver la Justicia” ya que “no hay previsión de sustitución en casos de expulsión”.
Además, ponderó que “no se vulnera para nada la representación de minorías (art. 48 CP) en el cuerpo colegiado que equivale a un tercio del total de legisladores (39). El oficialismo cuenta con 25 bancas y la oposición con 14. Se respeta el tercio de ley”.
Para reforzar aún más su fundamentación, el letrado también hizo mención al artículo 82 de la Constitución de Misiones, el cual refiere que la composición de la Cámara de Representantes en ningún caso puede exceder de 40 integrantes, ni ser menor a 30.
“La banca de Kiczka debería quedar vacante y la Cámara de Representantes funcionar con 39 legisladores, hasta tanto se dirima las cuestiones legales. Y el Tribunal Electoral siente Jurisprudencia”, remató Zayas.
No son pocas las fuentes políticas que avizoran que el oficialismo podría ampararse en esta misma cuestión para dejar la banca vacía como “símbolo de castigo” y en ese marco también adquiere relevancia la nota de opinión redactada por el conductor del Frente Renovador Carlos Rovira, donde consideraba que por el caso Kiczka “también deben caber penas para el Frente Electoral o la Alianza que lo validó”.
Tampoco pasó inadvertido que en la sesión donde se aprobó la expulsión de Kiczka la diputada informante Anazul Centeno deslizó como tiro por elevación que “algunos responderán penalmente, otros lo harán políticamente” y agregó que “será ahora tiempo de la Justicia Electoral y la Justicia Penal dirimir lo que vendrá”.
“Al ser un caso prácticamente sin precedentes por la gravedad de delito que derivó en la expulsión del diputado, se dejaría todo en manos de la Justicia Electoral. Se sabe que eso tarda meses en resolverse y que solo quedan cinco sesiones hasta el fin del período legislativo. Así que lo más probable es que la banca quede vacía”, teorizó una fuente con cercanía al poder político.
“Totalitarismos”
Del otro lado, es decir, desde la oposición, también advierten que la posibilidad de que Kiczka no sea reemplazado toma cada vez más fuerza y por ello salieron al cruce.
Uno de los que tomó la bandera del reclamo fue el ex diputado provincial y nacional por la UCR Luis Mario Pastori, quien esta mañana publicó una nota titulada “Misiones: a cinco minutos del totalitarismo”.
En la misiva, el radical cuestionó la decisión de rechazar la denuncia presentada por Kiczka y criticó “conformación de una comisión investigadora que nada tenía que investigar porque ello ya estaba en manos de la Justicia”.
“La Renovación misionera decidió políticamente extender el período de estrépito como señal de que los tiempos los maneja a su exclusivo antojo y buscando el mayor rédito político de tan repugnante hecho”, sostuvo Pastori.
Mi opinión sobre el “caso Kiczka” y la banca vacante. https://t.co/tjpjr3caIF
— Luis Mario Pastori (@luispastori) September 13, 2024
Y arremetió: “Bastó una simple nota de opinión del conductor del espacio oficialista sugiriendo que la lista opositora que había propuesto a Kiczka debería ser castigada por el hecho de no haber adivinado con antelación acerca de la conducta privada de uno de sus miembros, para que salga el coro de aduladores reclamando que esa banca permanezca vacía como sanción ejemplificadora para todos y todas y mostrando que con su mayoría pueden hacer lo que les plazca”.
En la misma carta Pastori reclamó la designación de su correligionario Javier Mela, amparándose en el artículo 84 de la Constitución de Misiones, el cual establece que “las vacantes no serán cubiertas cuando faltare menos de un año para el término del período correspondiente, a menos que alcancen a la quinta parte del total de la Legislatura”.
“El régimen electoral determina que debe ocupar la vacante quien sigue en el orden de lista, en este caso Javier Mela. Es decir, falta más de un año para el término del período y existe un orden de lista aprobado por el Tribunal Electoral”, fundamentó el dirigente radical.
Por su parte, el también ex diputado provincial Gustavo González, fue otro de los radicales en hacerse eco de la cuestión y a través de su cuenta personal de “X” pidió “que la Renovación respete la Constitución y se designe sin dilaciones a su reemplazo”.
En diálogo con LVM profundizó: “No existe ninguna excusa o motivo para no designarlo de manera inmediata a Javier Mela como diputado en reemplazo de Kiczka. Lo que debe hacer la mayoría, que corresponde al Frente Renovador, es cumplir con la Constitución porque no hay excusa alguna que impida que se lo designe”.
Y agregó: “Hay una intención de mantener la Cámara con 39 integrantes, lo que sería inconstitucional, porque claramente la Constitución de la Provincia de Misiones establece el funcionamiento de la Cámara con 40 legisladores. Si a la Renovación no le gusta que asuma un radical, no lo puede decidir, lo que tiene que hacer. Es cumplir con la Constitución”.
“Nosotros estamos insistiendo. El bloque va a presentar un pedido frente a la Cámara y lo mismo está haciendo el partido”, finalizó.
Se lo expulsó a Kiczka. Bien. Ahora que la Renovación respete la Constitución y se designe sin dilaciones a su reemplazo @JavierMela1.
— Gustavo González (@GonzalezUCR) September 12, 2024
El reemplazo
Javier Mela está casado y tiene dos hijos. Al iniciarse en política fue militante de la Franja Morada, se recibió de abogado en la Universidad Nacional del Noreste, Corrientes, en 2003 y ese mismo año montó un estudio, a través del cual lleva 20 años de trabajo ininterrumpido en el sector privado.
Simultáneamente, ocupó varios cargos partidarios, como delegado del Registro Nacional de Armas (Renar) durante la gestión de Mauricio Macri y diputado provincial por la UCR durante el período 2017-2021.
Legislatura: Mela en la lista de sucesión ante la salida de Germán Kiczka
Sin los votos necesarios y una creciente campaña en contra, el gobierno de Javier Milei dio marcha atrás con la reforma de la Ley de Tierras Rurales 26.737 y retiró el Capítulo 3 del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que se tratará mañana en el Senado.
La decisión de La Libertad Avanza se produjo luego del rechazo de tres gobernadores muy cercanos a la Casa Rosada, el tucumano Osvaldo Jaldo, el neuquino Rolando Figueroa y el salteño Gustavo Saenz, y ante el riesgo de no poder avanzar con las reformas a las leyes de Desalojos, Expropiaciones y de Manejo del Fuego que también incorpora el proyecto del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
La encargada de hacer pública la noticia fue la jefa del oficialismo en el Senado, la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que este mediodía se reunió con senadores de la denominada “oposición dialoguista” en el bloque de la UCR, en el segundo piso del Congreso.
Según publicó el diario porteño La Nación, “la endeble mayoría que tenía el oficialismo para aprobar la extranjerización de tierras comenzó a derrumbarse en las últimas horas, cuando corrió como reguero de pólvora la noticia de que dos aliadas del Gobierno, la salteña Flavia Royón y la tucumana Beatriz Ávila, que responden a los gobernadores Gustavo Sáenz y Osvaldo Jaldo, habían decidido votar en contra del capítulo de la polémica”.
“Tampoco acompañaría al oficialismo la neuquina Julieta Corroza, que sigue los lineamientos del gobernador Rolando Figueroa”, reseña el diario fundado por Bartolomé Mitre y agrega: “A estas deserciones de último momento se suman las ya conocidas resistencias que había en el bloque radical de parte de Maximiliano Abad (Buenos Aires), Daniel Kroneberger (La Pampa) y Flavio Fama (Catamarca)”.
Este último se encuentra impedido de viajar para la sesión de mañana por problemas de salud, y pidió que se le dé el mismo tratamiento que a la kirchnerista mendocina Anabel Fernández Sagasti, autorizada por la vicepresidenta Victoria Villarruel a participar y votar de manera virtual por encontrarse cursando un embarazo de 32 semanas con prescripción médica de no viajar largas distancias.
Entre los gobernadores que rechazan la reforma de la Ley de Tierras, se anota también el misionero Hugo Passalacqua, que hace dos semanas convocó a los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut a votar contra el proyecto, que en la provincia contaba con el apoyo del senador del PRO, Martín Goerling.
Arce hizo público este miércoles en sus redes sociales un comunicado con membrete del Senado, donde adelantó que, de votare el jueves el proyecto, iba a rechazar el Capítulo 3, de extranjerización de la tierra.
El parlamentario de Encuentro Misionero no menciona en su comunicado la reunión de hace dos semanas con Passalacqua, pero asegura que “luego del análisis de la última versión del dictamen del proyecto denominado ‘Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada’, ha tomado la decisión de votar en contra de la totalidad del Capítulo III, que modifica la Ley de Tierras N.o. 26.737”.
Siempre en tercera persona, el documento sostiene que Arce “reafirma su compromiso con la promoción de las inversiones productivas que generen empleo y valor agregado, en un marco de seguridad jurídica que también contemple la protección del interés público, el ambiente y la soberanía sobre los recursos estratégicos de nuestra provincia y la república”.
Capítulo 3
El proyecto de “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” del gobierno de La Libertad Avanza consiste en un paquete de reformas para limitar la intervención estatal sobre los bienes privados, acelerar la recuperación de inmuebles ocupados y promover la inversión.
El Capítulo 3, retirado hoy por Bullrich, abordaba de manera específica la modificación y flexibilización de la Ley de Tierras Rurales 26.737, desmontando las restricciones para que capitales y ciudadanos extranjeros adquieran campos y extensiones territoriales en el país.
Entre los puntos centrales y los cambios más relevantes, se destacaba el aumento del tope vigente, de 15% a 25% la propiedad foránea de la tierra a nivel nacional, provincial y municipal.
Esto ya había sido objeto de cambio por parte del gobierno en su intento por conseguir los votos en el Senado, ya que el proyecto original proponía liberar por completo la compra de tierras por parte de extranjeros.
El Capítulo 3 derogaba también los controles locales y los topes a nivel municipal o departamental, habilitando la concentración de la propiedad de la tierra en manos extranjeras en distritos rurales clave, y remueve la restricción que impedía que un mismo titular extranjero posea más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo agrícola.
Asimismo, ponía fin a los cupos por nacionalidad, que estipulaba que particulares o capitales de un mismo país no podían superar el 30% del total de las tierras permitidas para extranjeros.
Fuego
El resto del paquete de Sturzenegger modifica el Código Procesal Civil y Comercial, habilitando los “desalojos exprés” de propiedades ocupadas mediante procesos judiciales sumarísimos que no necesitan de sentencia firme.
Además, complejiza la expropiación estatal de propiedades privadas, encareciendo la estatización con obligaciones como el “lucro cesante” y la actualización de las indemnizaciones por inflación más y una tasa de interés comercial activa.
El paquete del gobierno también reforma la Ley de Manejo del Fuego 26.815, sancionada a fines de 2012 y modificada en 2020, que establece los “presupuestos mínimos de protección ambiental” destinados a prevenir y combatir los incendios forestales y rurales en el país.
En concreto, el proyecto elimina la normativa introducida en 2020 por el peronismo para impedir la modificación del uso de tierras que hayan sufrido incendios de cualquier tipo, prohibiendo su venta o loteo por plazos de entre 30 y 60 años, para evitar quemas intencionales con fines inmobiliarios o agropecuarios.
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El diputado provincial de Encuentro Misionero, Carlos Rovira, adelantó que votará a favor del proyecto de Presupuesto 2027, enviado a la Legislatura por el gobernador Hugo Passalacqua.
Rovira eligió al portal de noticias MOL para hacer pública su decisión y envió un comunicado a ese medio anticipando su voto afirmativo al ejercicio presupuestario propuesto por el Ejecutivo Provincial para 2027.
“Siempre apoyé la necesidad de otorgar al Ejecutivo las herramientas necesarias para Gobernar, y el Presupuesto es la principal”, escribió el legislador, según MOL, y señaló: “Voy a ser coherente como lo fui siempre”.
El Presupuesto 2027 enviado por Passalacqua a la Cámara de Representantes de Misiones, prevé un total de más de $5,2 billones y destina el 63% a la inversión social y un 14% al desarrollo económico, con énfasis en la reactivación de la obra pública en la provincia.
El diputado nacional de Innovación Federal, Oscar Herrera Ahuad, participó este martes en la reunión de la Comisión de Economías y Desarrollo Regional, de la Cámara de Diputados de la Nación, donde cuestionó la nueva Ley de Tierras Rurales impulsada por el gobierno de Javier Milei y adelantó su voto negativo si el proyecto, que se tratará el jueves en el Senado, llega a la cámara baja.
“Es muy importante entender las realidades que se dan con este tipo de leyes”, dijo el ex gobernador misionero en el arranque de su alocución en la reunión que tenía como tema “Soberanía y arraigo, riesgo de desplazamiento de productores nacionales ante la reforma de la Ley de Tierras”.
Flanqueado por su colega de bloque, la diputada Yamila Ruiz, Herrera Ahuad opinó que “muchos seduce el título de la primera parte de la ley, que habla de la ‘inviolabilidad de la propiedad privada’, porque, claro, a quien le gusta que le intrusen su terreno, su campo”, pero advirtió que “detrás de todo esto hay un proceso que va contra los intereses de las provincias”.
“Tanto Misiones como Santiago del Estero son las provincias con más alta ruralidad de la República Argentina”, afirmó el legislador y precisó que “el 30% de la población” de la tierra colorada “vive en la ruralidad, en la colonia, en la chacra, que no es algo negativo, ya que significa vivir en el lugar donde producen”.
“Estamos hablando de 500.000 habitantes que viven en las chacras misioneras”, puntualizó y señaló que se trata de familias que “viven en minifundios que van de 1 hectárea a 22 hectáreas”.
“Ustedes imagínense el impacto que tiene para nosotros, como economía regional minifundista, una ley con estas características, donde la compra de 20 hectáreas significa llevarse puestos a 20 familias, y donde la compra de 100 hectáreas pone en jaque todo el sistema social de una provincia”, alertó.
“Hay que ser muy cuidadosos cuando tratamos este tipo de leyes”, opinó Herrera Ahuad y sostuvo que la Ley de Tierras impulsada por el gobierno de La Libertad Avanza “no es aplicable a una provincia donde el índice de ruralidad es tan alto y el índice de la mayor producción de su PBI está dado por la producción, por ejemplo, de yerba mate”.
El ex gobernador de Misiones advirtió que el proyecto, comúnmente llamado de “extranjerización de la tierra”, llega en “el momento en que peor está la economía regional, el momento de la tormenta perfecta, donde las chacras no valen nada, la producción yerbatera cayó, y el sector productivo no puede levantar la cosecha”.
Herrera Ahuad estimó que, de aprobarse la nueva ley, “el daño social, el gasto social, va a ser superior a los U$S15.000 millones que se estipulan pueden entrar al país por la venta de tierras”.
Asimismo, el legislador rechazó el artículo del proyecto de ley que pone en manos de los estados provinciales la decisión final sobre la venta de tierras, ya que “en realidad otorga la potestad a los gobernadores”, es decir que “va a depender de la voluntad de un gobernador”, que “puede meter el papel en el cajón seis meses y se termina vendiendo por falta de respuesta”.
Herrera Ahuad comentó al pleno de la reunión legislativa los pronunciamientos que hubo en las últimas semanas en Misiones en contra del proyecto mileísta y contó: “Hemos tenido manifestaciones, de la Iglesia, campesinos, productores, intendentes, ex intendentes, que nos dijeron que debemos resguardar nuestro patrimonio”.
“A lo largo de los cuatro años que me tocó ser gobernador, los momentos más felices fue cuando pude entregar a un colono el título de propiedad para que sea dueño de su propia tierra”, apuntó Herrera Ahuad y lanzó: “Yo no me permito estar del lado del que se la va a sacar”.
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