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Kiczka, Mela y el dilema de una banca vacía en la Legislatura

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Javier mela

Tras la expulsión del ahora ex diputado Germán Kiczka, su banca quedó vacía y por el corrimiento de las listas se sabe que es Javier Mela, de la Unión Cívica Radical (UCR), quien debería ocupar ese lugar y reclama “que se cumpla la ley”, pero lo cierto es que el debate sobre qué sucederá con esa banca recién comienza, dado que otros advierten sobre una especie de “vacío legal” que podría derivar en que la Cámara de Representantes funcione con 39 legisladores, es decir, con uno menos de pleno y sin que el apostoleño desbancado sea reemplazado.

La expulsión de Kiczka, imputado en una causa por tenencia y distribución de archivos con material de abuso sexual infantil (Masi), se resolvió ayer, con el voto afirmativo de los 38 legisladores presentes, dada la ausencia de su socio político y amigo Pedro Puerta, creador de Activar, partido mediante el cual llegó a la Cámara de Representantes en las elecciones de 2021 para cumplir mandato hasta 2025.

La sanción tomada por la Legislatura es el resultado de una serie de acciones previas que el parlamento misionero ya había tomado en su contra. Primero, se le rechazó su renuncia, luego se votó su desafuero para permitir su detención. También se le suspendió el pago de su salario como diputado y su exclusión de la Cámara fue la medida final que marcó el cierre del proceso y el fin de su carrera legislativa.

Por el corrimiento de la lista votada el 6 de junio de 2021, al radical Javier Mela le correspondería ocupar la vacante, con lo que volvería al recinto donde estuvo entre los años 2017 y 2021. Consultado por La Voz de Misiones, Mela recordó que “la Constitución Provincial establece que toda banca vacía debe ser cubierta en la sesión siguiente a la que se aprueba una renuncia o expulsión”, remarcando que “ninguna banca puede quedar vacía”.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que el oficialismo “prolongue” el proceso de designación del reemplazo de Kiczka, afirmó: “La verdad no se cuáles serían sus intenciones. Tienen que cumplir la ley, pueden no hacerlo y por ahí adelantan la Navidad como Maduro“.

Aunque todavía no fue convocado, tenía previsto que, como legislador reemplazante, jure en la sesión del 19 de septiembre, fecha que finalmente fue suspendida por coincidir con el Parlamento Estudiantil fechado para ese mismo día, por lo que la próxima reunión parlamentaria se dará recién el 26 de septiembre, siendo además que el período legislativo 2024 culmina el 31 de octubre. 

De suceder, se redistribuirán las once bancas de la oposición en una Cámara de 40, por lo que la UCR se quedará con seis, el PRO con cuatro y Activar con una. Hasta ahora, cada partido tiene su bloque y en los hechos funcionan como un interbloque, aunque esa figura no exista en la reglamentación misionera.

Las bancas de Pedro Puerta y Germán Kiczka, vacías el último jueves por segunda vez desde que se desató el escándalo.

De “vacíos legales”

Sin embargo, el mecanismo de reemplazo que parecería funcionar casi de manera automática, como sucedió con la reciente designación la renovadora Lilian Tartaglino en lugar de Silvia Rojas, quien renunció aduciendo “razones personales”, no tendría el mismo efecto en el caso Kiczka, teniendo en cuenta que su renuncia no fue aceptada y que el Código Electoral de la provincia no hace mención a sustituciones previstas para casos de expulsión.

Quien planteó este panorama fue el abogado Nicolás Zayas, quien consideró que la ocupación de la banca libre debe ser judicializada, para que la cuestión sea resuelta por la Justicia Electoral de Misiones y que de esta manera se siente precedente.

“La ocupación de la banca de Germán Kiczka expulsado el día jueves, debería dirimirse ante la Justicia Electoral de Misiones, debe ser judicializado y que el Tribunal Electoral siente Jurisprudencia. Es el primer caso de la historia. Hay interpretaciones Constitucionales en pugna”, introdujo Zayas al exponer sus argumentos a través de su cuenta de “X”.

Y ahondó en que “el Código Electoral Ley XI N° 6 NO define el proceso de sustitución de un diputado expulsado. La sustitución sólo procede ante Renuncia o Muerte del legislador, según el artículo 146”.

El caso Kiczka abrió un nuevo debate en torno al artículo 146 del Código Electoral – Ley XI N° 6.

En este sentido, el letrado consideró que lo ocurrido con Kiczka no tiene precedentes en la historia provincial, siendo la primera vez en 69 años que se procede a la expulsión de un integrante de la Cámara de Representantes, provocando un “vacío legal” que, a su entender, “deberá resolver la Justicia” ya que “no hay previsión de sustitución en casos de expulsión”.

Además, ponderó que “no se vulnera para nada la representación de minorías (art. 48 CP) en el cuerpo colegiado que equivale a un tercio del total de legisladores (39). El oficialismo cuenta con 25 bancas y la oposición con 14. Se respeta el tercio de ley”.

Para reforzar aún más su fundamentación, el letrado también hizo mención al artículo 82 de la Constitución de Misiones, el cual refiere que la composición de la Cámara de Representantes en ningún caso puede exceder de 40 integrantes, ni ser menor a 30.

“La banca de Kiczka debería quedar vacante y la Cámara de Representantes funcionar con 39 legisladores, hasta tanto se dirima las cuestiones legales. Y el Tribunal Electoral siente Jurisprudencia”, remató Zayas.

No son pocas las fuentes políticas que avizoran que el oficialismo podría ampararse en esta misma cuestión para dejar la banca vacía como “símbolo de castigo” y en ese marco también adquiere relevancia la nota de opinión redactada por el conductor del Frente Renovador Carlos Rovira, donde consideraba que por el caso Kiczka  “también deben caber penas para el Frente Electoral o la Alianza que lo validó”.

Tampoco pasó inadvertido que en la sesión donde se aprobó la expulsión de Kiczka la diputada informante Anazul Centeno deslizó como tiro por elevación que “algunos responderán penalmente, otros lo harán políticamente” y agregó que “será ahora tiempo de la Justicia Electoral y la Justicia Penal dirimir lo que vendrá”.

“Al ser un caso prácticamente sin precedentes por la gravedad de delito que derivó en la expulsión del diputado, se dejaría todo en manos de la Justicia Electoral. Se sabe que eso tarda meses en resolverse y que solo quedan cinco sesiones hasta el fin del período legislativo. Así que lo más probable es que la banca quede vacía”, teorizó una fuente con cercanía al poder político.

“Totalitarismos”

Del otro lado, es decir, desde la oposición, también advierten que la posibilidad de que Kiczka no sea reemplazado toma cada vez más fuerza y por ello salieron al cruce.

Uno de los que tomó la bandera del reclamo fue el ex diputado provincial y nacional por la UCR Luis Mario Pastori, quien esta mañana publicó una nota titulada “Misiones: a cinco minutos del totalitarismo”.

En la misiva, el radical cuestionó la decisión de rechazar la denuncia presentada por Kiczka y criticó “conformación de una comisión investigadora que nada tenía que investigar porque ello ya estaba en manos de la Justicia”.

“La Renovación misionera decidió políticamente extender el período de estrépito como señal de que los tiempos los maneja a su exclusivo antojo y buscando el mayor rédito político de tan repugnante hecho”, sostuvo Pastori.

Y arremetió: “Bastó una simple nota de opinión del conductor del espacio oficialista sugiriendo que la lista opositora que había propuesto a Kiczka debería ser castigada por el hecho de no haber adivinado con antelación acerca de la conducta privada de uno de sus miembros, para que salga el coro de aduladores reclamando que esa banca permanezca vacía como sanción ejemplificadora para todos y todas y mostrando que con su mayoría pueden hacer lo que les plazca”.

En la misma carta Pastori reclamó la designación de su correligionario Javier Mela, amparándose en el artículo 84 de la Constitución de Misiones, el cual establece que “las vacantes no serán cubiertas cuando faltare menos de un año para el término del período correspondiente, a menos que alcancen a la quinta parte del total de la Legislatura”.

El régimen electoral determina que debe ocupar la vacante quien sigue en el orden de lista, en este caso Javier Mela. Es decir, falta más de un año para el término del período y existe un orden de lista aprobado por el Tribunal Electoral”, fundamentó el dirigente radical.

Por su parte, el también ex diputado provincial Gustavo González, fue otro de los radicales en hacerse eco de la cuestión y a través de su cuenta personal de “X” pidió “que la Renovación respete la Constitución y se designe sin dilaciones a su reemplazo”.

En diálogo con LVM profundizó: “No existe ninguna excusa o motivo para no designarlo de manera inmediata a Javier Mela como diputado en reemplazo de Kiczka. Lo que debe hacer la mayoría, que corresponde al Frente Renovador, es cumplir con la Constitución porque no hay excusa alguna que impida que se lo designe”.

Y agregó: “Hay una intención de mantener la Cámara con 39 integrantes, lo que sería inconstitucional, porque claramente la Constitución de la Provincia de Misiones establece el funcionamiento de la Cámara con 40 legisladores. Si a la Renovación no le gusta que asuma un radical, no lo puede decidir, lo que tiene que hacer. Es cumplir con la Constitución”.

“Nosotros estamos insistiendo. El bloque va a presentar un pedido frente a la Cámara y lo mismo está haciendo el partido”, finalizó.

El reemplazo

Javier Mela está casado y tiene dos hijos. Al iniciarse en política fue militante de la Franja Morada, se recibió de abogado en la Universidad Nacional del Noreste, Corrientes, en 2003 y ese mismo año montó un estudio, a través del cual lleva 20 años de trabajo ininterrumpido en el sector privado.

Simultáneamente, ocupó varios cargos partidarios, como delegado del Registro Nacional de Armas (Renar) durante la gestión de Mauricio Macri y diputado provincial por la UCR durante el período 2017-2021.

Legislatura: Mela en la lista de sucesión ante la salida de Germán Kiczka

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Hartfield anunció demanda contra Gervasoni por video fake en su contra

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Hartfield

El diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) Misiones, Diego Hartfield, anunció que iniciará acciones legales contra el presidente del Instituto de Macroeconomía Circular (Imac) y espada digital de la Renovación, Roque Gervasoni, por el resposteo en sus redes sociales de un video fake en su contra.

“Me llama la atención que un funcionario del Gobierno de Passalacqua replique videos falsos sobre mí”, dijo el ex tenista obereño, entrevistado por Radio UP, en referencia a un material viralizado esta semana, donde se acusa a Hartfield y al diputado provincial y presidente de LLA Misiones, Adrián Nuñez, de volar a Buenos Aires desde Apóstoles en jets privados pagados por la Anses y el Inym.

“Voy a avanzar con acciones legales contra Gervasoni, que hace una semana también había dicho que yo facilito la vuelta de los genocidas”, adelantó Hartfield.

“El modus operandi de estas cuentas, que no tienen un nombre, generalmente lo que hacen es, como hay un tema que está viralizado; por ejemplo, lo de los vuelos privados; entonces tiran un tema y la inteligencia de las redes sociales lo manijea mucho porque la gente se prende”, explicó.

“Cuando fue lo del caso Espert, algunos decían que yo tenía vínculos con Fred Machado. Entonces, esa es la manera de golpear, porque son videos que se viralizan mucho”, añadió.

“Pero, a mí lo que me llama la atención es que un funcionario del gobierno de Passalacqua lo postee y lo replique como si fuera una verdad total”, se quejó. “Me parece que el gobernador podría, de alguna manera, mandar una señal, educativa, de algún tipo de apercibimiento a su funcionario”, agregó.

“Yo voy a hacer acciones legales porque no es un dato menor”, lanzó el legislador obereño. “Una cosa es que un video de alguien que no sabemos quién es, y otra cosa es que un funcionario del gobierno, el señor Gervasoni, que ya había dicho hace una semana que yo facilito la vuelta de los genocidas, ahora repite esto”, distinguió Hartfield y afirmó: “Creo que amerita una denuncia penal y que él explique a la Justicia por qué dice esto”.

El ex tenista desmintió, asimismo, que desde LLA Misiones se haya amenazado de muerte al hijo del presidente del Imac, que, ayer, en otro posteo de Facebook, subió dos capturas de pantalla del usuario Lucho4x4, seudónimo de Luis Burg, a quien Gervasoni describió como “tipo violento”, que “tiene una casa de computación en San Vicente” y cuya hermana “trabaja para Martín Arjol“.

“Yo te puedo asegurar que La Libertad Avanza no tiene nada que ver con eso”, afirmó Hartfield.

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Wanda declararó la emergencia por consumos problemáticos

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Wanda declararó la emergencia por consumos problemáticos

El Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Wanda declaró la emergencia por consumos problemáticos en el municipio, una medida que apunta a reconocer la gravedad de la situación a nivel local y a impulsar políticas públicas para su abordaje.

Durante la sesión ordinaria del último martes, los concejales aprobaron por unanimidad el proyecto presentado por la edil Silvia Lutz (La Libertad Avanza), solicitado por la Asociación Civil para el Desarrollo Misionero, coordinada por Samuel Doichele, una organización que contiene y asiste, a través de un agrocamping, a personas mayores de edad que atraviesan situaciones de consumo problemático.

En sus fundamentos, la iniciativa sostiene que el consumo problemático de sustancias psicoactivas constituye una de las problemáticas sociales, sanitarias y comunitarias “más complejas y urgentes”, con impacto no solo en las personas afectadas, sino también en sus familias, instituciones y en el entramado social en general.

En ese sentido, el documento advierte sobre un “incremento sostenido” de casos en la localidad, que demandan contención inmediata, acompañamiento terapéutico y dispositivos de atención integral. Además, remarca las consecuencias en ámbitos como la salud, la educación, la seguridad, el trabajo y la convivencia social.

El texto también pone en valor el trabajo que vienen realizando distintos actores comunitarios, como instituciones educativas, organizaciones sociales, espacios religiosos, equipos de salud y grupos de familiares, aunque señala que muchas de estas acciones se desarrollan de manera aislada y con recursos limitados.

Frente a este escenario, se plantea la necesidad de que toda intervención esté respaldada institucionalmente, con supervisión profesional y articulación con el sistema público de salud. Entre los puntos destacados, se subraya la importancia de garantizar la integridad física, psíquica y social de las personas en tratamiento, así como el respeto de sus derechos y la aplicación de protocolos sanitarios adecuados.

Asimismo, la declaración establece que el abordaje de los consumos problemáticos debe ser integral, incluyendo estrategias de prevención, concientización, reducción de riesgos, tratamiento, reinserción social y acompañamiento familiar.

En esa línea, se propone fortalecer la articulación entre el municipio y distintos sectores, como instituciones educativas, centros de salud, organizaciones civiles, iglesias, áreas sociales y fuerzas de seguridad con enfoque preventivo, entre otros.

El documento se enmarca en lo establecido por la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 y la Ley Nacional N° 26.934, que reconocen a las adicciones como una cuestión de salud pública y promueven dispositivos comunitarios con participación estatal e interdisciplinaria.

Entre los objetivos de la emergencia, se destacan la movilización de recursos municipales, provinciales y nacionales, el fortalecimiento de iniciativas comunitarias, la creación de dispositivos de atención, la implementación de campañas de prevención y la generación de espacios de contención para familiares.

Asimismo, se prevé la formalización de convenios con instituciones especializadas y el otorgamiento de asesoramiento técnico y respaldo legal a los dispositivos existentes.

Desde el Concejo señalaron que la declaración de emergencia constituye una herramienta “necesaria y urgente” para ordenar, coordinar y potenciar los esfuerzos en el territorio, con el objetivo de garantizar procesos de recuperación en condiciones dignas, seguras y acompañadas.

Finalmente, la medida posiciona a los consumos problemáticos como una prioridad en la agenda pública local y busca avanzar hacia un abordaje sostenido, comunitario y con perspectiva de derechos.

El documento lleva la firma de los concejales Mirta Noemí Berent, presidenta del HCD; Silvia Lutz; vicepresidenta del Concejo y autora del proyecto; Jorge Alberto Vier; Matías Duarte; Celita Junges; Víctor Hugo Cabrera; y de Fabiana Elizabeth Ferreyra.

Al igual que en Wanda, en el Concejo Deliberante de Puerto Iguazú recientemente se trató y se pasó a comisión un proyecto que busca declarar la emergencia por consumos problemáticos en la ciudad.

Concejales buscan declarar emergencia por consumo de drogas en Iguazú y Wanda

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Proyectan crear un observatorio de violencia escolar en Garupá

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Observatorio Violencia Escolar Garupá

El presidente del Honorable Concejo Deliberante de Garupá, Miguel Rauber, presentó este martes en sesión ordinaria un proyecto de ordenanza que propone la creación del Observatorio Municipal de Violencia Escolar, una herramienta institucional orientada a relevar, sistematizar y analizar situaciones de conflictividad en el ámbito educativo local.

La iniciativa busca generar información confiable y periódica sobre episodios de violencia escolar, con el objetivo de fortalecer políticas públicas preventivas y diseñar estrategias de intervención basadas en evidencia. Según el texto presentado, el observatorio funcionaría dentro del Concejo Deliberante y tendría carácter técnico y permanente.

Entre los principales objetivos planteados se encuentra la identificación de modalidades de violencia dentro y fuera de las escuelas, el análisis de factores de riesgo, la elaboración de indicadores cuantitativos y cualitativos y la producción de informes semestrales y anuales de acceso público.

El proyecto define como violencia escolar a toda acción, conducta u omisión que implique agresiones físicas, psicológicas o verbales, casos de bullying y ciberbullying, discriminación por razones de género, orientación sexual, religión, discapacidad u origen social, además de violencia simbólica e institucional.

La propuesta también prevé una estructura de funcionamiento dividida en tres áreas: una comisión legislativa integrada por concejales, una unidad técnica conformada por profesionales especializados y un consejo consultivo ad honorem con participación de actores del sistema educativo y organizaciones sociales.

Uno de los puntos destacados es la intención de articular el trabajo con el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec) mediante un convenio específico que permita establecer metodologías de recolección de datos, validación técnica e intercambio de información estadística.

En el texto también se subraya la necesidad de resguardar la identidad de niños, niñas y adolescentes, garantizando anonimización de datos sensibles, acceso restringido a bases de información y protocolos específicos de protección de datos personales.

La fundamentación del proyecto remarca que la violencia escolar constituye una problemática social compleja que impacta directamente en el desarrollo integral de estudiantes y en la convivencia institucional, por lo que considera necesario que el Estado municipal intervenga con herramientas propias de monitoreo y prevención.

Consenso y construcciones colectivas, el sello del HCD de Garupá para el 2026

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