Política
Kiczka, Mela y el dilema de una banca vacía en la Legislatura
Tras la expulsión del ahora ex diputado Germán Kiczka, su banca quedó vacía y por el corrimiento de las listas se sabe que es Javier Mela, de la Unión Cívica Radical (UCR), quien debería ocupar ese lugar y reclama “que se cumpla la ley”, pero lo cierto es que el debate sobre qué sucederá con esa banca recién comienza, dado que otros advierten sobre una especie de “vacío legal” que podría derivar en que la Cámara de Representantes funcione con 39 legisladores, es decir, con uno menos de pleno y sin que el apostoleño desbancado sea reemplazado.
La expulsión de Kiczka, imputado en una causa por tenencia y distribución de archivos con material de abuso sexual infantil (Masi), se resolvió ayer, con el voto afirmativo de los 38 legisladores presentes, dada la ausencia de su socio político y amigo Pedro Puerta, creador de Activar, partido mediante el cual llegó a la Cámara de Representantes en las elecciones de 2021 para cumplir mandato hasta 2025.
La sanción tomada por la Legislatura es el resultado de una serie de acciones previas que el parlamento misionero ya había tomado en su contra. Primero, se le rechazó su renuncia, luego se votó su desafuero para permitir su detención. También se le suspendió el pago de su salario como diputado y su exclusión de la Cámara fue la medida final que marcó el cierre del proceso y el fin de su carrera legislativa.
Por el corrimiento de la lista votada el 6 de junio de 2021, al radical Javier Mela le correspondería ocupar la vacante, con lo que volvería al recinto donde estuvo entre los años 2017 y 2021. Consultado por La Voz de Misiones, Mela recordó que “la Constitución Provincial establece que toda banca vacía debe ser cubierta en la sesión siguiente a la que se aprueba una renuncia o expulsión”, remarcando que “ninguna banca puede quedar vacía”.
Al ser consultado sobre la posibilidad de que el oficialismo “prolongue” el proceso de designación del reemplazo de Kiczka, afirmó: “La verdad no se cuáles serían sus intenciones. Tienen que cumplir la ley, pueden no hacerlo y por ahí adelantan la Navidad como Maduro“.
Aunque todavía no fue convocado, tenía previsto que, como legislador reemplazante, jure en la sesión del 19 de septiembre, fecha que finalmente fue suspendida por coincidir con el Parlamento Estudiantil fechado para ese mismo día, por lo que la próxima reunión parlamentaria se dará recién el 26 de septiembre, siendo además que el período legislativo 2024 culmina el 31 de octubre.
De suceder, se redistribuirán las once bancas de la oposición en una Cámara de 40, por lo que la UCR se quedará con seis, el PRO con cuatro y Activar con una. Hasta ahora, cada partido tiene su bloque y en los hechos funcionan como un interbloque, aunque esa figura no exista en la reglamentación misionera.

Las bancas de Pedro Puerta y Germán Kiczka, vacías el último jueves por segunda vez desde que se desató el escándalo.
De “vacíos legales”
Sin embargo, el mecanismo de reemplazo que parecería funcionar casi de manera automática, como sucedió con la reciente designación la renovadora Lilian Tartaglino en lugar de Silvia Rojas, quien renunció aduciendo “razones personales”, no tendría el mismo efecto en el caso Kiczka, teniendo en cuenta que su renuncia no fue aceptada y que el Código Electoral de la provincia no hace mención a sustituciones previstas para casos de expulsión.
Quien planteó este panorama fue el abogado Nicolás Zayas, quien consideró que la ocupación de la banca libre debe ser judicializada, para que la cuestión sea resuelta por la Justicia Electoral de Misiones y que de esta manera se siente precedente.
“La ocupación de la banca de Germán Kiczka expulsado el día jueves, debería dirimirse ante la Justicia Electoral de Misiones, debe ser judicializado y que el Tribunal Electoral siente Jurisprudencia. Es el primer caso de la historia. Hay interpretaciones Constitucionales en pugna”, introdujo Zayas al exponer sus argumentos a través de su cuenta de “X”.
Y ahondó en que “el Código Electoral Ley XI N° 6 NO define el proceso de sustitución de un diputado expulsado. La sustitución sólo procede ante Renuncia o Muerte del legislador, según el artículo 146”.

El caso Kiczka abrió un nuevo debate en torno al artículo 146 del Código Electoral – Ley XI N° 6.
En este sentido, el letrado consideró que lo ocurrido con Kiczka no tiene precedentes en la historia provincial, siendo la primera vez en 69 años que se procede a la expulsión de un integrante de la Cámara de Representantes, provocando un “vacío legal” que, a su entender, “deberá resolver la Justicia” ya que “no hay previsión de sustitución en casos de expulsión”.
Además, ponderó que “no se vulnera para nada la representación de minorías (art. 48 CP) en el cuerpo colegiado que equivale a un tercio del total de legisladores (39). El oficialismo cuenta con 25 bancas y la oposición con 14. Se respeta el tercio de ley”.
Para reforzar aún más su fundamentación, el letrado también hizo mención al artículo 82 de la Constitución de Misiones, el cual refiere que la composición de la Cámara de Representantes en ningún caso puede exceder de 40 integrantes, ni ser menor a 30.
“La banca de Kiczka debería quedar vacante y la Cámara de Representantes funcionar con 39 legisladores, hasta tanto se dirima las cuestiones legales. Y el Tribunal Electoral siente Jurisprudencia”, remató Zayas.
No son pocas las fuentes políticas que avizoran que el oficialismo podría ampararse en esta misma cuestión para dejar la banca vacía como “símbolo de castigo” y en ese marco también adquiere relevancia la nota de opinión redactada por el conductor del Frente Renovador Carlos Rovira, donde consideraba que por el caso Kiczka “también deben caber penas para el Frente Electoral o la Alianza que lo validó”.
Tampoco pasó inadvertido que en la sesión donde se aprobó la expulsión de Kiczka la diputada informante Anazul Centeno deslizó como tiro por elevación que “algunos responderán penalmente, otros lo harán políticamente” y agregó que “será ahora tiempo de la Justicia Electoral y la Justicia Penal dirimir lo que vendrá”.
“Al ser un caso prácticamente sin precedentes por la gravedad de delito que derivó en la expulsión del diputado, se dejaría todo en manos de la Justicia Electoral. Se sabe que eso tarda meses en resolverse y que solo quedan cinco sesiones hasta el fin del período legislativo. Así que lo más probable es que la banca quede vacía”, teorizó una fuente con cercanía al poder político.
“Totalitarismos”
Del otro lado, es decir, desde la oposición, también advierten que la posibilidad de que Kiczka no sea reemplazado toma cada vez más fuerza y por ello salieron al cruce.
Uno de los que tomó la bandera del reclamo fue el ex diputado provincial y nacional por la UCR Luis Mario Pastori, quien esta mañana publicó una nota titulada “Misiones: a cinco minutos del totalitarismo”.
En la misiva, el radical cuestionó la decisión de rechazar la denuncia presentada por Kiczka y criticó “conformación de una comisión investigadora que nada tenía que investigar porque ello ya estaba en manos de la Justicia”.
“La Renovación misionera decidió políticamente extender el período de estrépito como señal de que los tiempos los maneja a su exclusivo antojo y buscando el mayor rédito político de tan repugnante hecho”, sostuvo Pastori.
Mi opinión sobre el “caso Kiczka” y la banca vacante. https://t.co/tjpjr3caIF
— Luis Mario Pastori (@luispastori) September 13, 2024
Y arremetió: “Bastó una simple nota de opinión del conductor del espacio oficialista sugiriendo que la lista opositora que había propuesto a Kiczka debería ser castigada por el hecho de no haber adivinado con antelación acerca de la conducta privada de uno de sus miembros, para que salga el coro de aduladores reclamando que esa banca permanezca vacía como sanción ejemplificadora para todos y todas y mostrando que con su mayoría pueden hacer lo que les plazca”.
En la misma carta Pastori reclamó la designación de su correligionario Javier Mela, amparándose en el artículo 84 de la Constitución de Misiones, el cual establece que “las vacantes no serán cubiertas cuando faltare menos de un año para el término del período correspondiente, a menos que alcancen a la quinta parte del total de la Legislatura”.
“El régimen electoral determina que debe ocupar la vacante quien sigue en el orden de lista, en este caso Javier Mela. Es decir, falta más de un año para el término del período y existe un orden de lista aprobado por el Tribunal Electoral”, fundamentó el dirigente radical.
Por su parte, el también ex diputado provincial Gustavo González, fue otro de los radicales en hacerse eco de la cuestión y a través de su cuenta personal de “X” pidió “que la Renovación respete la Constitución y se designe sin dilaciones a su reemplazo”.
En diálogo con LVM profundizó: “No existe ninguna excusa o motivo para no designarlo de manera inmediata a Javier Mela como diputado en reemplazo de Kiczka. Lo que debe hacer la mayoría, que corresponde al Frente Renovador, es cumplir con la Constitución porque no hay excusa alguna que impida que se lo designe”.
Y agregó: “Hay una intención de mantener la Cámara con 39 integrantes, lo que sería inconstitucional, porque claramente la Constitución de la Provincia de Misiones establece el funcionamiento de la Cámara con 40 legisladores. Si a la Renovación no le gusta que asuma un radical, no lo puede decidir, lo que tiene que hacer. Es cumplir con la Constitución”.
“Nosotros estamos insistiendo. El bloque va a presentar un pedido frente a la Cámara y lo mismo está haciendo el partido”, finalizó.
Se lo expulsó a Kiczka. Bien. Ahora que la Renovación respete la Constitución y se designe sin dilaciones a su reemplazo @JavierMela1.
— Gustavo González (@GonzalezUCR) September 12, 2024
El reemplazo
Javier Mela está casado y tiene dos hijos. Al iniciarse en política fue militante de la Franja Morada, se recibió de abogado en la Universidad Nacional del Noreste, Corrientes, en 2003 y ese mismo año montó un estudio, a través del cual lleva 20 años de trabajo ininterrumpido en el sector privado.
Simultáneamente, ocupó varios cargos partidarios, como delegado del Registro Nacional de Armas (Renar) durante la gestión de Mauricio Macri y diputado provincial por la UCR durante el período 2017-2021.
Legislatura: Mela en la lista de sucesión ante la salida de Germán Kiczka
Política
La Reforma Laboral es ley: senadores misioneros votaron a favor
Con los votos de los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, del Frente Renovador Neo, y Martín Goerling, del PRO Misiones, el Senado de la Nación sancionó esta noche la Ley de Modernización Laboral, del gobierno de Javier Milei.
La votación llegó al cabo de una maratónica jornada, que arrancó a las 11 de la mañana con el tratamiento del nuevo régimen penal juvenil que baja la imputabilidad a los 14 años, y que fue aprobado por una mayoría que incluyó a los misioneros.
La sanción de la reforma laboral se decidió por 42 votos afirmativos, 28 negativos y 2 abstenciones.
Es la segunda vez que el Senado trata el proyecto, luego de la media sanción del 12 de febrero, que cayó en la Cámara de Diputados con la decisión del oficialismo de retirar el artículo 44, de las licencias médicas, porque el rechazo abarcaba a sus aliados políticos y comprometía la suerte de la ley en el recinto.
El texto que sancionó hoy el Senado es el mismo que la Cámara ya había aprobado hace dos semanas, pero sin el artículo que recortaba el salario de los trabajadores con licencias médicas, que fue retirado por el gobierno luego de la controversia generalizada.
Política
Con votos de Arce, Rojas y Goerling, se aprobó el Régimen Penal Juvenil
Con 44 votos afirmativos, entre los que se contaron a los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, del Frente Renovador Neo; y Martín Goerling, del PRO Misiones, 27 negativos y una abstención, el Senado de la Nación, aprobó esta tarde el nuevo Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad a los 14 años.
El debate se extendió durante varias horas en el recinto y tuvo su correlato en la calle, donde la Policía Federal y la Gendarmería Nacional reprimió con hidrantes y gases a los manifestantes.
En el transcurso de la sesión, las posiciones se dividieron entre la aceptación, por parte del oficialismo y sus aliados; y el rechazo a la ley, de parte del peronismo y fuerzas provinciales, como el Movimiento Popular Fueguino, y fue casi un calco de lo sucedido en la Cámara de Diputados, donde el proyecto obtuvo la media sanción el 12 de febrero pasado.

Resultados de la votación en general
Intervenciones
En el cierre del debate, el senador misionero Carlos Arce, del Frente Renovador de la Concordia, sostuvo que se trata de una “reforma largamente postergada” y afirmó que actualizar el marco normativo constituye “una obligación moral, institucional y constitucional”.
El legislador subrayó que la iniciativa no tiene un carácter punitivo sino formativo, al señalar que apunta a “fomentar la responsabilidad del imputado”, haciendo especial hincapié en el “adolescente”, que puede comprender el acto delictivo cometido. En ese sentido, remarcó que el proyecto promueve la educación, la resocialización y la integración social, con el objetivo de reducir la reincidencia.
“Estamos acá para legislar para proteger a las víctimas, a sus familias y a sus funciones”, expresó, al tiempo que advirtió que el fenómeno delictivo juvenil no es homogéneo en todo el país. Por ello, planteó la necesidad de diseñar políticas con una mirada federal que garanticen su aplicación de acuerdo a la realidad de cada provincia.
Arce también señaló que el Estado nacional deberá adaptar institutos, capacitar recursos humanos e incorporar equipos interdisciplinarios.
En materia presupuestaria, indicó que el proyecto prevé una partida para 2026, aunque consideró necesario avanzar hacia un presupuesto plurianual, sucesivo y continuo, al entender que la problemática no puede resolverse en un solo año.
Asimismo, recordó la comisión plenaria realizada el 19 de febrero, donde nueve familiares brindaron testimonio sobre el “doble sufrimiento” atravesado: primero por la pérdida de sus seres queridos y luego por la situación de injusticia que, según señalaron, persiste en la actualidad.
Finalmente, anticipó su voto favorable retomando el pedido de los familiares: “Por favor, legisladores, sancionen una ley que evite nuevos delitos y que terminemos con el sufrimiento de nuestras familias”.
Goerling, optó por hablar “desde lo que siento como ciudadano” y desde su rol como legislador con la responsabilidad de tener que votar.
Sostuvo que se trata de una ley “de sentido común” que busca dar respuesta a un problema que, según afirmó, es real y que Argentina arrastra desde hace años.
En relación con la baja de la edad de imputabilidad a 14 años, señaló que el debate también implica equiparar a la Argentina con otros países de la región. “Los únicos de América Latina que tienen desde los 16 años son Argentina y Cuba”.
Goerling planteó que, además del dolor de las víctimas, existe una problemática social vinculada a la ausencia del Estado y a familias que no saben cómo abordar situaciones de menores que delinquen.
Para el senador la iniciativa prevé la creación o adecuación de institutos con programas de capacitación, educación, tratamiento de adicciones y reinserción social. “Si mató a los 14 o 15 y no hacemos nada, cuando cumpla 18 o 19 va a estar peor”, afirmó.
También hizo referencia a la situación en Misiones, provincia que tiene un 92% de frontera con Brasil y Paraguay. Describió problemáticas vinculadas al narcotráfico en zonas como Puerto Iguazú, Andresito, San Pedro, Bernardo de Irigoyen, Puerto Rico y Eldorado, y mencionó la circulación de una droga conocida como “pedra”, que, según afirmó, afecta a jóvenes en situación de vulnerabilidad.
Finalmente, consideró que la ley representa “un avance significativo” y que también abre el debate sobre la necesidad de fortalecer políticas públicas en materia de rehabilitación y tratamiento de adicciones. En nombre de su bloque, anticipó el acompañamiento a la iniciativa.
Política
Justicia Federal ratificó suspensiones de Arrúa, Comparín y Kornuta en el PJ
El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Posadas rechazó los recursos promovidos el diputado nacional y ex secretario general del Partido Justicialista (PJ) Misiones, Alberto Arrúa; la ex presidenta Myriam Comparín, y el ex apoderado Martín Kornuta, contra la resolución de la Intervención partidaria de sumariarlos por inconducta y suspenderlos como afiliados hasta que concluyan las actuaciones, que los imposibilitan participar de las elecciones internas del 19 de abril próximo.
Arrúa, Comparín y Kornuta, están acusados de “un accionar reiteradamente funcional a políticas ajenas al ideario justicialista y alineado al gobierno de Javier Milei, la sujeción a instrucciones políticas extrapartidarias y el incumplimiento de la obligación de entregar la sede, las unidades básicas, así como la documentación contable y los libros partidarios a las legítimas autoridades interventoras”.
Según informaron los interventores, Gustavo Arrieta y Máximo Rodríguez, en un comunicado, “la resolución judicial confirma la validez de las actuaciones llevadas adelante por la Intervención y ratifica la legalidad de la suspensión preventiva de afiliaciones dispuesta en el marco de los procedimientos disciplinarios en curso”.
“En su fallo, el Tribunal resolvió no hacer lugar al planteo de nulidad ni al recurso contra la suspensión preventiva de afiliación, concluyendo que la medida fue dictada conforme a la normativa partidaria vigente”, informa el comunicado.
El fallo del tribunal destaca que “la suspensión preventiva reviste carácter cautelar y no constituye una sanción definitiva, por lo que no implica la cancelación irreversible de derechos políticos”, tal como argumentaban los demandantes.
“Además, no se acreditó la existencia de vicios sustanciales ni perjuicio concreto que justifiquen la declaración de nulidad del procedimiento disciplinario”, reza el comunicado.
El juzgado reconoció también que los interventores, Arrieta y Rodríguez, “cuentan con facultades plenas para ejercer las atribuciones de los órganos partidarios durante el período de intervención” y reafirmó que “las suspensiones preventivas son decisiones propias del ámbito partidario y, como tales, no resultan revisables judicialmente en cuanto a su oportunidad o conveniencia”.
El fallo remarca, también, el hecho de que el PJ Misiones se encuentra intervenido por decisión de las autoridades nacionales del partido, ratificada por su Congreso Nacional, “otorgando plena validez a las facultades conferidas a los interventores para normalizar el distrito y garantizar la participación electoral”.
Asimismo, el tribunal destacó que la suspensión preventiva de Arrúa, Comparín y Kornuta, “se encuentra expresamente prevista en la Carta Orgánica partidaria y puede ser dispuesta mientras se sustancia el correspondiente sumario disciplinario”.
En el final del comunicado, los interventores reafirman su “compromiso con la normalización del Partido Justicialista en la provincia de Misiones, el fortalecimiento de la institucionalidad partidaria y el respeto irrestricto a las normas estatutarias y a la legalidad vigente”, y avisan que “las actuaciones disciplinarias continuarán su curso conforme a derecho y con pleno respeto de las garantías de defensa de todas las partes involucradas”.
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