Con un comunicado titulado “San Pedro: la tierra misionera tiene que estar al servicio de nuestro pueblo”, el Movimiento Evita y el partido Tierra, Techo y Trabajo (TTT), conducido por Martín Sereno, expresaron su “preocupación” por la situación de las 123 familias afectadas por el conflicto territorial que mantienen con la empresa Arauco y exigieron que “se investiguen” todos los hechos denunciados.

“Las familias denuncian detenciones, hechos de violencia, pérdida de animales y herramientas de trabajo, además de viviendas incendiadas”, señalaron en el documento enviado a los medios de comunicación, en el cual detallaron que los damnificados residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3, Palmera Boca y San Juan Bosco, de la localidad conocida como la Capital Nacional de la Araucaria.

En esa línea, ambos espacios políticos enfatizaron que se trata de familias “que viven en esos territorios, que construyeron allí sus casas, sus chacras, sus proyectos de vida, que trabajan la tierra y producen”.

Seguidamente, exigieron que “se investiguen los hechos denunciados” y se “garantice” la “integridad de las familias”, al tiempo que reclamaron que el Estado provincial “convoque de manera urgente una mesa de diálogo para encontrar una solución pacífica y definitiva”.

“Ningún conflicto por la tierra puede resolverse mediante la violencia”, remarcaron desde el Movimiento Evita y TTT.

Luego de reunirse esta mañana con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco, integrantes de las 123 familias afectadas aguardan una respuesta formal con un acampe frente a la Municipalidad de la localidad.

Una discusión “más profunda”

Para los espacios políticos, el conflicto territorial que atraviesa San Pedro, que lleva varias semanas con intentos de desalojo en distintos puntos y que se intensificó el último martes con la detención policial del colono Ángel Rivero, quien fue liberado al día siguiente, obliga a “discutir algo más profundo”. “¿Para quién produce la tierra misionera?”, interrogaron.

Luego, pusieron el foco en la presencia del gigante forestal chileno en Misiones y expusieron que concentra “alrededor de 240 mil hectáreas” en la provincia. A su vez, indicaron que, según datos “difundidos por la misma compañía en abril de 2026”, Arauco genera más de 1.800 puestos de trabajo directos y cerca de 5.000 empleos indirectos.

“Valoramos y defendemos cada uno de esos puestos de trabajo. Nuestra discusión no es contra los trabajadores forestales, sino sobre el modelo”, manifestaron en el comunicado.

Y continuaron con el planteo al preguntarse “qué riqueza podrían generar para nuestro pueblo 240 mil hectáreas de tierra misionera con una estructura productiva más diversificada”. Al respecto, sostuvieron que ese modelo permitiría que “miles de familias” tengan acceso a tierras para producir.

Como referencia para dimensionar la escala, el Movimiento Evita y el partido TTT indicaron que las 240 mil hectáreas mencionadas equivalen a más de 15.000 unidades productivas de 15 hectáreas. Aclararon, sin embargo, que no toda esa superficie “puede ni debe transformarse en chacras”, debido a la existencia de bosques nativos, áreas de conservación y tierras con distintas aptitudes productivas.

A partir de esa comparación, plantearon la necesidad de discutir la concentración territorial y formularon una pregunta: “¿Cuántas familias podrían producir alimentos y vivir dignamente si nuestra tierra estuviera distribuida de otra manera?”.

“¿Hasta dónde llega la concentración?”

En otro apartado del comunicado, los espacios políticos afirmaron que Puerto Libertad “demuestra hasta dónde llega la concentración” y apuntaron que Arauco posee “alrededor de 62 mil hectáreas” y concentra “aproximadamente el 80%” de las tierras útiles del municipio.

“Cuando una sola empresa controla semejante proporción del territorio, la concentración deja de ser solamente una cuestión de propiedad”, sostuvieron. Además, cuestionaron que la concentración territorial “condiciona dónde puede crecer un pueblo, dónde construir viviendas, dónde instalar industrias y dónde pueden producir las próximas generaciones”.

“Concentrar la tierra también es concentrar las posibilidades de futuro”, arremetieron.

Un camino posible

Por otro lado, el Movimiento Evita y el partido TTT aseguraron conocer “otra experiencia” y mencionaron el caso de Puerto Piray, donde, según relataron, tras años de lucha y organización de las familias, “la Legislatura provincial declaró de utilidad pública 600 hectáreas pertenecientes a Arauco para destinarlas a producción familiar”.

“Hoy esas tierras permiten desarrollar y proyectar la producción de alimentos, la cría de animales y distintos emprendimientos”, destacaron y añadieron: “Puerto Piray demuestra que, cuando la tierra cumple una función social y productiva, la riqueza puede permanecer en nuestras comunidades”.

Monocultivo y concentración

En el tramo final del comunicado, el Movimiento Evita y TTT expresaron su rechazo a un modelo basado en el monocultivo y la concentración de tierras. “No queremos un modelo de monocultivo y concentración”, sostuvieron, y manifestaron su preocupación por “el impacto de las grandes extensiones de monocultivo forestal”.

En ese marco, incorporaron cuestionamientos vinculados al impacto ambiental de la actividad y citaron investigaciones realizadas en Misiones que registraron, en suelos bajo plantaciones de pino, “mayor compactación y temperatura, menor contenido de agua y modificaciones en la materia orgánica, los nutrientes y los microorganismos respecto del bosque nativo”. También mencionaron que Arauco “registra antecedentes de procedimientos y sanciones ambientales en Chile”.

Para los espacios políticos, el desarrollo provincial no puede evaluarse únicamente en función de la producción y las exportaciones. “No podemos medir el desarrollo solamente por toneladas producidas o dólares exportados”, plantearon, y agregaron: “Tenemos que preguntarnos también cuánto trabajo genera, cómo se distribuye la riqueza y qué pasa con nuestros suelos, nuestra agua, nuestros montes y nuestras comunidades”.

Al definir su postura, remarcaron: “Queremos discutir otro modelo para Misiones”. En ese sentido, aclararon: “No estamos en contra de la actividad forestal. No estamos en contra de sus trabajadores”. Su planteo apunta, según expresaron, a una provincia donde “ninguna actividad económica concentre el territorio al punto de impedir el desarrollo de otras formas de producción y de vida”.

A la vez, reclamaron “industria forestal con trabajadores registrados, buenos salarios y derechos”, pero también “chacras, producción de alimentos, monte nativo, biodiversidad, cooperativas, pequeñas industrias y miles de familias viviendo y trabajando en nuestra ruralidad”.

Conflicto en San Pedro

Sobre el conflicto que atraviesa San Pedro, advirtieron que “no puede quedar reducido a otro conflicto territorial que dentro de unas semanas desaparezca de las noticias” y lo vincularon con un debate de mayor alcance: “¿Qué Misiones queremos construir?”.

Frente a esa pregunta, contrapondrán dos modelos: “¿Una provincia con cada vez más tierra concentrada y familias obligadas a abandonar el campo? ¿O una Misiones poblada, productiva, con tierra distribuida, alimentos, trabajo, monte e industrias que agreguen valor?”. La respuesta de ambos espacios fue contundente: “Nosotros elegimos lo segundo”.

Finalmente, cerraron el documento con una definición sobre el rol que, consideran, debería tener la tierra misionera: “Porque creemos que la tierra misionera tiene que estar al servicio de nuestro pueblo. Tiene que generar trabajo, alimentos, arraigo y riqueza para los misioneros. Y porque estamos convencidos de algo elemental: la tierra es para vivir, para producir y para construir futuro”.

Familias afectadas por conflicto territorial con Arauco acampan frente a la Municipalidad de San Pedro.

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El diputado provincial de Encuentro Misionero, Carlos Rovira, regresó este jueves a la Cámara de Representantes de Misiones y participa, en este momento, de la sesión que comenzó a las 18:00, en la sede legislativa de Villa Sarita.

Rovira llevaba exactamente dos meses sin asistir a las sesiones ordinarias de la Legislatura, ya que su última aparición en el recinto fue el 18 de junio pasado.

El legislador faltó a las dos últimas sesiones previas al receso invernal de julio, y sumó una nueva ausencia en la primera sesión tras el regreso de las vacaciones.

Su ausencia coincidió con la escalada de la interna oficialista, que se saldó con la ruptura del bloque de Encuentro Misionero y la deserción de la mayoría de sus diputados, que se pasaron masivamente a las filas del passalacquista Movimiento por lo que Viene, alineada con el gobernador Hugo Passalacqua.

En la sesión del jueves pasado, la prolongada ausencia de Rovira fue tema de intervención de dos diputados, el ahora passalacquista Juan José Szychowski y el ex radical peluca y actual libertario, Martín Arjol, quienes -aunque no lo mencionaron explícitamente- arremetieron contra el fundador del Frente Renovador de la Concordia.

Szychowski, que días antes integraba la bancada de Rovira, acusó a su ex jefe político de “no dar la cara”; mientras que Arjol lo comparó con “el mago al que se le ven las cartas” y cargó: “Había sido que no era tan estratega, había sido que no era tan capo”.

Hoy, con Rovira ocupando la “silla vacía” a la que apuntó Szychowski, ambos parecen haberse llamado a silencio; es más, como se ve en la foto de portada, el yerbatero saludó efusivamente al ingeniero antes del arranque de la sesión.

El ausente de la jornada fue el ingeniero Guillermo Manzoni, de La Libertad Avanza (LLA) Misiones.

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Este jueves en el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Posadas, la concejal Valeria Gómez de Oliveira de La Libertad Avanza (LLA) presentó un proyecto de ordenanza para crear el Ente Municipal de Control y Seguimiento de Servicios Públicos, una estructura que tendría como objetivo recibir reclamos de los usuarios, sistematizar información y exigir respuestas a las empresas prestatarias.

Durante su intervención en la sesión ordinaria, la edil sostuvo que los problemas vinculados con el agua, la energía eléctrica y el transporte afectan desde hace años a los vecinos de la ciudad y cuestionó que el municipio se limite a señalar que se trata de competencias provinciales.

Gómez de Oliveira fundamentó su propuesta en el artículo 88 de la Carta Orgánica de Posadas, que establece que “los servicios que tienden a satisfacer necesidades primordiales de orden local deben considerarse de competencia municipal y de carácter esencial”.

En ese sentido, planteó que el municipio debería contar con una herramienta propia para intervenir ante reclamos por cortes, aumentos de tarifas o presuntas irregularidades en las facturas.

“Pretendemos con este proyecto constituir un sistema objetivo de constatación que cuando un barrio sufra cortes o elevación injustificada de tarifas exista un organismo municipal que reciba esa denuncia, que audite, que elabore mapas de calor y exija respuestas al prestador”, señaló.

La iniciativa propone que el organismo funcione con recursos municipales existentes y una mesa de seguimiento ad honorem integrada por representantes del Departamento Ejecutivo, concejales del oficialismo y la oposición y la Defensoría del Pueblo.

La concejal también cuestionó el funcionamiento del Ente Provincial Regulador de Agua y Cloacas (Eprac), al señalar que se financia mediante un porcentaje de las facturas y plantear si ese esquema garantiza una defensa efectiva de los usuarios. Asimismo, recordó que en 1995 se sancionó una ley para crear un ente regulador de la energía provincial, pero afirmó que nunca llegó a ponerse en funcionamiento.

Además, Gómez de Oliveira repasó los distintos pedidos que realizó ante los reclamos de vecinos y, mientras exhibía un bloque de hojas con las gestiones, remarcó que la mayoría recibió respuesta.

Luego, tomó una de las notas y leyó ante el recinto la respuesta que recibió del Eprac, como muestra de las gestiones realizadas desde su banca. “Si yo, como una simple concejal con la escasa estructura que tengo, puedo obtener una respuesta así, cuánto más puede hacer el Ejecutivo municipal”, lanzó.

Reclamos vecinales

Como antecedente reciente, Gómez de Oliveira mencionó los reclamos de vecinos de Itaembé Guazú por facturas de servicios que consideraron excesivas. El conflicto por el agua ya había derivado en presentaciones administrativas y judiciales: en abril, la Justicia ordenó a Samsa suspender los cortes y habilitar el pago mínimo para un grupo de usuarios del barrio, mientras se analizaban presuntas irregularidades en las mediciones y la facturación.

La problemática volvió a instalarse durante los últimos meses con reclamos de vecinos de distintos sectores de Posadas por incrementos en las boletas de agua. En marzo, usuarios de Itaembé Guazú denunciaron facturas que, según los casos expuestos, llegaban a $140.000 y hasta $1.000.000.

En paralelo, en los últimos días también surgieron reclamos por las facturas de energía eléctrica. Vecinos de Itaembé Guazú, particularmente de la zona del ex Hipódromo, comenzaron a organizarse por boletas que, según denunciaron, registraron aumentos de entre 100% y 200% respecto del período anterior. Los usuarios plantearon dudas sobre los consumos registrados, los períodos facturados y las fechas de medición, y llevaron el reclamo ante la Defensoría del Pueblo.

Sistema para reclamos colectivos

Gómez de Oliveira sostuvo que su propuesta busca evitar que los usuarios deban afrontar individualmente sus reclamos ante las empresas. Explicó que el ente tendría facultades para iniciar actuaciones colectivas cuando una falla se presente de manera sistemática y generar información sobre los problemas registrados en los distintos barrios.

“Ya no va a haber un vecino solo contra la empresa prestataria o buscando un concejal que lo quiera ayudar, será el municipio de Posadas sistematizando la prueba, acompañando al usuario y exigiendo formalmente intervención de las autoridades regulatorias provinciales”, afirmó.

Finalmente, la concejal pidió que el proyecto sea debatido por en la comisión correspondiente y planteó que el eventual ente municipal constituya “una herramienta más de control a los servicios públicos”.

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