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Halcones del PRO Misiones denuncian “ataque” del gobierno contra Bullrich

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Bullrich

El senador nacional Humberto Schiavoni y el precandidato al Senado por “La Fuerza del Cambio”, la lista que lleva a Patricia Bullrich como precandidata a la presidencia, Martín Goerling, repudiaron la intervención del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Civil (IEES), la ONG de la ex ministra, por parte del Ministerio de Justicia de la Nación, y la consideraron un “ataque” del gobierno de cara a las Paso de agosto próximo.

“El artero ataque que lanzó el gobierno contra @PatoBullrich no solo demuestra que apela a cualquier maniobra para perseguir a la oposición, sino que evidencia el temor por el castigo que la sociedad le dará al kirchnerismo en las urnas”, expresó Schiavoni en su cuenta de Twitter.

“Mi total apoyo a @PatoBullrich ante este inadmisible ataque del Gobierno, que utiliza sus organismos para perseguir a la oposición”, tuiteó, por su parte, Goerling.

“Nada va a detener la Fuerza del Cambio que se viene”, agregó el ex director de Yacyretá en tiempos de Mauricio Macri.

La intervención

Esta mañana, el Ministerio de Justicia de la Nación dispuso la intervención por 180 días del IEES, que era utilizado por la precandidata de Juntos por el Cambio (JxC) para el pago de pasajes, catering y alquiler de salones, y que también sirvió para el pago de honorarios a su exjefe de campaña, el diputado Gerardo Milman, investigado por la justicia en el marco de la causa por el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La intervención fue solicitada por el Inspector General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, que investigaba irregularidades denunciadas por el diputado del Frente de Todos (FdT) Rodolfo Tailhade.

“Desde el IEES se desplegaron acciones ajenas a su objeto social y fue utilizado para fines distintos para los que se le otorgó autorización para funcionar”, precisó un comunicado de la cartera encabezada por Martín Soria.

“También se detectaron irregularidades contables y administrativas: se verificó un crecimiento exponencial de los ingresos y egresos del IEES, pasando en pocos meses de no tener fondos para solventar los gastos corrientes, a recaudar más de 90 millones de pesos”, agregó.

Según el organismo, la utilización de la fundación para costear la campaña electoral de Bullrich “vulnera las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación en materia de asociaciones civiles” y “podría implicar una violación de la ley 26.215”, de Financiamiento de los Partidos Políticos.

Pantalla

La intervención se ejecutó a través de la Resolución 742/2023, fundamentada en el artículo 10, inciso J, de la ley 22.315 que estipula que la cartera judicial puede tomar esa medida “si verifica actos graves” e “irregularidades no subsanables” en una institución.

El Ministerio de Justicia precisó que, efectivamente, se verificaron “irregularidades contables” y acciones “ajenas al objeto social” de la entidad presidida por Bullrich.

“El instituto era una pantalla para recaudar fondos en negro y financiar las actividades políticas de Patricia Bullrich”, afirmó el ministro Soria.

“En este instituto armaban supuestos seminarios para analizar temas vinculados a la seguridad, pero lo que estaban haciendo eran almuerzos y cenas para recaudar fondos”, detalló.

 

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El gobierno pide allanar a periodistas y la Justicia censura audios de Karina

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karina audios

El gobierno presidido por Javier Milei presentó este lunes una denuncia por “operación de inteligencia” en la que pidió allanamientos en los domicilios de los periodistas que filtraron los audios que hicieron estallar el escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), a la par que obtuvo un dictamen judicial favorable a un pedido para frenar la difusión de más grabaciones que involucren a la secretaria general de la presidencia y hermana del primer mandatario Karina Milei.

La presentación judicial lleva la firma de Fernando Soto, quien actúa en representación del ministerio de Seguridad que dirige Patricia Bullrich, y fue realizada ante el Juzgado Federal 10 de Julián Ercolini, apuntando una “operación de inteligencia” destinada a “desestabilizar el país en plena campaña electoral”.

Desde el gobierno sostienen que los hechos denunciados constituyen “un ataque a una de las principales figuras del Gobierno Nacional, mediante una burda operación de inteligencia no institucional, prohibida por la Ley 25.520” y entienden que la maniobra busca “influir ilegítimamente en la opinión pública, alarmar y desinformar a la población, desestabilizar los principales indicadores de la política económica y, de este modo, influenciar el proceso electoral en las próximas elecciones legislativas”.

En el escrito, además, solicitan una serie de medidas, entre ellas el allanamiento al canal de streaming Carnaval, como así también a los domicilios de productores vinculados al medio y a los propios periodistas encargados de revelar los audios que sacuden al gobierno Jorge Rial y Mauro Federico.

El pedido, que rápidamente fue criticado y considerado como un ataque al libre ejercicio de prensa, debe ser analizado y resuelto por el juez Ercolini, quien quedó a cargo de la causa.

En paralelo, apenas unos minutos después de conocerse la denuncia presentada por el gobierno, también se supo de una medida cautelar dictada por la Justicia que dio lugar a otro pedido del Ejecutivo para frenar la difusión de los audios que salpican a la hermana del presidente Milei.

La resolución fue emitida desde el Juzgado Civil y Comercial a cargo del magistrado Alejandro Marianello -que afronta causas en su contra, cinco por acoso sexual- y ordena el “cese de la difusión de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación, anunciados el día 29 de agosto del 2025 que sean atribuidos a Karina Milei, a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web”.

La medida fue anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni, que en su cuenta de X publicó una parte de resolución y escribió que “la Justicia reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión”.

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Herrera Ahuad sobre los libertarios: “Son crueles”

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Herrera Ahuad

En una de sus recorridas de fin de semana por el interior misionero, el presidente de la Legislatura provincial y candidato de la Renovación a diputado nacional para octubre, Oscar Herrera Ahuad, se lanzó con todo contra el gobierno de Javier Milei y La Libertad Avanza (LLA).

La gente sufre, hasta acá llegaron”, sentenció el ex gobernador en una reunión política, cuyo video se viralizó en las redes sociales. “Yo no tengo un minuto, ni un pelo de libertario”, cargó y repitió la sentencia: “Hasta acá llegaron”.

Herrera Ahuad se valió de los últimos hechos ventilados en el área de Discapacidad del gobierno, el escándalo por las supuestas coimas de Karina Milei a las farmacéuticas, y las recientes auditorías de la Andis a discapacitados misioneros, que provocaron reclamos y denuncias periodísticas.

Me dolió muchísimo, me dolió muchísimo, ver esta semana; el jueves San Pedro, ayer lo vio Rosarito en San Ignacio; me duele muchísimo lo que hacen con nuestros discapacitados”, argumentó el ex gobernador.

“¡Me duele muchísimo la crueldad de esta gente, son crueles!”, arremetió.

“Ustedes saben quién les habla”, continuó Herrera Ahuad y se presentó: “Un discapacitado más, cien por ciento de discapacidad, pero tengo la posibilidad de hablar y decidir”.

Cómo no nos va a doler que una persona con una muleta, que le falta una pierna, tenga que estar cuatro horas bajo el sol esperando que un militante le diga: ‘Mire, sí, a usted le falta una pierna, sigue teniendo una pensión’”, continuó.

“Una pésima pensión que le sirve apenas para vivir y comprar unos remedios, cuando para otras cosas no tienen límites”, opinó el legislador y arengó: “La crueldad con la que estamos viviendo en estos días nos tiene que movilizar a todos”.

 

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El Pays reclama la aprobación de la ley para crear centro de acopio de yerba

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centro acopio de yerba

A través de un comunicado, el Partido Agrario y Social (Pays) hizo extensivo su reclamo al bloque de diputados provinciales del Frente Renovador de la Concordia y al presidente de la Legislatura, Oscar Herrera Ahuad, para que se apruebe de manera urgente el proyecto de ley de creación de un Centro de Acopio de Yerba Mate, presentado por sus legisladores hace dos meses.

En la misiva remarcaron que la herramienta “permitirá intervenir en el precio de la materia prima y generar mejores condiciones para miles de productores que atraviesan una situación crítica desde que el Gobierno nacional de Javier Milei decidió desregular el Inym, dejando al sector a la deriva”.

Al mismo tiempo, recordaron: “Hoy la yerba mate vive una crisis profunda: los secaderos pagan cada vez menos, los productores venden por debajo de los costos y las familias tareferas ven amenazada su subsistencia. Frente a este escenario, resulta inadmisible que la Cámara de Representantes siga postergando una respuesta concreta mientras la economía regional se derrumba”.

En el mismo documento, el partido ratificó la denuncia realizada por su fundador y dirigente, Héctor “Cacho” Bárbaro, en la que sostiene: “El Frente Renovador actúa como cómplice político de las políticas de ajuste de Milei. En lugar de defender a los misioneros, sus dirigentes optan por garantizar la gobernabilidad de un proyecto que castiga al interior productivo y que no aporta nada a nuestra provincia. Los diputados provinciales tienen un mandato claro: defender a Misiones, no al ajuste libertario”.

Para finalizar, aclararon que, además del centro de acopio, reclaman otras “medidas urgentes”, como la cupificación y la limitación de nuevas plantaciones, bajo el argumento de que “Las grandes empresas, aprovechando la liberación de los controles, están incorporando miles de hectáreas para monopolizar la producción. Si no se actúa hoy, en pocos años los pequeños y medianos productores quedarán completamente fuera del mercado”.

Por lo que concluyen: “El proyecto de Centro de Acopio es una solución concreta e inmediata que puede ordenar el mercado y darle previsibilidad a los pequeños y medianos productores. Por eso exigimos que esta semana se trate y se subsane el daño causado con el voto favorable de la Renovación a las leyes desregulatorias de Milei. Los yerbateros no pueden esperar más: necesitan que la política se ponga del lado de quienes producen y sostienen con su esfuerzo la economía misionera”.

Efecto DNU: proponen creación de centro de acopio provincial de yerba mate

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