Política
Gobernadores de todo el país unidos en reclamo a Milei por recorte de fondos
La Argentina liderada por Javier Milei tuvo este viernes otra álgida jornada política marcada por el reclamo de gobernadores ante el recorte de las transferencias correspondientes a fondos coparticipables. Empezó con un aviso enviado por el gobernador chubutense de frenar los envíos de petróleo y gas, continuó con un comunicado de los mandatarios patagónicos unidos, al que además se encolumnaron todas las provincias sin distinciones partidarias y se extendió con respuestas del presidente, con amenazas de prisión incluidas.
“Si para el miércoles no nos quitan la pata de encima, no va a salir un barril más de petróleo de Chubut para la Argentina. Y ahí te quiero ver”, lanzó el viernes a la tarde el gobernador chubutense Ignacio Torres en el marco de un acto por los festejos del 123° aniversario de Comodoro Rivadavia.
La proclama estuvo directamente relacionada al recorte de transferencias coparticipables efectuado por el presidente Milei, fondos correspondientes a cubrir subsidios de transporte en algunos casos y compensaciones salariales en educación en otros, medida que ya generó conflictos con varias provincias, entre ellas Misiones, que ayer decidió demandar al Estado nacional ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para exigir el pago de lo adeudado.
Tan solo unas horas después, los gobernadores patagónicos Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Claudio Vidal (Santa Cruz), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro), firmaron un comunicado en apoyo al reclamo de Torres.
En el comunicado, firmado en nombre de “Las Provincias del Sur“, los gobernadores recordaron que “las provincias son preexistentes a la Nación y merecen respeto” y que “nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio”.
Además, añadieron que “los gobernadores no son empleados del Poder Ejecutivo Nacional ni están sujetos a sus órdenes” y en el escrito consideraron que “de forma ilegal el gobierno nacional retuvo los fondos destinados al Fondo Compensador de las tarifas del transporte público. Son recursos procedentes del impuesto a los combustibles y tienen una asignación específica”.
A continuación, lanzaron que “no aceptamos patrones de estancia ni el unitarismo de quienes se creen que van a poder pisotear a las provincias” y ratificaron que “avalamos la determinación de la provincia de Chubut de ejercer en plenitud sus derechos como dueña de sus recursos hidrocarburíferos y responder con acciones contundentes en caso de que el Ministerio de Economía de la Nación persista en retenerle a la provincia los fondos que por derecho le pertenecen”.
“Quitarle a una provincia más de un tercio de su coparticipación es una acción criminal que persigue el objetivo deliberado de hacer sufrir a sus habitantes para de este modo forzar a su gobierno a adoptar determinadas decisiones políticas. Es una medida extensiva y disolutoria del sistema federal. Ningún gobernador lo va a consentir ni permitir porque se juega la existencia misma de la República Argentina“, concluyeron en el comunicado.
LAS PROVINCIAS UNIDAS DEL SUR
Las provincias son preexistentes a la Nación y merecen respeto. Nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio.
En febrero el gobierno nacional nos retuvo ilegalmente… pic.twitter.com/Qq2mJcW3W8
— Nacho Torres (@NachoTorresCH) February 23, 2024
Más gobernadores unidos
Y la cuestión no terminó allí, dado que un rato después los nueve gobernadores pertenecientes a Juntos por el Cambio (Jxc) también se manifestaron en bloque a favor de Torres y su reclamo.
“El gobierno nacional debe cumplir con la Constitución y enviar urgentemente los recursos coparticipables que le pertenecen a la provincia. No cumplir con la ley y los acuerdos entre Nación y provincias no afecta a los gobernadores, sino a los 50 millones de argentinos que viven en las 24 jurisdicciones del país”, consigna el escrito firmado por Jorge Macri (Caba), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).
Los gobernadores peronistas Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Raúl Jalil (Catamarca), Gildo Insfrán (Formosa) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero) no firmaron comunicados conjuntos, pero sí se expresaron a través de sus cuentas de X, siempre a favor de Torres y sus pares de las provincias patagónicas.
También se sumaron después Gustavo Sáenz (Salta) y Martín Llaryora (Córdoba). Solo Hugo Passalacqua (Misiones) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) no se pronunciaron sobre el asunto de manera pública en las redes.
“Proceda y hágase cargo”
Y la respuesta del presidente Milei no tardó en llegar. Fiel a su estilo, eligió responder al gobernador chubutense mediante publicaciones en X (ex Twitter), efectuadas mientras se preparaba para abordar un vuelo hacia Estados Unidos donde participará de un cumbre conservadora junto a Donald Trump.
El presidente se dirigió hacia el mandatario como “Nachito” y hasta lo amenazó con accionar judicialmente en caso de que Torres concrete la interrupción de envíos de petróleo y gas.
“Hola Nachito y cómplices. Les paso algo del código penal”, irrumpió en X el presidente y a continuación citó el artículo 194: “El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”.
HOLA NACHITO Y CÓMPLICES
Les paso algo del Código Penal.ARTICULO 194. – El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de…
— Javier Milei (@JMilei) February 24, 2024
A la par, también se publicó un comunicado desde la cuenta la Oficina del Presidente, que funciona como vocería, en el cual mantuvieron la misma postura de confrontación.
“La Oficina del Presidente lamenta que el gobernador Torres se niegue a entender que no hay plata y, en consecuencia, se lance a emitir una amenaza de carácter chavista respaldada por Axel Kicillof y el resto de los gobernadores, que expresaron su acuerdo con el avance sobre la propiedad privada y la expropiación de empresas que necesariamente implica dicha amenaza”, apuntaron.
Y avanzan, en sintonía con Milei y su mensaje con el artículo 194 como protagonista: “Por todo lo expuesto, se le comunica al gobernador Torres que no existe la necesidad de que ponga ningún plazo de tiempo para llevar a cabo su plan de extorsión. Proceda con su amenaza de inmediato y hágase cargo de las consecuencias en la Justicia“.
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) February 24, 2024
El senador por el PRO, Martín Goerling, no aceptó el reciente aumento del 9,4% de la dieta de los parlamentarios, elevando el salario de los funcionarios a más de $11 millones.
“Como todos los años, no acepté el aumento”, confirmó Goerling en comunicación con La Voz de Misiones.
Así como sus pares Arce y Rojas Decut del Frente Renovador renunciaron al aumento, el jefe del Bloque del Pro, se adhirió al acuerdo que el Senado realizó este año.
Según explicó, dicho acuerdo tiene como finalidad donar el incremento de la dieta de aquellos senadores que se adhieran. “Este año corresponde que se designe al Hospital de Niños”, precisó.
“La Presidencia del Senado manda un formulario para hacer efectiva la donación”, añadió Goerling.
El legislador indicó que el listado de los funcionarios que aceptaron la donación a través del formulario, se dará a conocer en la página oficial del Senado.
“Desde que asumí lo hice, el primer año lo doné, el segundo renuncié y este aumento lo voy a donar”, señaló.
El aumento acordado fue del 12,5% acumulativo, producto de la paritaria entre las autoridades del Senado y los gremios legislativos, impacta directamente en las dietas de los senadores que esta sujeta al salario del personal por la Resolución 8/24, que fija la dieta en 2.500 módulos. A ese monto se suman gastos de representación (1.000 módulos) y desarraigo (500 módulos para legisladores del interior).
Desde junio de 2025 los senadores pueden renunciar de manera individual a estos incrementos, medida incorporada por la vicepresidenta Victoria Villarruel tras las polémicas por aumentos anteriores.
El concejal de Posadas, Fernando Zarza, cargó contra las afirmaciones del martes en el HCD posadeño, de la titular del Ente Provincial Regulador de Aguas y Cloacas (Eprac), Soledad Balán, y lanzó: “La verdad que, si Passalacqua quisiera prender la motosierra, un lugar por el que puede empezar es el Eprac”.
“Ella fue a defender su postura y lo único que dijo es que la situación no es como sale en los medios, que el Eprac solo recibió 170 reclamos y que eso está dentro del rango normal”, comentó Zarza, en diálogo con La Voz de Misiones.
En tal sentido, acusó a Balán de estar “faltando a la verdad”, porque “cualquiera que vaya al Eprac, cualquier día de la semana, ve que entran más de 170 personas por día para reclamar algo”.
“Ella cree que el Eprac no tiene responsabilidad en los hechos acontecidos porque, supuestamente, son pocos los reclamos, pero la protesta de ayer frente a Samsa la desmiente por completo”, disparó.
El edil de Hacemos pidió a los usuarios “prestar atención” a los ítems que figuran en las boletas de la empresa y señaló: “Hay un descuento del 3% destinado al financiamiento del Eprac, que lo pagamos todos los usuarios con cada factura”.
“Si vos multiplicás el 3% de una factura de agua promedio por la cantidad de usuarios de Posadas, estamos hablando de $400 millones mensuales”, calculó Zarza y agregó: “Si a esto le sumamos lo que el Estado le asigna, tenemos una masa total de más de $500 millones para un ente que no cumple con su función”.
Decisión política
Zarza opinó que “la solución pasa por una decisión política del gobierno provincial”. “Habría que volver a revisar los contratos de locación, pero si no se hizo en 27 años, no creo que lo vayan a hacer ahora; la verdad que no veo por parte del Estado animosidad para solucionarle el problema tarifario a los vecinos”, afirmó.
“El poder político de Misiones es el que tiene que tomar el toro por las astas”, remarcó el edil y propuso, como “la mejor salida”, que “el Estado vuelva a hacerse cargo de la empresa y, en un plazo perentorio, entregarle de nuevo a una empresa privada”, garantizando “tarifas razonables y pagables por los ciudadanos”.
“Con la tremenda crisis que hay ahora, las boletas se vuelven imposibles de pagar”, dijo Zarza y se quejó: “Es una locura que haya montos de millones de pesos, una familia tipo ni aunque deje la canilla abierta las 24 horas va a consumir $2 millones de agua”.
La sesión extraordinaria convocada por el Concejo Deliberante de Caraguatay para tratar la situación del intendente Mario Peyer, denunciado por abuso sexual, fue postergada para el lunes.
La postergación de la sesión que estaba prevista para este viernes a la tarde obedeció, en gran parte, a los plazos previstos y a las labores periciales realizadas por la Policía minutos antes del inicio de la reunión parlamentaria.
“Se pidió una sesión extraordinaria para tratar el reemplazo del intendente por su pedido de licencia, pero al concejo todavía no había llegado su pedido. ¿Cómo íbamos a convocar a sesión por algo que todavía no había ocurrido?. La nota llegó después. Nadie lo niega, ella -por Norma Gularte- va a asumir, como tiene que ser, pero hay que respetar los tiempos que la ley dice”, explicó el edil Gustavo Fleitas, presidente del Concejo.
De esta manera, los ediles presentes decidieron que la nueva fecha para tratar la situación del alcalde municipal sea el próximo lunes, a las 11 de la mañana.
Se prevé que en la sesión, convocada esta misma mañana por la concejal Norma Gularte, se trate el pedido de licencia en el cargo que el intendente.
En caso de aprobarse la licencia, se concederá la intendencia en forma interina a la concejal Gularte, que fue electa a través del Frente Renovador y en diciembre del año pasado se pasó a las filas de La Libertad Avanza (LLA).
La decisión de Peyer fue comunicada a través de un posteo en su cuenta de Facebook y en el escrito indicó que “en virtud de las denuncias y acusaciones que han tomado estado público en contra de mi persona, comunico a mis vecinos de Caraguatay, y a toda la provincia, que he decidido presentar mi licencia al cargo de intendente”.
En la continuidad de la publicación, el intendente añadió que “me he puesto a entera y absoluta disposición de la Justicia, para colaborar en todo lo que fuese necesario, a fin de que se pueda esclarecer lo más pronto posible la grave y falaz denuncia de la cual he sido objeto”.
En otro párrafo, agregó que “desconozco la motivación o las causas que pueden haber desencadenado semejante acusación, pero manifiesto mi plena confianza en que la Justicia fallará a favor de la verdad, es decir, de mi inocencia. Y mientras atravieso este duro proceso, me rodearé del cariño de mi familia, que me apoya plenamente, y en el afecto de los vecinos de mi querida comunidad”.
La decisión llega 48 horas después de que se hiciera pública la denuncia que el jefe comunal registra en su contra desde el pasado 25 de febrero, cuando una trabajadora del Concejo Deliberante de Caraguatay lo acusó por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.
Sumado a la presentación inicial, ese mismo miércoles la denunciante compareció ante el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, instancia en la que ratificó cada una de sus acusaciones, brindando un detallado relato de los padecimientos que afirma haber sufrido en manos del alcalde que llegó al cargo en 2023.
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