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Femicidio: buscan implementar un cuestionario preventivo en Misiones

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Femicidio: buscan implementar un cuestionario preventivo

Por medio de un proyecto de Ley, buscan implementar un cuestionario para detectar casos de violencia “letal” o “grave” y prevenir femicidios en Misiones. La iniciativa es impulsada en la Cámara de Representantes por el diputado Rafael Pereyra Pigerl junto a sus pares renovadores.

El disparador del proyecto fue el caso del femicidio de Gabby Petito (22) en los Estados Unidos, en el cual había como antecedente una denuncia realizada por un testigo que reportó a la Policía una discusión en la vía pública entre la joven influencer y su pareja Brian Christopher Laundrie y terminó calificando la situación como “un colapso mental”.

Al conocerse el femicidio, el debate público estadounidense giró en torno a que si los agentes hubieran detectado el peligro en el que se encontraba Petito cuando la entrevistaron podrían haber evitado el trágico hecho.

Debido a la presión social y a lo ocurrido con la influencer neoyorquina, el año pasado se legisló en La Florida y otros estados norteamericanos adoptar como medida preventiva el cuestionario que elaboró una reconocida enfermera de la Universidad Johns Hopkins que investigó diferentes temas sociales, entre ellos la violencia de género, y buscó a través de preguntas simples determinar cuándo la vida de una víctima corre peligro.

Esa política pública es la que el diputado provincial Pereyra Pigerl intentará replicar en Misiones por medio del proyecto Ley que aborda un protocolo de acción rápida, capacitando a cada agente de la fuerza y otros entes interviniente con esta herramienta para distinguir un caso de “violencia letal” y resguardar la vida de la víctima.

“Las preguntas no están dirigidas para detectar la violencia psicológica, económica o de otra índole, son preguntas que sólo van al riesgo que está corriendo la vida de la víctima o su integridad física”, precisó el legislador sobre el cuestionario en diálogo con La Voz de Misiones.

Y se explayó: “Es como un botón grave de ‘esto puede ser un femicidio’, eso fue discutido en La Florida en el caso de Gabby Petito, porque la policía había detectado, pero no actuó con este procedimiento. Quizá le hubiese salvado la vida, con eso tampoco se puede ser tan asertivo”.

Diferencias con la Ley Micaela

El diputado renovador descartó que la iniciativa tenga similitudes o cumpla con el mismo rol que la Ley Micaela (27.499), que se promulgó en la Argentina en enero del 2019 y estableció la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

A modo de concientización y conmemoración, la legislación nacional lleva el nombre de la joven entrerriana Micaela García (21), militante del Movimiento Evita y de Ni Una Menos, quien fue víctima de femicidio en manos Sebastián Wagner.

“La Ley Micaela es otro tema, ella establece que todos tenemos que estar formados en violencia de género”, insistió Pereyra Pigerl sobre la legislación y aclaró que el formulario que propone en su iniciativa es “una herramienta” para que la Policía o la persona interviniente en casos de violencia de género utilice y, de detectarse que la víctima corra peligro de vida, se activen las medidas correspondientes.

“Si descubre que entre las cinco respuestas la víctima responde positivamente, el funcionario deberá derivar con urgencia el caso al Poder Judicial porque hay un riesgo letal”, sostuvo el diputado.

En cuanto a las medidas que se tomarán a partir de detectar la peligrosidad del caso, Pereyra Pigerl explicó que es una herramienta para agilizar las medidas judiciales: “Estamos hablando de botones de pánico, sí, de medidas perimetrales, sí, y de hasta una custodia personal con fuerzas de seguridad, sí”.

Figura Femicidio

Para el diputado Rafael Pereyra Pigerl el hecho de que el gobierno de Javier Milei anunciará que derogará la ley que instauró la figura del femicidio como agravante del homicidio en el Código Procesal Penal de la Nación, también es motivo para avanzar en la tierra colorada con legislaciones de prevención.

Sobre esta decisión del gobierno nacional, el diputado opinó: “Me parece un retroceso, porque si bien es punitivo, implica claramente una política de Estado donde se protege a las mujeres y donde tenemos que avanzar es en esa dinámica, como fuimos avanzando hasta hoy en día”.

Y continuó: “Sabemos que hay casos de gravedad, porque no vivimos en una burbuja, en este año ya ocurrieron dos femicidios en Misiones, entonces sí tenemos que ir a la parte punitiva, pero lo que yo quise aportar -con el proyecto de ley- es la preventiva”.

Además, cuestionó que de ir marcha atrás con la legislación representará “una herida profunda en todo el trabajo que venimos haciendo para proteger a las mujeres y en materia de violencia de género, que no es un tema menor, ni de debate, sino de protección por todo lo que se ve en los casos de femicidio.

Argentina estuvo entre uno de los primeros países de Latinoamérica en incorporar la figura del femicidio, la cual contempla la forma más extrema de violencia contra las mujeres.

Con la promulgación de la tipificación penal que fue incorporada en el artículo 80, inciso 11, del Código Penal el 14 de diciembre del 2012, durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, este 2025 se cumplen 13 años que quienes asesinan a una mujer por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier relación interpersonal, en la comunidad, reciben la pena de prisión perpetua.

Datos

Recientemente, el observatorio “Ahora que sí nos ven” informó que, de acuerdo a datos recabados de diferentes medios gráficos y digitales del país, en lo que va del año se registró 52 femicidios en Argentina. 1 femicidio cada 27 horas.

Con los datos alarmantes, el observatorio advirtió que “hubo más femicidios que en el mismo período del 2024 (49)”, y en esa línea apuntó contra el gobierno de La Libertad Avanza: “Este aumento también se observó en las denuncias y medidas de protección. Insistimos en la importancia de la implementación de políticas públicas de prevención de la violencia de género: No son un curro”.

En Misiones, en los primeros meses del año, se registraron dos casos de femicidios que involucran a un ex penitenciario y, en el más reciente, el asesinato de la preceptora Soledad Machuca, un agente de la Policía de Misiones.

De acuerdo a datos recabados por La Voz de Misiones en base a información judicial, los datos de femicidio en la provincia mantiene los mismos índices desde el 2020, entre 6 y 5 casos por año, habiéndose registrado solo 1 caso en 2021.

PROYECTO LEY EVALUACION DE RIESGO LETAL

Política

Justicia Federal ratificó suspensiones de Arrúa, Comparín y Kornuta en el PJ

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PJ

El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Posadas rechazó los recursos promovidos el diputado nacional y ex secretario general del Partido Justicialista (PJ) Misiones, Alberto Arrúa; la ex presidenta Myriam Comparín, y el ex apoderado Martín Kornuta, contra la resolución de la Intervención partidaria de sumariarlos por inconducta y suspenderlos como afiliados hasta que concluyan las actuaciones, que los imposibilitan participar de las elecciones internas del 19 de abril próximo.

Arrúa, Comparín y Kornuta, están acusados de “un accionar reiteradamente funcional a políticas ajenas al ideario justicialista y alineado al gobierno de Javier Milei, la sujeción a instrucciones políticas extrapartidarias y el incumplimiento de la obligación de entregar la sede, las unidades básicas, así como la documentación contable y los libros partidarios a las legítimas autoridades interventoras”.

Según informaron los interventores, Gustavo Arrieta y Máximo Rodríguez, en un comunicado, “la resolución judicial confirma la validez de las actuaciones llevadas adelante por la Intervención y ratifica la legalidad de la suspensión preventiva de afiliaciones dispuesta en el marco de los procedimientos disciplinarios en curso”.

“En su fallo, el Tribunal resolvió no hacer lugar al planteo de nulidad ni al recurso contra la suspensión preventiva de afiliación, concluyendo que la medida fue dictada conforme a la normativa partidaria vigente”, informa el comunicado.

El fallo del tribunal destaca que “la suspensión preventiva reviste carácter cautelar y no constituye una sanción definitiva, por lo que no implica la cancelación irreversible de derechos políticos”, tal como argumentaban los demandantes.

“Además, no se acreditó la existencia de vicios sustanciales ni perjuicio concreto que justifiquen la declaración de nulidad del procedimiento disciplinario”, reza el comunicado.

El juzgado reconoció también que los interventores, Arrieta y Rodríguez, “cuentan con facultades plenas para ejercer las atribuciones de los órganos partidarios durante el período de intervención” y reafirmó que “las suspensiones preventivas son decisiones propias del ámbito partidario y, como tales, no resultan revisables judicialmente en cuanto a su oportunidad o conveniencia”.

El fallo remarca, también, el hecho de que el PJ Misiones se encuentra intervenido por decisión de las autoridades nacionales del partido, ratificada por su Congreso Nacional, “otorgando plena validez a las facultades conferidas a los interventores para normalizar el distrito y garantizar la participación electoral”.

Asimismo, el tribunal destacó que la suspensión preventiva de Arrúa, Comparín y Kornuta, “se encuentra expresamente prevista en la Carta Orgánica partidaria y puede ser dispuesta mientras se sustancia el correspondiente sumario disciplinario”.

En el final del comunicado, los interventores reafirman su “compromiso con la normalización del Partido Justicialista en la provincia de Misiones, el fortalecimiento de la institucionalidad partidaria y el respeto irrestricto a las normas estatutarias y a la legalidad vigente”, y avisan que “las actuaciones disciplinarias continuarán su curso conforme a derecho y con pleno respeto de las garantías de defensa de todas las partes involucradas”.

 

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En medio de protestas, se trata la Reforma Laboral y el Régimen Penal Juvenil

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Reforma laboral protestas

Con la movilización de alrededor de 100 gremios, un corte con incidentes sobre la avenida 9 de Julio y una movilización hacia Plaza Congreso, comenzó la sesión en el Senado de la Nación para debatir la Reforma Laboral y el Régimen Penal Juvenil.

Desde tempranas horas de la mañana, la situación generó caos y tensión en la zona, debido a que la interrupción del tránsito -protagonizada por manifestantes de diferentes agrupaciones- fue sorpresiva y tomó diferentes calles y avenidas en los alrededores del Obelisco porteño, donde mantuvieron sendos enfrentamientos con efectivos de la Policía de la Ciudad.

Según un informe del Same, al que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas, en la avenida Cerrito y Roque Sáenz Peña, un efectivo de 33 años resultó herido con golpes, mientras que sufrió un traumatismo en una de sus rodillas y fue trasladado hacia el Hospital Militar Central.

En tanto, entre los manifestantes se observaron personas mayores que sufrieron forcejeos y enfrentamientos con efectivos policiales, tensión que en el transcurso de la mañana se trasladó hasta el edificio del Congreso, donde está previsto que a las 11 inicie la sesión en la que senadores oficialistas y aliados buscarán aprobar ambos proyectos impulsados por Javier Milei.

Tanto el proyecto de reforma laboral como el de régimen penal juvenil, fueron aprobados por la Cámara de Diputados previamente y podrían quedar sancionados este viernes en el Senado.

Las iniciativas cuentan con el respaldo de una coalición heterogénea liderada por La Libertad Avanza (LLA), junto al apoyo clave de la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y algunos bloques provinciales.

Con los votos de los misioneros, Diputados aprobó la reforma laboral de Milei

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Senado aprobó Ley de Glaciares con los votos de Arce, Rojas Decut y Goerling

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Con 40 votos afirmativos, 31 negativos y una abstención, el Senado de la Nación aprobó esta noche la reforma de la Ley de Glaciares 26.639, sancionada en 2010 para protección de las reservas estratégicas de agua potable, y achicó el escudo para permitir inversiones mineras y de hidrocarburos en las áreas protegidas.

Los misioneros, Carlos Omar Arce y Sonia Rojas Decut, del Frente Renovador Neo; y Martín Goerling, del PRO Misiones, acompañaron la media sanción de la ley, que pasa ahora a la Cámara de Diputados.

El pleno convalidó el proyecto del gobierno de Javier Milei, mientras en las redes se viralizaban las fotos de los activistas de Greenpeace y el camarógrafo de A24, Facundo Tedeschini, tirado al piso y golpeado a patadas por efectivos de la Policía Federal.

Ante la ausencia de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, que se encuentra de viaje en Chile, donde participa de la IV Cumbre del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (Clasi), la vocera de la represión en las afueras del Congreso fue la senadora de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich.

“Ya no soy ministra de Seguridad”, se escudó Bullrich, pero informó de un sumario contra el policía que se ensañó con Tedeschini.

Calificó la conducta del agente como “reprochable” y “desmedida”. Afirmó que “hubo una conducta que no fue normal” y que el jefe de la Policía Federal ya había tomado medidas al respecto.

Compatible

En el debate, que se desarrolló por varias horas, luego de que el pleno tratara el acuerdo del Mercosur – Unión Europea, participó la misionera Rojas Decut, quien aseguró que la reforma de la ley de glaciares no compromete el medioambiente.

“Este no es solo el debate de la modificación de una ley, sino de una visión de un país que queremos construir”, dijo Rojas Decut.

“Misiones no tiene glaciares, tiene reconocidos recursos naturales y un reconocido liderazgo en materia climática; Misiones es la provincia con mayor biodiversidad en la Argentina”, alegó.

“Nos hemos posicionado en los mercados de carbono, con una categoría doble A, que solo ha logrado el 0,2 % de programas ambientales en el mundo; lo que legitima la integridad y calidad de la gestión ambiental en Misiones”, señaló.

La parlamentaria misionera argumentó que el proyecto “representa la demostración de que el desarrollo sostenible, cuando se apoya en la institucionalidad es posible”.

“Defendemos la institucionalidad ambiental, creemos en el desarrollo sostenible; estamos convencidos que no podemos hipotecar nuestros recursos estratégicos, pero tampoco podemos condenar a nuestra Argentina a la improductividad”, afirmó.

“Las provincias son dueñas originarias de sus recursos, por lo tanto, deben ejercer sus atribuciones con base científica, evaluaciones y participación ciudadana”, agregó y aseguró que “el tenor de la reforma es compatible con el ‘principio de no regresión ambiental’ del acuerdo de Escazú”, que fue ratificado por el Congreso Nacional en 2020, mediante la Ley 27.566.

“Misiones puede afirmar con absoluta seguridad, porque supo construir todo un ecosistema de leyes de vanguardia, en una provincia que brinda servicios ecosistémicos no solamente en la Argentina”, dijo Rojas Decut.

“Nosotros consideramos que estas reformas no significan una reducción de la protección ambiental; no se bajan los estándares, se clarifican las competencias, se ordenan los criterios y se fortalecen los procesos de evaluación científica y ambiental”, afirmó y planteó: “El tenor de la reforma es plenamente compatible con el principio de no regresión ambiental”.

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