Política
Femicidio: buscan implementar un cuestionario preventivo en Misiones
Por medio de un proyecto de Ley, buscan implementar un cuestionario para detectar casos de violencia “letal” o “grave” y prevenir femicidios en Misiones. La iniciativa es impulsada en la Cámara de Representantes por el diputado Rafael Pereyra Pigerl junto a sus pares renovadores.
El disparador del proyecto fue el caso del femicidio de Gabby Petito (22) en los Estados Unidos, en el cual había como antecedente una denuncia realizada por un testigo que reportó a la Policía una discusión en la vía pública entre la joven influencer y su pareja Brian Christopher Laundrie y terminó calificando la situación como “un colapso mental”.
Al conocerse el femicidio, el debate público estadounidense giró en torno a que si los agentes hubieran detectado el peligro en el que se encontraba Petito cuando la entrevistaron podrían haber evitado el trágico hecho.
Debido a la presión social y a lo ocurrido con la influencer neoyorquina, el año pasado se legisló en La Florida y otros estados norteamericanos adoptar como medida preventiva el cuestionario que elaboró una reconocida enfermera de la Universidad Johns Hopkins que investigó diferentes temas sociales, entre ellos la violencia de género, y buscó a través de preguntas simples determinar cuándo la vida de una víctima corre peligro.
Esa política pública es la que el diputado provincial Pereyra Pigerl intentará replicar en Misiones por medio del proyecto Ley que aborda un protocolo de acción rápida, capacitando a cada agente de la fuerza y otros entes interviniente con esta herramienta para distinguir un caso de “violencia letal” y resguardar la vida de la víctima.
“Las preguntas no están dirigidas para detectar la violencia psicológica, económica o de otra índole, son preguntas que sólo van al riesgo que está corriendo la vida de la víctima o su integridad física”, precisó el legislador sobre el cuestionario en diálogo con La Voz de Misiones.
Y se explayó: “Es como un botón grave de ‘esto puede ser un femicidio’, eso fue discutido en La Florida en el caso de Gabby Petito, porque la policía había detectado, pero no actuó con este procedimiento. Quizá le hubiese salvado la vida, con eso tampoco se puede ser tan asertivo”.
Diferencias con la Ley Micaela
El diputado renovador descartó que la iniciativa tenga similitudes o cumpla con el mismo rol que la Ley Micaela (27.499), que se promulgó en la Argentina en enero del 2019 y estableció la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
A modo de concientización y conmemoración, la legislación nacional lleva el nombre de la joven entrerriana Micaela García (21), militante del Movimiento Evita y de Ni Una Menos, quien fue víctima de femicidio en manos Sebastián Wagner.
“La Ley Micaela es otro tema, ella establece que todos tenemos que estar formados en violencia de género”, insistió Pereyra Pigerl sobre la legislación y aclaró que el formulario que propone en su iniciativa es “una herramienta” para que la Policía o la persona interviniente en casos de violencia de género utilice y, de detectarse que la víctima corra peligro de vida, se activen las medidas correspondientes.
“Si descubre que entre las cinco respuestas la víctima responde positivamente, el funcionario deberá derivar con urgencia el caso al Poder Judicial porque hay un riesgo letal”, sostuvo el diputado.
En cuanto a las medidas que se tomarán a partir de detectar la peligrosidad del caso, Pereyra Pigerl explicó que es una herramienta para agilizar las medidas judiciales: “Estamos hablando de botones de pánico, sí, de medidas perimetrales, sí, y de hasta una custodia personal con fuerzas de seguridad, sí”.
Figura Femicidio
Para el diputado Rafael Pereyra Pigerl el hecho de que el gobierno de Javier Milei anunciará que derogará la ley que instauró la figura del femicidio como agravante del homicidio en el Código Procesal Penal de la Nación, también es motivo para avanzar en la tierra colorada con legislaciones de prevención.
Sobre esta decisión del gobierno nacional, el diputado opinó: “Me parece un retroceso, porque si bien es punitivo, implica claramente una política de Estado donde se protege a las mujeres y donde tenemos que avanzar es en esa dinámica, como fuimos avanzando hasta hoy en día”.
Y continuó: “Sabemos que hay casos de gravedad, porque no vivimos en una burbuja, en este año ya ocurrieron dos femicidios en Misiones, entonces sí tenemos que ir a la parte punitiva, pero lo que yo quise aportar -con el proyecto de ley- es la preventiva”.
Además, cuestionó que de ir marcha atrás con la legislación representará “una herida profunda en todo el trabajo que venimos haciendo para proteger a las mujeres y en materia de violencia de género, que no es un tema menor, ni de debate, sino de protección por todo lo que se ve en los casos de femicidio.
Argentina estuvo entre uno de los primeros países de Latinoamérica en incorporar la figura del femicidio, la cual contempla la forma más extrema de violencia contra las mujeres.
Con la promulgación de la tipificación penal que fue incorporada en el artículo 80, inciso 11, del Código Penal el 14 de diciembre del 2012, durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, este 2025 se cumplen 13 años que quienes asesinan a una mujer por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier relación interpersonal, en la comunidad, reciben la pena de prisión perpetua.
Datos
Recientemente, el observatorio “Ahora que sí nos ven” informó que, de acuerdo a datos recabados de diferentes medios gráficos y digitales del país, en lo que va del año se registró 52 femicidios en Argentina. 1 femicidio cada 27 horas.
Con los datos alarmantes, el observatorio advirtió que “hubo más femicidios que en el mismo período del 2024 (49)”, y en esa línea apuntó contra el gobierno de La Libertad Avanza: “Este aumento también se observó en las denuncias y medidas de protección. Insistimos en la importancia de la implementación de políticas públicas de prevención de la violencia de género: No son un curro”.
En Misiones, en los primeros meses del año, se registraron dos casos de femicidios que involucran a un ex penitenciario y, en el más reciente, el asesinato de la preceptora Soledad Machuca, un agente de la Policía de Misiones.
De acuerdo a datos recabados por La Voz de Misiones en base a información judicial, los datos de femicidio en la provincia mantiene los mismos índices desde el 2020, entre 6 y 5 casos por año, habiéndose registrado solo 1 caso en 2021.
PROYECTO LEY EVALUACION DE RIESGO LETAL
El Gobierno de la provincia dejó sin efecto la designación de Karina Mabel Acosta como Directora de Turismo Social del Ministerio de Turismo. La medida fue dispuesta mediante el Decreto N° 252, firmado en Posadas el 18 de febrero de 2026 y a partir de la fecha deja sin efecto el nombramiento establecido por la resolución N° 219 del 16 de febrero de 2024.
Acosta, se desempeñaba en el cargo de Directora de Turismo Social, categoría 23 del Agrupamiento Administrativo del Plantel de Cargos del Personal Permanente de la Jurisdicción 14 – Ministerio de Turismo – Unidad de Organización 01, Unidad Superior.
El decreto establece que el instrumento será refrendado por el ministro de Turismo, José María Arrúa, y dispone su registro, comunicación y notificación a las áreas correspondientes, entre ellas el Ministerio de Turismo, la Dirección General de Coordinación del Sector Público, la Dirección de Liquidaciones de Contaduría General y el Instituto de Previsión Social.
La norma lleva la firma del gobernador Hugo Mario Passalacqua y del ministro de Turismo.
Karina Acosta conocida en redes como “KarinaReina7” en TikTok (perfil que actualmente no existe), así como en sus diversas redes sociales, se presenta como creadora digital de Posadas y “counching Profesional”.
El gobierno decidió apartarla luego de la viralización de un video suyo en el que se la ve practicando parapente y afirma estar “volando por los aires de México, Cancún, para todos los pobres”. Luego esboza risas junto a quienes la acompañan y continúa con la frase: “Fuera, pobres”.
Además, en su cuenta de Facebook se presenta como presidenta de una asociación llamada Comunidad Solidaria y su última actividad publicada en redes sociales fue el 1 de febrero, durante el lanzamiento de los Carnavales Misioneros.
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Mediante el Decreto N.° 232, publicado hoy en el Boletín Oficial, el gobernador de Misiones, Mario Hugo Passalacqua, dispuso que los aumentos salariales que se establezcan para la administración pública durante todo el año no sean aplicables a sus haberes.
En los considerandos del documento oficial, el gobierno sostiene que “se mantienen las circustancias expresadas” en decretos anteriores sobre la situación económica nacional y provincial, que imponen la necesidad de “adoptar” medidas para reducir el gasto público.
En base a ello, se estableció en el primer artículo de la medida que, “a partir de la fecha de publicación y hasta el 31 de diciembre de 2026, los aumentos de haberes que se dispongan para el personal dependiente de la Administración Pública Central, no serán aplicables para los haberes que perciba el señor gobernador“.
El decreto lleva la firma del gobernador Passalacqua, así como también la del ministro de Gabinete, Héctor Safrán, y del ministro de Hacienda, Adolfo Safrán.
Tras retirar el artículo 44 de licencias médicas, el gobierno de Javier Milei logró, en la reunión de hoy de las comisiones de Legislación, y de Presupuesto y Hacienda, de la Cámara de Diputados, el dictamen de mayoría para el proyecto de reforma laboral, que se tratará mañana en el recinto.
El anuncio del dictamen corrió por cuenta del presidente de la plenaria de comisiones, el libertario correntino Lisandro Almirón, cuando transcurría menos de la mitad de la sesión y apenas había comenzado a correr la lista de diputados anotados como oradores.
“Quiero comunicarles que tenemos dictamen de mayoría con la firma de 44 diputados”, dijo Almirón y estallaron los aplausos entre los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados.
Entre los 44 firmantes del proyecto de reforma laboral del oficialismo, se anotaron los misioneros Oscar Herrera Ahuad, del Frente Renovador Neo, y el bróker financiero obereño, Diego Hartfield, de LLA Misiones.
“En Comisiones, obtuvimos el dictamen de mayoría para la Ley de Modernización Laboral. Mañana vamos por su sanción en el recinto. Seguimos avanzando en lo que prometimos”, posteó Hartfield en su cuenta de Instagram, poco después del festejo oficialista que siguió al anuncio de Almirón.
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La plenaria de comisiones comenzó pasadas las 14:00 horas y transcurrió en un ambiente espeso, producto del cierre de Fate, y arrancó con el desfile en el micrófono de dirigentes de las tres centrales sindicales, la CGT y las dos CTA, que adhieren al paro de mañana; un CEO de la plataforma Rappi, varios empresarios y un par de jueces del fuero laboral.
Entre unos y otros, se repartieron el apoyo y las críticas al proyecto de ley que desvela a la Casa Rosada y puso en pie de guerra a la oposición política y las organizaciones obreras argentinas.
“Este proyecto de ley, de clara inconstitucionalidad, no es una ley que se pueda tratar en instancias extraordinarias; todos, los 200 artículos, son en contra de los trabajadores y a favor de un grupo muy reducido de empresarios”, lanzó Hugo Godoy, de la CTA.
La idea fue refrendada por los cegetistas Jorge Solá, Cristian Jerónimo y Octavio Arguello, que siguieron a Godoy en el uso de la palabra.
Después, vinieron Gabriel Buenos, director de Asuntos Corporativos de Rappi, que hizo un repaso de datos duros de la plataforma de delivery que opera en Argentina desde 2018; Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas (Alal); y el presidente de la Federación Empresarial de Corrientes (Fecorr), Roberto Báez.
Buenos y Baez, ponderaron la reforma laboral mileista y abogaron por un dictamen del gobierno: “Es una herramienta necesaria para construir un país más competitivo, con más producción y desarrollo”, dijo el empresario correntino. Cremonte ratificó la posición de rechazo de la Alal.
La lista de invitados continuó con Claudio Marín, de la CTA; Julio Piumato, de la CGT; Mariano Biocca, de la Cámara Argentina Fintech; Roberto Pompa, de la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo; Santiago Mignone, presidente de IDEA; Gustavo Del Boca, de la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Córdoba; Andrea García Vior, jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo; y Vanesa Pagani, de la Asociación de Productores Independientes de Medios Audiovisuales (Apima).
Aquí también, las aguas se dividieron entre el taxativo rechazo y el apoyo incondicional. “Se escribió con una vieja máquina de escribir”, dijo, por ejemplo, Piumato. “Este proyecto no enfrenta al capital y el trabajo, los une para avanzar”, terció, por su parte Mignone. “Nos están engañando con el lenguaje”, tiró la jueza García Vior y recargó: “La intención es disolver la justicia nacional del trabajo”. “Es el fin del modelo sindical como lo tenemos actualmente”, lanzó.
Pagani, la trabajadora de Apima, pidió por dos artículos de los 219 que tiene el proyecto mileista, el 210 y 211. “No entendemos por qué forma parte de un proyecto como este”, dijo Pagani y explicó que tales normativas “desfinancian al cine independiente”, al restar de los tickets de los espectáculos un aporte que va a sector. “Se van a perder muchos empleos formales”, alertó.
El resto de la plenaria continúa todavía con la intervención de los diputados miembros de las comisiones, con el oficialismo y sus aliados con la tranquilidad de haber asegurado el dictamen de mayoría del proyecto aprobado en el Senado la semana pasada; y la oposición, del peronismo y la izquierda, fustigando el texto que bajará al recinto mañana.
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