Política

El Dr. Diego Sebastián Meana entiende que la extinción de dominio es una confiscación de bienes sin proceso

Publicado

hace 7 años

24/01/2019

Por

La Voz de Misiones

CORRIENTES y POSADAS. El doctor Diego Sebastián Meana, docente de la cátedra de Derecho Penal de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), señaló que la extinción de dominio es “una confiscación de bienes sin proceso, que atentaría contra el derecho de propiedad y el debido proceso”.

Meana, quien además ejerce la docencia en otras importantes casas de estudios del país (UNCAUS, UCP, UBA), dio a conocer su opinión con respecto al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) sobre “Extinción de Dominio”, advirtiendo que su “reflexión sobre el tema no tiene vinculación política proselitista (ni a favor ni en contra) sino estrictamente jurídica”.

En su análisis, el docente y profesional del Derecho (en la foto a la derecha, acompañado por el reconocido profesor -doctor Marcelo Alberto Sancinetti) sostuvo:

I.- Cualquier consecuencia negativa que se derive de la comisión de un hecho punible es una pena, aunque se la quiera revestir de cualquier otra cosa (de hecho este DNU lo llama: “Régimen procesal de la acción civil de extinción de dominio”). En particular, no existen “acciones autónomas”, que “vayan contra las cosas”, tal como quiere presentarlo este DNU sobre “Extinción de Dominio”.

II.- Considero que tiene que regir el art. 23, del Código Penal, tal como existe hasta hoy. El decomiso en sí es una “extinción de dominio”, pero como derivado de la demostración de que las cosas “bajo el dominio” han sido adquiridas delictivamente o han sido utilizadas como instrumentos del delito.

III.- Si un sujeto tiene una cosa como producto de un delito, esta circunstancia tiene que ser establecida como consecuencia del ejercicio de la acción penal, como efecto del decomiso, y no puede desvincularse de esta naturaleza punitiva. En otras palabras más llanas pero directas: hoy 2019 existe disposiciones (por ende, no hay un vacío legal como muchos dicen) respecto al punto en cuestión.

IV.- Estamos ante una confiscación de bienes sin proceso, que atentaría contra el derecho de propiedad y el debido proceso, a fortiori, se violan palmariamente los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional.

V.- Sin confundir los temas, entiendo que la “Extinción de Dominio” lleva ínsita su invalidez, similar a lo que acaece con la previsión de tipos penales como el de “enriquecimiento ilícito”, derivado también de una presunción sin determinación del hecho supuestamente cometido.

VI.- Además, con este DNU se estaría aplicando una “nueva pena” y encima “anticipada”, violando el principio de inocencia.

VII.- El DNU elucida que la extinción de dominio podrá tener efectos retroactivos, conculcando así los derechos adquiridos.

VIII.- Como todavía no hay sentencia firme: ¿qué pasaría si se le aplica este DNU a una persona que luego resulta absuelta? Es decir, no se demostró nunca su culpabilidad pero igual otrora le despojamos de sus bienes (con toda la afrenta que ello conlleva, etc., etc.). En otros términos: ya son culpables de entrada y se invierte la carga de la prueba.

IX.- En sus partes pertinentes, tomo las palabras del Dr. AQUINO sobre EL PELIGROSO CAMINO DE LOS DECRETOS DE NECESIDAD Y URGENCIA (DNU): El art. 99, inc. 3°, de la Constitución Nacional tras la reforma del año 1994 establece que: “el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución para la sanción de las leyes y no se tratare de normas que regulen la materia penal, tributaria, electoral o el régimen de partidos políticos, podrá dictar decretos de necesidad y urgencia…” Se funda esta premisa en la división de poderes, principio liminar del sistema republicano.

El gobierno nacional está usando y hasta abusando de esta práctica, porque el presidente tiene posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias, proponer estos temas y provocar el debate. No existen las “circunstancias excepcionales que hacen imposible los trámites ordinarios previstos por la constitución para la sanción de las leyes”. No hay catástrofes naturales, no hay guerras civiles, conmociones sociales graves, ni conflictos bélicos con países hermanos, al contrario, bien pueden los legisladores trasladarse al Congreso y desde allí debatir y darles a la sociedad – o no – los instrumentos que emite el Presidente. Caso contrario si el Presidente legisla, además de administrar, esto dejaría de ser una república democrática y sería un cesarismo plebiscitario, que sin la participación del congreso impondría su voluntad más allá de los límites de la constitución.

Cuando se abusa de la excepción, se hace costumbre. Cuando hay costumbre, hay una cultura. No dejemos que avance la cultura autoritaria por sobre las claras fronteras constitucionales.

X.- Antes de finiquitar, creo coyuntural la ulterior pregunta: ¿sería constitucional si nuestro Congreso aprobara una “Ley de Extinción de Dominio” siguiendo el texto del actual DNU? Inteligibilizo que para responder eso, vale comentar lo que, por ejemplo, sucedió en Alemania.

El Código Penal alemán había introducido, por ley del 17/5/1992, un precepto de “imposición de pena patrimonial” (§ 43a, StGB), que quedaba limitada por la extensión del patrimonio del penado, aun cuando no estuviera clara la relación entre el hecho punible y el patrimonio detraído (en tanto fuera de presumir que los bienes pudieran haberse originado en hechos punibles). Empero, el Tribunal Constitucional Federal alemán declaró nula esa disposición, por ser incompatible con el art. 103, párrafo 2, GG (Ley Fundamental) que establece el principio de legalidad (“Un hecho sólo puede ser penado si la punibilidad estaba determinada legalmente antes de que el hecho fuera cometido”).

XI.- Por todo lo manifestado, la pregunta obligada sería: ¿estoy a favor de los delincuentes, de las asociaciones criminales, de los corruptos, etc., etc., que se enriquecen?, NO SEÑORES, DEBEN SER JUZGADOS Y CONDENADOS CON SENTENCIA FIRME PARA INMEDIATAMENTE SER DECOMISADOS LOS BIENES EN CUESTIÓN CONFORME EL ARTÍCULO 23 DEL CÓDIGO PENAL, PORQUE ESTOY CONVENCIDO QUE SE DEBEN RESPETAR LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES.

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Política

Goerling no aceptó el aumento de la dieta “lo voy donar al Hospital de Niños”

Publicado

hace 5 horas

14/03/2026

Por

Mónica Gómez

El senador por el Pro, Martin Goerling, no aceptó el reciente aumento del 9,4% de la dieta de los parlamentarios, elevando el salario de los funcionarios a más de $11 millones.

“Como todos los años, no acepte el aumento ”, expresa Goerling en comunicación con La Voz de Misiones.

Así como sus pares Arce y Rojas Decut del Frente de la Renovación renunciaron al aumento, el jefe del Bloque del Pro, se adhirió al acuerdo que el Senado realizó este año. Según explica dicho acuerdo tiene como finalidad donar el incremento de la dieta de aquellos senadores que se adhieran. “Este año corresponde que se designe al Hospital de Niños”.

“La Presidencia del Senado manda un formulario para hacer efectiva la donación”, explicó Goerling.

Y agrega que el listado de los funcionarios que aceptaron la donación a través del formulario, se dará a conocer en la página oficial del Senado.

“Desde que asumí lo hice, el primer año lo doné, el segundo renuncié y este aumento lo voy a donar”, señaló.

El aumento acordado fue del 12,5% acumulativo, producto de la paritaria entre las autoridades del Senado y los gremios legislativos, impacta directamente en las dietas de los senadores que esta sujeta al salario del personal por la Resolución 8/24, que fija la dieta en 2.500 módulos. A ese monto se suman gastos de representación (1.000 módulos) y desarraigo (500 módulos para legisladores del interior).

Desde junio de 2025 los senadores pueden renunciar de manera individual a estos incrementos, medida incorporada por la vicepresidenta Victoria Villarruel tras las polémicas por aumentos anteriores.

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Política

Fernando Zarza: “Si Passalacqua quiere motosierra, que empiece por el Eprac”

Publicado

hace 21 horas

13/03/2026

Por

Marcelo Ameri

El concejal de Posadas, Fernando Zarza, cargó contra las afirmaciones del martes en el HCD posadeño, de la titular del Ente Provincial Regulador de Aguas y Cloacas (Eprac), Soledad Balán, y lanzó: “La verdad que, si Passalacqua quisiera prender la motosierra, un lugar por el que puede empezar es el Eprac”.

“Ella fue a defender su postura y lo único que dijo es que la situación no es como sale en los medios, que el Eprac solo recibió 170 reclamos y que eso está dentro del rango normal”, comentó Zarza, en diálogo con La Voz de Misiones.

En tal sentido, acusó a Balán de estar “faltando a la verdad”, porque “cualquiera que vaya al Eprac, cualquier día de la semana, ve que entran más de 170 personas por día para reclamar algo”.

“Ella cree que el Eprac no tiene responsabilidad en los hechos acontecidos porque, supuestamente, son pocos los reclamos, pero la protesta de ayer frente a Samsa la desmiente por completo”, disparó.

El edil de Hacemos pidió a los usuarios “prestar atención” a los ítems que figuran en las boletas de la empresa y señaló: “Hay un descuento del 3% destinado al financiamiento del Eprac, que lo pagamos todos los usuarios con cada factura”.

“Si vos multiplicás el 3% de una factura de agua promedio por la cantidad de usuarios de Posadas, estamos hablando de $400 millones mensuales”, calculó Zarza y agregó: “Si a esto le sumamos lo que el Estado le asigna, tenemos una masa total de más de $500 millones para un ente que no cumple con su función”.

Decisión política

Zarza opinó que “la solución pasa por una decisión política del gobierno provincial”. “Habría que volver a revisar los contratos de locación, pero si no se hizo en 27 años, no creo que lo vayan a hacer ahora; la verdad que no veo por parte del Estado animosidad para solucionarle el problema tarifario a los vecinos”, afirmó.

“El poder político de Misiones es el que tiene que tomar el toro por las astas”, remarcó el edil y propuso, como “la mejor salida”, que “el Estado vuelva a hacerse cargo de la empresa y, en un plazo perentorio, entregarle de nuevo a una empresa privada”, garantizando “tarifas razonables y pagables por los ciudadanos”.

“Con la tremenda crisis que hay ahora, las boletas se vuelven imposibles de pagar”, dijo Zarza y se quejó: “Es una locura que haya montos de millones de pesos, una familia tipo ni aunque deje la canilla abierta las 24 horas va a consumir $2 millones de agua”.

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Política

La sesión para tratar el caso Peyer en el Concejo de Caraguatay pasó al lunes

Publicado

hace 22 horas

13/03/2026

Por

Jorge Posdeley

La sesión extraordinaria convocada por el Concejo Deliberante de Caraguatay para tratar la situación del intendente Mario Peyer, denunciado por abuso sexual, fue postergada para el lunes.

La postergación de la sesión que estaba prevista para este viernes a la tarde obedeció, en gran parte, a los plazos previstos y a las labores periciales realizadas por la Policía minutos antes del inicio de la reunión parlamentaria.

“Se pidió una sesión extraordinaria para tratar el reemplazo del intendente por su pedido de licencia, pero al concejo todavía no había llegado su pedido. ¿Cómo íbamos a convocar a sesión por algo que todavía no había ocurrido?. La nota llegó después. Nadie lo niega, ella -por Norma Gularte- va a asumir, como tiene que ser, pero hay que respetar los tiempos que la ley dice”, explicó el edil Gustavo Fleitas, presidente del Concejo.

De esta manera, los ediles presentes decidieron que la nueva fecha para tratar la situación del alcalde municipal sea el próximo lunes, a las 11 de la mañana.

Se prevé que en la sesión, convocada esta misma mañana por la concejal Norma Gularte, se trate el pedido de licencia en el cargo que el intendente.

En caso de aprobarse la licencia, se concederá la intendencia en forma interina a la concejal Gularte, que fue electa a través del Frente Renovador y en diciembre del año pasado se pasó a las filas de La Libertad Avanza (LLA).

La decisión de Peyer fue comunicada a través de un posteo en su cuenta de Facebook y en el escrito indicó que “en virtud de las denuncias y acusaciones que han tomado estado público en contra de mi persona, comunico a mis vecinos de Caraguatay, y a toda la provincia, que he decidido presentar mi licencia al cargo de intendente”.

En la continuidad de la publicación, el intendente añadió que “me he puesto a entera y absoluta disposición de la Justicia, para colaborar en todo lo que fuese necesario, a fin de que se pueda esclarecer lo más pronto posible la grave y falaz denuncia de la cual he sido objeto”.

En otro párrafo, agregó que “desconozco la motivación o las causas que pueden haber desencadenado semejante acusación, pero manifiesto mi plena confianza en que la Justicia fallará a favor de la verdad, es decir, de mi inocencia. Y mientras atravieso este duro proceso, me rodearé del cariño de mi familia, que me apoya plenamente, y en el afecto de los vecinos de mi querida comunidad”.

La decisión llega 48 horas después de que se hiciera pública la denuncia que el jefe comunal registra en su contra desde el pasado 25 de febrero, cuando una trabajadora del Concejo Deliberante de Caraguatay lo acusó por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.

Sumado a la presentación inicial, ese mismo miércoles la denunciante compareció ante el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, instancia en la que ratificó cada una de sus acusaciones, brindando un detallado relato de los padecimientos que afirma haber sufrido en manos del alcalde que llegó al cargo en 2023.

FOTO: EL TERRITORIO