Política
El Dr. Diego Sebastián Meana entiende que la extinción de dominio es una confiscación de bienes sin proceso
CORRIENTES y POSADAS. El doctor Diego Sebastián Meana, docente de la cátedra de Derecho Penal de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), señaló que la extinción de dominio es “una confiscación de bienes sin proceso, que atentaría contra el derecho de propiedad y el debido proceso”.
Meana, quien además ejerce la docencia en otras importantes casas de estudios del país (UNCAUS, UCP, UBA), dio a conocer su opinión con respecto al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) sobre “Extinción de Dominio”, advirtiendo que su “reflexión sobre el tema no tiene vinculación política proselitista (ni a favor ni en contra) sino estrictamente jurídica”.
En su análisis, el docente y profesional del Derecho (en la foto a la derecha, acompañado por el reconocido profesor -doctor Marcelo Alberto Sancinetti) sostuvo:
I.- Cualquier consecuencia negativa que se derive de la comisión de un hecho punible es una pena, aunque se la quiera revestir de cualquier otra cosa (de hecho este DNU lo llama: “Régimen procesal de la acción civil de extinción de dominio”). En particular, no existen “acciones autónomas”, que “vayan contra las cosas”, tal como quiere presentarlo este DNU sobre “Extinción de Dominio”.
II.- Considero que tiene que regir el art. 23, del Código Penal, tal como existe hasta hoy. El decomiso en sí es una “extinción de dominio”, pero como derivado de la demostración de que las cosas “bajo el dominio” han sido adquiridas delictivamente o han sido utilizadas como instrumentos del delito.
III.- Si un sujeto tiene una cosa como producto de un delito, esta circunstancia tiene que ser establecida como consecuencia del ejercicio de la acción penal, como efecto del decomiso, y no puede desvincularse de esta naturaleza punitiva. En otras palabras más llanas pero directas: hoy 2019 existe disposiciones (por ende, no hay un vacío legal como muchos dicen) respecto al punto en cuestión.
IV.- Estamos ante una confiscación de bienes sin proceso, que atentaría contra el derecho de propiedad y el debido proceso, a fortiori, se violan palmariamente los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional.
V.- Sin confundir los temas, entiendo que la “Extinción de Dominio” lleva ínsita su invalidez, similar a lo que acaece con la previsión de tipos penales como el de “enriquecimiento ilícito”, derivado también de una presunción sin determinación del hecho supuestamente cometido.
VI.- Además, con este DNU se estaría aplicando una “nueva pena” y encima “anticipada”, violando el principio de inocencia.
VII.- El DNU elucida que la extinción de dominio podrá tener efectos retroactivos, conculcando así los derechos adquiridos.
VIII.- Como todavía no hay sentencia firme: ¿qué pasaría si se le aplica este DNU a una persona que luego resulta absuelta? Es decir, no se demostró nunca su culpabilidad pero igual otrora le despojamos de sus bienes (con toda la afrenta que ello conlleva, etc., etc.). En otros términos: ya son culpables de entrada y se invierte la carga de la prueba.
IX.- En sus partes pertinentes, tomo las palabras del Dr. AQUINO sobre EL PELIGROSO CAMINO DE LOS DECRETOS DE NECESIDAD Y URGENCIA (DNU): El art. 99, inc. 3°, de la Constitución Nacional tras la reforma del año 1994 establece que: “el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución para la sanción de las leyes y no se tratare de normas que regulen la materia penal, tributaria, electoral o el régimen de partidos políticos, podrá dictar decretos de necesidad y urgencia…” Se funda esta premisa en la división de poderes, principio liminar del sistema republicano.
El gobierno nacional está usando y hasta abusando de esta práctica, porque el presidente tiene posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias, proponer estos temas y provocar el debate. No existen las “circunstancias excepcionales que hacen imposible los trámites ordinarios previstos por la constitución para la sanción de las leyes”. No hay catástrofes naturales, no hay guerras civiles, conmociones sociales graves, ni conflictos bélicos con países hermanos, al contrario, bien pueden los legisladores trasladarse al Congreso y desde allí debatir y darles a la sociedad – o no – los instrumentos que emite el Presidente. Caso contrario si el Presidente legisla, además de administrar, esto dejaría de ser una república democrática y sería un cesarismo plebiscitario, que sin la participación del congreso impondría su voluntad más allá de los límites de la constitución.
Cuando se abusa de la excepción, se hace costumbre. Cuando hay costumbre, hay una cultura. No dejemos que avance la cultura autoritaria por sobre las claras fronteras constitucionales.
X.- Antes de finiquitar, creo coyuntural la ulterior pregunta: ¿sería constitucional si nuestro Congreso aprobara una “Ley de Extinción de Dominio” siguiendo el texto del actual DNU? Inteligibilizo que para responder eso, vale comentar lo que, por ejemplo, sucedió en Alemania.
El Código Penal alemán había introducido, por ley del 17/5/1992, un precepto de “imposición de pena patrimonial” (§ 43a, StGB), que quedaba limitada por la extensión del patrimonio del penado, aun cuando no estuviera clara la relación entre el hecho punible y el patrimonio detraído (en tanto fuera de presumir que los bienes pudieran haberse originado en hechos punibles). Empero, el Tribunal Constitucional Federal alemán declaró nula esa disposición, por ser incompatible con el art. 103, párrafo 2, GG (Ley Fundamental) que establece el principio de legalidad (“Un hecho sólo puede ser penado si la punibilidad estaba determinada legalmente antes de que el hecho fuera cometido”).
XI.- Por todo lo manifestado, la pregunta obligada sería: ¿estoy a favor de los delincuentes, de las asociaciones criminales, de los corruptos, etc., etc., que se enriquecen?, NO SEÑORES, DEBEN SER JUZGADOS Y CONDENADOS CON SENTENCIA FIRME PARA INMEDIATAMENTE SER DECOMISADOS LOS BIENES EN CUESTIÓN CONFORME EL ARTÍCULO 23 DEL CÓDIGO PENAL, PORQUE ESTOY CONVENCIDO QUE SE DEBEN RESPETAR LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES.
A la salida del Congreso, tras obtener media sanción en la Cámara Baja el proyecto de ley de la reforma laboral, el diputado misionero por La Libertad Avanza (LLA), Diego Hartfield celebró el resultado de la sesión y destacó el alcance de la iniciativa. En el mismo sentido se expresó el legislador del PRO, Emmanuel Bianchetti, quien consideró que ahora “se terminó el modelo que empobreció al trabajador”.
El video fue grabado en el exterior del Palacio Legislativo. Allí se lo ve a Hartfield con una vestimenta distinta al traje que utilizó durante la sesión, mientras cruza la calle y se filma con su celular. De fondo se observa la cúpula del Congreso.
“El Congreso vivió una jornada realmente muy intensa. Me siento orgulloso de formar parte de un equipo que va a quedar en la historia como el más reformista”, afirmó.
Según señaló, la ley permitirá que quienes trabajan e inviertan puedan hacerlo “de una manera menos costosa y menos riesgosa”. También cuestionó la postura del kirchnerismo durante el debate: “Intentaron boicotear y sacarnos de eje, pero no lo lograron. Nos quedamos hasta el final y pudimos sancionar todos los artículos y títulos”.
Hartfield destacó especialmente la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), al que consideró un beneficio para los trabajadores por “garantizar parte de la indemnización” y permitir destinar aportes a ese fondo. Además, sostuvo que la iniciativa contribuirá a fortalecer el mercado de capitales y remarcó la necesidad de “seguir por este rumbo”.
Cabe destacar que el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) mencionado en el capítulo II del proyecto, está diseñado para financiar las indemnizaciones por despido, incluyendo preaviso e integración. El instrumento será generado por un aporte obligatorio mensual de las contribuciones patronales que se asignan al Anses hasta el momento.
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Por su parte, el diputado nacional por el PRO, Emmanuel Bianchetti, también celebró la aprobación de la reforma en sus redes sociales.
Este viernes por la mañana, Bianchetti publicó en su cuenta de X (ex Twitter): “Se terminó el modelo que empobreció al trabajador. Aprobamos la Modernización Laboral para dar un marco legal y digno a quienes hoy sobreviven en la informalidad”.
“Las provincias tienen la oportunidad histórica de desburocratizar y sumarse a este cambio. Sin reglas claras no hay empleo; sin empleo no hay progreso. ¡Hoy ganaron los que quieren trabajar!”, agregó.
Acto seguido, republicó un mensaje que señalaba: “Aplausos… Da gusto ver que la Argentina avanza a ser una Nación normal y competitiva como debe de ser”.
Se terminó el modelo que empobreció al trabajador. Aprobamos la Modernización Laboral para dar un marco legal y digno a quienes hoy sobreviven en la informalidad.
Las provincias tienen la oportunidad histórica de desburocratizar y sumarse a este cambio. Sin reglas claras no hay… pic.twitter.com/kCIvrzEL9i
— Emmanuel Bianchetti (@Bianchetti_E) February 20, 2026
Un grupo de diputados opositores presentaron este viernes en la Cámara de Representantes de Misiones un proyecto para la creación de una comisión especial de estudio y reforma del sistema electoral de la provincia, que -según se desprende de la parte dedicada a los fundamentos- pone la mira en la abolición del sistema de lemas y sublemas.
El proyecto, que ingresó a la Legislatura por la Mesa de Entradas este mediodía, lleva la firma del ex policía Ramón Amarilla, los radicales Santiago Koch, Francisco Fonseca y Rosa Kurtz, y la macrista Analía Labandoczka, aunque, según pudo saber La Voz de Misiones, a los firmantes se agregaría el diputado del Partido Agrario y Social (PAyS), Héctor Cacho Bárbaro.
El texto, al que tuvo acceso La Voz de Misiones, propone “Crear la Comisión Especial para el Estudio y Reforma del Régimen Electoral de la Provincia de Misiones, en los términos y con los alcances del artículo 48 del Reglamento de la Cámara de Representantes”.
El artículo segundo establece que la comisión “quedará integrada por un número impar de miembros, propuestos por los distintos bloques en la sesión respectiva, garantizando la representación de todos los sectores políticos conforme al principio de proporcionalidad”.
En el tercero, le otorga a la comisión legislativa un plazo de 90 días para la revisión del sistema electoral misionero y la elevación al pleno de una propuesta de reforma.
En el artículo cuatro, el proyecto enumera los objetivos de la comisión especial: “Recopilar y analizar los proyectos legislativos e iniciativas vinculadas al régimen electoral provincial presentados ante esta Cámara; relevar antecedentes legislativos nacionales, provinciales y comparados en materia electoral; convocar a funcionarios, académicos y especialistas en sistemas electorales para que aporten conocimientos y sugerencias; recibir a organizaciones de la sociedad civil vinculadas al fortalecimiento institucional y la calidad democrática; y sistematizar la información obtenida y elaborar un informe conclusiones y propuestas de modificación a la legislación vigente.
En los artículos quinto y sexto, el proyecto señala que la comisión especial trabajará con la “estructura administrativa asignada a la Comisión de Asuntos Constitucionales, de los Derechos Humanos, Municipales y Juicio Político, sin generar erogaciones adicionales”, y que sus informes serán publicados para “conocimiento por parte de la ciudadanía y organismos interesados”.
Ley de Lemas
En la página dedicada a los fundamentos del proyecto, los legisladores firmantes hablan de “actualización, modernización y fortalecimiento democrático” y, enseguida, apuntan contra la ley de lemas que rige en la provincia.
“Nuestro sistema electoral provincial ha permanecido durante muchísimos años sin cambios sustanciales”, dicen los diputados y, punto seguido, van directamente al tema de fondo: “En primer lugar, se mantiene el sistema de lemas y sublemas, un mecanismo altamente criticado y resistido por amplios sectores del arco político, por cuanto distorsiona la voluntad popular y debilita el principio del voto directo”, señalan.
“Mientras tanto, en el ámbito nacional se ha avanzado de manera progresiva en reformas orientadas a mejorar la transparencia y la calidad institucional”, argumentan.
“Entre ellas, pueden mencionarse la implementación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, la modificación del sistema tradicional de boletas por modelos con colores e imágenes, y más recientemente la incorporación de la Boleta Única de Papel”, enumeran.
“Nada de ello ha sucedido en la Provincia de Misiones”, agregan. “Nuestro régimen electoral continúa prácticamente inalterado frente a un contexto político, social y tecnológico que ha cambiado de manera profunda”, reflexiona los diputados y advierten que “esta falta de actualización genera una brecha entre la ciudadanía y el sistema de representación, debilitando la confianza pública en los procesos electorales”.
“Durante todo este tiempo han proliferado numerosas iniciativas legislativas que proponen la actualización y modernización del sistema electoral provincial. Existen proyectos de distintos bloques que coinciden en la necesidad de reformar las reglas de competencia democrática, pero que requieren un ámbito específico de análisis, debate técnico y construcción de consensos”, señalan, en otra parte del escrito.
En tal sentido, ponen a la comisión especial propuesta en el proyecto como un ámbito que haga el trabajo de archivo de las iniciativas legislativas cajoneadas, pueda analizarlas, consultar a especialistas, y sacar un borrador de propuesta final.
“La reforma del sistema electoral no puede seguir postergándose. Modernizarlo, transparentarlo y adecuarlo a los estándares actuales es una responsabilidad institucional de esta Cámara para con el pueblo de la provincia”, concluyen los legisladores firmantes.
La diputada nacional por el Frente Renovador Neo, Yamila Ruiz, tiene sus redes sociales desactivadas desde este viernes, un día después de la aprobación de la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, iniciativa que acompañó con su voto, al igual que los otros seis legisladores misioneros, de diferentes espacios políticos.
Ya desde su pasó por la Legislatura misionera Yamila Ruiz se caracterizó por utilizar sus redes sociales como principal medio para comunicar sus proyectos de ley, visibilizar acciones políticas e incluso difundir actividades, ferias y festivales populares en la provincia, donde se mostraba en recorridas y charlas con vecinos.
Sin embargo, desde este viernes sus cuentas, que siempre fueron de perfil público, aparecen desactivadas o como “inexistentes”, tanto en X como en Instagram, una de las más utilizadas.
El “apagón” de las redes se da en paralelo a un embate digital que la legisladora comenzó a recibir antes y luego de la votación de la reforma laboral, por parte de internautas que la acusaron de “traidora”, entre otros señalamientos, insultos y hasta amenazas.
Tanto ella, como sus compañeros de bancada, los también renovadores Daniel Colo Vancsik, Oscar Herrera Ahuad y el peronista Alberto Arrúa, ya habían sido blanco de críticas desde el comienzo de la jornada del jueves al dar el quórum necesario para el inicio del tratamiento legislativo de la iniciativa que ahora debe volver al Senado debido a la modificación del proyecto original.
Los señalamientos incluso partieron de parte de otros legisladores, como por ejemplo, Julia Strada, de Unión por la Patria (UP), que filmó el ingreso de los diputados renovadores al recinto y lo compartió en su cuenta de X.
Entra Catamarca para dar quórum
También Tucumán
También Salta
También Misiones pic.twitter.com/wsSxeD3fDu— Julia Strada (@Juli_Strada) February 19, 2026
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