Política
El Dr. Diego Sebastián Meana entiende que la extinción de dominio es una confiscación de bienes sin proceso
CORRIENTES y POSADAS. El doctor Diego Sebastián Meana, docente de la cátedra de Derecho Penal de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), señaló que la extinción de dominio es “una confiscación de bienes sin proceso, que atentaría contra el derecho de propiedad y el debido proceso”.
Meana, quien además ejerce la docencia en otras importantes casas de estudios del país (UNCAUS, UCP, UBA), dio a conocer su opinión con respecto al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) sobre “Extinción de Dominio”, advirtiendo que su “reflexión sobre el tema no tiene vinculación política proselitista (ni a favor ni en contra) sino estrictamente jurídica”.
En su análisis, el docente y profesional del Derecho (en la foto a la derecha, acompañado por el reconocido profesor -doctor Marcelo Alberto Sancinetti) sostuvo:
I.- Cualquier consecuencia negativa que se derive de la comisión de un hecho punible es una pena, aunque se la quiera revestir de cualquier otra cosa (de hecho este DNU lo llama: “Régimen procesal de la acción civil de extinción de dominio”). En particular, no existen “acciones autónomas”, que “vayan contra las cosas”, tal como quiere presentarlo este DNU sobre “Extinción de Dominio”.
II.- Considero que tiene que regir el art. 23, del Código Penal, tal como existe hasta hoy. El decomiso en sí es una “extinción de dominio”, pero como derivado de la demostración de que las cosas “bajo el dominio” han sido adquiridas delictivamente o han sido utilizadas como instrumentos del delito.
III.- Si un sujeto tiene una cosa como producto de un delito, esta circunstancia tiene que ser establecida como consecuencia del ejercicio de la acción penal, como efecto del decomiso, y no puede desvincularse de esta naturaleza punitiva. En otras palabras más llanas pero directas: hoy 2019 existe disposiciones (por ende, no hay un vacío legal como muchos dicen) respecto al punto en cuestión.
IV.- Estamos ante una confiscación de bienes sin proceso, que atentaría contra el derecho de propiedad y el debido proceso, a fortiori, se violan palmariamente los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional.
V.- Sin confundir los temas, entiendo que la “Extinción de Dominio” lleva ínsita su invalidez, similar a lo que acaece con la previsión de tipos penales como el de “enriquecimiento ilícito”, derivado también de una presunción sin determinación del hecho supuestamente cometido.
VI.- Además, con este DNU se estaría aplicando una “nueva pena” y encima “anticipada”, violando el principio de inocencia.
VII.- El DNU elucida que la extinción de dominio podrá tener efectos retroactivos, conculcando así los derechos adquiridos.
VIII.- Como todavía no hay sentencia firme: ¿qué pasaría si se le aplica este DNU a una persona que luego resulta absuelta? Es decir, no se demostró nunca su culpabilidad pero igual otrora le despojamos de sus bienes (con toda la afrenta que ello conlleva, etc., etc.). En otros términos: ya son culpables de entrada y se invierte la carga de la prueba.
IX.- En sus partes pertinentes, tomo las palabras del Dr. AQUINO sobre EL PELIGROSO CAMINO DE LOS DECRETOS DE NECESIDAD Y URGENCIA (DNU): El art. 99, inc. 3°, de la Constitución Nacional tras la reforma del año 1994 establece que: “el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución para la sanción de las leyes y no se tratare de normas que regulen la materia penal, tributaria, electoral o el régimen de partidos políticos, podrá dictar decretos de necesidad y urgencia…” Se funda esta premisa en la división de poderes, principio liminar del sistema republicano.
El gobierno nacional está usando y hasta abusando de esta práctica, porque el presidente tiene posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias, proponer estos temas y provocar el debate. No existen las “circunstancias excepcionales que hacen imposible los trámites ordinarios previstos por la constitución para la sanción de las leyes”. No hay catástrofes naturales, no hay guerras civiles, conmociones sociales graves, ni conflictos bélicos con países hermanos, al contrario, bien pueden los legisladores trasladarse al Congreso y desde allí debatir y darles a la sociedad – o no – los instrumentos que emite el Presidente. Caso contrario si el Presidente legisla, además de administrar, esto dejaría de ser una república democrática y sería un cesarismo plebiscitario, que sin la participación del congreso impondría su voluntad más allá de los límites de la constitución.
Cuando se abusa de la excepción, se hace costumbre. Cuando hay costumbre, hay una cultura. No dejemos que avance la cultura autoritaria por sobre las claras fronteras constitucionales.
X.- Antes de finiquitar, creo coyuntural la ulterior pregunta: ¿sería constitucional si nuestro Congreso aprobara una “Ley de Extinción de Dominio” siguiendo el texto del actual DNU? Inteligibilizo que para responder eso, vale comentar lo que, por ejemplo, sucedió en Alemania.
El Código Penal alemán había introducido, por ley del 17/5/1992, un precepto de “imposición de pena patrimonial” (§ 43a, StGB), que quedaba limitada por la extensión del patrimonio del penado, aun cuando no estuviera clara la relación entre el hecho punible y el patrimonio detraído (en tanto fuera de presumir que los bienes pudieran haberse originado en hechos punibles). Empero, el Tribunal Constitucional Federal alemán declaró nula esa disposición, por ser incompatible con el art. 103, párrafo 2, GG (Ley Fundamental) que establece el principio de legalidad (“Un hecho sólo puede ser penado si la punibilidad estaba determinada legalmente antes de que el hecho fuera cometido”).
XI.- Por todo lo manifestado, la pregunta obligada sería: ¿estoy a favor de los delincuentes, de las asociaciones criminales, de los corruptos, etc., etc., que se enriquecen?, NO SEÑORES, DEBEN SER JUZGADOS Y CONDENADOS CON SENTENCIA FIRME PARA INMEDIATAMENTE SER DECOMISADOS LOS BIENES EN CUESTIÓN CONFORME EL ARTÍCULO 23 DEL CÓDIGO PENAL, PORQUE ESTOY CONVENCIDO QUE SE DEBEN RESPETAR LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES.
Política
Misiones tendrá presencia en 21 comisiones de Diputados
Los diputados nacionales de Misiones que asumieron el 10 de diciembre, Oscar Herrera Ahuad, del Frente Renovador Neo; y Diego Hartfield y Maura Gruber, de La Libertad Avanza, se incorporaron este martes a varias de las comisiones legislativas permanentes de la Cámara para el período ordinario de sesiones inaugurado por el presidente Javier Milei el domingo 1 de marzo pasado.
Herrera Ahuad y Hartfield compartirán el trabajo en la comisión de Economía, por donde pasan todos aquellos proyectos sobre políticas económicas y financieras; régimen aduanero y acuerdos de comercio, entre otros.
El ex gobernador participará también de las comisiones de Agricultura y Ganadería, y de Defensa Nacional; mientras que el ex tenista obereño integra además la comisión de Industria, donde hará dupla con su colega, la empresaria forestal Gruber.
Hartfield subió este martes un reel a su cuenta de Instagram, informando de la constitución de las comisiones en que trabajará este año en la Cámara de Diputados.
“Hoy constituimos las comisiones de Economía e Industria en la Cámara de Diputados”, escribió el broker financiero.
“Orgulloso de representar a los misioneros y al bloque de La Libertad Avanza en estas comisiones que son clave para transformar nuestro país”, señaló.
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“Una comisión es el espacio donde comienza el trabajo legislativo. Aquí debatimos y pulimos los proyectos de ley que van a cambiar nuestra realidad”, explicó.
“Economía e Industria son pilares fundamentales para el desarrollo que necesita Argentina”, ponderó.
“Nuestro compromiso es claro: que el Estado deje de ser una traba para quienes quieren invertir, emprender y crecer en nuestro país”, finalizó.
Los cuatro
Asimismo, el resto de los legisladores misioneros, que ingresaron al Congreso en 2023 y tienen mandato hasta 2027, los renovadores Yamila Ruiz, Alberto Arrúa y Daniel Colo Vancsik; y Emmanuel Bianchetti, del PRO Misiones, se distribuyeron entre otras varias de las comisiones legislativas constituidas hoy.
Ruiz integra las comisiones de Legislación General, Educación, Mujeres y Diversidad; Economías y Desarrollo Regional; y Peticiones, Poderes y Reglamento.
Por su parte, Vancsik participará en las comisiones de Transportes, Obras Públicas, Turismo y Deportes; y Arrúa formará parte de Energía y Combustibles, Juicio Político, e Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios.
A su vez, Bianchetti integra las comisiones de Mercosur, donde es secretario; Asuntos Constitucionales, Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones No Gubernamentales; y Legislación General, donde compartirá los debates con la renovadora Ruiz.
Política
Amarilla propone derogar el cobro de ATM a camiones en Misiones
El diputado provincial Ramón Amarilla, del bloque Algo Nuevo, presentó un proyecto de Ley en la Legislatura para derogar el cobro del anticipo del impuesto sobre los Ingresos Brutos aplicado por la Agencia Tributaria de Misiones (ATM) a los camiones de carga que ingresan, salen o transitan por los puestos de Control Fiscal ubicados en El Arco, en Posadas, sobre la ruta nacional 12, y en Centinela, en San José, sobre la 14.
En diálogo con La Voz de Misiones, el ex policía afirmó que el mecanismo tributario “es algo que va en contra de nuestra Constitución nacional”, al tiempo que citó los artículos 9, 10 y 11 de la ley fundamental, los cuales establecen que no habrán más aduanas que las nacionales, eliminando las provinciales; prohibiendo la creación de “derechos de tránsito”, por lo cual no se pueden cobrar impuestos por la “simple circulación de mercaderías, carruajes, entre otros”; y garantizando el “libre” desplazamiento de productos nacionales o extranjeros.
Amarilla señaló que el sistema alcanza a “toda la mercadería que entra desde otras provincias a Misiones, o que solamente transita” el territorio provincial y deben “pagar un canon de 4,5%”. Asimismo, indicó que la alícuota también se aplica a la producción de la tierra colorada que “sale hacia otros destinos, como a Buenos Aires, que tiene puerto”.
En ese sentido, el legislador provincial apuntó que la “aduana paralela” está “perjudicando” a todos los misioneros porque “nuestra economía está basada en la yerba mate; el té; el tabaco. A todos los productos que salen de Misiones hacia afuera le cobran ese canon, que es el ingreso bruto que después no le terminan devolviendo nunca”.
Además, el diputado planteó que el cobro de la tasa “termina” trasladándose a los precios y “los consumidores finales somos los más perjudicados de todos”.
“Esto llevó a que los comerciantes misioneros estén fundidos y arruinados”, dijo Amarilla a LVM y, en esa línea, explicó que el proyecto de ley surgió por planteos recibidos durante sus recorridas por la provincia. “No lo hacemos por una picardía, ni nada por el estilo; esto es algo que nos han solicitado”, remarcó.
Como ejemplo, mencionó la situación del comercio en Posadas: “El comerciante lo primero que te dice ‘por favor, la aduana paralela’, ‘no me deja comercializar con nadie’, ‘hay que incrementar los costos y tengo que pasarlo al consumidor final’. Acá tenemos más del 60% de impuestos que aplica la provincia a esos comerciantes, por eso se han cerrado un montón de locales”.
Bajo esa misma línea, el ex policía sostuvo que los dueños de locales o empresarios no tienen incentivos para “poder crecer” en la provincia y comparó la situación con la del comercio en Encarnación (Paraguay), donde “tienen un año de gracia y no deben pagar impuestos cuando recién empiezan”.
Según expuso, en la tierra colorada el panorama es diferente por “los impuestos provinciales; el costo de los alquileres; la energía carísima; y el agua, que como es de público conocimiento, más de 200 familias fueron perjudicadas por sobrefacturación recientemente”.
Centrándose nuevamente en los puestos de control de ATM y el cobro de la alícuota, el legislador cuestionó que desde el gobierno “tuvieron el tupé de decirnos que no es obligatorio, que es un aporte voluntario que hacen los transportistas, las empresas” e indagó: “Si es así, ¿por qué le mandan a seguir con Gendarmería o la Policía cada vez que un camionero no hace el desvío a la casilla de ATM? Lo hacen regresar y que pague el canon según el peso y la carga que lleva”.
Pedido de informe
Por otro lado, Amarilla expuso que su bloque -conformado con el legislador Miguel Núñez– también realizó un pedido de informe a la presidencia de la Cámara de Representantes de Misiones, presidida por Sebastián Macias, sobre los recursos que ingresan por la llamada “aduana paralela”.
“En qué se distribuye, a dónde va, porque estamos hablando de millones de pesos. Nunca ATM ha informado verdaderamente cuánto ingresa y a dónde va direccionado ese canon”, disparó el diputado provincial.
Al mismo tiempo, arremetió contra el ministro de Hacienda y Finanzas de Misiones: “Todas las declaraciones que ha hecho el contador nacional Adolfo Safrán, durante muchos años, es que la provincia tiene superávit y que nosotros tenemos las cuentas al día, hoy resulta que tienen problemas para pagar los sueldos, los incrementos que le han dado a los empleados públicos son miserables realmente”.
Consultado por LVM sobre cómo avanzarían en caso de que el oficialismo responda al pedido de informe, Amarilla respondió: “Nosotros vamos a estudiar los documentos y verdaderamente vamos a ver si es verdad o no. Tenemos que trabajar sobre documentación, no es solamente que nos van a dibujar un informe y nos vamos a quedar convencidos”.
Finalmente, el diputado sostuvo que espera tener el acompañamiento tanto de “opositores” como “oficialistas” cuando se debata el proyecto de ley para derogar la “aduana paralela” y cualquier medida provincial o municipal que imponga controles, cobros o restricciones que correspondan a funciones del régimen aduanero nacional. “Los 40 diputados debemos darle una solución a la economía misionera que hoy está pasando muy mal”, cerró.
La iniciativa de Amarilla, que ingresó este martes a la Legislatura por Mesa de Entradas, lleva la firma de los radicales Santiago Koch, Francisco Fonseca y Rosa Kurtz; de la macrista Analía Labandoczka; y de Martín Arjol, del Partido Libertario.
Política
Vecinos de Caraguatay en defensa de Peyer: “Es una maniobra para desplazarlo”
Hace casi una semana se hizo pública la denuncia contra el intendente de Caraguatay, Mario Peyer, por presunto acoso y abuso sexual a una trabajadora del Concejo Deliberante, lo que derivó en una licencia para quedar a disposición de la Justicia. En contraposición, un grupo de vecinos salió a las calles para manifestarse en su defensa, poniendo en duda la veracidad de las acusaciones: “Es muy raro lo que está pasando”.
La manifestación se dio en un marco de tensión política frente al Honorable Concejo Deliberante de esa localidad, tras el nombramiento de Norma Gularte (LLA) como intendenta interina.
En ese contexto, los manifestantes apuntaron a una “maniobra” para “desplazar” a Peyer, quien asumió el cargo como intendente el 10 de diciembre de 2023, bajo las banderas del Frente Renovador, en reemplazo de Ricardo Waidelich, quien estuvo al frente del municipio durante dos décadas.
Consultada por La Voz de Misiones, una fuente que prefirió resguardar su identidad por temor a represalias, afirmó: “Me parecen de mucha casualidad las movidas políticas que están haciendo. Yo no descarto, hay que tener presente que para los que vivimos en la zona conocemos el apellido Peyer, yo no pongo la mano en el fuego por nadie, pero los Peyer -y este puntualmente- siempre fue bien reputado en el pueblo, de buena familia, de buen apellido, gente con recursos económicos que se meten en la política no por necesidad, sino porque habrá visto una vocación”.
Y cerró: “Sí me parece muy raro el desenlace de quien ahora es interina. Vi que hubo una sesión especial, pero ver a la cúpula de LLA ahí fue mucha casualidad de golpe. Me huele raro, es mucha casualidad”.
Con estas palabras, se refirió al acto de asunción de Gularte tras una sesión extraordinaria y un breve acto que contó con la presencia de los diputados de La Libertad Avanza (LLA) Samantha Stekler y Osvaldo Manzoni, entre otras figuras del partido.
“Todo esto es muy raro y muy turbio. Estamos ante una mafia organizada. Con el tema de mi cargo, por ejemplo, ellos ya sabían que me habían reubicado, yo no tenía ni idea, sabían lo que había en la resolución, sabían todo”, manifestó otra fuente.
Por su parte, el concejal Gustavo Giménez se limitó a aguardar el dictamen de la Justicia: “Eso lo va a dictaminar el juez, si la causa es falsa o no es falsa, si es inocente o no es inocente. Nosotros tenemos que mantenernos al margen, yo no puedo meterme en un área que no me corresponde como concejal, porque soy un simple concejal y eso hay que dejar en manos del juzgado”.
El caso
La denuncia por abuso sexual contra Peyer se conoció el pasado lunes 11 de marzo. Fue presentada por una trabajadora del HCD quien, en su relato, aseguró que los hechos incluyeron violación, golpes y amenazas.
Aunque ese desenlace se habría producido el año pasado, la denuncia que disparó el caso fue radicada el 25 de febrero ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico y la semana pasada la mujer fue citada a ratificar su presentación ante el Juzgado de Instrucción Uno de la misma jurisdicción.
La causa continuará en el transcurso de esta semana y la siguiente con la toma de testimoniales, instancia en la cual los trabajadores administrativos y concejales citados, podrán contar todo lo que saben, vieron o escucharon sobre los hechos denunciados.
El caso Peyer avanza con toma de testimoniales: Gularte citada como testigo
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