El gobernador Hugo Passalacqua recibió este miércoles a productores yerbateros que avanzan en una estrategia judicial clave: una presentación en el fuero federal para declarar la inconstitucionalidad de las modificaciones que afectaron al Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym). La provincia anticipó su acompañamiento institucional, en una jugada con peso político y jurídico en el actual escenario nacional.

El eje de la medida no es menor. Según confirmó el abogado que lleva adelante la causa, Federico Paldosky, serán los propios productores -a través de asociaciones- quienes impulsarán la acción judicial, mientras que el Estado provincial evalúa sumarse como respaldo. “Los actores de las acciones judiciales son los productores a través de organizaciones. Nosotros al gobierno de la provincia le hemos pedido el apoyo institucional”, explicó.

En ese marco, una de las figuras posibles es la de “amicus curiae”, que permitiría a la provincia intervenir aportando argumentos técnicos y jurídicos sin ser parte directa del litigio. “Hay distintas formas de participar apoyando la acción y también haciendo una tarea pedagógica sobre la situación”, señaló.

Antecedente provincial

El propio Passalacqua, el 29 de diciembre de 2023, instruyó a la Fiscalía de Estado a presentar ante el Juzgado Federal de Posadas una medida cautelar en defensa de las funciones históricas del Inym, que se vieron afectadas tras la entrada en vigencia del DNU 70/2023. Ese antecedente marca la línea de acción que hoy la provincia vuelve a profundizar, ahora acompañando directamente la estrategia impulsada por los productores.

Una estrategia judicial en dos frentes

La presentación incluirá una acción principal y una medida cautelar. “Es una acción y un incidente, una medida cautelar”, detalló Paldosky, quien confirmó que la presentación se concretará en el fuero federal por tratarse de una impugnación contra decisiones del Poder Ejecutivo nacional.

“Es competencia federal ya que lo que se impugna es un acto del Poder Ejecutivo nacional”, precisó.

En ese sentido, aclaró un punto clave del debate público: la diferencia entre el DNU y su reglamentación. “El DNU cambia de facto la ley original del Inym sin pasar por el Congreso. Y otra cosa es el decreto reglamentario, que es una facultad del Poder Ejecutivo”, explicó.

El corazón de la demanda: inconstitucionalidad

La estrategia judicial tomará la forma de una acción declarativa de inconstitucionalidad. “Recogemos el guante que planteó la Justicia y presentamos una acción declarativa de inconstitucionalidad”, afirmó el abogado.

La presentación no será menor en términos técnicos: contará con 128 páginas de desarrollo jurídico, a las que se suma una cautelar de más de 60 páginas, además de un amplio cuerpo probatorio. “Hay muchísimas pruebas: informes, pericias, documentación institucional, el plan estratégico yerbatero”, indicó.

Tres ejes para cuestionar el DNU 70/23

El planteo se apoya en tres grandes bloques:

Falta de motivación: “El DNU, en lo que respecta al capítulo yerbatero, no tiene fundamentos concretos”.
Desviación de poder: “Se utilizó una facultad constitucional para beneficiar intereses particulares y no el interés general”.
Cambio en la naturaleza del INYM: “El DNU transforma al instituto en un apéndice de la gran industria”.

Según explicó el letrado, esto ya tiene efectos concretos: “Hoy ni siquiera es posible fijar precios de referencia, y eso se fundamenta en el DNU y su reglamentación”.

Alcance y respaldo

La presentación se enfocará exclusivamente en el capítulo yerbatero del decreto. “No tenemos legitimación para cuestionar todo el DNU, solo los artículos vinculados a la actividad yerbatera”, aclaró.

Del encuentro también participaron el ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori; Gustavo Hein, presidente de la Federación de Cooperativas Agrícolas de Misiones (Fedecoop) e integrante de la conducción de Coninagro.  Además, la medida contará con el acompañamiento de organizaciones del sector productivo a nivel nacional, como la Confederación General de la Producción (CGP) de la República Argentina, la misma que su presidente, Gastón Borsini, en una reunión días atrás, le entregó al gobernador bonaerense Axel Kicillof un documento sobre la situación del sector yerbatero a partir de la desregulación .

En este escenario, la judicialización del conflicto -ahora con el acompañamiento de la provincia- se posiciona como una estrategia central para restituir herramientas regulatorias que garanticen condiciones más equitativas en una de las principales economías regionales del país.

En un contexto nacional donde la intervención del Estado es fuertemente cuestionada, el reclamo yerbatero trasciende lo sectorial y escala al plano institucional. La disputa por el precio de la hoja verde y por el rol del Estado en la regulación de la actividad ingresa así de lleno en el terreno judicial, marcando un punto de inflexión en el conflicto.

• Foto de portada gentileza Economis

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El diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) Misiones, Diego Hartfield, anunció que iniciará acciones legales contra el presidente del Instituto de Macroeconomía Circular (Imac) y espada digital de la Renovación, Roque Gervasoni, por el resposteo en sus redes sociales de un video fake en su contra.

“Me llama la atención que un funcionario del Gobierno de Passalacqua replique videos falsos sobre mí”, dijo el ex tenista obereño, entrevistado por Radio UP, en referencia a un material viralizado esta semana, donde se acusa a Hartfield y al diputado provincial y presidente de LLA Misiones, Adrián Nuñez, de volar a Buenos Aires desde Apóstoles en jets privados pagados por la Anses y el Inym.

“Voy a avanzar con acciones legales contra Gervasoni, que hace una semana también había dicho que yo facilito la vuelta de los genocidas”, adelantó Hartfield.

“El modus operandi de estas cuentas, que no tienen un nombre, generalmente lo que hacen es, como hay un tema que está viralizado; por ejemplo, lo de los vuelos privados; entonces tiran un tema y la inteligencia de las redes sociales lo manijea mucho porque la gente se prende”, explicó.

“Cuando fue lo del caso Espert, algunos decían que yo tenía vínculos con Fred Machado. Entonces, esa es la manera de golpear, porque son videos que se viralizan mucho”, añadió.

“Pero, a mí lo que me llama la atención es que un funcionario del gobierno de Passalacqua lo postee y lo replique como si fuera una verdad total”, se quejó. “Me parece que el gobernador podría, de alguna manera, mandar una señal, educativa, de algún tipo de apercibimiento a su funcionario”, agregó.

“Yo voy a hacer acciones legales porque no es un dato menor”, lanzó el legislador obereño. “Una cosa es que un video de alguien que no sabemos quién es, y otra cosa es que un funcionario del gobierno, el señor Gervasoni, que ya había dicho hace una semana que yo facilito la vuelta de los genocidas, ahora repite esto”, distinguió Hartfield y afirmó: “Creo que amerita una denuncia penal y que él explique a la Justicia por qué dice esto”.

El ex tenista desmintió, asimismo, que desde LLA Misiones se haya amenazado de muerte al hijo del presidente del Imac, que, ayer, en otro posteo de Facebook, subió dos capturas de pantalla del usuario Lucho4x4, seudónimo de Luis Burg, a quien Gervasoni describió como “tipo violento”, que “tiene una casa de computación en San Vicente” y cuya hermana “trabaja para Martín Arjol“.

“Yo te puedo asegurar que La Libertad Avanza no tiene nada que ver con eso”, afirmó Hartfield.

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El Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Wanda declaró la emergencia por consumos problemáticos en el municipio, una medida que apunta a reconocer la gravedad de la situación a nivel local y a impulsar políticas públicas para su abordaje.

Durante la sesión ordinaria del último martes, los concejales aprobaron por unanimidad el proyecto presentado por la edil Silvia Lutz (La Libertad Avanza), solicitado por la Asociación Civil para el Desarrollo Misionero, coordinada por Samuel Doichele, una organización que contiene y asiste, a través de un agrocamping, a personas mayores de edad que atraviesan situaciones de consumo problemático.

En sus fundamentos, la iniciativa sostiene que el consumo problemático de sustancias psicoactivas constituye una de las problemáticas sociales, sanitarias y comunitarias “más complejas y urgentes”, con impacto no solo en las personas afectadas, sino también en sus familias, instituciones y en el entramado social en general.

En ese sentido, el documento advierte sobre un “incremento sostenido” de casos en la localidad, que demandan contención inmediata, acompañamiento terapéutico y dispositivos de atención integral. Además, remarca las consecuencias en ámbitos como la salud, la educación, la seguridad, el trabajo y la convivencia social.

El texto también pone en valor el trabajo que vienen realizando distintos actores comunitarios, como instituciones educativas, organizaciones sociales, espacios religiosos, equipos de salud y grupos de familiares, aunque señala que muchas de estas acciones se desarrollan de manera aislada y con recursos limitados.

Frente a este escenario, se plantea la necesidad de que toda intervención esté respaldada institucionalmente, con supervisión profesional y articulación con el sistema público de salud. Entre los puntos destacados, se subraya la importancia de garantizar la integridad física, psíquica y social de las personas en tratamiento, así como el respeto de sus derechos y la aplicación de protocolos sanitarios adecuados.

Asimismo, la declaración establece que el abordaje de los consumos problemáticos debe ser integral, incluyendo estrategias de prevención, concientización, reducción de riesgos, tratamiento, reinserción social y acompañamiento familiar.

En esa línea, se propone fortalecer la articulación entre el municipio y distintos sectores, como instituciones educativas, centros de salud, organizaciones civiles, iglesias, áreas sociales y fuerzas de seguridad con enfoque preventivo, entre otros.

El documento se enmarca en lo establecido por la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 y la Ley Nacional N° 26.934, que reconocen a las adicciones como una cuestión de salud pública y promueven dispositivos comunitarios con participación estatal e interdisciplinaria.

Entre los objetivos de la emergencia, se destacan la movilización de recursos municipales, provinciales y nacionales, el fortalecimiento de iniciativas comunitarias, la creación de dispositivos de atención, la implementación de campañas de prevención y la generación de espacios de contención para familiares.

Asimismo, se prevé la formalización de convenios con instituciones especializadas y el otorgamiento de asesoramiento técnico y respaldo legal a los dispositivos existentes.

Desde el Concejo señalaron que la declaración de emergencia constituye una herramienta “necesaria y urgente” para ordenar, coordinar y potenciar los esfuerzos en el territorio, con el objetivo de garantizar procesos de recuperación en condiciones dignas, seguras y acompañadas.

Finalmente, la medida posiciona a los consumos problemáticos como una prioridad en la agenda pública local y busca avanzar hacia un abordaje sostenido, comunitario y con perspectiva de derechos.

El documento lleva la firma de los concejales Mirta Noemí Berent, presidenta del HCD; Silvia Lutz; vicepresidenta del Concejo y autora del proyecto; Jorge Alberto Vier; Matías Duarte; Celita Junges; Víctor Hugo Cabrera; y de Fabiana Elizabeth Ferreyra.

Al igual que en Wanda, en el Concejo Deliberante de Puerto Iguazú recientemente se trató y se pasó a comisión un proyecto que busca declarar la emergencia por consumos problemáticos en la ciudad.

Concejales buscan declarar emergencia por consumo de drogas en Iguazú y Wanda

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