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Denuncian a Ninfa Alvarenga tras los audios del Pami y solicitan su detención

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Alvarenga

El ex administrador y el ex jefe de Recursos Humanos del Pami Misiones, Ricardo Zacarías y Sixto Fernández, denunciaron a la delegada del organismo previsional, Ninfa Alvarenga, por los delitos de “abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos”, y “extorsión calificada precedida de amenazas”.

En el expediente, que se tramita desde la semana pasada en el Juzgado Federal 1 de Posadas, los denunciantes solicitan que se llame a indagatoria a Alvarenga y se ordene su detención.

La acción judicial se da luego de que La Voz de Misiones publicara los audios filtrados de Alvarenga, donde se la escucha hablándole a Fernández de las renuncias anticipadas y de las transferencias de dinero de los miembros de su espacio libertario que asumieron en febrero los puestos ejecutivos del Pami en Posadas, y en las oficinas del interior provincial del organismo previsional.

La publicación de los audios y la resonancia que cobró el caso a nivel nacional, con su publicación en diversos medios como El Destape y Página/12, provocaron que Alvarenga denunciara a LVM por “injurias y calumnias”, según ella misma anunció hace unos días en diálogo con un medio de Eldorado.

La denuncia

“Tal como lo prueban las resoluciones que anexamos, fuimos designados en el mes de febrero y marzo del corriente año por el Sr. INTERVENTOR y la Dirección EJECUTIVA PAMI a nivel nacional en el puesto de Coordinador Administrativo Contable y Jefe referente Recursos Humanos, ambos puestos gerenciales”, señalan Zacarías y Fernández, en el relatorio de la denuncia en la Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional, de Posadas.

Los denunciantes cuentan que Alvarenga “se jactaba” de ser “amiga íntima” de la hermana del presidente y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y que en una reunión, “luego de un delirante discurso”, los “amenazó” y les exigió que “debíamos aportar de nuestro sueldo a su peculio personal”.

Relataron al fiscal, que la acusada les advirtió que si se negaban los echaría del Pami “con o sin causa, dada la íntima amistad que tenía con la Sra. MILEI”, y señalaron: “Esas fueron sus ‘nuevas reglas’ para continuar en nuestros cargos gerenciales”.

“Así las cosas, nos interpeló verbalmente que transfiriésemos luego del cobro del sueldo el 10% 15% y 20% de cada sueldo (de) aprox. de 3.000.000 de pesos que constituían nuestro Salario”, denunciaron.

“Cuando quisimos y le dijimos que no nos íbamos a seguir prestando a dicho juego, sobresale la Resolución de la Dirección Ejecutiva de PAMI A NIVEL NACIONAL, que prescinde de nuestros servicios bajo el lato argumento de ‘reordenamiento administrativo’”, agregaron y acusaron a Alvarenga: “Ella nos dijo que no hizo valer las renuncias anticipadas ante nuestro ‘incumplimiento’ dinerario, ya que había hablado a Buenos Aires, para que nos echen por cualquier pretexto como el narrado”.

La denuncia se ampara en los artículos 248, 256, 256 bis, 265 y 266, de la ley que penaliza los delitos contra la administración pública, y está patrocinada por los abogados Alejandro Jabornicky (Matrícula Federal T105 F465) y Roxana Ramírez Moll (Matrícula Federal T125 F354).

La legislación que invocan los denunciantes, reprime con uno a cuatro años de prisión e inhabilitación especial de uno a cinco años al funcionario que, abusando de su cargo, “solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por si o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva”; a la vez, que establece el pago de una multa de dos a cinco veces del monto de la exacción.

Las pruebas

En una ampliación posterior de la denuncia, Zacarías y Fernández, adjuntaron capturas de pantalla de chats de WhatsApp con Alvarenga, y constancias de las transferencias de Mercado Pago que le hicieron a ella y también s sus lugartenientes, Ricardo Valenzuela y Julio César Peralta, que funge de nuevo administrador del Pami Misiones y encargado de la Fundación Misión Libertad, de la dirigente libertaria.

Según denunciaron, Zacarías le transfería mensualmente el dinero a Valenzuela, y Fernández a Alvarenga.

En el escrito, al que accedió LVM, caracterizan a la dirigente libertaria como “persona narcisista, amenazadora, con cambios de humor que iban hacia lo violento”, y le atribuyen “actitudes paranoicas”.

Creemos que ella sola creó este modus operandi, para hacerse de esos dineros”, sostienen y argumentan que la delegada del Pami Misiones les dijo que debían “pagar” por ser miembros del espacio político, que “era una ‘exigencia moral o ética’”.

Política

Wanda declararó la emergencia por consumos problemáticos

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Wanda declararó la emergencia por consumos problemáticos

El Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Wanda declaró la emergencia por consumos problemáticos en el municipio, una medida que apunta a reconocer la gravedad de la situación a nivel local y a impulsar políticas públicas para su abordaje.

Durante la sesión ordinaria del último martes, los concejales aprobaron por unanimidad el proyecto presentado por la edil Silvia Lutz (La Libertad Avanza), solicitado por la Asociación Civil para el Desarrollo Misionero, coordinada por Samuel Doichele, una organización que contiene y asiste, a través de un agrocamping, a personas mayores de edad que atraviesan situaciones de consumo problemático.

En sus fundamentos, la iniciativa sostiene que el consumo problemático de sustancias psicoactivas constituye una de las problemáticas sociales, sanitarias y comunitarias “más complejas y urgentes”, con impacto no solo en las personas afectadas, sino también en sus familias, instituciones y en el entramado social en general.

En ese sentido, el documento advierte sobre un “incremento sostenido” de casos en la localidad, que demandan contención inmediata, acompañamiento terapéutico y dispositivos de atención integral. Además, remarca las consecuencias en ámbitos como la salud, la educación, la seguridad, el trabajo y la convivencia social.

El texto también pone en valor el trabajo que vienen realizando distintos actores comunitarios, como instituciones educativas, organizaciones sociales, espacios religiosos, equipos de salud y grupos de familiares, aunque señala que muchas de estas acciones se desarrollan de manera aislada y con recursos limitados.

Frente a este escenario, se plantea la necesidad de que toda intervención esté respaldada institucionalmente, con supervisión profesional y articulación con el sistema público de salud. Entre los puntos destacados, se subraya la importancia de garantizar la integridad física, psíquica y social de las personas en tratamiento, así como el respeto de sus derechos y la aplicación de protocolos sanitarios adecuados.

Asimismo, la declaración establece que el abordaje de los consumos problemáticos debe ser integral, incluyendo estrategias de prevención, concientización, reducción de riesgos, tratamiento, reinserción social y acompañamiento familiar.

En esa línea, se propone fortalecer la articulación entre el municipio y distintos sectores, como instituciones educativas, centros de salud, organizaciones civiles, iglesias, áreas sociales y fuerzas de seguridad con enfoque preventivo, entre otros.

El documento se enmarca en lo establecido por la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 y la Ley Nacional N° 26.934, que reconocen a las adicciones como una cuestión de salud pública y promueven dispositivos comunitarios con participación estatal e interdisciplinaria.

Entre los objetivos de la emergencia, se destacan la movilización de recursos municipales, provinciales y nacionales, el fortalecimiento de iniciativas comunitarias, la creación de dispositivos de atención, la implementación de campañas de prevención y la generación de espacios de contención para familiares.

Asimismo, se prevé la formalización de convenios con instituciones especializadas y el otorgamiento de asesoramiento técnico y respaldo legal a los dispositivos existentes.

Desde el Concejo señalaron que la declaración de emergencia constituye una herramienta “necesaria y urgente” para ordenar, coordinar y potenciar los esfuerzos en el territorio, con el objetivo de garantizar procesos de recuperación en condiciones dignas, seguras y acompañadas.

Finalmente, la medida posiciona a los consumos problemáticos como una prioridad en la agenda pública local y busca avanzar hacia un abordaje sostenido, comunitario y con perspectiva de derechos.

El documento lleva la firma de los concejales Mirta Noemí Berent, presidenta del HCD; Silvia Lutz; vicepresidenta del Concejo y autora del proyecto; Jorge Alberto Vier; Matías Duarte; Celita Junges; Víctor Hugo Cabrera; y de Fabiana Elizabeth Ferreyra.

Al igual que en Wanda, en el Concejo Deliberante de Puerto Iguazú recientemente se trató y se pasó a comisión un proyecto que busca declarar la emergencia por consumos problemáticos en la ciudad.

Concejales buscan declarar emergencia por consumo de drogas en Iguazú y Wanda

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Proyectan crear un observatorio de violencia escolar en Garupá

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Observatorio Violencia Escolar Garupá

El presidente del Honorable Concejo Deliberante de Garupá, Miguel Rauber, presentó este martes en sesión ordinaria un proyecto de ordenanza que propone la creación del Observatorio Municipal de Violencia Escolar, una herramienta institucional orientada a relevar, sistematizar y analizar situaciones de conflictividad en el ámbito educativo local.

La iniciativa busca generar información confiable y periódica sobre episodios de violencia escolar, con el objetivo de fortalecer políticas públicas preventivas y diseñar estrategias de intervención basadas en evidencia. Según el texto presentado, el observatorio funcionaría dentro del Concejo Deliberante y tendría carácter técnico y permanente.

Entre los principales objetivos planteados se encuentra la identificación de modalidades de violencia dentro y fuera de las escuelas, el análisis de factores de riesgo, la elaboración de indicadores cuantitativos y cualitativos y la producción de informes semestrales y anuales de acceso público.

El proyecto define como violencia escolar a toda acción, conducta u omisión que implique agresiones físicas, psicológicas o verbales, casos de bullying y ciberbullying, discriminación por razones de género, orientación sexual, religión, discapacidad u origen social, además de violencia simbólica e institucional.

La propuesta también prevé una estructura de funcionamiento dividida en tres áreas: una comisión legislativa integrada por concejales, una unidad técnica conformada por profesionales especializados y un consejo consultivo ad honorem con participación de actores del sistema educativo y organizaciones sociales.

Uno de los puntos destacados es la intención de articular el trabajo con el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec) mediante un convenio específico que permita establecer metodologías de recolección de datos, validación técnica e intercambio de información estadística.

En el texto también se subraya la necesidad de resguardar la identidad de niños, niñas y adolescentes, garantizando anonimización de datos sensibles, acceso restringido a bases de información y protocolos específicos de protección de datos personales.

La fundamentación del proyecto remarca que la violencia escolar constituye una problemática social compleja que impacta directamente en el desarrollo integral de estudiantes y en la convivencia institucional, por lo que considera necesario que el Estado municipal intervenga con herramientas propias de monitoreo y prevención.

Consenso y construcciones colectivas, el sello del HCD de Garupá para el 2026

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Política

Kicillof recibió reclamo de yerbateros y organizan reunión con él en Misiones

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Kicillof yerba mate

En una reunión llevada adelante hoy, productores yerbateros de Misiones pusieron en conocimiento al gobernador Axel Kicillof sobre la crisis del sector y advirtieron que “está en juego si la yerba seguirá siendo territorial y distributiva, o será un commodity, estandarizado y concentrado”.

Organizaciones de productores y la Cooperativa Río Paraná de Misiones le hicieron llegar al gobernador peronista un documento donde se detalla la crítica situación del sector de la yerba mate.

La presentación se dio hoy, 30 de marzo, de la mano de Gastón Borsini, integrante de la Confederación General de la Producción (CGP) de la República Argentina, quien entregó el escrito donde se ratifica la necesidad de recuperar todas las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym). 

“Esta es una reunión que el gobernador convocó con la idea de interiorizarse sobre las distintas problemáticas de los sectores productivos a nivel federal”, explicó Borsini a La Voz de Misiones.  

El documento, con contenido de la problemática del sector, fue titulado con el eslogan “La chacra no se vende, es Patria” y en sus más de 700 páginas refleja el crecimiento y desarrollo del sector durante la gestión del Inym (dos décadas) ejerciendo todas sus facultades, como así también la situación de crisis generada a partir de la desregulación. Además de las recientes modificaciones normativas introducidas a partir de la sanción del DNU 70/2023

“Desde la Confederación somos críticos con el ministerio de Desregulación. A (Federico) Sturzenegger y a sus medidas lo consideramos ‘anti productivo’”, apuntó.

El escrito contó con las firmas de los misioneros Jorge Skripczuk, presidente de la Asociación Civil Impulso Yerbatero; Hugo Sand, presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (Apam); Salvador María Torres, presidente de la Cooperativa Río Paraná Limitada; y Julio Petterson, presidente de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte , con el patrocinio letrado de José Federico Padolsky.  

En el texto se advierte sobre la situación yerbatera a partir de la desregulación impulsada por el gobierno de Javier Milei, donde se plantean dos modelos productivos claramente diferenciados: “Lo que se encuentra en juego es un modelo de desarrollo regional basado en la producción, el trabajo y la inclusión, frente a una dinámica que tiende a la concentración, la estandarización y la pérdida de valor territorial”.

Encuentro en Misiones

Segú comentó Gastón Borsini de CGP -Organización que representa a economías regionales- y donde el misionero Skripczuk es parte del Directorio en representación de la provincia de Misiones, Kicillof escuchó con preocupación la problemática planteada y pactó una visita Misiones. 

“El gobernador nos pidió si en el corto plazo se puede organizar un encuentro con las bases de los sectores yerbateros, dado que le gustaría visitar la provincia y escuchar de boca de los reales actores las problemáticas reales”, reveló.

La reunión, añadió Borsini, será en un plazo de no más de tres meses y se prevé que el mandatario bonaerense llegue acompañado por Javier Rodríguez, el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires.  

Y agregó que este “encuentro Agrario” convoca a los yerbateros, los tabacaleros y los demás productores, coordinado por la confederación “él asistirá como Gobernador y como posible candidato y construir su campaña presidencial”. 

Jorge Skripczuk explicó que para la Asociación Impulso Yerbatero es fundamental que el gobernador de Buenos Aires tenga conocimiento de la problemática.

“En el grupo de impulso participan productores que están dentro de la Confederación y hace unas semanas comenzamos con reuniones con funcionarios bonaerense para delinear estrategias de ventas. Buscando canales más directos de comercialización en esa provincia ya que es un nicho importante para ubicar la yerba de cooperativas o de pequeñas marcas”, indicó. 

 

 

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