El ex administrador y el ex jefe de Recursos Humanos del Pami Misiones, Ricardo Zacarías y Sixto Fernández, denunciaron a la delegada del organismo previsional, Ninfa Alvarenga, por los delitos de “abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos”, y “extorsión calificada precedida de amenazas”.

En el expediente, que se tramita desde la semana pasada en el Juzgado Federal 1 de Posadas, los denunciantes solicitan que se llame a indagatoria a Alvarenga y se ordene su detención.

La acción judicial se da luego de que La Voz de Misiones publicara los audios filtrados de Alvarenga, donde se la escucha hablándole a Fernández de las renuncias anticipadas y de las transferencias de dinero de los miembros de su espacio libertario que asumieron en febrero los puestos ejecutivos del Pami en Posadas, y en las oficinas del interior provincial del organismo previsional.

La publicación de los audios y la resonancia que cobró el caso a nivel nacional, con su publicación en diversos medios como El Destape y Página/12, provocaron que Alvarenga denunciara a LVM por “injurias y calumnias”, según ella misma anunció hace unos días en diálogo con un medio de Eldorado.

La denuncia

“Tal como lo prueban las resoluciones que anexamos, fuimos designados en el mes de febrero y marzo del corriente año por el Sr. INTERVENTOR y la Dirección EJECUTIVA PAMI a nivel nacional en el puesto de Coordinador Administrativo Contable y Jefe referente Recursos Humanos, ambos puestos gerenciales”, señalan Zacarías y Fernández, en el relatorio de la denuncia en la Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional, de Posadas.

Los denunciantes cuentan que Alvarenga “se jactaba” de ser “amiga íntima” de la hermana del presidente y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y que en una reunión, “luego de un delirante discurso”, los “amenazó” y les exigió que “debíamos aportar de nuestro sueldo a su peculio personal”.

Relataron al fiscal, que la acusada les advirtió que si se negaban los echaría del Pami “con o sin causa, dada la íntima amistad que tenía con la Sra. MILEI”, y señalaron: “Esas fueron sus ‘nuevas reglas’ para continuar en nuestros cargos gerenciales”.

“Así las cosas, nos interpeló verbalmente que transfiriésemos luego del cobro del sueldo el 10% 15% y 20% de cada sueldo (de) aprox. de 3.000.000 de pesos que constituían nuestro Salario”, denunciaron.

“Cuando quisimos y le dijimos que no nos íbamos a seguir prestando a dicho juego, sobresale la Resolución de la Dirección Ejecutiva de PAMI A NIVEL NACIONAL, que prescinde de nuestros servicios bajo el lato argumento de ‘reordenamiento administrativo’”, agregaron y acusaron a Alvarenga: “Ella nos dijo que no hizo valer las renuncias anticipadas ante nuestro ‘incumplimiento’ dinerario, ya que había hablado a Buenos Aires, para que nos echen por cualquier pretexto como el narrado”.

La denuncia se ampara en los artículos 248, 256, 256 bis, 265 y 266, de la ley que penaliza los delitos contra la administración pública, y está patrocinada por los abogados Alejandro Jabornicky (Matrícula Federal T105 F465) y Roxana Ramírez Moll (Matrícula Federal T125 F354).

La legislación que invocan los denunciantes, reprime con uno a cuatro años de prisión e inhabilitación especial de uno a cinco años al funcionario que, abusando de su cargo, “solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por si o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva”; a la vez, que establece el pago de una multa de dos a cinco veces del monto de la exacción.

Las pruebas

En una ampliación posterior de la denuncia, Zacarías y Fernández, adjuntaron capturas de pantalla de chats de WhatsApp con Alvarenga, y constancias de las transferencias de Mercado Pago que le hicieron a ella y también s sus lugartenientes, Ricardo Valenzuela y Julio César Peralta, que funge de nuevo administrador del Pami Misiones y encargado de la Fundación Misión Libertad, de la dirigente libertaria.

Según denunciaron, Zacarías le transfería mensualmente el dinero a Valenzuela, y Fernández a Alvarenga.

En el escrito, al que accedió LVM, caracterizan a la dirigente libertaria como “persona narcisista, amenazadora, con cambios de humor que iban hacia lo violento”, y le atribuyen “actitudes paranoicas”.

“Creemos que ella sola creó este modus operandi, para hacerse de esos dineros”, sostienen y argumentan que la delegada del Pami Misiones les dijo que debían “pagar” por ser miembros del espacio político, que “era una ‘exigencia moral o ética’”.

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