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Decano de Humanidades: “Hay que restituir el lugar de la universidad en la sociedad”

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El decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones (Unam), Cristian Garrido, reflexionó sobre la importancia de retomar el vínculo que tiene la universidad con el territorio y la comunidad en un contexto de transformación cada vez más acelerado.

Más allá de la crisis presupuestaria que acarrean las universidades nacionales a lo largo y ancho del país -lo que impacta directamente en los salarios, y por ende, en la calidad educativa, las becas de investigación, extensión, infraestructura y equipamiento- la autoridad máxima de la mencionada casa de estudios apuntó a cambios en las formas de concebir la educación y particularmente la universidad pública.

Hubo un fuerte cuestionamiento a la universidad pública en particular a los aportes que hacen las ciencias humanas y sociales; se cuestionó su utilidad en muchos espacios, con una mirada muy peyorativa y prejuiciosa respecto de estas ciencias”, afirmó Garrido durante una entrevista con La Voz de Misiones.

Y recordó: “Las universidades nacionales en Argentina han contribuido fuertemente a los procesos de democratización, desde el acceso a la formación superior y a lo que hace a los procesos democráticos que inciden en Argentina y que, con la vuelta de la democracia, a partir del 83′, han tenido un rol muy interesante respecto a estos procesos de fortalecimiento democrático”.

En ese sentido, hizo hincapié en los “sellos distintivos de la calidad” de la formación que ofrecen estos espacios, caracterizándose por una formación integral que combina las experiencias áulicas con la formación en investigación, la extensión universitaria y programas de permanente actualización.

“La producción de conocimientos enriquece y hace a estos procesos de actualización permanente; de lo que se trabaja, de lo que se enseña, de los debates, las discusiones y es algo que lo distingue y hace que lo elijan también, uno elige la universidad porque sabe que el título tiene alcance nacional y que la formación que se ofrece allí es de la mejor que podés encontrar”, aseguró Garrido.

Por lo que resaltó: “Hay que retomar desde el vínculo que tiene la universidad con el territorio, el vínculo que tenemos con la comunidad, el lugar que ocupa la formación universitaria y las instituciones universitarias en la sociedad argentina. Hoy por hoy son un rasgo distintivo la universidad pública”.

En esa línea recordó el apoyo obtenido durante las tres marchas federales universitarias realizadas el año pasado y en septiembre pasado. La primera de ellas concretada en abril de 2024 reunió alrededor de 5 mil manifestantes solo en Posadas y 20 mil en Capital Federal, con la participación de distintos sectores y organizaciones políticas diversas.

Las universidades siguen teniendo una imagen positiva y una confiabilidad muy alta. Entonces, creo que una forma de hacer frente a lo que está pasando es volver a visibilizar el rol que ocupa. Pasó con la transmisión del Conicet este año, el impacto que tuvo mostró la importancia que tiene el financiamiento de la investigación y el trabajo que realizan los investigadores. Se da en estos escenarios el prestigio, lo académico el pensamiento crítico, la discusión, el debate, creo que todo eso que hace a la universidad y es de donde hay que trabajar para volver a restituir de alguna manera el lugar que ocupa la universidad en la sociedad”, enfatizó el decano.

Al mismo tiempo, recordó que el 70% de la investigación argentina se hace en las universidades públicas. Sin embargo, mencionó la necesidad de mejorar la comunicación, revisar los planes de estudio, la flexibilidad, las trayectorias de los estudiantes en relación con las propuestas de formación, el tiempo real que le lleva a un estudiante transitar y aprender en la universidad, y la inserción profesional.

Estamos pensando de qué manera o qué aporta la universidad pública a la sociedad actual, en un proceso de cambio y transformación que es cada vez más rápido, y los cambios en el mundo del trabajo, los cambios sociales y culturales, vinculados fuertemente a los cambios tecnológicos. Entonces analizar cómo la universidad trabaja en relación con todo eso que está pasando para recuperar el protagonismo que ha tenido y que tiene actualmente”, redondeó.

Frente a la crisis presupuestaria y universitaria

La crisis presupuestaria que atraviesan las universidades públicas nacionales se fue incrementando con los recortes impartidos desde la asunción del presidente Javier Milei y los reiterados vetos a la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en dos oportunidades por el Senado de la Nación; el 13 de septiembre de 2024 y el 2 de octubre de 2025.

“Cuando hablamos de crisis presupuestaria nos referimos al funcionamiento de los distintos edificios que tiene la facultad, como así también a las políticas de Bienestar Estudiantil, los salarios de trabajadores docentes y no docentes, y otras actividades que habitualmente se hacen en la facultad, como la nuestra”.

“Es una facultad grande. Tenemos 18 carreras que abre inscripciones todos los años, que son carreras permanentes, pero si sumamos otras propuestas que se están dictando para pregrado y grado llegamos a 22. Es un volumen importante respecto a propuestas de formación y más de 5 mil estudiantes que transitan de lunes a viernes, incluso de lunes a sábados por los pasillos y aulas de la facultad”, aseguró Garrido.

En ese camino, lamentó: “La cuestión de los salarios de los trabajadores docentes y no docentes impacta en la calidad de la formación ¿por qué? porque vos tenés docentes que están ganando casi el 100% menos de su salario en dos años de la actual gestión. Los incrementos salariales siempre han estado por debajo de la inflación y la devaluación que tuvimos, ni bien comenzó este período, fue muy significativo. Entonces, hace docencia entre grado y grado; además investigación, extensión u otras actividades y todo eso por un salario que viene muy desfasado en relación con el incremento que vienen teniendo los servicios y el costo de vida en general”.

A lo que añadió: “Eso ha llevado, sobre todo en las grandes ciudades, a que muchos profesores y profesoras decidan buscar trabajo en el sector privado, en otras instituciones afuera de la universidad o directamente irse del país y eso también pasa dentro de nuestra universidad, tal vez no en la escala, en comparación con otras universidades, pero también pasa y eso afecta en términos de proyección. Formar un recurso lleva mucho tiempo, formar un docente investigador o alguien que tenga trayectoria, formación, lleva su tiempo, entonces tenés que comenzar a buscar otros perfiles que puedan ocupar esos lugares”.

De esta manera, dejó entrever que no solo existe una correlación entre la crisis económica y educativa, sino también en la matrícula de estudiantes: “Si mirás desde el 2023 a este año hay una reducción en la cantidad de ingresantes a la facultad. Sobre todo este año se observó en toda la facultad, vinculada a las Humanidades y Ciencias Sociales, una disminución en la matrícula de estudiantes que se puede atribuir a distintos factores, a distintos motivos”.

Y continuó: “Del curso de ingreso de este año, de las charlas con los estudiantes y las encuestas que se hicieron, surge el dato del factor económico como lo determinante respecto a las posibilidades de seguir estudiando o no”.

“Los estudiantes tienen todo el contexto económico y social que afecta a sus familias y a ellos mismos, que plantean un cambio respecto al sujeto con el cual estamos trabajando. Ya no se trata de estudiantes que trabajan, como algo complementario para poder estudiar, sino que son trabajadores que quieren estudiar, y eso es un cambio en la mirada que tenemos respecto al estudiante de la universidad pública, de las posibilidades que tienen hoy por hoy nuestros estudiantes”, manifestó Garrido.

A su vez, mencionó que la falta de presupuesto afectó a proyectos de investigación, becas y equipos de investigación entre distintas unidades académicas y universidades nacionales, tal como ocurría con los programas brindados por el Inta, el Inti y el Conicet; los cuales fueron desfinanciados y en algunos casos desmantelados.

Aunque reconoció: “Hicimos un esfuerzo muy importante a nivel institucional por sostener las políticas de Bienestar Estudiantil, no solamente las becas; también sostuvimos los programas que hacen al acompañamiento, a la permanencia y las posibilidades de seguir avanzando con las carreras, y por supuesto, finalizarlas, que puedan graduarse”.

Cabe recordar que la Universidad Nacional de Misiones cuenta con un presupuesto nacional y desde el año pasado la provincia otorga un subsidio para cubrir una parte de los servicios, el cual se distribuye a cada una de las unidades académicas de la Unam.

Por lo pronto, desde la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales continúan sosteniendo programas de acompañamiento a las trayectorias educativas, de salud mental, además de contar con una oficina de Protección de Derechos, la Concejalía de Derechos Sexuales y Reproductivos, atención médica y las becas de salud, comedor y albergue.

Expansión territorial de Humanidades en Misiones

La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Unam prepara la apertura de cinco nuevas extensiones áulicas en distintos puntos de la provincia para el año 2026.

Al reconocer que la mayoría de los estudiantes provienen de la provincia, Garrido apuntó: “El vínculo con el territorio es fundamental. La universidad tiene tres regionales: Posadas, Oberá y Eldorado, y un fuerte vínculo con la comunidad y los lugares donde está ubicada. Por eso también es importante el vínculo con la provincia, al igual que con los municipios, para seguir llevando educación pública a distintos puntos”.

En ese sentido, explicó: “El programa de expansión territorial que tenemos ha crecido mucho gracias a estas articulaciones. Hoy por hoy estamos en siete municipios misioneros y en Ituzaingó, Corrientes, con carreras que se están dictando completas en estos lugares, además de un ciclo de complementación curricular de Trabajo Social que es en la región NEA (Formosa, Chaco y Corrientes)”.

“Estas articulaciones con la provincia y los municipios, en un escenarios donde el gobierno nacional comienza a retirarse, son vínculos estratégicos que tienen la finalidad de que la universidad pueda seguir garantizando el derecho a la educación superior en un contexto complejo y de crisis de financiamiento a la ciencia y la tecnología”.

De cara al 2026, a partir de la articulación estratégica con la Comisión de Desarrollo Estratégico e Integral de Municipios (Codeim), abrirán cinco nuevas extensiones áulicas con el objetivo de ampliar la presencia territorial de la facultad, los vínculos con los gobiernos municipales y la provincia, además de favorecer a quienes están en distintas localidades, que puedan acceder a la universidad.

La presencia de la universidad dinamiza el territorio, genera un efecto sinérgico muy interesante en términos económicos, sociales y culturales y quienes se gradúan tienen más chances de quedarse a trabajar en su municipio, en su localidad, en su pueblo; que si vienen a estudiar a Posadas”, resaltó.

Las inscripciones en la Facultad de Humanidades iniciaron el pasado 27 de octubre y en las primeras dos semanas superó los 400 inscriptos. “La expectativa es muy buena. Pensamos que vamos a tener un buen número de ingresantes”, concluyó el titular de la casa de estudios.

Política

LLA junto al presidente del Inym recibieron a Macías por la situación yerbatera

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La Libertad Avanza Misiones, junto al presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), Rodrigo Correa, recibió a Sebastián Macías, presidente de la Cámara de Representantes de Misiones, con el objetivo de escuchar su posición sobre la actualidad del sector yerbatero y avanzar en un intercambio institucional sobre el escenario que atraviesa la actividad.

Desde LLA Misiones se remarcó que la desregulación ha contribuido a un aumento del consumo interno y a niveles récord de exportaciones, fortaleciendo el posicionamiento de la yerba mate argentina en el mercado nacional e internacional.

Asimismo, desde el espacio señalaron que, si bien aún existen aspectos por mejorar, el rumbo está trazado y debe sostenerse con seriedad institucional, promoviendo mayor competitividad y previsibilidad para todos los actores involucrados.

En ese sentido, LLA Misiones manifestó su compromiso de continuar trabajando de manera responsable para fortalecer al sector yerbatero y acompañar a los distintos eslabones de la cadena productiva.

 

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Política

Media sanción a edad de imputabilidad: sumarían presupuesto para provincias

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El proyecto de Régimen Penal Juvenil, que busca bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, se aprobó por una amplia mayoría en el Congreso de la Nación y ahora el debate se traslada al Senado.

La iniciativa contó con el respaldo de la Libertad Avanza, el radicalismo, el PRO, Innovación Federal, Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Producción y Trabajo, e Independencia con 148 votos a favor y 100 en contra.

La propuesta impulsada por LLA plantea la reforma de una ley de la dictadura y tendrá un nuevo régimen especial para los menores, ya que propone desde sanciones menores hasta 15 años de cárcel para delitos graves.

A su vez, con esta ley no se podrá establecer la pena perpetua y se fija que los menores tendrán que tener una prisión “en un lugar especial”, alejado de los adultos criminales.

De esta manera, para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, en tanto que para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves, se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.

Ahora la iniciativa será tratada por el Senado y es posible que el debate se desarrolle en sesión el 26 de febrero.

El debate

Uno de los puntos más polémicos del proyecto es que en el texto original no incluye una previsión presupuestaria para su implementación, lo que significaba una presión aún mayor para las provincias, que debían afrontar los costos implícitos de la norma. 

En su alocución en el recinto, el diputado nacional por Misiones por el bloque de Innovación Federal, Oscar Herrera Ahuad, puso el foco en la cuestión punitiva, y enfatizó en el impacto presupuestario y estructural que la implementación de la ley tendría en las provincias.

“Hemos escuchado diferentes ponencias y evidentemente en un tema tan sensible es muy difícil ponerse de acuerdo, es complejo”, señaló y trajo como ejemplo las experiencias internacionales de Brasil y Chile. Explicó que su expectativa respecto del proyecto no está vinculada a la cárcel como fin en sí mismo, sino a una atención integral del menor vinculado a un hecho delictivo.

Al mismo tiempo, valoró que el proyecto mencione la conformación de equipos multidisciplinarios para abordar situaciones complejas como las adicciones. “No queremos que ese chico vaya a preso, sino que sea atendido”, enfatizó aludiendo a la necesidad de respuestas integrales para jóvenes en conflicto con la ley.

Respecto a lo presupuestario, consideró: “Este proyecto de ley tiene un costo muy alto para las provincias, mientras se impulsa una política de reducción del gasto y presión para bajar impuestos, al mismo tiempo se exige a las provincias asumir nuevas responsabilidades en materia de salud, educación, seguridad e infraestructura”.

Ante esta situación advertida por el legislador misionero, desde el bloque Innovación Federal reclamaron que la Nación incorpore al proyecto un capítulo que contemple una asignación presupuestaria específica, mientras que el Gobierno nacional asumió el compromiso de incorporar un apartado que asigne los fondos necesarios para la aplicación de la ley, dispuesto en $23.739.155.303.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, defendió el proyecto al señalar que el objetivo no es “amontonar menores privados de la libertad” sino “resocializarlos”. 

Mientras que, desde la oposición, la diputada Victoria Tolosa Paz cuestionó la consigna impulsada por sectores libertarios de “delito de adulto, pena de adulto”, al considerar que responde más a una estrategia de campaña que a una política pública consistente.

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Política

Reforma laboral: media sanción con los votos de Rojas Decut, Arce y Goerling

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Tras casi 17 horas de tratamiento, la reforma laboral logró media sanción en el Senado con 42 votos positivos, incluyendo el de los misioneros, Sonia Rojas Decut, Carlos Arce y Martín Goerling, y el aval de los 26 títulos que integran el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei.

Tras la aprobación del Presupuesto 2026 en diciembre último, la Ley de Modernización Laboral se convirtió en una de las leyes más importantes que el Gobierno aspira a sancionar luego de la ley Bases aprobada en el 2024.

El proyecto contempla incentivos para promover el ingreso al empleo formal con la baja de impuestos, topes a las indemnizaciones y el armado, habilita los convenios por empresa, crea el banco de horas, y establece límites al derecho de huelga en los servicios esenciales.

La sesión comenzó a las 11:13 de ayer miércoles y cerca de la medianoche el único orador por Misiones fue el senador del bloque del PRO Martín Goerling, quien adelantó su acompañamiento en general. Mientras que los renovadores Rojas Decut y Arce también votaron en el mismo sentido.

En su lectura de datos, Goerling remarcó que con la legislación actual “El Estado se queda con un tercio del salario de un trabajador antes de que llegue a fin de mes”. Al mismo tiempo, añadió que “Argentina tiene hoy la carga laboral en contratos más alta de América Latina”.

Por lo que consideró: “Tenemos que defender el trabajo de los argentinos. Esta ley va en contra de la intermediación, en contra de la industria del juicio”. Y adelantó: “Hoy el PRO va a acompañar esta ley en general porque va a votar por el que quiere contratar y no se anima, por el joven que quiere trabajar y no puede, por los 6 millones de argentinos que hoy están en la informalidad. Debemos dar el paso de reformar esta ley para que uno de los cambios profundos que necesita la Argentina empiece a dar sus frutos”.

En el último tramo del debate en general, asistieron a la sesión desde un balcón del recinto la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el subsecretario Eduardo “Lule Menem”, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Finalmente, la votación en general se dio a la 1:20, cuando los 42 votos a favor fueron marcados por los legisladores de LLA (20), el PRO (3), UCR (10), Frente Cívico (1), Independencia (1), el Frente Renovador de la Concordia (2), Primero los Salteños (1), Provincias Unidas (2), Despierta Chubut (1) y la Neuquinidad (1).

Mientras que los 30 votos de rechazo aportó el interbloque del peronismo conformado por el bloque Justicialista, Convicción Federal y el Frente Cívico de Santiago del Estero.

Votación por la Ley de Modernización Laboral

Luego, continuó la votación en particular de los 26 títulos que conforman el proyecto, momento en que el oficialismo no aceptó las modificaciones propuestas por diferentes senadores peronistas, como el caso del capítulo XIV donde figuraba el artículo referido a mantener el aporte obligatorio a los gremios y empresas, por lo que propusieron volver a la propuesta del Gobierno nacional para que esos aportes sean voluntarios.

En esa votación el oficialismo obtuvo 40 votos a favor, 32 en contra y la sesión concluyó pocos minutos antes de las 4.

De esta manera, el oficialismo recibió el apoyo de los gobernadores de Misiones, Hugo Passalacqua, Salta Gustavo Sáenz, de Tucumán Osvaldo Jaldo, de Chubut Ignacio Torres, de Neuquén Rolando Figueroa, de Corrientes Juan Pablo Valdes y de Córdoba, Martín Llaryora.

Los detalles

A lo largo de toda la jornada el oficialismo y sus aliados mantuvieron la decisión de autorizar solo a las autoridades bancarias el uso de billeteras virtuales para pagar sueldos y señalaron que, si una billetera virtual quiere tener esa posibilidad, deberá adecuarse a las normas del Banco Central.

También se votó que se mantenga el sistema de aportes que hacen los afiliados a los gremios y allí se dispuso que no habrá ningún plazo para su vigencia, pero sí un tope del 2%. Esa misma medida se aplicará a las cámaras que reciben aportes obligatorios de las empresas que tendrán un tope del 0,5%.

En el tema del Instituto Nacional del Cine (Incaa) se decidió que se mantendrá hasta el 2028 el sistema de financiamiento que tiene actualmente con el 10% del precio de las entradas de cine, 10% de la venta/alquiler de videos y 25% de la recaudación del Enacom hasta el 2028 y luego se mantendrá con partidas del Presupuesto Nacional.

El proyecto finalmente fue girado a la Cámara de Diputados y el oficialismo aspira a poder votar esa iniciativa antes del 27 de febrero.

Incidentes frente al Congreso mientras el Senado debate la reforma laboral

 

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