La interna oficialista en Puerto Piray sumó un nuevo capítulo con la denuncia penal presentada por dos concejales contra la intendenta Mirtha Elizabeth Lezcano por “presuntos delitos” en la administración pública, a raíz de la adquisición por parte del Ejecutivo municipal de dos camionetas 4×4 valuadas en alrededor de 49 millones de pesos cada una y que, según sostienen, “no aparecen”.

Los ediles Remigio Smith y Elizabeth Mercado, del bloque Juntos Podemos Piray, realizaron la presentación formal ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico luego de agotar las instancias administrativas sin obtener una respuesta del área legal de la Municipalidad.

La situación salió a la luz durante el análisis en comisión del Balance Municipal 2025 enviado al Honorable Concejo Deliberante (HCD) por la intendenta Lezcano, donde los ediles denunciantes detectaron la compra de dos camionetas Ford Ranger XL 4×4 doble cabina, registradas como adquiridas en marzo de 2025 por un monto superior a los 49 millones pesos cada una.

“Para que ellos realicen esa compra, tendría que haber pasado por el Concejo y en ningún momento ingresó un expediente para una adquisición de esa magnitud”, apuntó la concejal Mercado en diálogo con La Voz de Misiones.

Mercado relató a LVM que la compra figura en el apartado de Patrimonio Municipal del Balance, aunque señaló que no cuenta con mayores precisiones sobre la operación, motivo por el cual desde su bloque decidieron enviar una carta documento al Ejecutivo de Piray para acceder al expediente de la adquisición.

“Se supone que, si realizaron esa compra, tienen que tener un expediente’”, sostuvo la edil y continuó: “Nos acercamos al Municipio después de enviar la carta documento y nos derivaron al área legal. El abogado nos dijo que no había recibido nada, que no sabía del tema y que iba a preparar una respuesta formal”.

La concejal afirmó que, según lo establecido en el Artículo 70 de la Constitución Provincial de Misiones, la compra de las camionetas debía ingresar al Concejo mediante una licitación pública y contar con la aprobación de los ediles.

“Toda enajenación de bienes fiscales o municipales, compra, obra pública y demás contratos se hará por el sistema de subasta o licitación pública, bajo pena de nulidad, sin perjuicio de las responsabilidades emergentes”, sostiene la Constitución de Misiones en su Artículo 70.

Mercado cuestionó que “hasta el día de hoy estamos esperando la respuesta del abogado” y añadió que concurrieron en al menos tres oportunidades más a la Municipalidad, pero ante la falta de información sobre la compra decidieron avanzar por la vía judicial.

Además, la edil contó que, en el marco del análisis del Balance que continúa en comisión, citaron a la intendenta Mirtha Elizabeth Lezcano a comparecer en una reunión “para dar explicaciones”.

Sin embargo, Mercado sostuvo que el Concejo “está manejado por los concejales de ella” y deslizó que la nota de citación “aún no fue enviada”.

Interna local

La tensión política entre los concejales del bloque Juntos Podemos Piray y la intendenta Lezcano, todos integrantes del espacio Encuentro Misionero, arrastra varios capítulos en Puerto Piray.

El año pasado, Remigio Smith y Elizabeth Mercado impulsaron la creación de una Comisión Investigadora contra la jefa comunal luego de que se ausentara a dos sesiones especiales convocadas para brindar explicaciones sobre presuntas irregularidades en la gestión, aunque la iniciativa finalmente no prosperó en el Concejo.

Meses después, durante la apertura de sesiones ordinarias 2026, la concejal Mercado volvió a exponer públicamente las diferencias internas al exhibir carteles con reclamos por falta de transparencia y cuestionamientos al manejo del Ejecutivo municipal.

Ahora, el conflicto sumó un nuevo episodio con la presentación realizada por los concejales ante la Justicia, donde solicitaron que se investigue la compra de las dos camionetas Ford Ranger XL 4×4 registradas en el Balance Municipal 2025 y cuyo expediente administrativo, según sostienen, no fue puesto a disposición del Concejo Deliberante.

 

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El presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), Rodrigo Correa, defendió este jueves el proceso de desregulación del sector yerbatero durante una reunión en la Cámara de Diputados de la Nación y aseguró que el nuevo esquema “es el único camino comprobado hacia una industria moderna, competitiva, exportadora e independiente”.

El encuentro reunió a productores, cooperativistas, trabajadores, directivos del Inym y legisladores nacionales para debatir la situación actual del sector. Durante su exposición, Correa leyó un documento en el que cuestionó el histórico sistema de fijación de precios y sostuvo que la eliminación del precio mínimo obligatorio permitió iniciar un proceso de “saneamiento” del mercado.

Según explicó, al asumir encontró un organismo “sobredimensionado”, con exceso de cargos jerárquicos y problemas de control interno. En ese marco, indicó que en cinco meses de gestión se modificó el organigrama y se redujo un 25% del plantel en áreas administrativas.

En la continuidad de la lectura, Correa afirmó que “la eliminación del precio mínimo obligatorio marcó el paso de una economía administrada a un funcionamiento basado en la libre competencia”.

En ese marco, postuló que “los datos del último quinquenio desmiente los pronósticos del colapso y demuestran un proceso de saneamiento” y sostuvo que “tras la desregulación los precios en góndola han experimentado una caída real de 46%, terminando con la distorsión de precios que perjudicaban a los consumidores”.

También enumeró que en su gestión “logramos sostener los volúmenes productivos. Los análisis muestran que la producción de hoja verde se ha mantenido estable con un promedio de 892 mil toneladas; logramos una competencia real, registramos un mapa con 106 molinos elaboradores y 208 secadores, esto demuestra que existen suficientes oferentes para garantizar la libre competencia”.

“Desarmar la retórica populista”

El titular del Inym apuntó que “es fundamental desarmar la retórica populista, que sostiene que la regulación protegía al eslabón más débil. Los registros históricos de la última década muestran que el control de precios fue la estructura que mantuvo al 60% de los pequeños productores, hasta 10 hectáreas, atrapados en la dependencia y el minifundio”.

“El precio oficial actuó como una anestesia que limitó el crecimiento a escala. La libertad de mercado ha traído a la superficie la realidad de los estratos productivos, mediante la dispersión de precios. Hoy observamos un mercado donde coexisten valores de 240 pesos por kilogramo de hoja verde para quienes entregan materia prima estandarizada, frente a 380 pesos por kilogramos en zonas de alta tecnificación y calidad”, arrojó.

En ese punto, fue claro: “El mensaje es unívoco, el que espera el precio oficial y estático se estanca. El que busca eficiencia, tecnología y calidad, progresa”.

Para Correa, “la regulación de precios instauró la peligrosa noción de un commodity idéntico, donde el esfuerzo no tenía premio. El precio regulado le enseñó al productor a entregar su trabajo y preguntar pasivamente cuánto le iban a pagar. Por el contrario, la libertad le muestra al productor que él es un empresario agrícola que debe poner valor a su propio trabajo mediante la excelencia de su cosecha. La rentabilidad real no se fija por una resolución del Inym o por el laudo, la rentabilidad se construye en la chacra, midiendo los kilómetros obtenidos por hectáreas”.

“Para finalizar queremos ratificar que la posición institucional del Inym es firme e irreversible. El instituto no volverá a implementar mecanismos de fijación o control de precios que asfixien la innovación y perpetúen la ineficiencia. Nuestras competencias legales se enfocarán estrictamente en garantizar la transparencia de los datos de mercado, proveer de asistencia técnica y potenciar la marca de la yerba mate argentina en el mundo”, precisó.

Y cerró: “La desregulación no es una coyuntura, es el único camino comprobado hacia una industria yerbatera moderna, competitiva, exportadora y fundamentalmente independiente”

Durante la jornada también participaron productores yerbateros, quienes expusieron las dificultades que atraviesa el sector y describieron la situación en las chacras. Entre los legisladores presentes estuvieron Julia Strada, Carlos Arce y Oscar Herrera Ahuad, que también se refirió al asunto y cuestionó la política desregulatoria.

Al cierre del encuentro, Correa destacó que el oficialismo habilite el debate en las comisiones legislativas y sostuvo que “si no convocan a las comisiones de trabajo es imposible discutir los proyectos”.

Herrera Ahuad sobre la yerba: “En lo productivo e industrial demuestra crisis”

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En el marco de la movilización convocada por la Mesa de Unidad Docente para recordar el segundo aniversario del “Misionerazo”, trabajadores de la educación marcharon desde la Plaza 9 de Julio hasta la Legislatura provincial, donde plantearon sus reclamos ante tres diputados que bajaron a la explanada de ingreso para oír a los manifestantes.

“Los docentes estamos acotados por el salario, económica y emocionalmente. No podemos desarrollar nuestras tareas normalmente si no llegamos a fin de mes y nuestros alumnos pasan hambre y frío. Nosotros sostenemos las escuelas y no podemos más, necesitamos llenar la olla, estamos saturadas”, expresó una docente en una ronda de micrófono abierto ante los legisladores que abandonaron el recinto en plena sesión para recibir los reclamos.

Las diputadas que interactuaron con los docentes fueron Paula Franco y Alicia Beatriz Zalesak, de Encuentro Misionero, en tanto que más tarde se unió Juan Ahumada del bloque unipersonal Por Misiones.

“Yo solicité e invité que vengan también los del bloque libertario, del Pays y de la UCR, pero vinimos solo nosotros. Somos una generación nueva y estamos dando acá nuestro respeto. Nosotros vinimos, los otros no”, se diferenció detrás del vallado Zalesak, quien en su libreta personal tomaba nota de los reclamos.

La movilización docente inició en la Plaza 9 de Julio y culminó en la Legislatura.

“Yo comparto y entiendo la situación. En estos años que llevo he trabajado y visitado escuelas. Veo que hay escuelas sin sillas, ni mesas, qué faltan cosas, que hay chicos que pasan necesidades. No estoy en contra de ustedes. Nosotros escuchamos y tomamos nota. Sé que la educación es la única salida. Cuando ustedes salieron con este reclamo, todas las cuentas de la provincia se deterioraron”, expresó Franco, que también pidió “respeto y diálogo” al recordar los incidentes ocurridos en 2024, cuando una movilización docentes culminó con empujones, corridas y gases lacrimógenos.

En ese marco, invitó a conformar una “mesa de trabajo” y expresó que “tienen mi compromiso para trabajar y ordenar las cosas. No está entre mis potestades hacer una propuesta, lo que sí puedo hacer es trasladar sus necesidades a quienes si tengan la potestad de tomar medidas desde el Ejecutivo”.

Entre los docentes movilizados se encontraban, además Mónica Gurina y Leandro Sánchez, quienes el año pasado fueron condenados por una causa judicial abierta en el marco del acampe docente sobre la avenida Uruguay de 2024 y cuentan con una restricción de acercamiento a la Legislatura por los incidentes de ese mismo año.

Sánchez también tomó el micrófono unos minutos y ante los legisladores reclamó que tanto él como Gurina fueron “condenados por reclamar por un salario” y lamentó que “hoy hay docentes que están haciendo de Uber o de Didi para sobrevivir”.

“Nadie piensa en el daño psicológico que están sufriendo muchos colegas. Cuando uno se suicide quién se va a hacer responsable”, lanzó.

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