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Policiales

Abrazian no fue a la audiencia con la diputada Rojas, pero ofreció dinero

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Planteó una multa y la extinción de la querella. La legisladora dejó sentada la ausencia. El locutor habría recurrido al Superior Tribunal, pero la querellante ratificó su decisión de “seguir el caso hasta las últimas consecuencias”.

POSADAS. El locutor Alfredo Pascual Abrazian no se presentó a la audiencia-debate con la diputada provincial Silvia Araceli Rojas, pero envió una propuesta de pago de la multa que eventualmente le pudiera aplicar la Justicia, a cambio de la extinción de la acción.

El planteo se conoció en la mañana de hoy, tras fracasar la convocatoria de las partes en el marco de la querella entablada por la legisladora contra el profesional del micrófono, al sentirse agraviada por las expresiones que éste emitió a través de su radio FM Show.

Abrazian y Rojas debían presentarse a las 7 de hoy en el Palacio de Justicia, pero solamente concurrió la querellante con su abogado Gustavo Marcelo José Maldonado, quienes dejaron constancia de la ausencia del locutor, 35 minutos después de la hora fijada.

En cambio se supo que Abrazian con el patrocinio del abogado Eduardo Paredes presentó una propuesta de pago de una multa para allanar la extinción de la acción impulsada por Rojas, quien habría adelantado a su entorno su decisión de llevar el proceso “hasta las últimas consecuencias”.

En el escrito el locutor señaló: “vengo por la presente a promover la extinción de la acción”, proponiendo el pago de una multa, cuyos alcances se considera en la doctrina como unavía en los casos en que se prevé esta pena como “alternativa conjunta, accesoria conjunta o complementaria”.

En el caso, “la única exigencia es que el acusado haya oblado el monto mínimo o máximo fijado por el delito en particular, según el estado del proceso penal”, según se explicó en la presentación.

Así entendido por la parte, “el acusado deberá abonar el mínimo de la multa estipulada para el delito que correspondiere, mientras no haya iniciado el juicio. Acá el término ‘juicio’ debe ser entendido en sentido estricto como sinónimo de “audiencia de debate’”.

Por ello, y a “fin de evitar un desgaste jurisdiccional e inclusive anímico”, el locutor y su asesor legal pidieron a la Justicia que determine la asignación de una cuenta en el Banco Macro para “oblar la multa correspondiente”, como propuso.

En forma extraoficial se supo que, como acción siguiente tras la ausencia en la audiencia-debate, Abrazian recurrió al Superior Tribunal de Justicia en busca de una alternativa por una supuesta denegatoria de casación en los tribunales inferiores.

Sin embargo, se supo que la diputada Rojas y su defensor, no bien tomaron conocimiento de la propuesta de multa y extinción de la querella, hicieron una presentación rechazando cualquier alternativa de solución que no sea la de un fallo sancionatorio, “ante la gravedad de los insultos que profirió” el locutor.

Policiales

Camioneta de Vialidad chocó una moto y el chofer se dio a la fuga en Alem

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Una mujer resultó lesionada tras ser embestida por una camioneta de Vialidad provincial en la mañana de ayer domingo en la intersección de avenida Vélez Sarsfield y calle Los Estudiantes de Leandro N. Alem.

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 11:20, cuando una motocicleta Keller, conducida por Carmelo de Jesús B (64), circulaba por avenida Vélez Sarsfield en dirección al barrio Sagrada Familia, acompañado por Elsa M. (52).

Por causas que son materia de investigación, el rodado colisionó con una camioneta Toyota Hilux, perteneciente a la Dirección Provincial de Vialidad de Misiones, conducida por Mariano Ezequiel M. (23), domiciliado en Alem.

Según los primeros datos policiales, tras el fuerte impacto el conductor de la camioneta se habría dado a la fuga, abandonando el lugar del accidente mientras la mujer permanecía lesionada sobre la cinta asfáltica. Minutos más tarde, el joven regresó al sitio del siniestro.

La mujer debió ser asistida y sus lesiones eran evaluadas por personal médico. En tanto, las autoridades trabajan para determinar las responsabilidades del hecho y establecer cómo ocurrió la colisión que volvió a poner en debate la seguridad vial y el accionar de conductores al volante de vehículos oficiales.

 

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Policiales

Un muerto en el incendio de una casa en Santa Ana

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incendio santa ana

Una vivienda ardió en llamas esta madrugada en la localidad de Santa Ana y una vez apagado el fuego los bomberos intervinientes encontraron un cadáver entre los escombros, por lo que ahora se inició una investigación para establecer la identidad de la víctima.

De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, el siniestro fue reportado a las 4 de hoy, en un inmueble ubicado en inmediaciones a las calles Timbó y Lapacho.

Una vez en el lugar, los agentes de bomberos iniciaron arduo trabajo para sofocar las llamas, labor que se complicó debido a que las llamas ya habían alcanzado toda la estructura de madera, lo que provocó desprendimientos de vigas, columnas y techos.

El procedimiento se extendió unas horas hasta que pudieron controlar la situación y durante una recorrida por el inmueble se toparon con restos de un cuerpo humano consumido por el fuego.

Los policías locales realizaron averiguaciones con vecinos y obtuvieron como dato que en el lugar residía una mujer, que incluso había sido vista en el lugar poco antes de que se inicie el incendio.

El personal de la División Científica procedió a realizar peritajes en la escena para esclarecer las causales del foco ígneo, mientras que la Justicia ordenó el traslado del cuerpo hacia la morgue judicial para realizar los estudios complementarios correspondientes para identificar a la víctima.

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Judiciales

Revés judicial para Cerro Azul en reclamo de $165 millones a una empresa

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La Justicia provincial rechazó una ejecución fiscal impulsada por la Municipalidad de Cerro Azul contra la empresa MM Bioenergía S.A. por una deuda superior a los $165 millones y cuestionó la legalidad del procedimiento utilizado por la comuna para reclamar tributos.

El fallo fue dictado por el Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Leandro N. Alem, que rechazó la demanda iniciada en junio de 2025 por la municipalidad en concepto de tasas de Seguridad e Higiene, Comercio e Industria correspondientes a distintos períodos entre 2021 y 2025.

La comuna reclamaba un total de $165.044.216,75 y había solicitado además medidas cautelares sobre bienes y fondos de la firma dedicada a la generación de energía renovable.

Sin embargo, tras varios meses de litigio, el magistrado interviniente resolvió desestimar la ejecución fiscal al considerar que la documentación presentada por el municipio no cumplía con los requisitos legales exigidos para avanzar con el cobro judicial.

Uno de los principales puntos observados en la sentencia fue la utilización de la Ordenanza VI N° 25 como fundamento del reclamo tributario. Según el fallo, esa norma fue publicada oficialmente recién el 1 de octubre de 2025, es decir, después de las intimaciones de pago y cuando ya se pretendía exigir el cobro de períodos anteriores.

En la resolución, el juez sostuvo que “la ausencia de publicación impide reconocer eficacia normativa a la ordenanza en cuestión y, por ende, priva de sustento legal exigible al crédito cuya ejecución se pretende”.

El fallo también cuestionó la boleta de deuda emitida por el municipio al señalar que el documento no detallaba con precisión qué conceptos se reclamaban, a qué períodos correspondían ni cuál había sido el mecanismo utilizado para calcular la deuda, incumpliendo requisitos establecidos en el Código Fiscal.

Durante el proceso judicial, MM Bioenergía S.A. argumentó además que su actividad se encuentra regulada bajo jurisdicción federal por tratarse de generación de energía dentro del Mercado Eléctrico Mayorista, en el marco de las leyes nacionales vinculadas a energías renovables. En ese sentido, cuestionó la potestad municipal para aplicar las tasas reclamadas.

En otro tramo de la sentencia, el magistrado citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de tribunales provinciales que establecen que ningún tributo puede ser exigido si la norma que lo crea no fue debidamente publicada en el Boletín Oficial.

Además de rechazar la ejecución fiscal, la Justicia impuso las costas del proceso a la Municipalidad de Cerro Azul y reguló honorarios profesionales sobre la base económica total del juicio, fijada en más de $165 millones. Según se desprende de la resolución, el impacto económico derivado del proceso podría superar los $50 millones.

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