Policiales
Abrazian no fue a la audiencia con la diputada Rojas, pero ofreció dinero
Planteó una multa y la extinción de la querella. La legisladora dejó sentada la ausencia. El locutor habría recurrido al Superior Tribunal, pero la querellante ratificó su decisión de “seguir el caso hasta las últimas consecuencias”.
POSADAS. El locutor Alfredo Pascual Abrazian no se presentó a la audiencia-debate con la diputada provincial Silvia Araceli Rojas, pero envió una propuesta de pago de la multa que eventualmente le pudiera aplicar la Justicia, a cambio de la extinción de la acción.
El planteo se conoció en la mañana de hoy, tras fracasar la convocatoria de las partes en el marco de la querella entablada por la legisladora contra el profesional del micrófono, al sentirse agraviada por las expresiones que éste emitió a través de su radio FM Show.
Abrazian y Rojas debían presentarse a las 7 de hoy en el Palacio de Justicia, pero solamente concurrió la querellante con su abogado Gustavo Marcelo José Maldonado, quienes dejaron constancia de la ausencia del locutor, 35 minutos después de la hora fijada.
En cambio se supo que Abrazian con el patrocinio del abogado Eduardo Paredes presentó una propuesta de pago de una multa para allanar la extinción de la acción impulsada por Rojas, quien habría adelantado a su entorno su decisión de llevar el proceso “hasta las últimas consecuencias”.
En el escrito el locutor señaló: “vengo por la presente a promover la extinción de la acción”, proponiendo el pago de una multa, cuyos alcances se considera en la doctrina como unavía en los casos en que se prevé esta pena como “alternativa conjunta, accesoria conjunta o complementaria”.
En el caso, “la única exigencia es que el acusado haya oblado el monto mínimo o máximo fijado por el delito en particular, según el estado del proceso penal”, según se explicó en la presentación.
Así entendido por la parte, “el acusado deberá abonar el mínimo de la multa estipulada para el delito que correspondiere, mientras no haya iniciado el juicio. Acá el término ‘juicio’ debe ser entendido en sentido estricto como sinónimo de “audiencia de debate’”.
Por ello, y a “fin de evitar un desgaste jurisdiccional e inclusive anímico”, el locutor y su asesor legal pidieron a la Justicia que determine la asignación de una cuenta en el Banco Macro para “oblar la multa correspondiente”, como propuso.
En forma extraoficial se supo que, como acción siguiente tras la ausencia en la audiencia-debate, Abrazian recurrió al Superior Tribunal de Justicia en busca de una alternativa por una supuesta denegatoria de casación en los tribunales inferiores.
Sin embargo, se supo que la diputada Rojas y su defensor, no bien tomaron conocimiento de la propuesta de multa y extinción de la querella, hicieron una presentación rechazando cualquier alternativa de solución que no sea la de un fallo sancionatorio, “ante la gravedad de los insultos que profirió” el locutor.
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó penas de 1 año y 10 meses de prisión, respectivamente, para los docentes Mónica Gurina y Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
El debate oral contra los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez se reanudó está mañana en el SUM del Palacio de Justicia.
Previo al inicio, se conocio un pedido de la fiscal María Laura Álvarez, quién planteó que la audiencia de hoy se realice a puertas cerradas, solo con la presencia de las partes y los medios acreditados.
En sus argumentos, expuso que se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
En el escrito sostuvo que en sus 13 años de trayectoria jamás experimento algo similar y recordó que la magistrada Marcela Leiva en varias oportunidades debió realizar llamados de atención a los asistentes para obtener el silencio adecuado en la sala.
La defensa, encabezada por el equipo legal integrado por los letrados Eduardo Paredes, Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, se opuso al pedido.
La magistrada Leiva, presidenta del tribunal unipersonal encargada de dirigir el proceso, no dió lugar al pedido y aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento.
Para este miércoles se prevé la declaración de al menos seis testigos, entre comerciantes y agentes policiales, principalmente.
Para hoy también está programado que se realice la ronda de alegatos y al culminar se decidirá el momento del dictado de sentencia.
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