La Jefatura de Policía arrestó y puso a disposición de la Justicia a tres efectivos investigados por presunto cohecho, luego de que un comerciante realizara una denuncia asegurando haber recibido pedidos de dinero para evitar una supuesta detención.

Según fuentes policiales, en primera instancia intervino la Dirección General de Asuntos Internos, cuando el comerciante denunció haber sido presuntamente extorsionado tras la disolución de una sociedad comercial y una posterior denuncia realizada por su ex socio.

A partir de allí, según consta en la presentación judicial, se habría montado una operatoria mediante la cual efectivos policiales le exigían dinero para evitar una supuesta detención.

Siempre conforme a la denuncia, los tres investigados —todos con prestación de servicio en la División Investigaciones de la Unidad Regional I— habrían solicitado una suma de dinero al denunciante. Con esos elementos, y bajo conocimiento e intervención de la Justicia, la Jefatura dispuso un seguimiento encubierto que permitió avanzar con la pesquisa.

El procedimiento se concretó anoche, cuando se ordenó que efectivos policiales encubiertos detuvieran a uno de los involucrados al momento de retirar el dinero presuntamente exigido al comerciante. Posteriormente, y por disposición judicial, también fueron arrestados los otros dos sospechosos mencionados en la causa.

Desde la Jefatura de Policía anunciaron que los tres efectivos quedaron inmediatamente a disposición de la Justicia y fueron separados preventivamente de sus funciones mientras avanza la investigación judicial y administrativa correspondiente.

Además, remarcaron que la institución “mantiene una política de transparencia y tolerancia cero ante cualquier conducta incompatible con la función policial”.

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Alrededor de las 20, fue liberado el cacique de Puente Quemado II, Santiago Ramos, junto a otros siete integrantes de la comunidad mbya emplazada en el Paraje Cañafístola, Lote 178 de Colonia San Miguel, en la localidad de Garuhapé.

Fue alrededor de las 10 de este martes cuando efectivos de distintas dependencias de la Unidad Regional IV llevaron adelante un operativo en el predio de la aldea y procedieron a la demora de ocho hombres mayores y al traslado de nueve mujeres mayores, con niños, a la sede policial local.

La intervención se dio en el marco de una causa caratulada como “usurpación de territorio”, en cumplimiento de una orden judicial emitida por el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico.

Finalmente, los hombres fueron liberados alrededor de las 20 en medio de repercusiones por parte de distintos sectores sociales y organizaciones, que expresaron preocupación por la situación y reclamaron el respeto de los derechos de las comunidades indígenas.

En tanto, la causa continúa en curso, por lo que no se descartan nuevas actuaciones.

 

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Repercusiones

Además del apoyo y acompañamiento realizado por el Equipo Misiones de Pastoral Aborígen (Emipa), la Red Eclesial Gran Chaco y Acuífero Guaraní, también expresó su repudio al accionar judicial a través de un comunicado.

“Como Red Eclesial del Gran Chaco Guaraní – REGCHAG expresamos nuestra profunda preocupación y enérgico repudio ante la detención arbitraria del mburuvicha de la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II, Santiago Ramos”, manifestaron en la misiva.

Y añadieron que la causa se enmarca sobre un “territorio ancestral reconocido en el relevamiento territorial realizado conforme a la Ley 26.160 y por lo cual cuenta con reconocimiento estatal de su posesión ancestral por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)”.

Tanto Emipa como REGCHAG repudiaron la medida y el operativo, que además de las detenciones “incluyó el traslado de mujeres, niños y niñas” a la dependencia policial, “en condiciones que evidencian la ausencia de garantías básicas, falta de información clara sobre las actuaciones y el incumplimiento de protocolos específicos para pueblos indígenas”.

“Resulta particularmente grave que se pretenda encuadrar como “usurpación” una ocupación ancestral protegida por la Constitución Nacional Argentina, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ya que nadie puede ser considerado usurpador en su propio territorio. Asimismo, el traslado y permanencia de mujeres, niños y niñas en sede policial constituye una situación de especial gravedad que vulnera estándares internacionales de protección y exige una intervención inmediata“, enfatizaron.

Detienen a ocho mbyas por conflicto territorial en Garuhapé

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Tras un operativo que inició este lunes al mediodía en el marco de una causa por “presunta usurpación” en una propiedad ubicada en Colonia San Miguel de la localidad de Garuhapé, este martes detuvieron al cacique de Puente Quemado II, Santiago Ramos, y al menos siete integrantes de la comunidad mbya.

El despliegue fue ejecutado por efectivos de la comisaría local quienes, según fuentes policiales, habrían constatado la presencia de integrantes de la mencionada aldea, por lo que avanzaron con las actuaciones judiciales ordenadas por el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico.

El procedimiento se realizó en el Lote 178, Parcela 141, del Paraje Cañafístola, donde en una primera intervención los uniformados detectaron la presencia de siete adultos y seis menores, quienes manifestaron que permanecerían en el lugar por directivas del cacique.

En la mañana de hoy, arribaron al lugar integrantes del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa), quienes confirmaron que en las últimas horas detuvieron al cacique Ramos “por supuesta usurpación de su propio territorio, relevado por la ley 26160”.

Según confirmaron desde la entidad, durante el operativo también fueron detenidos Claudio Escobar, Juan Cáceres, Sergio González, Sergio Martínez, Esteban Godos, Hilario Villana y Carlos Benítez, además de “varias mujeres trasladadas con niños y bebés en brazos”.

“Necesitamos que llamen a la comisaría de Garuhape para pedir su liberación. Santiago viene llevando una lucha en defensa de su territorio contra las multinacionales forestales como Arauco que invaden con monocultivos de pinos y empresarios forestales como Alfredo Ruff, que usurpan el territorio mbya y desmontan la selva nativa con el aval del Estado provincial”, añadieron a través de un comunicado.

El procedimiento se dio a una semana de la participación de una lideresa mbya Keila Zaya ante la sede norteamericana de la ONU, donde expuso el conflicto territorial entre la comunidad Puente Quemado II y la empresa forestal multinacional Arauco.

Lideresa mbya ante la ONU: “Nuestro modo de vida está en riesgo en todo el país”

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