Política
A 45 años de Margarita Belén, Graciela Franzen recuerda a su hermano
La Voz de Misiones acompañó a Graciela Franzen al lugar donde ocurrió la Masacre de Margarita Belén, el fusilamiento de 22 militantes peronistas el 13 de diciembre de 1976, entre los que se encontraban cuatro misioneros, uno de ellos su hermano: Luis Arturo Franzen.
Parada, sola, con la foto de su hermano asesinado, Franzen relató sus recuerdos de la tragedia que enlutó a su familia. Detrás suyo, el monumento a los caídos aquella madrugada revive la masacre.
La escena de cuerpos amordazados y encadenados, con vendas en los ojos, acribillados por las balas, se erige como un permanente recordatorio en el kilómetro 1042 de la ruta 11, entre Resistencia y Formosa.
“Arturo, mi hermano, tenía militancia barrial en Posadas; trabajó en el barrio Regimiento, en Sesquicentenario; fue dirigente del sindicato de Foecyt, de empleados del Correo”, arrancó Franzen su relato, aferrada a la fotografía de Arturo, que llevaba colgada a la altura del pecho.
Contó que fue precisamente esta militancia barrial la que determinó su destino. “En 1975, él había organizado la comisión pro recuperación de tierras para más de 300 familias de chacras de Posadas con riesgo de perder su terreno”, relató.
“Fue presidente de la comisión que presentó los proyectos en la Legislatura con el bloque del Partido Auténtico; se pedía la expropiación de esas tierras para cada una de las familias; era un proyecto que tuvo también el apoyo de monseñor Jorge Kemerer, el obispo de Posadas en aquella época”, contó.
Franzen recuerda con detalle las chacras posadeñas que ocupaban a su hermano en esos días de fines de 1975, en un clima de agitación política que preanunciaba la inminencia del golpe del 24 de marzo siguiente.
“Teníamos la chacra 38, sobre Almirante Brown y Lavalle; la chacra 49, frente a la Escuela 219; las chacras 17 y 19, en Cabred y López Torres; la chacra 74, en avenida San Martin casi Bustamante; la chacra 43, en el barrio Patotí, que fue la única chacra que no fue avasallada, y todavía está en litigio”, enumeró.
Denunció que “jueces, abogados, fiscales se han adueñado de parte de esta chacra”, en desmedro “de familias que llevan más de 100 años viviendo ahí”.
Los misioneros fusilados
En su relato, Franzen recordó a los otros jóvenes misioneros, todos de 24 años, que cayeron junto a Arturo: Manuel Parodi Ocampos, estudiante de Filosofía, a punto de graduarse en el Instituto Montoya, padre de un bebé de meses; Carlos Duarte, de una familia tarefera de Puerto Esperanza, estudiante de Ciencias Económicas y albañil en Posadas; y Carlos Enrique Tereszecuk, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades.
También al diputado provincial Juan Figueredo, que trabajó junto a Arturo en la expropiación de las chacras posadeñas, que fue apresado y hasta hoy se encuentra desaparecido. Y a Víctor Marchesini, abogado de presos políticos, preso político, y testigo directo del traslado de los 22 que fueron muertos en Margarita.
¿Dónde estaba usted cuando ocurrió esta masacre?, le preguntó LVM.
Franzen levanta la vista como buscando arrebatarle algún instante preciso al viento, que sopla sobre ese pedazo de ruta condenado a ser memoria.
“Yo estaba presa en la cárcel de Villa Devoto. Era una presa legal después de estar dos meses desaparecida en Posadas; en la casita de los mártires, en la alcaldía, en la brigada de investigaciones, sobre la calle Buenos Aires; el 26 de julio de 1976, me sacan junto con seis presas políticas a Devoto”, contó.
Dijo que allí fue que se enteró de lo ocurrido en Margarita Belén, pero jamás se imaginó que Arturo estaba entre los ejecutados.
“Cuando nos trasladaban estábamos vendadas, encapuchadas, encadenadas; íbamos en vehículos que se abrían desde afuera, era imposible fugarse”, afirmó Franzen, desmontando la versión con que los militares intentaron disfrazar el crimen, y que después la historia se encargó de desbaratar, sacando a la luz la verdad irrefutable de aquella madrugada de diciembre, hace 45 años.
Franzen vivió en carne propia la represión de aquellos años. En 1984 denunció a su torturador, el ya fallecido subcomisario Juan Carlos Ríos, temible policía de Investigaciones. El uniformado nunca pagó por sus crímenes; beneficiado por las leyes de impunidad de mediados de los ´80, murió de diabetes en su casa de la calle Suiza, en Posadas. Las denuncias solo le frustraron su ascenso como policía.
La señal de la Cruz
“Acá, los primeros que marcaron este lugar fueron los vecinos que pusieron esta cruz de madera, de algarrobo”, dijo Franzen, señalando la cruz que fue el primer monumento a los caídos, hasta que se inauguró la obra que documenta la masacre.
“Los vecinos nos ayudaron a los familiares y sobrevivientes de la dictadura a reconstruir esta historia”, agregó.
“También, a través de los compañeros que estaban en las cárceles. Los compañeros ya sabían que iban a la muerte, porque uno de los guardias penitenciarios había contado que existía una lista de quienes iban a ser fusilados antes de Navidad. Muchos ya sabían que no llegaban a estas fechas”, indicó.
“En la cárcel los despidieron con la V de la victoria y cantándoles la marcha peronista”, rememoró.
“Aquí fueron asesinados los mejores dirigentes gremiales, políticos, estudiantiles de la región; todos ellos peronistas. Fue una masacre para que todos agachen la cabeza al poder de turno”, sentenció.
Política
Presidente del Inym: “La desregulación no es una coyuntura, es el único camino”
El presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), Rodrigo Correa, defendió este jueves el proceso de desregulación del sector yerbatero durante una reunión en la Cámara de Diputados de la Nación y aseguró que el nuevo esquema “es el único camino comprobado hacia una industria moderna, competitiva, exportadora e independiente”.
El encuentro reunió a productores, cooperativistas, trabajadores, directivos del Inym y legisladores nacionales para debatir la situación actual del sector. Durante su exposición, Correa leyó un documento en el que cuestionó el histórico sistema de fijación de precios y sostuvo que la eliminación del precio mínimo obligatorio permitió iniciar un proceso de “saneamiento” del mercado.
Según explicó, al asumir encontró un organismo “sobredimensionado”, con exceso de cargos jerárquicos y problemas de control interno. En ese marco, indicó que en cinco meses de gestión se modificó el organigrama y se redujo un 25% del plantel en áreas administrativas.
En la continuidad de la lectura, Correa afirmó que “la eliminación del precio mínimo obligatorio marcó el paso de una economía administrada a un funcionamiento basado en la libre competencia”.
En ese marco, postuló que “los datos del último quinquenio desmiente los pronósticos del colapso y demuestran un proceso de saneamiento” y sostuvo que “tras la desregulación los precios en góndola han experimentado una caída real de 46%, terminando con la distorsión de precios que perjudicaban a los consumidores”.
También enumeró que en su gestión “logramos sostener los volúmenes productivos. Los análisis muestran que la producción de hoja verde se ha mantenido estable con un promedio de 892 mil toneladas; logramos una competencia real, registramos un mapa con 106 molinos elaboradores y 208 secadores, esto demuestra que existen suficientes oferentes para garantizar la libre competencia”.
“Desarmar la retórica populista”
El titular del Inym apuntó que “es fundamental desarmar la retórica populista, que sostiene que la regulación protegía al eslabón más débil. Los registros históricos de la última década muestran que el control de precios fue la estructura que mantuvo al 60% de los pequeños productores, hasta 10 hectáreas, atrapados en la dependencia y el minifundio”.
“El precio oficial actuó como una anestesia que limitó el crecimiento a escala. La libertad de mercado ha traído a la superficie la realidad de los estratos productivos, mediante la dispersión de precios. Hoy observamos un mercado donde coexisten valores de 240 pesos por kilogramo de hoja verde para quienes entregan materia prima estandarizada, frente a 380 pesos por kilogramos en zonas de alta tecnificación y calidad”, arrojó.
En ese punto, fue claro: “El mensaje es unívoco, el que espera el precio oficial y estático se estanca. El que busca eficiencia, tecnología y calidad, progresa”.
Para Correa, “la regulación de precios instauró la peligrosa noción de un commodity idéntico, donde el esfuerzo no tenía premio. El precio regulado le enseñó al productor a entregar su trabajo y preguntar pasivamente cuánto le iban a pagar. Por el contrario, la libertad le muestra al productor que él es un empresario agrícola que debe poner valor a su propio trabajo mediante la excelencia de su cosecha. La rentabilidad real no se fija por una resolución del Inym o por el laudo, la rentabilidad se construye en la chacra, midiendo los kilómetros obtenidos por hectáreas”.
“Para finalizar queremos ratificar que la posición institucional del Inym es firme e irreversible. El instituto no volverá a implementar mecanismos de fijación o control de precios que asfixien la innovación y perpetúen la ineficiencia. Nuestras competencias legales se enfocarán estrictamente en garantizar la transparencia de los datos de mercado, proveer de asistencia técnica y potenciar la marca de la yerba mate argentina en el mundo”, precisó.
Y cerró: “La desregulación no es una coyuntura, es el único camino comprobado hacia una industria yerbatera moderna, competitiva, exportadora y fundamentalmente independiente”
Durante la jornada también participaron productores yerbateros, quienes expusieron las dificultades que atraviesa el sector y describieron la situación en las chacras. Entre los legisladores presentes estuvieron Julia Strada, Carlos Arce y Oscar Herrera Ahuad, que también se refirió al asunto y cuestionó la política desregulatoria.
Al cierre del encuentro, Correa destacó que el oficialismo habilite el debate en las comisiones legislativas y sostuvo que “si no convocan a las comisiones de trabajo es imposible discutir los proyectos”.
Herrera Ahuad sobre la yerba: “En lo productivo e industrial demuestra crisis”
Política
Diputados frente a docentes en protesta: “Armemos una mesa de trabajo”
En el marco de la movilización convocada por la Mesa de Unidad Docente para recordar el segundo aniversario del “Misionerazo”, trabajadores de la educación marcharon desde la Plaza 9 de Julio hasta la Legislatura provincial, donde plantearon sus reclamos ante tres diputados que bajaron a la explanada de ingreso para oír a los manifestantes.
“Los docentes estamos acotados por el salario, económica y emocionalmente. No podemos desarrollar nuestras tareas normalmente si no llegamos a fin de mes y nuestros alumnos pasan hambre y frío. Nosotros sostenemos las escuelas y no podemos más, necesitamos llenar la olla, estamos saturadas”, expresó una docente en una ronda de micrófono abierto ante los legisladores que abandonaron el recinto en plena sesión para recibir los reclamos.
Las diputadas que interactuaron con los docentes fueron Paula Franco y Alicia Beatriz Zalesak, de Encuentro Misionero, en tanto que más tarde se unió Juan Ahumada del bloque unipersonal Por Misiones.
“Yo solicité e invité que vengan también los del bloque libertario, del Pays y de la UCR, pero vinimos solo nosotros. Somos una generación nueva y estamos dando acá nuestro respeto. Nosotros vinimos, los otros no”, se diferenció detrás del vallado Zalesak, quien en su libreta personal tomaba nota de los reclamos.

La movilización docente inició en la Plaza 9 de Julio y culminó en la Legislatura.
“Yo comparto y entiendo la situación. En estos años que llevo he trabajado y visitado escuelas. Veo que hay escuelas sin sillas, ni mesas, qué faltan cosas, que hay chicos que pasan necesidades. No estoy en contra de ustedes. Nosotros escuchamos y tomamos nota. Sé que la educación es la única salida. Cuando ustedes salieron con este reclamo, todas las cuentas de la provincia se deterioraron”, expresó Franco, que también pidió “respeto y diálogo” al recordar los incidentes ocurridos en 2024, cuando una movilización docentes culminó con empujones, corridas y gases lacrimógenos.
En ese marco, invitó a conformar una “mesa de trabajo” y expresó que “tienen mi compromiso para trabajar y ordenar las cosas. No está entre mis potestades hacer una propuesta, lo que sí puedo hacer es trasladar sus necesidades a quienes si tengan la potestad de tomar medidas desde el Ejecutivo”.
Entre los docentes movilizados se encontraban, además Mónica Gurina y Leandro Sánchez, quienes el año pasado fueron condenados por una causa judicial abierta en el marco del acampe docente sobre la avenida Uruguay de 2024 y cuentan con una restricción de acercamiento a la Legislatura por los incidentes de ese mismo año.
Sánchez también tomó el micrófono unos minutos y ante los legisladores reclamó que tanto él como Gurina fueron “condenados por reclamar por un salario” y lamentó que “hoy hay docentes que están haciendo de Uber o de Didi para sobrevivir”.
“Nadie piensa en el daño psicológico que están sufriendo muchos colegas. Cuando uno se suicide quién se va a hacer responsable”, lanzó.
Política
Carlos Rovira y las elecciones de 2027: “No seré candidato a nada”
El diputado provincial Carlos Rovira anunció esta tarde, en la previa oficialista de la sesión de la Legislatura, que no integrará ninguna lista en las elecciones del año próximo.
Flanqueado por el vicegobernador Lucas Romero Spinelli, el presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Macías, los diputados Daniel Colo Vancsik y Alberto Arrúa, y los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, Rovira despejó las dudas sobre su futuro político y se ubicó fuera de la competencia electoral.
“No seré candidato a nada”, afirmó Rovira ante un auditorio de unas 200 personas, entre quienes figuraban legisladores, funcionarios del gobierno provincial, concejales, intendentes, dirigentes de Encuentro Misionero e invitados especiales.
Como contrapartida, el ex diputado provincial Martín Cesino, el empresario Sergio Bresiski y el concejal Jair Dib, reafirmaron sus candidaturas para suceder a Leonardo Stelatto en la Municipalidad de Posadas.
Condonación
En la misma reunión, Rovira anunció la condonación de la deuda de $90.000 millones que la empresa Energía de Misiones (EMSA) mantenía con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), que enseguida Encuentro Misionero colgó en su sitio web.
La condonación, según Rovira, se consiguió en el marco de las negociaciones por el apoyo de los diputados misioneros a la denominada “Ley Hojarasca” y la quita de subsidios al gas para las zonas frías, que obtuvieron media sanción anoche en la cámara baja.
Rovira sostuvo que el beneficio para la provincia se gestó en ese intercambio político, donde el oficialismo misionero condicionó su acompañamiento a la obtención de resultados concretos para Misiones.
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