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Una sobrina de Alperovich lo denunció por reiteradas violaciones

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Tiene 29 años y lo denunció por varios hechos de abuso sexual agravados por acceso carnal. Además, pidió protección policial y medidas de prohibición de acercamiento. La joven es hija del primo del ex gobernador de Tucumán y fue su asistente personal. La carta se difundió bajo la consigna #NoNosCallamosMás.

TUCUMÁN. “Siempre sucedió en el entorno de seguridad de él. Ella sentía que no podía ni gritar”, contó a Infobae el abogado Ricardo Santoro, que representa a la mujer que esta mañana denunció al ex gobernador de Tucumán y actual senador nacional José Alperovich por abuso sexual agravado.

La mujer tiene 29 años, es hija de un primo de Alperovich y era su asistente personal. Como los hechos que denunció habrían sucedido en Buenos Aires y también en Tucumán, la denuncia se presentó tanto en la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), en la Ciudad de Buenos Aires, como en los Tribunales penales de Tucumán.

Según explicó Santoro, los abusos sexuales habrían sucedido entre fines de 2017 y mayo de 2019 “cuando ella pudo decir ‘basta’”.

En la denuncia primero habla de dos hechos (el 14 y el 27 de diciembre de 2017) en el departamento de él, en Puerto Madero. Luego, habla de otros abusos (agravados por acceso carnal) que habrían sucedido en Tucumán, en la casa que usaban como sede de campaña.

“Le provocó lesiones que están debidamente documentadas”, agregó Santoro. “Ella quedó muy mal, sentía que no tenía salida. Bajó más de 12 kilos en este tiempo, ha sido un calvario para ella”.

Según pudo saber Infobae, como la denunciante pidió medidas urgentes de protección “siento un profundo miedo por mi seguridad personal”, dice el texto, la denuncia no quedó en la UFEM sino que fue derivada con urgencia para que un juez pueda dictarlas de inmediato (por sorteo, pasado el mediodía, le tocó al juzgado 35).

La joven solicitó custodia permanente de la Policía Federal y medidas de restricción de acercamiento. También pidió que “se prohíba la salida del país del denunciado” para evitar “una posible fuga” de acuerdo a “sus recursos económicos y de poder político”.

Luego de la denuncia, asimismo, la mujer –de la que no se publican sus datos personales para proteger su identidad– difundió una carta abierta.

La carta abierta de la denunciante

Estoy segura que ninguna persona que haya sufrido violencia sexual quisiera estar en este lugar, desnudando la intimidad más dolorosa de su vida. Pero nos obligan a encontrar en esta manera la posibilidad de ser escuchadas.

Ya no nos callamos más, pero tampoco queremos hablar por lo bajo de lo que nos pasa, de lo que sentimos, de lo que nos hicieron y de cómo hacemos para volver a la vida después de que hechos tan traumáticos nos la cambiaron para siempre.

No escribo para convencer a nadie de nada. Estoy aquí contra la opresión del silencio y por la necesidad de recuperar mi vida, de sanar llamando a las cosas como son, sin suavizarlas ni teñirlas, poniéndole al monstruo nombre y apellido. Cuando no le ponés nombre, no existe.

El mío se llama José Jorge Alperovich, mi tío segundo y jefe, por quien fui violentada sexual, física y psicológicamente desde diciembre del 2017 hasta mayo de 2019. Durante un año y medio sufrí violaciones a mi integridad física y sexual.

El avasallamiento fue demoledor. Tanto que ni siquiera pude ponerlo en palabras. Él oscilaba libre y cómodamente en los tres escenarios ante los que me posicionaba: el familiar, el laboral y el del horror de la intimidad que me forzaba a vivir con él.

No quería que me besara. Lo hacía igual. No quería que me manoseara. Lo hacía igual. No quería que me penetrara. Lo hacía igual. Inmovilizada y paralizada, mirando las habitaciones, esperando que todo termine, que el tiempo corra. Ya saldría de ahí y estaría en mi casa, ya habría más gente alrededor, ya el disimulo y el trabajo lo iban a alejar de mí.

Ya se cansaría de mí, de que no quiera, de que sea “asexuada” como me llamaba. Pero su fijación no cesaba, durante mucho tiempo quiso más y más seguido, con más ganas, con más fuerza, con más violencia por mi resistencia.

La sensación de que nunca nadie iba a salvarme, de que no iba a haber una interrupción o algo que me sacara de esos lugares. Era expresamente su voluntad. Yo no podía salir sola del encierro porque sabía que tras la primera puerta había caseros, y policías y custodios armados.

Todos sabiendo lo que estaba pasando adentro y cuidando las fronteras de él. Estaba completamente atrapada.

Yo nunca elegí estar ahí de esa manera. Se lo decía en cada no. Pero mis no para él nunca fueron suficientes. No se trataba del ímpetu ni de la cantidad de veces que se lo decía ni de cómo se lo explicaba ni de cómo mezquinaba mi cuerpo ni de cómo intentaba defenderme ni si lloraba o no. Nunca en mi vida lloré tanto.

Durante todo ese tiempo no tuve ni un respiro. Trabajé sin parar, sin vacaciones, sin feriados. Solo me liberaba cuando él viajaba. Pero cuando regresaba, volvía también la pesadilla.

Hasta que se detuvo, hasta que las situaciones en las que el disponía quedarse solo conmigo para tocarme y penetrarme se volvieron situaciones ya de violencia y maltrato público, delante de personas. Pero ya no más por dentro, ya no más al hueso, ya no más solos.

Pensar en quién era yo antes, sin miedo, con deseo de desarrollarme, de aprender, de vivir. Si me conocías pensarías que era una mujer a la que jamás le podría pasar algo así.

El peligro cayó sobre mí todo junto, encubierto en el afecto familiar y en la seriedad de lo laboral. Quedé atrapada y atravesada para siempre.

A mí esto me cuesta desde el día que empezó a pasar y en todos los sentidos. Solo quiero justicia. Recuperar mi vida. Tengo 29 años, soy libre, soy joven. Quiero volver a empezar poniendo cada cosa en su lugar.

Responsabilidad de acciones, consecuencias para quien corresponde. Hasta ahora, sólo las cargo yo. Sacarme esta mochila que ya no puedo sostener más y entregársela a su dueño.

No miento, no busco fama. Nadie quiere hacerse famosa por contar el horror que vivió. No quiero dinero ni hay un trasfondo político detrás de mi denuncia.

Soy mucho más que todo eso que se pueda especular. Esto es por mí. El motivo más importante de mi vida es mi renacimiento, mi sanación y la búsqueda de justicia. ¿Qué motivo más importante que el valor de mi propia vida puedo tener.

Estoy acá contando lo que viví por mi seguridad pero también para que otras mujeres se animen a hablar. Esto no me mató, me puedo proclamar y me puedo defender. Me puedo recuperar, me puedo cuidar, me puedo elegir. Hoy elijo no callarme nunca más.

A pesar de que me decía, en pleno horror: ‘cállate, ¿no ves cómo estoy?’, para tapar todos mis no. No me callo nunca más. Este es mi nunca más. Ojalá también sea el nunca más de todas aquellas que queremos dejar de callar.

Elijo cerrar con estas palabras de Zuleika Esnal: “A las que denunciaron. A las que no. A las que pudieron salir. A las que no. A las que me escriben pidiendo que escriba. A las que me escriben pidiendo que no, que solo quieren probar qué se siente que alguien más sepa su infierno. A las todavía no. A las ahora sí. A las no puedo.

A las sin nombre ni apellido. A las no pongas mi ciudad, por si me encuentra. A las mi vieja sabía y no hizo nada. A las de huesos rotos. A las que ya no están para contar su historia. A las que están acá pero no pueden contarla. A las que escriben paredes. A las que no. A las que salen a la calle. A las que no. A las que me va a sacar el nene si denuncio. A la memoria de todas. A sus mamás. A todas las mamás. (…) A las callate y aguantá. A las no aguanto más. A las me quiero morir. A las de sexo anal para no quedar embarazada de mi viejo en sexto grado. A las viajeras que no vuelven. A las que vuelven y es un lujo. A las te escribo ahora que duerme. A las te dejo que volvió. A las me mata si se entera. A las no sé a quién recurrir. A las te escribo porque yo no tengo a nadie”.

Judiciales

La Justicia suspendió desalojo de escuela campesina Ñande Kokue en Montecarlo

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El Juzgado Civil y Comercial Tres de Eldorado resolvió suspender de manera provisoria el desalojo en los lotes 48 y 49 de Montecarlo, previsto para este jueves, lo que habría afectado a 112 familias de campesinos que asisten a la escuela de formación agroecológica aledaña, espacio que sería trasladado a otra zona próximamente.

Luego de la mesa de diálogo concretada el pasado lunes 8 de junio, entre campesinos y docentes de la escuela Ñande Kokue, donde funciona el Bachillerato Provincial (BOP) 126, el ministro de Gabinete Carlos “Kako” Sartori, entre otras autoridades del gobierno provincial, el juzgado interviniente decidió postergar el desalojo “atento a las delicadas circunstancias sociales y humanas relevadas en las actuaciones efectuadas”.

En la resolución, a la que accedió La Voz de Misiones, la Justicia determinó que “corresponde imperioso destacar la preeminencia del orden institucional y el compromiso social que debe guiar la actividad jurisdiccional”. 

En ese contexto, también advirtió sobre la configuración social del grupo en cuestión y la necesidad de garantizar los derechos humanos básicos: “Ante situaciones que evidencian un estado de vulnerabilidad de los sujetos que concurren -menores y adultos, días sábados- al inmueble, el servicio de justicia no puede permanecer ajeno a las derivaciones materiales de sus pronunciamientos, resultando indispensable articular mecanismos de contención interinstitucional que resguarde los derechos fundamentales en juego”.

En este sentido, asumieron el compromiso de diseñar y ejecutar medidas de apoyo específicas, por lo que también reiteraron la inmediata intervención a los organismos competentes: la secretaría de Niñez del municipio, la Dirección de Acción Social municipal, el Ministerio de Educación de la provincia, el Ministerio de Gobierno y la Secretaría de Gobierno e intendencia municipal. 

A estos se sumarían la Secretaría de Gobierno, Asuntos Registrales y Tierras de la provincia y la Dirección de Catastro del municipio, a fin de adoptar las “medidas conducentes para la reubicación de las actividades de formación en oficios”, que actualmente se desarrollan en el mencionado espacio.

Finalmente, el juzgado interviniente dictaminó que, las instituciones mencionadas deberán informar, dentro del plazo de tres días de notificados, las acciones implementadas y, posteriormente, remitir informes periódicos cada cinco días hasta la efectiva solución de la situación planteada. 

De esta manera, la sentencia de desalojo, firme ante la Cámara de Apelaciones, quedó suspendida provisoriamente, lo que “no altera ni afecta la firmeza de la sentencia de desalojo, limitándose exclusivamente a diferir temporalmente su ejecución material a fin de posibilitar la intervención coordinada, y de carácter urgente, de los organismos estatales involucrados en resguardo de la paz social y la tutela judicial efectiva para efectivizar la desocupación del inmueble”.

Abren mesa de diálogo entre La Misionera y campesinos de Montecarlo

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Policiales

Docente fue detenido en investigación por archivos Masi en San Ignacio

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Archivos Masi San Ignacio

Un docente de 28 años que se desempeñaba frente a alumnos de tercer grado fue detenido este martes en San Ignacio, durante un allanamiento realizado en el marco de una investigación por presunto almacenamiento de material de abuso sexual infantil (Masi).

El procedimiento fue llevado adelante por personal especializado de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (Saic) del Ministerio Público y efectivos de la Policía de Misiones, bajo orden del Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América, a cargo del magistrado Roberto Sena, y a requerimiento de la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos, presidido por Juan Pablo Espeche. 

El detenido fue identificado como Marcos Jeremías A. (28), quien quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la causa.

La investigación se inició a partir de reportes remitidos por el National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), organismo estadounidense que recibe alertas generadas por distintas plataformas digitales ante posibles casos de explotación sexual infantil, mismo mecanismo que ya activó otros procedimientos realizados previamente en distintos puntos de la provincia.

Según indicaron fuentes oficiales, los informes internacionales advertían sobre el presunto almacenamiento de archivos con material de abuso sexual infantil en servicios asociados a un usuario determinado.

Durante el análisis de la información, además, se detectaron imágenes vinculadas a menores de edad de la provincia de Misiones. Entre ellas, una habría sido manipulada mediante herramientas de inteligencia artificial, circunstancia que motivó la profundización inmediata de las medidas investigativas.

En el allanamiento realizado en San Ignacio, los peritos de la Saic efectuaron tareas de constatación sobre dispositivos electrónicos y otros elementos de interés para la causa. De acuerdo al comunicado oficial, los especialistas verificaron coincidencias entre los datos contenidos en los reportes remitidos por el NCMEC y la información obtenida durante el procedimiento.

Como resultado de la medida judicial fueron secuestrados tres pen drives, una computadora portátil y un teléfono celular, que ahora serán sometidos a pericias informáticas forenses especializadas para determinar su contenido y posible relevancia para la investigación.

La causa es instruida por la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos y el Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América, con intervención técnica de la Saic y colaboración de la Policía de Misiones.

Detuvieron a un barbero tras doce reportes por archivos Masi en Eldorado

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Judiciales

Piden entre 16 y 3 años de prisión para ex gendarmes narcos misioneros en Salta

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El fiscal federal Ricardo Toranzos solicitó penas de entre 3 y 16 años de prisión para los siete integrantes de una organización narcocriminal integrada por gendarmes, ex miembros de la fuerza y aspirantes a ingresar a la institución, acusados de transportar 334 kilogramos de cocaína en dos operativos realizados en Salta durante 2024.

Entre los principales imputados aparecen varios misioneros, señalados como piezas clave de la estructura delictiva.

Durante su alegato ante el Tribunal Oral Federal N.º 2 de Salta, Toranzos pidió la pena máxima de 16 años de prisión para los misioneros Richar Ariel Delgado y Jonathan Leonel Ostapowicz (comerciante), además de Gabriel Ruiz Apaza, al considerarlos coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas en dos hechos distintos.

Para los otros ex gendarmes misioneros Adrián Emilio Escarlata y Diego Hernán Delgado, el fiscal solicitó 13 y 9 años y 6 meses de prisión, respectivamente.

La causa expuso el funcionamiento de una organización con fuerte impronta misionera que quedó al descubierto en mayo de 2024, cuando Diego Delgado fue detenido en Salta mientras trasladaba más de 300 kilos de cocaína ocultos en una Volkswagen Amarok. El secuestro de su teléfono celular permitió a los investigadores reconstruir la trama criminal, identificar a los demás involucrados y desarticular la estructura.

El fiscal solicitó 13 y 9 años y 6 meses de prisión para Adrián Emilio Escarlata y Diego Hernán Delgado

Según la investigación encabezada por Toranzos, Ostapowicz y Richar Delgado eran dos de los principales organizadores de la maniobra. Ambos fueron detenidos meses después en operativos realizados en Posadas y Bernardo de Irigoyen, respectivamente. Los investigadores sostienen que tenían un rol central en la logística de los viajes y en la provisión de vehículos utilizados para transportar la droga desde el norte salteño hacia Buenos Aires.

Richar Delgado, oriundo de Azara, había pertenecido a Gendarmería Nacional y llegó a desempeñarse en áreas de investigación de la fuerza. Su hermano menor, Diego Hernán Delgado, también integró la institución hasta ser expulsado tras quedar involucrado en actividades vinculadas al narcotráfico. Ambos quedaron ubicados por la fiscalía entre los actores más relevantes de la organización.

Otro de los misioneros alcanzados por el pedido de condena es Escarlata, domiciliado en Apóstoles. El ex gendarme fue detenido en octubre de 2024 cuando transportaba otros 31 kilos de cocaína ocultos en una rueda de auxilio. Junto a él viajaba su esposa, Marlene Leonor Hañek, también oriunda de esa localidad.

La fiscalía sostuvo que la banda operaba mediante una estructura estable y organizada, aprovechando conocimientos adquiridos dentro de las fuerzas de seguridad para ocultar cargamentos y eludir controles. Entre las pruebas incorporadas al debate figuran conversaciones extraídas de un grupo de WhatsApp denominado “Los Peluches”, donde los acusados coordinaban traslados y compartían instrucciones sobre cómo acondicionar la droga en los vehículos y cómo actuar ante eventuales inspecciones.

El tribunal ya declaró la responsabilidad penal de los acusados y resta conocer la sentencia definitiva, que se dará a conocer el próximo jueves. Además de las penas de prisión, el fiscal solicitó el decomiso de bienes secuestrados durante la investigación, entre ellos vehículos de alta gama, dinero en efectivo y otros activos que presuntamente habrían sido adquiridos con fondos provenientes de la actividad ilícita.

Contrabando de granos y lavado de activos, otras causas de los narcogendarmes

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