Policiales
Un nene de 5 años murió ahogado en colonia de vacaciones que costaba $15000
El incidente ocurrió este martes, la fiscalía tiene algunas certezas: no hubo dolo (o sea intención) .
LA PLATA. BUENOS AIRES. La fiscalía apunta su investigación hacia tres integrantes del cuerpo de asistentes de la colonia estival “Lincoln summer Camp”: la profesora de educación física (que no tendría título habilitante pero cumplía esa función); el guardavidas y el coordinador del grupo al que asistía Lucas.
No están imputados, porque Corfield aún no definió el tipo legal de delito que podría imponer en la causa. Esto deriva de la autopsia que constató la muerte por “asfixia por inmersión”, sin lesiones previas ni signos de defensa por parte de la víctima.
A partir de la recolección de más pruebas se podrá determinar si se trata de un accidente; un homicidio culposo o un abandono de persona seguido de muerte. Por el momento, los tres involucrados fueron notificados de la apertura de una causa, para que designen abogados, tengan acceso al expediente y eventualmente preparen una declaración.
“Hasta que no se defina la imputación, no podrán ser llamados a declaración indagatoria. Tampoco serán convocados como testigos”, la fiscal Corfield.
Por ahora, se evalúan algunas hipótesis: Lucas cayó por algún motivo a la parte profunda del natatorio y no lo advirtieron. Los encargados ordenaron al contingente abandonar el sector y no notaron su ausencia hasta minutos después, cuando estaban por ofrecer la merienda.
Para entonces, al niño lo encontraron en el fondo del agua. Aunque se hicieron las tareas de reanimación, no pudieron evitar el fallecimiento. “Desde la posición del guardavidas, en una mesa sobre un costado se ve perfectamente toda la pileta”, resumió el informe pericial. Una de las explicaciones que dieron las autoridades fue que por “el reflejo del sol sobre el agua” un sector no tenía visibilidad óptima.
El episodio provocó una reacción entre un grupo de padres; familiares e integrantes de la comunidad china de La Plata. Luego de recibir muestras de solidaridad en la puerta del supermercado que administra Min Lin, el papá de Lucas, todos marcharon hacia la sede del instituto educativo.
Los Lin llegaron a la capital de la provincia hacia fines de los 90. Son propietarios de dos locales comerciales. En julio pasado, en la puerta de uno de los comercios, Lucas fue atropellado por un motociclista que escapó luego del accidente. El nene se había recuperado de los golpes. “Quería ir a aprender a nadar para no estar aburrido en casa”, contó en medio de un intenso dolor el papá de la víctima.
Min tiene otro hijo de 10 años. El domingo, junto con un grupo de familiares habían celebrado el año nuevo chino. “Estaban todos felices”, contó Carina, amiga e integrante de la colectividad oriental en la protesta de este miércoles a la tarde. “Desde la escuela no vinieron a dar explicaciones. Nadie respondió o se comunicó” se quejaban desde el entorno de los comerciantes.
Casi al mismo tiempo, desde la institución académica se difundió un breve comunicado en el que los directivos manifiestan la “profunda tristeza” por el episodio fatal ocurrido este martes cerca de las 16, en el predio recreativo de 135 y 518.
Las institución plantea que acompañará “con respeto y solidaridad” a la familia, “mientras se realizan las diligencias policiales y judiciales” para determinar lo que ocurrió.
“Quienes compartimos innumerables jornadas con niños y adolescentes, unidos por los lazos de afecto que se construyen cotidianamente, manifestamos nuestra profunda tristeza por ésta pérdida inconmesurable, y la intención de todos los estamentos del Colegio Lincoln de acompañar con respeto y solidaridad a la familia Lin, a sus compañeritos y amigos, mientras atraviesan la congoja de la falta del querido Lucas”, se lee en la comunicación oficial que lleva la firma de directivos, docentes, representantes legales y no docentes.
Uno de los cuestionamientos de los familiares de Lin era el “silencio” de la escuela después de la tragedia que conmovió a la comunidad a la que asisten más de 800 estudiantes de los niveles inicial, primaria y secundaria.
El Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos, resolvió en las últimas horas el dictado de prisión preventiva contra las dos mujeres detenidas por el asesinato del agente penitenciario Julio César Argüello (45), registrado en febrero pasado.
Las implicadas son Rosa Lidia Argüello (54), hermana de la víctima, quien enfrenta una acusación como autora del delito de “homicidio simple” -que prevé entre 8 y 25 años de prisión-, y Paola Z. (35), última pareja del penitenciario, cuya imputación es por “encubrimiento agravado por tratarse de un delito grave”.
El agente penitenciario que se desempeñaba como adscripto en el ministerio de Derechos Humanos fue atacado el 6 de febrero en su casa sobre calle Puerto Rico, a metros de la residencia del gobernador en el barrio Luis Piedra Buena de Posadas.
El hecho fue alertado por la propia hermana, quien llamó a una ambulancia para auxiliar al agente que estaba herido dentro de la vivienda.
El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en grave estado de salud hasta que el jueves 12 de febrero se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo y el caso pasó a ser investigado como homicidio.
Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.
Entre esos elementos sobresalen imágenes de una cámara de seguridad que la muestran ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.
El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica para ser sometido a pericias.
Respecto a la pareja de la víctima, también cuenta con imágenes de seguridad que la muestran en el inmueble en cuestión y se sospecha que su intervención fue clave para limpiar la escena.
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Una mujer de 50 años fue detenida, acusada de sustraer dos vinos de colección valuados en más de 6 millones de pesos de una tienda de bebidas ubicada sobre avenida Mitre casi Colón.
Todo comenzó con una denuncia radicada el pasado 12 de febrero por la propietaria del local “Vinos y Co”, ubicado en la mencionada intersección, quien advirtió el faltante de dos botellas de alta gama.
Según consta en la denuncia, se trata de un vino Estiva Reservado 1994 de Catena Zapata, valuado en $4.000.000, y otro Estiva Reservado 2008 de la misma bodega, con un valor de $2.450.000, lo que eleva el perjuicio económico a más de 6 millones de pesos.
En ese marco, se inició una investigación para dar con el paradero de la presunta autora del hecho. Finalmente, en la tarde del 31 de marzo, personal policial ubicó a la sospechosa, quien fue detenida y quedó a disposición de la Justicia en averiguación del hecho. La misma fue identificada como Celia S. (50).
Por su parte, los investigadores buscan establecer el destino de las botellas sustraídas, analizando si fueron consumidas, obsequiadas o comercializadas.
La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas en el marco del expediente.
Un oficial subayudante de la Policía de Misiones fue detenido y separado de la fuerza luego de dos denuncias por hechos contra la integridad sexual radicadas por uniformadas que compartieron dependencias con él en la localidad de El Soberbio.
El implicado fue identificado como Emanuel K. (26), cuya detención fue ordenada por el Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente, a cargo del magistrado Gerardo Casco, donde se tramita ambas presentaciones radicadas en su contra.
Según la información brindada por la propia fuerza, de las denuncias se desprende que uno de los hechos ocurrió en diciembre de 2023, cuando el apuntado presuntamente encerró a una camarada en una oficina e intentó someterla sexualmente.
El siguiente hecho tuvo lugar en septiembre de 2025, cuando el mismo uniformado se propasó con una agente con la que compartía lugar de trabajo y después de ello la amenazó para que no relevara lo que había sucedido.
Las denuncias fueron presentadas hace pocos días y después de ello el juzgado ordenó la detención del agente involucrado, al tiempo que la Jefatura de Policía inició una investigación administrativa a través de la Dirección de Asuntos Internos y ordenó el pase a disponibilidad del acusado.
El uniformado ahora se encuentra detenido y a disposición de las autoridades intervinientes en la causa, quienes decidirán los próximos pasos a seguir.
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