Policiales
Un nene de 5 años murió ahogado en colonia de vacaciones que costaba $15000
El incidente ocurrió este martes, la fiscalía tiene algunas certezas: no hubo dolo (o sea intención) .
LA PLATA. BUENOS AIRES. La fiscalía apunta su investigación hacia tres integrantes del cuerpo de asistentes de la colonia estival “Lincoln summer Camp”: la profesora de educación física (que no tendría título habilitante pero cumplía esa función); el guardavidas y el coordinador del grupo al que asistía Lucas.
No están imputados, porque Corfield aún no definió el tipo legal de delito que podría imponer en la causa. Esto deriva de la autopsia que constató la muerte por “asfixia por inmersión”, sin lesiones previas ni signos de defensa por parte de la víctima.
A partir de la recolección de más pruebas se podrá determinar si se trata de un accidente; un homicidio culposo o un abandono de persona seguido de muerte. Por el momento, los tres involucrados fueron notificados de la apertura de una causa, para que designen abogados, tengan acceso al expediente y eventualmente preparen una declaración.
“Hasta que no se defina la imputación, no podrán ser llamados a declaración indagatoria. Tampoco serán convocados como testigos”, la fiscal Corfield.
Por ahora, se evalúan algunas hipótesis: Lucas cayó por algún motivo a la parte profunda del natatorio y no lo advirtieron. Los encargados ordenaron al contingente abandonar el sector y no notaron su ausencia hasta minutos después, cuando estaban por ofrecer la merienda.
Para entonces, al niño lo encontraron en el fondo del agua. Aunque se hicieron las tareas de reanimación, no pudieron evitar el fallecimiento. “Desde la posición del guardavidas, en una mesa sobre un costado se ve perfectamente toda la pileta”, resumió el informe pericial. Una de las explicaciones que dieron las autoridades fue que por “el reflejo del sol sobre el agua” un sector no tenía visibilidad óptima.
El episodio provocó una reacción entre un grupo de padres; familiares e integrantes de la comunidad china de La Plata. Luego de recibir muestras de solidaridad en la puerta del supermercado que administra Min Lin, el papá de Lucas, todos marcharon hacia la sede del instituto educativo.
Los Lin llegaron a la capital de la provincia hacia fines de los 90. Son propietarios de dos locales comerciales. En julio pasado, en la puerta de uno de los comercios, Lucas fue atropellado por un motociclista que escapó luego del accidente. El nene se había recuperado de los golpes. “Quería ir a aprender a nadar para no estar aburrido en casa”, contó en medio de un intenso dolor el papá de la víctima.
Min tiene otro hijo de 10 años. El domingo, junto con un grupo de familiares habían celebrado el año nuevo chino. “Estaban todos felices”, contó Carina, amiga e integrante de la colectividad oriental en la protesta de este miércoles a la tarde. “Desde la escuela no vinieron a dar explicaciones. Nadie respondió o se comunicó” se quejaban desde el entorno de los comerciantes.
Casi al mismo tiempo, desde la institución académica se difundió un breve comunicado en el que los directivos manifiestan la “profunda tristeza” por el episodio fatal ocurrido este martes cerca de las 16, en el predio recreativo de 135 y 518.
Las institución plantea que acompañará “con respeto y solidaridad” a la familia, “mientras se realizan las diligencias policiales y judiciales” para determinar lo que ocurrió.
“Quienes compartimos innumerables jornadas con niños y adolescentes, unidos por los lazos de afecto que se construyen cotidianamente, manifestamos nuestra profunda tristeza por ésta pérdida inconmesurable, y la intención de todos los estamentos del Colegio Lincoln de acompañar con respeto y solidaridad a la familia Lin, a sus compañeritos y amigos, mientras atraviesan la congoja de la falta del querido Lucas”, se lee en la comunicación oficial que lleva la firma de directivos, docentes, representantes legales y no docentes.
Uno de los cuestionamientos de los familiares de Lin era el “silencio” de la escuela después de la tragedia que conmovió a la comunidad a la que asisten más de 800 estudiantes de los niveles inicial, primaria y secundaria.
En la madrugada de hoy allanaron, secuestraron dispositivos electrónicos y detuvieron a un hombre de 54 años en Garupá, durante un operativo internacional realizado de manera simultánea en 12 provincias argentinas, con el objetivo de desbaratar redes de transmisión y tenencia de material de abuso sexual infantil (Masi).
El operativo lleva el nombre de “Escudo infantil” y en Misiones fue dispuesto por la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos y ordenado por el Juzgado de Instrucción en turno, bajo la coordinación de la Procuración General, encabezada por Carlos Jorge Giménez.
En tanto, la investigación surgió a partir de datos aportados por la Unidad Forense y de Investigación Digital (UFID) de Berazategui, en Buenos Aires, en el marco de una causa que detectó redes internacionales de intercambio de Masi.
Con esa información, la fiscalía misionera inició pedidos de informes a prestadores telefónicos y cruces de bases de datos que permitieron identificar al presunto usuario involucrado.
Con una orden judicial, los investigadores allanaron el domicilio del sospechoso y secuestraron tres teléfonos celulares y una notebook, de los cuales, uno de los aparatos coincide con la línea telefónica detectada en el caso que originó el operativo internacional.
Durante el procedimiento, el juez de Instrucción se presentó en el lugar y ordenó la detención del sospechoso identificado como Silvio B, quedando todos los dispositivos bajo resguardo para pericias informáticas orientadas a establecer si contienen material vinculado a la causa.
El operativo fue ejecutado a las 6 de la mañana de hoy con participación de equipos técnicos y unidades policiales especializadas, entre ellas: personal técnico de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (SAIC), la División de Delitos Sexuales de la Policía de Misiones, el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y la Dirección de Investigaciones Complejas, garantizando la aplicación de protocolos específicos para este tipo de delitos.
Detenido por Masi en el microcentro posadeño es un informático de 55 años
La Justicia de Misiones estableció nuevas fechas para el juicio contra los docentes y sindicalistas, Leandro Sánchez y Mónica Gurina, quienes están acusados de “desobediencia judicial” y “obstrucción del libre tránsito” por su participación en la protesta multisectorial sobre la avenida Uruguay de Posadas, entre mayo y junio de 2024.
El debate oral se realizará los días 25, 26 y 27 de noviembre, luego de que el inicio previsto para el 15 de octubre fuera suspendido a pedido de la defensa y de diversas organizaciones sociales, con el objetivo de garantizar un espacio con mayor capacidad para la asistencia del público.
La Justicia hizo lugar al pedido de la defensa, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, y dispuso que las audiencias se realicen en el Palacio de Justicia de Misiones, desde las 8.
Sánchez, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones (Utem), y Gurina, secretaria general de la CTA Misiones, son referentes del sector docente y sostienen que el proceso judicial en su contra representa un intento de “criminalizar la protesta social”.
Docentes llevados a juicio reclamarán su absolución en el Congreso
En la antesala de los alegatos que comenzarán mañana, el Tribunal Penal Dos de Posadas dispuso hoy que los seis ex policías imputados por la muerte del albañil Carlos Raúl Guirula (34) aguarden el dictado de la sentencia privados de su libertad.
A través de su presidente Gregorio Busse, el tribunal que también lo integran los jueces Fernando Verón y Miguel Mattos, comunicó que la decisión obedece a un “medida meramente administrativa para garantizar el proceso” y sostuvo que la disposición no equivale a una prisión preventiva sino a un “arresto preventivo”.
El fiscal Vladimir Glinka acompañó la postura, mientras que las defensas se opusieron e incluso el letrado Federico Tilli planteó un recurso de revocatoria que fue rechazado por el tribunal tras un breve cuarto intermedio.
De esta manera, los seis imputados fueron esposados y trasladados a unidades penitenciarias donde quedarán alojados hasta el dictado de la sentencia, resolución que podría darse este viernes.
Como paso previo se dará inicio mañana la ronda de alegatos, donde el primero en exponer será el fiscal Glinka, quien ya adelantó que tiene por probada su teoría del caso y podría solicitar duras penas para los imputados.
La causa tiene siete imputados por “tortura seguida de muerte y ocultamiento de pruebas”, figura bajo la cual pueden ser recibir prisión perpetua. Los acusados son Lourdes Beatriz Tabarez (42); Claudio Marcelo Servian; Carlos Alberto Da Silva (35); Ricardo Rafael Escobar (42); Carlos Alberto Zidorak (35); y Lucas Nahuel Saravia Allosa (37).
Todos habían llegado a esta instancia en libertad en virtud del vencimiento de sus prisiones preventivas, aunque iniciado el juicio tuvieron una consigna policial y ahora fueron arrestados preventivamente.
El hecho ocurrió el 19 de julio de 2014, cuando el albañil Guirula fue detenido por disturbios en el motel Park de Posadas y trasladado a la comisaría Decimotercera, aunque llegó muerto. La autopsia determinó que el deceso se produjo como consecuencia de una suma de lesiones como un traumatismo de cráneo y fractura de costillas que le perforaron un pulmón.
El juicio comenzó el 21 de octubre. Desde ese día hasta acá declararon más de 20 testigos y cuatro de los imputados, quienes cruzaron incriminaciones.
Los imputados Da Silva y Zidorak apuntaron contra Tabarez y Escobar por golpes, patadas y pisotones efectuados contra Guirula, que aquella madrugada del 19 de julio de 2014 llegó muerto a la comisaría Decimotercera tras ser detenido en el motel Park de Posadas.
Sobre Escobar incluso señalaron que “iba saltando” sobre el cuerpo del albañil tendido en la cajuela del patrullero Toyota Hilux en el que se realizó el traslado hacia la seccional. El apuntado también pasó frente al tribunal y admitió haber “apoyado el pie” sobre el hombre, aunque afirmó que lo hizo “sin ejercer presión” y “por motivos de seguridad”.
FOTO: Marcelo Rodríguez – El Territorio.
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