Policiales
Un nene de 5 años murió ahogado en colonia de vacaciones que costaba $15000
El incidente ocurrió este martes, la fiscalía tiene algunas certezas: no hubo dolo (o sea intención) .
LA PLATA. BUENOS AIRES. La fiscalía apunta su investigación hacia tres integrantes del cuerpo de asistentes de la colonia estival “Lincoln summer Camp”: la profesora de educación física (que no tendría título habilitante pero cumplía esa función); el guardavidas y el coordinador del grupo al que asistía Lucas.
No están imputados, porque Corfield aún no definió el tipo legal de delito que podría imponer en la causa. Esto deriva de la autopsia que constató la muerte por “asfixia por inmersión”, sin lesiones previas ni signos de defensa por parte de la víctima.
A partir de la recolección de más pruebas se podrá determinar si se trata de un accidente; un homicidio culposo o un abandono de persona seguido de muerte. Por el momento, los tres involucrados fueron notificados de la apertura de una causa, para que designen abogados, tengan acceso al expediente y eventualmente preparen una declaración.
“Hasta que no se defina la imputación, no podrán ser llamados a declaración indagatoria. Tampoco serán convocados como testigos”, la fiscal Corfield.
Por ahora, se evalúan algunas hipótesis: Lucas cayó por algún motivo a la parte profunda del natatorio y no lo advirtieron. Los encargados ordenaron al contingente abandonar el sector y no notaron su ausencia hasta minutos después, cuando estaban por ofrecer la merienda.
Para entonces, al niño lo encontraron en el fondo del agua. Aunque se hicieron las tareas de reanimación, no pudieron evitar el fallecimiento. “Desde la posición del guardavidas, en una mesa sobre un costado se ve perfectamente toda la pileta”, resumió el informe pericial. Una de las explicaciones que dieron las autoridades fue que por “el reflejo del sol sobre el agua” un sector no tenía visibilidad óptima.
El episodio provocó una reacción entre un grupo de padres; familiares e integrantes de la comunidad china de La Plata. Luego de recibir muestras de solidaridad en la puerta del supermercado que administra Min Lin, el papá de Lucas, todos marcharon hacia la sede del instituto educativo.
Los Lin llegaron a la capital de la provincia hacia fines de los 90. Son propietarios de dos locales comerciales. En julio pasado, en la puerta de uno de los comercios, Lucas fue atropellado por un motociclista que escapó luego del accidente. El nene se había recuperado de los golpes. “Quería ir a aprender a nadar para no estar aburrido en casa”, contó en medio de un intenso dolor el papá de la víctima.
Min tiene otro hijo de 10 años. El domingo, junto con un grupo de familiares habían celebrado el año nuevo chino. “Estaban todos felices”, contó Carina, amiga e integrante de la colectividad oriental en la protesta de este miércoles a la tarde. “Desde la escuela no vinieron a dar explicaciones. Nadie respondió o se comunicó” se quejaban desde el entorno de los comerciantes.
Casi al mismo tiempo, desde la institución académica se difundió un breve comunicado en el que los directivos manifiestan la “profunda tristeza” por el episodio fatal ocurrido este martes cerca de las 16, en el predio recreativo de 135 y 518.
Las institución plantea que acompañará “con respeto y solidaridad” a la familia, “mientras se realizan las diligencias policiales y judiciales” para determinar lo que ocurrió.
“Quienes compartimos innumerables jornadas con niños y adolescentes, unidos por los lazos de afecto que se construyen cotidianamente, manifestamos nuestra profunda tristeza por ésta pérdida inconmesurable, y la intención de todos los estamentos del Colegio Lincoln de acompañar con respeto y solidaridad a la familia Lin, a sus compañeritos y amigos, mientras atraviesan la congoja de la falta del querido Lucas”, se lee en la comunicación oficial que lleva la firma de directivos, docentes, representantes legales y no docentes.
Uno de los cuestionamientos de los familiares de Lin era el “silencio” de la escuela después de la tragedia que conmovió a la comunidad a la que asisten más de 800 estudiantes de los niveles inicial, primaria y secundaria.
El ministerio de Gobierno, a cargo de Marcelo Pérez, puso en marcha en un nuevo esquema operativo en las comisarías posadeñas y dispuso que el Servicio Penitenciario Provincial (SPP) se haga cargo de las labores de resguardo de detenidos en dependencias policiales durante el turno nocturno, lo que permitirá destinar más efectivos a las calles y reforzar la seguridad en barrios de la ciudad durante la noche.
Con esta disposición, los agentes del SPP se encargarán de la custodia de detenidos en aquellas dependencias con mayor concentración de personas privadas de su libertad durante el turno comprendido desde las 19 hasta las 7.
Según consignaron desde la fuerza provincial, “a partir de esta readecuación, los efectivos policiales que cumplían funciones de guardia en comisarías serán reasignados a tareas preventivas, reforzando los patrullajes, las recorridas barriales, la instalación de puestos fijos y la presencia activa en puntos estratégicos de la capital provincial”.
“El esquema es coordinado entre la Jefatura de Policía y el Servicio Penitenciario Provincial, en el marco de un proceso progresivo que busca optimizar los recursos disponibles y fortalecer la operatividad en el territorio”, explicaron en el mismo comunicado.
La medida se implementa, además, casi dos meses después de la última fuga de presos registrada en la Unidad Regional X de Posadas.
En aquella ocasión, cuatro internos con diversas causas judiciales escaparon a través de un orificio en el techo del patio interno de la dependencia y dos de ellos, el paraguayo Walter Ramón Ávalos Cáceres (25) y el posadeño Cristian Ezequiel “Guri” Andino (23) permanecen prófugos.
Se fugaron cuatro presos de la UR X: uno había sido condenado en diciembre
La autopsia practicada a un joven de 26 años reveló que su muerte, ocurrida el último lunes en la localidad de Concepción de la Sierra, se produjo por causas violentas y tras esa confirmación la Justicia dispuso la detención de su novia como sospechosa de homicidio.
La víctima del hecho fue identificada como Ramón Germán Bergergi, cuyo deceso se descubrió el lunes, cuando un familiar suyo lo encontró sin vida en su casa de Concepción.
Después de ello, el Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, ordenó el cuerpo sea enviado a autopsia, examen forense que finalmente reveló que el deceso no se dio por causas naturales, sino más bien por causas violentas, lo que modificó el enfoque de la investigación.
En ese marco, las mismas autoridades dispusieron la detención de la novia de la víctima como sospechosa de homicidio. Según consignaron fuentes consultadas, la muchacha, de 18 años, habría estado consumiendo estupefacientes con Bergergi momentos antes del desenlace fatal.
Entre las medidas dispuestas también allanamientos y procedimientos que culminaron con el secuestro de teléfonos celulares, registros de cámaras de seguridad y un martillo. Todos los dispositivos y elementos serán sometidos a pericias.
En paralelo, los investigadores aguardan el resultado de los estudios complementarios y toxicológicos que podrían aportar mayores precisiones sobre lo ocurrido.
El Juzgado Federal de Posadas, a cargo de la magistrada Verónica Skanata, activó ayer una serie de procedimientos vinculados a una investigación por contrabando de mercaderías y coimas que involucra a más de 40 funcionarios, entre agentes aduaneros y gendarmes, quienes no fueron detenidos pero sí quedaron supeditados a la causa que se tramita desde 2022.
Según precisaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la pesquisa tiene bajo la lupa a un total de 24 integrantes de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y 22 agentes de Aduana, organismo dependiente de Arca (ex Afip), con prestación de servicios en el puente internacional San Roque González de Santa Cruz.
En ese marco, el lunes se ejecutaron 38 allanamientos simultáneos realizados por investigadores de la propia fuerza federal, quienes tuvieron la misión de irrumpir en el domicilio o lugar de trabajo de camaradas y agentes aduaneros.
Esos procedimientos culminaron con el secuestro de 57.333.470 de pesos, 37.202 dólares, 6.701 reales, 947.000 guaraníes y 17 pesos cubanos. También se incautaron 62 celulares, entre aparatos de uso personal que serán enviados a pericias y otros que pudieron ser ingresados al país burlando los trámites de importación.
Además, se decomisaron múltiples dispositivos electrónicos más como tarjetas de almacenamiento, cámaras, computadoras y cámaras fotográficas.
Lo que se sospecha es que todos los involucrados formaban parte de una organización dedicada a facilitar el contrabando de mercaderías por el viaducto internacional a partir del cobro de coimas, ardid similar al descubierto en 2016, causa por la cual cuatro aduaneros fueron imputados por asociación ilícita y que el año pasado fueron condenados en juicio oral.
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