Un hombre fue imputado y quedó detenido con prisión preventiva por 91 días luego de ser descubierto cuando intentaba ingresar a Posadas desde Paraguay con más de 13 kilogramos de cocaína ocultos en la estructura del asiento trasero de su automóvil.

El procedimiento se concretó el martes 15 de septiembre en el control de la Dirección General de Aduanas (DGA) ubicado en el puente internacional San Roque González de Santa Cruz, cuando el acusado, identificado por sus iniciales V.B.V., llegó a Posadas a bordo de un Renault Logan proveniente de Encarnación.

Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF), durante el primer control el conductor manifestó que había viajado a Paraguay para trasladar a un pasajero y que solamente había comprado un par de zapatillas para su hijo.

Sin embargo, al revisar el baúl, los agentes aduaneros encontraron únicamente una caja vacía, por lo que decidieron trasladar el vehículo a una dársena para realizar una inspección más exhaustiva.

En ese segundo control, el hombre modificó su relato y señaló que, además de llevar a un pasajero, había comprado flores para su mujer.

Los agentes detectaron entonces una rigidez anómala en la estructura del asiento trasero y convocaron a un binomio antinarcóticos integrado por un guía y un can detector, que reaccionó ante la posible presencia de estupefacientes.

Luego, el automóvil fue sometido a un escaneo, cuyas imágenes permitieron observar densidades y formas irregulares detrás del respaldo del asiento.

Con la presencia de dos testigos, los agentes retiraron parte del tapizado y encontraron 13 paquetes rectangulares envueltos en film negro. Las pruebas de campo realizadas posteriormente por personal de Gendarmería Nacional confirmaron que se trataba de cocaína, con un peso total de 13,280 kilogramos.

Además de la droga, fueron secuestrados el Renault Logan, dos teléfonos celulares y documentación relacionada con el vehículo.

Fue una de las primeras audiencias realizadas bajo la aplicación del nuevo sistema acusatorio en Posadas.

Imputación y prisión preventiva

La investigación fue formalizada el viernes último ante la jueza federal de Garantías María Verónica Skanata, quien hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y dispuso la prisión preventiva del acusado por 91 días.

La fiscalía, representada por el fiscal federal Pablo Ricardo Di Loreto y el auxiliar fiscal Alan Rebak, le atribuyó el delito de contrabando de estupefacientes agravado en grado de tentativa, en calidad de autor.

Además, la magistrada fijó un plazo de 60 días hábiles para el desarrollo de la investigación, ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del imputado y dispuso la realización de distintos peritajes.

La audiencia se realizó en el marco de una de las primeras formalizaciones de investigación penal en el Distrito Misiones desde la entrada en vigencia del sistema acusatorio federal, el pasado 24 de agosto.

Entró en vigencia el sistema acusatorio federal en Misiones

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Los ex policías Alejandro Ramón Arrieta, Iván Ezequiel Arrieta y Horacio Elías Couto, permanecen detenidos en una comisaría posadeña y el jueves serán trasladados a indagatoria ante la Justicia.

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, los tres enfrentan cargos por delitos de “lesiones leves calificadas y resistencia a la autoridad”.

La indagatoria se realizará ante el magistrado en turno Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas. En la ocasión, los ex policías podrán declarar o bien abstenerse.

En paralelo a la novedad judicial, el jefe de la Policía de Misiones, el comisario general Sandro Martínez, habló sobre el episodio y brindó otras consideraciones sobre el asunto.

En diálogo con Radio UP, el mandamás de la fuerza provincial confirmó que “hay tres ex policías que continúan detenidos y a disposición del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas”, en tanto que precisó que “la causa es por lesiones calificadas por haber sido cometidas contra un funcionario policial y atentado contra la autoridad”.

Sobre las detenciones, Martínez indicó que “la protesta es un derecho constitucional que está asegurado, pero en este caso no fueron detenidos por la protesta, fueron detenidos porque atentaron contra la autoridad pública”.

“El personal policial los quiso identificar y ellos fueron hostiles, ofrecieron resistencia hacia la autoridad. Tenemos tres policías lesionados. El derecho a protesta está protegido, pueden protestar pero en este caso no tiene nada que ver con la protesta”, reafirmó.

Martínez además dejó en claro que tanto estos tres ex policías como el propio Diego Correa ya no pertenecen a la institución: “Hace rato ya dejaron de ser policías”.

 

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El reclamo

Los hermanos Arrieta y Couto fueron detenidos ayer a la mañana, frente a la Casa de Gobierno, luego de entregar una nota y encadenarse a una de las ventanas del edificio para reclamar “el mismo arreglo” que obtuvo Correa, el otro ex policía que acampó casi cuatro meses en ese lugar y tres semanas después de levantar la medida se compró una camioneta RAM que disparó señalamientos.

Familiares de los recientemente detenidos cuestionaron el arresto y apuntaron contra el procedimiento, que incluso fue filmado por varios testigos que estaban en la plaza 9 de Julio.

“Luego de entregar la nota llegaron los de Infantería a retirarlos con el jefe de la Unidad Regional y los sacaron súper mal, sin dar tantas respuestas a las preguntas de por qué se los llevaban”, indicaron.

“La única respuesta fue que no van a permitir que nadie más reclame nada frente a Casa de Gobierno y que la orden viene de arriba”, agregaron.

Respecto a los reclamos, añadió: “Nosotros queremos la misma solución que se le dio a Correa y a (Adolfo) Guirula”.

Los hermanos Arrieta, Couto, Correa y Guirula, son cuatro de los ocho ex agentes policiales involucrados en la causa iniciada por intento de sedición y conspiración tras el descubrimiento del chat Solo Cola, donde para la Justicia se orquestaba un plan para desestabilizar a la cúpula de la institución tras las protestas de 2024 que tuvieron lugar sobre la avenida Uruguay, frente al Comando Radioeléctrico I.

En ese mismo expediente se encuentra el ahora diputado provincial Ramón Amarilla y por esa misma causa todos los involucrados permanecieron más de siete meses detenidos en distintas unidades carcelarias de la provincia.

 

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Ángel Ramón Zalazar (82) compareció este martes ante la Justicia, se abstuvo de declarar y fue formalmente imputado por el asesinato de su ex yerno Alfredo Wiebel (48), empresario y piloto de carreras ultimado de cinco balazos en la mañana del 11 de septiembre en Puerto Iguazú.

La audiencia se realizó esta mañana y para ello el implicado debió ser traslado desde el hospital Samic de la Ciudad de las Cataratas hacia Eldorado, donde lo esperaban para indagatoria en el Juzgado de Instrucción Dos, a cargo del magistrado César Lirussi.

En esa instancia, el hombre decidió guardar silencio y tras ser notificado de los elementos de prueba en su contra fue formalmente imputado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, calificación provisoria que podría modificarse conforme avance la investigación.

Por disposición judicial, Zalazar quedó internado con custodia policial en el hospital Gardés de Eldorado, medida que se mantendrá hasta tanto se resuelva entre un pedido de prisión domiciliaria o un traslado hacia una unidad carcelaria preparada para pacientes de su condición.

Testimoniales y querella

Los instructores de la causa pudieron avanzar con la indagatoria luego de recibir un informe de la junta médica que evaluó a Zalazar, cuyos resultados arrojaron dos conclusiones clave: una es que el hombre comprende la criminalidad de sus actos y la otra es que en su cuadro de salud general no se observan patologías que pongan en riesgo su vida, siempre y cuando continúe recibiendo la asistencia médica.

En paralelo, la causa continuará avanzando con la toma de testimoniales y los primeros en declarar serán los albañiles que ese 11 de septiembre a la mañana observaron la secuencia entera del ataque ocurrido en una obra en construcción ubicada sobre la avenida República Argentina, casi Pancho Ramírez, de Iguazú.

Al expediente, además, ya se incorporó la familia de la víctima en carácter de querellante particular bajo la representación del letrado Walter Quintana, quienes de esta forma podrán participar activamente en el caso.

Madre del piloto Wiebel: “No voy a permitir que se desdibuje la verdad”

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