Policiales
Tras estar dos años prófugo, cayó en Uruguay el gordo mortero
Sebastián Rodrigo Romero fue detenido este sábado en un campo de la región de Chuy cercano a la frontera con Brasil.
URUGUAY. El militante de izquierda que era buscado por la Justicia hacía más de dos años por disparar un mortero en medio de las protestas contra la reforma previsional que impulsaba el gobierno de Mauricio Macri en diciembre de 2017, fue detenido este sábado en la localidad uruguaya de Chuy tras una investigación del área de Interpol de la Policía uruguaya junto a la Policía Federal Argentina.
Sin sus largas rastas, con el pelo corto y un barbijo sobre una barba tupida, Romero, referente del PSTU (Partido Socialista de los Trabajadores Unificado) fue capturado por personal de la Policía Nacional de Uruguay en la frontera con Brasil, en el departamento Rocha. En un video de la detención y el traslado difundido por el sitio Reportes, se puede ver que su aspecto ahora es muy diferente al de hace dos años.
La imagen de Romero en pose de ataque, con una sonrisa y largas trenzas rasta mientras en la Cámara de Diputados se sesionaba para aprobar la iniciativa -capturada entonces por el reportero gráfico de Infobae Nicolás Stulberg- lo transformó en el “Gordo Mortero”, un personaje devenido en meme en redes sociales y, al mismo tiempo, en el prófugo más reconocible y buscado del país, con un pedido de captura nacional e internacional en su contra.
De acuerdo a las primeras informaciones, Romero habría sido detenido este sábado por la mañana en un campo cuando intentaba ingresar al país vecino y se entregó sin ofrecer resistencia. Se cree que habría recibido apoyo de estructuras locales.
Luego de la amplia difusión que tuvieron sus imágenes en esa manifestación, Romero fue imputado por intimidación pública, daños y resistencia a la autoridad, delitos que cuentan con una pena máxima de hasta 15 años de prisión. Tras la acusación, el ex delegado de General Motors en Santa Fe y precandidato a diputado nacional por el PSTU de 35 años se mantuvo prófugo.
El Ministerio de Seguridad de la Nación ofreció en 2018 una recompensa de un millón de pesos por información sobre su paradero y difundió imágenes generadas por computadora que intentaban ilustrar cómo se vería Romero, hipotéticamente, sin sus rastas o barba. El militante oriundo de Rosario tenía además una circular roja de Interpol sobre su cabeza.
“La Policía uruguaya detuvo hoy al prófugo de la justicia argentina Sebastián Romero, quien está a disposición de la Fiscalía”, expresó el Ministro del Interior uruguayo, Jorge Larrañaga, en su cuenta de Twitter. “Felicito al personal de las Direcciones de Migración e Interpol y de la Jefatura de Policía de Rocha por el trabajo realizado”.
El expediente, radicado en el Juzgado Federal N°12, fue investigado por la fiscal Alejandra Mangano bajo la calificación de intimidación pública y resistencia a la autoridad. Los pedidos de eximición de prisión planteados por su defensa fueron rechazados en dos ocasiones, con una negativa de la Sala I de Casación presidida por el juez Gustavo Hornos en marzo de 2018.
“En principio la acusación es esa. Tendremos que ver si no hay otra imputación vinculada con lesiones hacia algún efectivo policial, pero hasta ahora no sabemos nada. El lunes vamos a ponernos en contacto con el juzgado y veremos cómo sigue la causa”, su abogado defensor, Martín Alderete, que también representa a Daniel Ruiz, otro militante de ese espacio político juzgado bajo esa imputación por su accionar en esa misma protesta.
Hasta el momento, Migraciones no tenía registros de que Romero haya cruzado la frontera de forma legal y, casi dos años después de su fuga, su primera aparición “pública” fue a través de un mensaje que envió desde la clandestinidad en el que se definió como un “perseguido político del gobierno de Macri” y llamó a un gran paro general para “tirar abajo” al gobierno de Sebastián Piñera en Chile.
“Previo trámite de extradición, Romero será entregado a la Policía Federal Argentina, para que ésta continúe las acciones judiciales ordenadas en el país”, indicaron fuentes del Ministerio de Seguridad a la agencia Télam.
“Quiere presentarse y declarar ante la Justicia. No va a obstaculizar el proceso de extradición y creo que en menos de 30 días estará en el país”, aseguró Alderete, quien aclaró que aún no tomó contacto con el militante ni con el juzgado en el que se tramita la causa.
Judiciales
Condenan a madre que cepilló los dientes de su hijo de 4 años con cocaína
El Tribunal Oral Federal de Posadas condenó a la mujer que en el 2018 reconoció que le cepilló los dientes a su hijo de 4 años, en ese entonces, con cocaína para “calmar” un dolor de muela.
Mediante un juicio abreviado, Antonia Alves De Olivera (30) recibió la pena de 4 años y 6 meses de prisión a cumplir en modalidad de arresto domiciliario. La mujer admitió su culpabilidad y fue condenada por el delito de “suministro a terceros de sustancia estupefaciente en forma gratuita en perjuicio de un menor de edad”.
Aunque por un veredicto previo contra la encartada por “tráfico de estupefacientes”, emitido por el Tribunal Oral Federal de San Martín N.º 3, las penas fueron unificadas y deberá cumplir 7 años de prisión bajo la modalidad domiciliaria.
El hecho
El 31 de mayo del 2018, en horas de la madrugada, Alves De Oliveira llegó al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del barrio posadeño A4 junto a su hijo G. A. J. R., que en ese momento tenía 4 años de edad, porque presentaba “convulsiones” y “temblores”.
Debido al cuadro del menor, desde el CAPS ordenaron su traslado hasta el Hospital de Pediatría Fernando Barreyro y, tras practicarles análisis, los médicos confirmaron que tenía clorhidrato de cocaína en su organismo.
La investigación del hecho se activó a raíz de la denuncia de los profesionales de la salud del pediátrico posadeño.
En tanto, en su declaración indagatoria, Antonia relató que ese día “vi que mi hijo J. tenía una bolsita transparente como esas de helado en la mano de él, yo le pregunté de dónde sacó y él me dijo que encontró afuera en el portón, entonces yo le saqué la cosa que tenía en su mano y se ve que él ya se había metido en su boca porque él me decía que quería agua que le daba asco, en eso yo le llevo al baño y le empiezo a cepillar los dientes”.
La madre continuó relatando a la Justicia que luego de cepillar los dientes a su hijo “vi que estaba bien y me acosté”, pero después de un rato notó que “él movía sus piernas… y pensando que metió esa cosa en la boca lo llevo al médico del CAPS del barrio”.
Finalmente, la progenitora admitió que al médico del centro de salud “le dije que le limpié los dientes con cocaína y me volvió a preguntar y me decía ‘con cocaína'”.
Condena
Además de la declaración de la acusada, el Tribunal Oral Federal de Posadas tuvo en consideración la historia clínica del menor G.A.J.R. remitida por el hospital pediátrico, así como también la declaración testimonial de los médicos que lo atendieron esa madrugada y de los profesionales de salud de la Policía de Misiones.
En tanto, resolvió condenar a Antonia Alves De Olivera a la pena única de siete años de prisión y una multa de $135.000 tras encontrarla penalmente responsable del delito “suministro a terceros de sustancia estupefacientes en forma gratuita en perjuicio de menor de edad” en concurso real con el delito de “tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio y transporte, agravado por la participación de tres o más personas en forma organizada” en calidad de coautora, unificando así el veredicto emitido en 2021 por otro tribunal.
Debido a que la mujer tiene dos hijos de 10 y 11 años de edad a su cargo, el tribunal dispuso que cumpla la condena en su domicilio con monitoreo electrónico y control trimestral del Departamento de Ejecución Penal.
“Teniendo presente que la condenada nombrada tiene dos hijos menores de edad que se encuentran a su cargo y cuidado, de 10 y 11 años de edad, y que percibe por ellos la asignación universal, además que trabaja en su domicilio de manicura y peluquería los fines de semana; sumado a la situación de vulnerabilidad de los menores referida por la representante del Ministerio Pupilar interviniente en autos, y que, la situación de encierro le impedirá brindar la asistencia, atención y contención permanente a sus hijos, entiendo que la prisión domiciliaria, como medida alternativa, atiende el interés superior de los menores, por lo que incumbe otorgar dicho beneficio a la causante a los fines de que cumpla el resto de la pena unificada impuesta”, argumentó la Justicia en el fallo que este viernes fue publicado en el Centro de Información Judicial (CIJ).
Judiciales
Juzgan desde el lunes a acusado de abuso e intento de femicidio en Posadas
Desde el próximo lunes y hasta el martes 11 de noviembre, en la sala de debates del Tribunal Penal Uno de Posadas, se desarrollará el juicio oral contra Pedro Alejandro Núñez, el joven de 28 años acusado de violar e intentar asesinar obstruyéndole con cintas de embalaje las vías respiratorias a una estudiante que residía en un inquilinato sobre la avenida Lavalle.
Según la programación oficial, tanto la primera audiencia, como la última, destinada a la ronda de alegatos y dictado del veredicto, serán de carácter público con transmisión en vivo a través de los canales habilitados en Youtube.
Las demás audiencias, previstas para los días 4, 5, 6, 7, y 10 de noviembre se realizarán a puertas cerradas en virtud de tratarse de un expediente que investiga delitos contra la integridad sexual y debe preservarse la intimidad de la víctima.
Pedro Alejandro Núñez llega al banquillo de los acusados por el delito de “abuso sexual con acceso carnal y femicidio en grado de tentativa con concurso real” y contará con un abogado particular como defensa.
En la fiscalía, por su parte, ya no estará Martín Rau, que recientemente fue designado como nuevo juez del Tribunal Penal Dos de Posadas, por lo que en su lugar intervendrá la fiscal de instrucción Patricia Clerici, la misma que llevó adelante el expediente en la etapa investigación y formuló el requerimiento de elevación a juicio de la causa que posteriormente fue firmado por el juez Miguel Mattos, del Juzgado de Instrucción Siete.
Los encargados de llevar adelante el proceso serán los magistrados Viviana Cukla y Gustavo Bernie, mientras que el tercer puesto del tribunal será completado por un juez subrogante.
In fraganti
Núñez está privado de su libertad desde el 5 de diciembre de 2021, cuando en plena madrugada efectivos policiales fueron alertados de un hecho de violencia de género en un inquilinato sobre avenida Lavalle -casi Centenario- y al llegar lo detuvieron dentro del departamento de la víctima.
Según detallaron fuentes del caso que intervinieron en ese momento, el implicado fue hallado in fraganti, semidesnudo y sobre el cuerpo de una joven estudiante que tenía las manos atadas y el rostro cubierto con cintas de embalaje que le obstruían las vías respiratorias.
El cuadro fue tal que la muchacha presentaba un principio de asfixia y debió recibir maniobras de RCP de parte de los efectivos presentes, quienes luego incluso fueron reconocidos por su labor por el Ministerio de Gobierno.
La víctima también presentaba varios hematomas en el rostro, producto de diversos golpes recibidos.
La joven, de 21 años, permaneció internada en observación dos días, hasta que pudo ser dada de alta. Desde el hospital realizó la denuncia por el hecho y días después ratificó su testimonio ante la Justicia.
En esa instancia, aseguró que fue sorprendida por su agresor sexual mientras dormía y que no conocía al detenido.
Por aquel entonces, su antigua defensa planteó que los jóvenes se conocían y que el hecho se dio en el marco de un acto sexual sadomasoquista consentido.
Sin embargo, en las pericias realizadas sobre los aparatos telefónicos y computadoras incautadas en el marco de la causa no se detectaron conversaciones activas ni ningún otro tipo de contacto entre la víctima y el imputado.
Más tarde, también se supo que Núñez fue denunciado en 2019 por intentar ingresar al departamento de una joven en un inquilinato de Santo Tomé, localidad donde el muchacho estudiaba medicina.
Policiales
Detienen en Alba Posse a tres hombres de Río de Janeiro con antecedentes
Este viernes la Policía de Misiones, a través de sus agentes encubiertos de la Brigada de Inteligencia Criminal de Frontera, detuvo a tres brasileños oriundos de Río de Janeiro que habrían ingresado ilegalmente al territorio argentino y que cuentan con antecedentes por narcotráfico y lesiones.
La captura se concretó en Alba Posse y por estas horas la fuerza provincial trata de establecer si están ligados a una facción narcocriminal, teniendo en cuenta el contexto de violencia desatado en Brasil tras el megaoperativo policial contra el Comando Vermelho que se cobró más de 130 muertes en favelas de Río de Janeiro.
Según constataron fuentes policiales, dos de los hombres poseen antecedentes por narcotráfico en su país de origen y el tercero por lesiones, lo que motivó la inmediata activación de los protocolos de cooperación internacional para determinar si sobre ellos pesan pedidos de detención o captura internacional.
El operativo
El procedimiento se llevó a cabo cerca de las 14, en jurisdicción de la Unidad Regional XI de Aristóbulo del Valle, durante un operativo de control enmarcado en la Política de Seguridad de Fronteras implementada por el Ministerio de Gobierno de Misiones y la Jefatura de Policía, en el marco de la cooperación con las policías de Río Grande do Sul, Paraná y Santa Catarina.
Los hombres fueron identificados como Ednei Carlos D. S. (25 años), Luis Eduardo T. de S. (23) y Jackson S. de J. (35), todos con domicilio en Río das Ostras, estado de Río de Janeiro, y al momento del control no contaban con documentación migratoria válida ni pudieron justificar su presencia en la localidad.
Ahora la Policía de Misiones, mediante su equipo de inteligencia de frontera y comunicación directa con las policías militar y civil de Brasil, está verificando si los detenidos registran requerimientos judiciales o alertas internacionales.
Hasta tanto se reciba la información oficial del país vecino, los tres hombres permanecerán detenidos bajo un estricto dispositivo de seguridad a disposición de la autoridad judicial.
Activaron una alerta máxima en las fronteras de Misiones tras masacre de Río
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