Policiales
Denuncian torturas, tratos inhumanos y simulacros de fusilamientos de Gendarmería
Vecinos de La Cava denunciaron ante la Justicia que en un procedimiento nocturno golpearon y dispararon a jóvenes para obligarlos a entrar en sus viviendasVecinos de La Cava denunciaron ante la Justicia que en un procedimiento nocturno golpearon y dispararon a jóvenes para obligarlos a entrar en sus viviendas.
BUENOS AIRES. En La Cava, los ladridos durante la noche se convirtieron en un mal presagio. “El ‘ruido’ de perros significa que anda la Gendarmería”, enseña una mujer que vive en uno de los pasillos y, al mismo tiempo, revela el trauma.
Entre la noche del domingo 29 y las primeras horas del lunes 30 de marzo, en el primer tramo del aislamiento obligatorio por la pandemia de Covid-19, esa fuerza de seguridad cometió, según la denuncia hecha ante la Justicia de San Isidro, todo tipo de vejaciones y abusos contra vecinos del barrio, lo que incluyó simulacros de fusilamiento, tratos degradantes y disparos de balas de plomo, con el único objetivo de obligar por la fuerza a cumplir la cuarentena.
Entre las víctimas se cuentan un adolescente de 15 años y una nena de siete, herida en una pierna y en una mano.
Fue el tercer episodio de intimidaciones atribuidas a efectivos de esa fuerza en las primeras semanas de la cuarentena: en Isidro Casanova, La Matanza, un móvil difundió desde un altavoz un audio de la película La p urga, una ficción distópica en la que se decreta toda una noche de “zona liberada” para que la gente salga a “matar y destruir”. Y en la villa 1-11-14, del Bajo Flores, una patrulla obligó a un grupo de jóvenes que no estaban dentro de sus casas a caminar en cuclillas con las manos en la nuca, a modo de castigo.
El asunto se convirtió, además de en un caso penal, en un tema de Estado. Además de que los gendarmes involucrados en esos hechos fueron desafectados, a la espera de la resolución judicial sobre las acusaciones, el mes pasado, en una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Interior, la ministra Sabina Frederic resaltó ante sus pares provinciales y los jefes de las fuerzas la necesidad de poner el foco en el control de la violencia institucional.
El hecho de La Cava, por el cual 15 gendarmes fueron separados del servicio activo, fue el más grave. “Yo lo vi con mis propios ojos, no invento nada. Voy a pelear por lo que sufrieron mis hijos”, avisa Juan Lencina, uno de los denunciantes. La impotencia y la indignación lo convencieron de hablar aún cuando el miedo aconseja el silencio.
“Esa noche yo estaba durmiendo con mi familia, hasta que me despertaron los gritos y los balazos. Salimos a ver qué pasaba y era un operativo de la Gendarmería con patrulleros y camionetas. Golpeaban y disparaban a cualquiera que se cruzara. Fue una locura”, recuerda.
Según denunció en el Juzgado de Garantías N° 1 de San Isidro, “su hija de siete años fue herida por uno o varios de esos disparos realizados a una distancia aproximada de tres metros, produciéndole heridas en pierna y mano derechas”, mientras que su hijastro, de 15 años, “fue reducido violentamente por los gendarmes y subido a una camioneta oscura tipo Trafic, esposado y a los golpes”.
El propio adolescente, en su declaración, recordó que dentro de la camioneta “lo tiraron al piso y continuaron pegándole en la cabeza” y que una vez dentro del destacamento Campo 1, ubicado frente a La Cava, mientras algunos gendarmes lo sujetaban, otro le quería “meter el palo que usan (la tonfa) en la cola”.
Tanto el menor como un joven de 28 años que también fue detenido coincidieron en que fueron llevados hasta un baño, obligados a mirar la pared de rodillas y que “en un momento ingresó un gendarme y comenzó a gatillarles un arma a sus espaldas practicando un simulacro de fusilamiento”. Contaron que uno de los agentes filmó todo con su celular y antes de irse lo dejó reproduciendo música a un volumen alto.
“Una vecina que vive detrás del destacamento me llamó y me avisó que los habían llevado ahí porque escuchaba los gritos y la música fuerte. A las siete de la mañana me devolvieron a mi hijo. Tenía la cara marcada y un ojo inflamado. Le preguntaba cómo estaba y me decía que bien, pero me daba cuenta de que tenía miedo de hablar. El otro muchacho que vive atrás de mi casa estaba irreconocible por la paliza que le habían dado”, destaca Juan.
“Hace once años que trabajamos en el barrio y cuando los vecinos nos contaron lo que había pasado empezamos a rastrear a las víctimas. Había mucho miedo. Al principio ninguno quería denunciar porque estaban amenazados, así que presentamos un ha beas corpus preventivo y colectivo para proteger a todos los vecinos”, explica Gastón Fernández, Concejal por el Frente de Todos y presidente de la Comisión de Prevención Ciudadana y Derechos Humanos de San Isidro.
“Se constataron hechos graves de privación ilegítima de la libertad, torturas, tratos inhumanos y degradantes, acciones de hostigamiento, simulacros de fusilamientos, amenazas de muerte, golpizas, heridas de bala de plomo y goma”, detallaron en la presentación.
Los relatos de las víctimas coincidieron en que este tipo de prácticas no son hechos aislados, sino que se configuran como una práctica habitual y sistemática de los gendarmes sobre los vecinos del barrio.
“El recurso fue rechazado, pero sirvió para que la Justicia empiece a actuar. Las víctimas fueron llamadas a declarar, se hizo un allanamiento en el destacamento, se secuestraron armas y se prevé un recorrido por Campo 1 como reconstrucción de los hechos”, destaca Fernández.
La Nación
Judiciales
Causa Cuadernos: Oscar Thomas y “la estafa de los arrepentidos”
La Justicia Federal reanudó a fines de febrero el juicio oral por la denominada “Causa Cuadernos”, que investiga una presunta red de corrupción y sobornos entre funcionarios públicos y empresarios de la construcción durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández (CFK), y que tiene entre sus imputados al misionero Oscar Thomas, ex director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) durante la década kirchnerista.
La megacausa judicial, que se originó a partir de los cuadernos donde Óscar Centeno, chofer de Roberto Baratta, mano derecha del ex ministro Julio De Vido, dio cuenta de recorridos, fechas y bolsos que tenían como destino a funcionarios y la Quinta de Olivos, tiene 85 imputados, entre los que destaca la ex presidenta CFK, quien actualmente guarda prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad.
El misionero Thomas aparece en los cuadernos como presunto intermediario en el cobro de coimas a empresas contratistas de obra pública durante su gestión al frente de la EBY.
El ex director de Yacyretá pasó varias semanas prófugo en 2018, cuando el proceso comenzaba la etapa de instrucción, e incluso llegó a ofrecerse una recompensa por información sobre su paradero.
Al presentarse, negó todas las acusaciones y rechazó convertirse en “arrepentido”, la figura instrumentada por la Justicia Federal para intercambiar confesiones por beneficios procesales entre los empresarios y ex funcionarios imputados.
Arrepentidos
En la causa, que se tramita en el Tribunal Oral Federal 7 (TOF), hay 31 imputados “arrepentidos”: 25 son empresarios y el resto ex funcionarios kirchneristas.
Todos ellos, entre los que figuran el chofer Centeno y su jefe Baratta, el empresario Angelo Calcaterra, ex propietario de la constructora Iecsa y primo del ex presidente Mauricio Macri; Enrique Pescarmona y Francisco Valenti, de la metalúrgica Impsa; Luis Betnaza, de la multinacional Techint; Aldo Roggio, del Grupo Roggio; y Armando Loson, de Albanesi S.A., dijeron haber participado en la trama de corrupción que se investiga.
Con el reinicio del juicio, la validez de estos testimonios es el eje central del debate, ya que para mantener los beneficios y evitar cargos por falso testimonio, estos 31 “arrepentidos” deben ratificar sus dichos ante el TOF7.
Lo cierto es que, a lo largo del trámite de la causa, fueron varios los “arrepentidos” que terminaron en contradicciones respecto a su declaración original, empezando por el mismo Centeno, quien arrancó diciendo que tenía los cuadernos originales, pero luego dijo que los había quemado en la parrilla de su casa.
Recientemente, el empresario Loson denunció “irregularidades” en el proceso, en relación con la prueba principal de la causa: los cuadernos de Centeno.
La defensa del empresario habló de “falsificación” y “manipulación” y aseguró haber encontrado más de 1.600 irregularidades en las anotaciones del chofer, entre tachaduras y enmiendas, múltiples caligrafías, alteración de fechas y lugares, y el uso de diferentes tintas.
Otro, cuyo testimonio cuelga de un hilo, es Víctor Manzanares, ex contador de la familia Kirchner, considerado un “arrepentido” clave, quien, en noviembre de 2025, manifestó a través de su abogado que no quería salir de prisión, a pesar de tener el beneficio, lo que siembra dudas de lo que hará cuando sea requerido por el tribunal.
En febrero pasado, el “arrepentido”, Mario Ludovico Rovella, titular de la constructora Rovella Carranza S.A., solicitó formalmente la nulidad de su testimonio, alegando que fue obligado a declarar bajo la amenaza de quedar detenido por el juez Claudio Bonadío.
Estafa
El testimonio de los “arrepentidos” es el pilar de la acusación contra Thomas, quien al igual que otros imputados, como la misma CFK, aseguran que las “confesiones” de estos colaboradores fueron obtenidas mediante coacción.
La reciente solicitud de Ravella, de retirar su “confesión”, alegando haberla hecho bajo amenaza, va en línea con el principal argumento de los defensores de los imputados, incluido el abogado de Thomas, Juan Manuel Ubeira.
El mismo Thomas afirmó que durante su detención fue presionado y amenazado para que declarara en contra de la ex presidenta Cristina Fernández a cambio de su libertad.
Ubeira basa, además, su pedido de nulidad de la causa en el hecho, probado, de que las declaraciones de los “arrepentidos” no fueron registradas en audio o video, como establece la Ley 27.304 que crea la figura del imputado colaborador, sino que se plasmaron en actas escritas frente al fiscal Carlos Stornelli.
Asimismo, el letrado considera “nulos” los testimonios de Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, que señaló a Thomas en el entramado de corrupción en la obra pública; y del chofer Centeno, quien declaró que el misionero entregó bolsos con dinero a su jefe Baratta para que este los llevara a la Quinta de Olivos o al departamento de los Kirchner.
Ubeira y varios de sus colegas describen el proceso como un “montaje”, una “ficción judicial”, donde la prueba principal no son los cuadernos de Centeno, que le dieron el nombre a la causa, sino la “estafa de los arrepentidos”, cuyos testimonios están “viciados de nulidad”.
Policiales
Investigan como homicidio la muerte del joven que cayó de un edificio
El caso del joven que esta madrugada murió al caer de un edificio ubicado sobre la calle Gómez Portiño de Posadas se investiga como homicidio, dado que la principal hipótesis es que haya sido lanzado al vacío durante una pelea con otro muchacho que resultó con heridas leves y tras una breve atención médica quedó formalmente en condición de detenido.
Los avances de la investigación fueron comunicados esta tarde por la fuerza provincial, mediante un parte de prensa en el que además consignaron que entre las primeras labores se procedió a la toma de declaración testimonial a un testigo que aparece como la última persona que estuvo con ambos involucrados antes del trágico desenlace.
La reconstrucción señala que tanto la víctima, identificada como Marcelo Ojeda Krejzezúk (31), como el ahora sospechoso de homicidio, Marcos Andrés Á. (27), eran amigos, convivían juntos en ese departamento del barrio Patotí y la noche previa al hecho que se investiga habían salido juntos.

Marcelo Ojeda Krejzezúk era oriundo de Esquina, Corrientes.
Se estima que después de esa salida regresaron al inmueble, más precisamente al departamento 3°D del edificio ubicado sobre calle Gómez Portiño al 1300, casi avenida Urquiza, donde se produjo la pelea que derivó en la caída de Ojeda hacia un estacionamiento interno del complejo.
Sin embargo, nada esto se supo hasta las 4, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un joven herido y ensangrentado en el skate park de la costanera, a unas cinco cuadras del edificio del barrio Patotí.
Ese joven herido se trataba de Marcos Á., quien reveló que minutos antes había mantenido una pelea con otro muchacho a quien identificó como su “primo” y cuando los uniformados de la comisaría Decimosexta acudieron al lugar encontraron el cuerpo sin vida de Ojeda.
Después de eso Marcos fue trasladado al hospital Madariaga, donde recibió curaciones para las heridas cortantes que presentaba y tras ser dado de alta quedó detenido a disposición del Juzgado de Instrucción Uno de Posadas, a cargo del magistrado Fernando Verón, por subrogancia legal.

El sospechoso fue encontrado malherido y ensangrentado en el skate park de la costanera.
Por lo pronto, entre las primeras medidas dispuestas, Verón ordenó que el cuerpo de Ojeda sea trasladado a la morgue judicial para ser sometido a un examen de autopsia para determinar con exactitud la causa de la muerte, ya que no se descarta que la víctima presente lesiones previas, como heridas cortantes que pudieron haberle provocado la muerte antes de la caída.
Efectivos de la Dirección de Policía Científica además trabajaron en el inmueble donde convivían los involucrados y donde se desató la pelea que culminó en forma trágica. Los primeros datos señalan que en el lugar se relevó una importante cantidad de manchas de sangre.
Todos los indicios y elementos de interés serán volcados en el sumario policial que confecciona la comisaría Decimosexta para luego ser elevado a la Justicia, que recién allí programará una audiencia declaración indagatoria para el detenido.
Policiales
Falleció tras caer de un tercer piso y detuvieron a su primo en Posadas
En la madrugada de hoy, un hombre fue hallado sin vida en el estacionamiento de un edificio de la calle Gómez Portiño, casi avenida Urquiza. Por el caso, la Policía investiga una posible pelea ocurrida momentos antes en el departamento desde donde habría caído y por el hecho fue detenido un primo de la víctima, que fue encontrado herido en la costanera.
Todo comenzó alrededor de las 4, con un llamado al 911 que alertó sobre una persona con una lesión cortante en el cuello en la zona de la pista de skate de la Costanera.
Al llegar al lugar, efectivos de la comisaría Decimosexta de la Unidad Regional I asistieron a Marcos Á. (27), quien fue trasladado a un centro de salud y permanece con custodia policial.
A partir de las primeras averiguaciones, los investigadores establecieron que el hombre habría protagonizado momentos antes una pelea con su primo en un departamento ubicado sobre Gómez Portiño al 1300, a unas cinco cuadras del skate park.

El joven que quedó detenido fue encontrado herido en el skate park, a unas cinco cuadras del lugar del hecho.
Fue así que, minutos después, alrededor de las 4.40, los efectivos localizaron en el sector de estacionamiento de un edificio situado en avenida Gómez Portiño el cuerpo sin vida de Marcelo Ojeda Kryszczuk (31), domiciliado en la provincia de Corrientes.
En el lugar intervinieron el magistrado Fernando Verón y la fiscal Amalia Spinatto, junto a Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes.
Las primeras diligencias permitieron establecer que el incidente se habría originado en un departamento del tercer piso del edificio, desde donde, por causas que se investigan, la víctima cayó hacia el sector de estacionamiento.
En el marco de la investigación, Marcos Á. fue detenido en averiguación del hecho, mientras que el cuerpo de la víctima será sometido a autopsia médico legal para determinar las circunstancias de la muerte.
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