Policiales
Denuncian torturas, tratos inhumanos y simulacros de fusilamientos de Gendarmería
Vecinos de La Cava denunciaron ante la Justicia que en un procedimiento nocturno golpearon y dispararon a jóvenes para obligarlos a entrar en sus viviendasVecinos de La Cava denunciaron ante la Justicia que en un procedimiento nocturno golpearon y dispararon a jóvenes para obligarlos a entrar en sus viviendas.
BUENOS AIRES. En La Cava, los ladridos durante la noche se convirtieron en un mal presagio. “El ‘ruido’ de perros significa que anda la Gendarmería”, enseña una mujer que vive en uno de los pasillos y, al mismo tiempo, revela el trauma.
Entre la noche del domingo 29 y las primeras horas del lunes 30 de marzo, en el primer tramo del aislamiento obligatorio por la pandemia de Covid-19, esa fuerza de seguridad cometió, según la denuncia hecha ante la Justicia de San Isidro, todo tipo de vejaciones y abusos contra vecinos del barrio, lo que incluyó simulacros de fusilamiento, tratos degradantes y disparos de balas de plomo, con el único objetivo de obligar por la fuerza a cumplir la cuarentena.
Entre las víctimas se cuentan un adolescente de 15 años y una nena de siete, herida en una pierna y en una mano.
Fue el tercer episodio de intimidaciones atribuidas a efectivos de esa fuerza en las primeras semanas de la cuarentena: en Isidro Casanova, La Matanza, un móvil difundió desde un altavoz un audio de la película La p urga, una ficción distópica en la que se decreta toda una noche de “zona liberada” para que la gente salga a “matar y destruir”. Y en la villa 1-11-14, del Bajo Flores, una patrulla obligó a un grupo de jóvenes que no estaban dentro de sus casas a caminar en cuclillas con las manos en la nuca, a modo de castigo.
El asunto se convirtió, además de en un caso penal, en un tema de Estado. Además de que los gendarmes involucrados en esos hechos fueron desafectados, a la espera de la resolución judicial sobre las acusaciones, el mes pasado, en una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Interior, la ministra Sabina Frederic resaltó ante sus pares provinciales y los jefes de las fuerzas la necesidad de poner el foco en el control de la violencia institucional.
El hecho de La Cava, por el cual 15 gendarmes fueron separados del servicio activo, fue el más grave. “Yo lo vi con mis propios ojos, no invento nada. Voy a pelear por lo que sufrieron mis hijos”, avisa Juan Lencina, uno de los denunciantes. La impotencia y la indignación lo convencieron de hablar aún cuando el miedo aconseja el silencio.
“Esa noche yo estaba durmiendo con mi familia, hasta que me despertaron los gritos y los balazos. Salimos a ver qué pasaba y era un operativo de la Gendarmería con patrulleros y camionetas. Golpeaban y disparaban a cualquiera que se cruzara. Fue una locura”, recuerda.
Según denunció en el Juzgado de Garantías N° 1 de San Isidro, “su hija de siete años fue herida por uno o varios de esos disparos realizados a una distancia aproximada de tres metros, produciéndole heridas en pierna y mano derechas”, mientras que su hijastro, de 15 años, “fue reducido violentamente por los gendarmes y subido a una camioneta oscura tipo Trafic, esposado y a los golpes”.
El propio adolescente, en su declaración, recordó que dentro de la camioneta “lo tiraron al piso y continuaron pegándole en la cabeza” y que una vez dentro del destacamento Campo 1, ubicado frente a La Cava, mientras algunos gendarmes lo sujetaban, otro le quería “meter el palo que usan (la tonfa) en la cola”.
Tanto el menor como un joven de 28 años que también fue detenido coincidieron en que fueron llevados hasta un baño, obligados a mirar la pared de rodillas y que “en un momento ingresó un gendarme y comenzó a gatillarles un arma a sus espaldas practicando un simulacro de fusilamiento”. Contaron que uno de los agentes filmó todo con su celular y antes de irse lo dejó reproduciendo música a un volumen alto.
“Una vecina que vive detrás del destacamento me llamó y me avisó que los habían llevado ahí porque escuchaba los gritos y la música fuerte. A las siete de la mañana me devolvieron a mi hijo. Tenía la cara marcada y un ojo inflamado. Le preguntaba cómo estaba y me decía que bien, pero me daba cuenta de que tenía miedo de hablar. El otro muchacho que vive atrás de mi casa estaba irreconocible por la paliza que le habían dado”, destaca Juan.
“Hace once años que trabajamos en el barrio y cuando los vecinos nos contaron lo que había pasado empezamos a rastrear a las víctimas. Había mucho miedo. Al principio ninguno quería denunciar porque estaban amenazados, así que presentamos un ha beas corpus preventivo y colectivo para proteger a todos los vecinos”, explica Gastón Fernández, Concejal por el Frente de Todos y presidente de la Comisión de Prevención Ciudadana y Derechos Humanos de San Isidro.
“Se constataron hechos graves de privación ilegítima de la libertad, torturas, tratos inhumanos y degradantes, acciones de hostigamiento, simulacros de fusilamientos, amenazas de muerte, golpizas, heridas de bala de plomo y goma”, detallaron en la presentación.
Los relatos de las víctimas coincidieron en que este tipo de prácticas no son hechos aislados, sino que se configuran como una práctica habitual y sistemática de los gendarmes sobre los vecinos del barrio.
“El recurso fue rechazado, pero sirvió para que la Justicia empiece a actuar. Las víctimas fueron llamadas a declarar, se hizo un allanamiento en el destacamento, se secuestraron armas y se prevé un recorrido por Campo 1 como reconstrucción de los hechos”, destaca Fernández.
La Nación
Sin analizar la cuestión de fondo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dejó firme la condena de 20 años de prisión impuesta por el Tribunal Penal Uno de Eldorado en contra María Ovando (48) al dar por “no presentado” un recurso de queja planteado por la defensa de la mujer, desde donde alegan que la documentación exigida fue subsanada en tiempo y forma, acusando en consecuencia una “falla administrativa” de parte del máximo órgano judicial del país.
La resolución de la Corte tiene menos de diez renglones y lleva la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
En el escrito, los magistrados dieron por “no presentado el recurso de hecho” el recurso defensivo al señalar incumplimientos en las formalidades del trámite interpuesto.
“La parte recurrente no ha dado debido cumplimiento a la intimación que en fecha 30 de mayo de 2025 le formuló el Secretario del Tribunal en los términos del inc. c de la acordada 13/90 (Fallos: 313:21), texto según modificación de la acordada 35/90 (Fallos: 313:37)”, argumentaron.
De esta manera, el máximo órgano judicial del país dejó firme la sentencia, aunque sin analizar la cuestión de fondo que la parte recurrente pretendía que se revisara para revertir la condena.
Consultado sobre el fallo, Eduardo Paredes, abogado defensor de María Ovando, respondió a La Voz de Misiones que “esto es un error administrativo del personal de la Corte. Lo solicitado por la Corte está subido y está presentado desde el 9 de junio. Acá vamos a plantear una revocatoria porque es un error del personal de la Corte”.
Juicio y condena
La condena a 20 años de prisión contra María Ovando fue impuesta en 2020, tras un juicio realizado ante el Tribunal Penal Uno. Tanto a la mujer como los otros dos jóvenes que fueron al banquillo de los acusados fueron declarados responsables de delitos de abuso sexual y corrupción de menores.
Por su vínculo de madre y abuela de las víctimas, sobre la mujer recayó el mayor monto de pena, mientras que Marcos Laurindo (28) y Lucas Ferreira (28) recibieron 18 y 12 años de prisión, respectivamente.
La causa se inició en 2015, a raíz de una denuncia radicada por la guardadora de las menores abusadas, llegó a juicio oral cinco años después.
A esa instancia la mujer llegó en libertad, aunque luego del fallo quedó inmediatamente detenida y fue excarcelada un año después mediante un habeas corpus presentado por la recientemente fallecida Norita Cortiñas, pero el benefició apenas duró dos semanas ya que la Cámara de Apelaciones revocó la medida.
Fue así que Ovando regresó a la Unidad Penal V Correccional de Mujeres de Miguel Lanús, donde continúa alojada para seguir cumpliendo con la condena que el año pasado fue ratificada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia.
En el planteo en el que la defensa solicitó la revisión del caso por parte del STJ habían reclamado “la nulidad de la sentencia por indeterminación del hecho imputado, por violación al principio de congruencia, por haberse condenado por un hecho que no fue imputado, privándose del derecho de ser oído, por omisión de valoración de la prueba ofrecida en descargo lesionándose el ejercicio de la defensa, violándose el principio in dubio pro reo”.
FALLO CSJ 001214_2025_RH001El STJ confirmó la condena a 20 años de prisión contra María Ovando
Horas de profundo dramatismo se viven en El Soberbio, donde esta tarde se incendió una casa con un niño de 3 años en su interior e investigan si falleció en el siniestro o si alcanzó a escapar dado que hasta el momento no se encontraron sus restos.
El trágico suceso se registró minutos antes de las 20 de este viernes, cuando una vivienda del barrio Aeroestación comenzó a arder en llamas por causas que aún no fueron establecidas con precisión.
En el lugar reside Marcela D. S. T., de 27 años, junto a su hermano Esteban T. (20) y sus tres hijos Luciano D. S. (10), Lucas D. S. (8) y Lautaro T. (3), siendo este último el único que alcanzó a ser evacuado del lugar.
De acuerdo a las primeras declaraciones que pudo dar la dueña de casa, el fuego se inició en una de las habitaciones del inmueble, pero rápidamente las llamas se apoderaron de la construcción de madera, imposibilitando más labores de rescate.
En el lugar trabaja el personal policial y varias dotaciones de bomberos que en primera instancia intentan sofocar la totalidad de las llamas para después avanzar en la búsqueda del menor, como así también en las correspondientes pericias para determinar las circunstancias que dieron origen al foco ígneo.
Una mujer de 29 años terminó detenida esta tarde en Posadas acusada de haber sustraído una suma millonaria de la caja fuerte de la casa de sus empleadores, quienes se encontraban de viaje al momento del hecho. La empleada había quedado al cuidado del inmueble y aprovechó la ausencia de los propietarios para acceder al cofre de seguridad utilizando una copia de la llave, con la que se apoderó del dinero.
Con la denuncia radicada por los dueños, los investigadores de la Policía de Misiones establecieron que la trabajadora doméstica, que tenía pleno acceso a la vivienda, realizó una copia de la llave del cofre que estaba guardada en una habitación del domicilio ubicado sobre la calle Noruega de Posadas.
Posteriormente, aprovechó que los propietarios se ausentaron unos días por un viaje al interior de la provincia para ejecutar un robo millonario. La mujer vació la caja fuerte que contenía 11 mil dólares y 500 euros, alrededor de unos 15 millones de pesos, dinero proveniente de la venta de una motocicleta de alta cilindrada y de ahorros familiares, según manifestaron los dueños de la casa a la Policía.
Para cometer el ilícito, la empleada doméstica no forzó los accesos, ni dejó rastros evidentes del hecho. El faltante fue descubierto días después cuando el dueño regresó a la casa y constató que el cofre estaba vacío, por lo que radicó la denuncia correspondiente.
De esta manera, la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional I analizó las cámaras de seguridad, como así también los movimientos previos y posteriores de las personas que tenían acceso al inmueble posadeño.
El resultado del trabajo de investigación apuntó contra la trabajadora doméstica que estaba al cuidado de la vivienda y, con las pruebas reunidas, la fuerza provincial concretó un operativo de allanamiento en su departamento ubicado en la chacra 32-33 de Posadas.
En el lugar, los efectivos recuperaron parte del dinero sustraído en moneda extranjera, celulares y “numerosos” bienes adquiridos “recientemente”, detallaron fuentes del caso.
Finalmente, la mujer de 29 años terminó detenida y puesta a disposición de la Justicia. En tanto, la investigación continúa para recuperar el resto del dinero faltante.
La Policía recuperó parte del botín.
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