Policiales
Denuncian torturas, tratos inhumanos y simulacros de fusilamientos de Gendarmería
Vecinos de La Cava denunciaron ante la Justicia que en un procedimiento nocturno golpearon y dispararon a jóvenes para obligarlos a entrar en sus viviendasVecinos de La Cava denunciaron ante la Justicia que en un procedimiento nocturno golpearon y dispararon a jóvenes para obligarlos a entrar en sus viviendas.
BUENOS AIRES. En La Cava, los ladridos durante la noche se convirtieron en un mal presagio. “El ‘ruido’ de perros significa que anda la Gendarmería”, enseña una mujer que vive en uno de los pasillos y, al mismo tiempo, revela el trauma.
Entre la noche del domingo 29 y las primeras horas del lunes 30 de marzo, en el primer tramo del aislamiento obligatorio por la pandemia de Covid-19, esa fuerza de seguridad cometió, según la denuncia hecha ante la Justicia de San Isidro, todo tipo de vejaciones y abusos contra vecinos del barrio, lo que incluyó simulacros de fusilamiento, tratos degradantes y disparos de balas de plomo, con el único objetivo de obligar por la fuerza a cumplir la cuarentena.
Entre las víctimas se cuentan un adolescente de 15 años y una nena de siete, herida en una pierna y en una mano.
Fue el tercer episodio de intimidaciones atribuidas a efectivos de esa fuerza en las primeras semanas de la cuarentena: en Isidro Casanova, La Matanza, un móvil difundió desde un altavoz un audio de la película La p urga, una ficción distópica en la que se decreta toda una noche de “zona liberada” para que la gente salga a “matar y destruir”. Y en la villa 1-11-14, del Bajo Flores, una patrulla obligó a un grupo de jóvenes que no estaban dentro de sus casas a caminar en cuclillas con las manos en la nuca, a modo de castigo.
El asunto se convirtió, además de en un caso penal, en un tema de Estado. Además de que los gendarmes involucrados en esos hechos fueron desafectados, a la espera de la resolución judicial sobre las acusaciones, el mes pasado, en una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Interior, la ministra Sabina Frederic resaltó ante sus pares provinciales y los jefes de las fuerzas la necesidad de poner el foco en el control de la violencia institucional.
El hecho de La Cava, por el cual 15 gendarmes fueron separados del servicio activo, fue el más grave. “Yo lo vi con mis propios ojos, no invento nada. Voy a pelear por lo que sufrieron mis hijos”, avisa Juan Lencina, uno de los denunciantes. La impotencia y la indignación lo convencieron de hablar aún cuando el miedo aconseja el silencio.
“Esa noche yo estaba durmiendo con mi familia, hasta que me despertaron los gritos y los balazos. Salimos a ver qué pasaba y era un operativo de la Gendarmería con patrulleros y camionetas. Golpeaban y disparaban a cualquiera que se cruzara. Fue una locura”, recuerda.
Según denunció en el Juzgado de Garantías N° 1 de San Isidro, “su hija de siete años fue herida por uno o varios de esos disparos realizados a una distancia aproximada de tres metros, produciéndole heridas en pierna y mano derechas”, mientras que su hijastro, de 15 años, “fue reducido violentamente por los gendarmes y subido a una camioneta oscura tipo Trafic, esposado y a los golpes”.
El propio adolescente, en su declaración, recordó que dentro de la camioneta “lo tiraron al piso y continuaron pegándole en la cabeza” y que una vez dentro del destacamento Campo 1, ubicado frente a La Cava, mientras algunos gendarmes lo sujetaban, otro le quería “meter el palo que usan (la tonfa) en la cola”.
Tanto el menor como un joven de 28 años que también fue detenido coincidieron en que fueron llevados hasta un baño, obligados a mirar la pared de rodillas y que “en un momento ingresó un gendarme y comenzó a gatillarles un arma a sus espaldas practicando un simulacro de fusilamiento”. Contaron que uno de los agentes filmó todo con su celular y antes de irse lo dejó reproduciendo música a un volumen alto.
“Una vecina que vive detrás del destacamento me llamó y me avisó que los habían llevado ahí porque escuchaba los gritos y la música fuerte. A las siete de la mañana me devolvieron a mi hijo. Tenía la cara marcada y un ojo inflamado. Le preguntaba cómo estaba y me decía que bien, pero me daba cuenta de que tenía miedo de hablar. El otro muchacho que vive atrás de mi casa estaba irreconocible por la paliza que le habían dado”, destaca Juan.
“Hace once años que trabajamos en el barrio y cuando los vecinos nos contaron lo que había pasado empezamos a rastrear a las víctimas. Había mucho miedo. Al principio ninguno quería denunciar porque estaban amenazados, así que presentamos un ha beas corpus preventivo y colectivo para proteger a todos los vecinos”, explica Gastón Fernández, Concejal por el Frente de Todos y presidente de la Comisión de Prevención Ciudadana y Derechos Humanos de San Isidro.
“Se constataron hechos graves de privación ilegítima de la libertad, torturas, tratos inhumanos y degradantes, acciones de hostigamiento, simulacros de fusilamientos, amenazas de muerte, golpizas, heridas de bala de plomo y goma”, detallaron en la presentación.
Los relatos de las víctimas coincidieron en que este tipo de prácticas no son hechos aislados, sino que se configuran como una práctica habitual y sistemática de los gendarmes sobre los vecinos del barrio.
“El recurso fue rechazado, pero sirvió para que la Justicia empiece a actuar. Las víctimas fueron llamadas a declarar, se hizo un allanamiento en el destacamento, se secuestraron armas y se prevé un recorrido por Campo 1 como reconstrucción de los hechos”, destaca Fernández.
La Nación
Judiciales
Masi, abuso y amenazas, la imputación al comerciante del Mercado Concentrador
Roberto Ramón Pereira (57), el hombre que estuvo seis años preso por abuso de menores y volvió a ser detenido el jueves pasado por el mismo delito, se abstuvo a declarar esta mañana por el nuevo caso y fue imputado por “producción de archivos Masi, abuso sexual y amenazas”.
Tal como estaba previsto, el comerciante que tenía a su cargo un vivero en el Mercado Concentrador fue trasladado este lunes hacia el Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, para comparecer en audiencia de declaración indagatoria ante el magistrado Miguel Mattos.
Antes de pasar frente al juez, el implicado designó un abogado particular para que se haga cargo de su defensa y luego se abstuvo de declarar, tal como lo ampara su derecho.
En la misma audiencia fue notificado de los hechos que se investigan, de las pruebas que se registran en su contra y provisoriamente fue imputado por los delitos de “producción de material de abuso sexual infantil (Masi), delito contra la integridad sexual y amenazas”.
De esta manera, Pereira continuará detenido mientras avanza la investigación que lo tiene nuevamente tras las rejas desde el jueves pasado, cuando un niño de 12 años reveló los vejámenes que sufría era llevado a la casa del hombre sobre calle Soria, casi avenida Santa Cruz, donde supuestamente el ahora sospechoso le iba a enseñar “a arreglar sillones”.
Abuso y filmación
Según el relato del niño, contado por su madre en una entrevista con La Voz de Misiones, el menor empezó a ir a la casa de Pereira en diciembre y en las primeras visitas ya se habrían concretado los abusos que, además, fueron filmados para que luego utilizar esas imágenes como extorsión.
“Además de grabarle, después que abusaba de él le mostraba videos suyos con otros chicos. Le decía que le gustan los chicos mayores de 10 años. Así que hay más víctimas y por eso cuando vinimos a buscarlo queríamos recuperar si o si el celular, ahí está toda la evidencia”, contó la madre del pequeño.
El domicilio del sospechoso fue allanado el viernes a la tarde y en el lugar los investigadores incautaron tres aparatos telefónicos, un pen drive, un disco rígido y bajo la almohada de su cama hallaron un sugestivo elemento que podría ser clave: un ajo con un papel escrito con el nombre de un menor de edad.
Todos los dispositivos quedaron en manos de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic), cuyo personal será el encargado de realizar las pericias correspondientes en busca de más pruebas que puedan robustecer la acusación. También servirán, en todo caso, para comprobar la existencia de más víctimas.
En su contra, además, Pereira cuenta con un severo antecedente. En 2016 fue detenido por el mismo delito y por esa causa en 2018 firmó un acuerdo de juicio abreviado en el que se declaró culpable y fue condenado a seis años de prisión.
El hombre purgó esa pena en un complejo penitenciario de la provincia y en 2024 recuperó la libertad. Ahora está nuevamente preso, enfrentando un expediente que podría significarle una pena mucho mayor.
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Policiales
Dos iguazuenses murieron en un despiste sobre ruta 12 en Corrientes
Dos integrantes de una familia iguazuense murieron y otros tres resultados heridos en el despiste de una camioneta con la que viajaban desde Itatí (Corrientes) hacia su ciudad de origen.
El trágico hecho ocurrió ayer a la mañana, cerca de las 6.30, sobre la ruta nacional 12, a la altura de la localidad de Loreto, unos 120 kilómetros después de haber iniciado el viaje desde Itatí.
Los misioneros viajaban en una camioneta Renault Oroch y en un tramo de extensa ruta terminaron despistando hacia la banquina, donde dieron algunos vuelcos.
Como consecuencia del siniestro, fallecieron su conductor Felipe Neri García (66) y una acompañante que viajaba en el asiento trasero Marisa Ester Gómez (73).
Los demás viajantes, un hombre de 41 años, una mujer y un niño, resultaron heridos y debieron ser internados, aunque se encontrarían fuera de peligro, según consignó el medio local Diario Época.
En el caso interviene el fiscal de Investigaciones Concretas de la localidad de Santa Rosa, a cargo de Daniel Lezcano.
Policiales
Encontraron un cadáver flotando en el Paraná frente a Costa Sur
El cuerpo sin vida de un hombre de 53 años fue encontrado esta mañana en el río Paraná, frente a Costa Sur, en Posadas, y la Policía investiga las circunstancias del hecho.
De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, el cadáver estaba flotando en el agua, en cercanías a la bajada de lanchas, donde fue visto por transeúntes casuales que reportaron el suceso a las autoridades.
En el lugar trabajaron agentes de la División Rescate de Bomberos y de la Prefectura Naval Argentina (PNA), quienes extrajeron el cuerpo del cauce y más tarde fue identificado como Ricardo César Ferreira (53).
Por disposición de las autoridades en turno, los restos fueron trasladados a la morgue judicial, donde será sometido a un examen de autopsia para determinar de manera fehaciente las causas de muerte.
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