Policiales
Denuncian torturas, tratos inhumanos y simulacros de fusilamientos de Gendarmería
Vecinos de La Cava denunciaron ante la Justicia que en un procedimiento nocturno golpearon y dispararon a jóvenes para obligarlos a entrar en sus viviendasVecinos de La Cava denunciaron ante la Justicia que en un procedimiento nocturno golpearon y dispararon a jóvenes para obligarlos a entrar en sus viviendas.
BUENOS AIRES. En La Cava, los ladridos durante la noche se convirtieron en un mal presagio. “El ‘ruido’ de perros significa que anda la Gendarmería”, enseña una mujer que vive en uno de los pasillos y, al mismo tiempo, revela el trauma.
Entre la noche del domingo 29 y las primeras horas del lunes 30 de marzo, en el primer tramo del aislamiento obligatorio por la pandemia de Covid-19, esa fuerza de seguridad cometió, según la denuncia hecha ante la Justicia de San Isidro, todo tipo de vejaciones y abusos contra vecinos del barrio, lo que incluyó simulacros de fusilamiento, tratos degradantes y disparos de balas de plomo, con el único objetivo de obligar por la fuerza a cumplir la cuarentena.
Entre las víctimas se cuentan un adolescente de 15 años y una nena de siete, herida en una pierna y en una mano.
Fue el tercer episodio de intimidaciones atribuidas a efectivos de esa fuerza en las primeras semanas de la cuarentena: en Isidro Casanova, La Matanza, un móvil difundió desde un altavoz un audio de la película La p urga, una ficción distópica en la que se decreta toda una noche de “zona liberada” para que la gente salga a “matar y destruir”. Y en la villa 1-11-14, del Bajo Flores, una patrulla obligó a un grupo de jóvenes que no estaban dentro de sus casas a caminar en cuclillas con las manos en la nuca, a modo de castigo.
El asunto se convirtió, además de en un caso penal, en un tema de Estado. Además de que los gendarmes involucrados en esos hechos fueron desafectados, a la espera de la resolución judicial sobre las acusaciones, el mes pasado, en una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Interior, la ministra Sabina Frederic resaltó ante sus pares provinciales y los jefes de las fuerzas la necesidad de poner el foco en el control de la violencia institucional.
El hecho de La Cava, por el cual 15 gendarmes fueron separados del servicio activo, fue el más grave. “Yo lo vi con mis propios ojos, no invento nada. Voy a pelear por lo que sufrieron mis hijos”, avisa Juan Lencina, uno de los denunciantes. La impotencia y la indignación lo convencieron de hablar aún cuando el miedo aconseja el silencio.
“Esa noche yo estaba durmiendo con mi familia, hasta que me despertaron los gritos y los balazos. Salimos a ver qué pasaba y era un operativo de la Gendarmería con patrulleros y camionetas. Golpeaban y disparaban a cualquiera que se cruzara. Fue una locura”, recuerda.
Según denunció en el Juzgado de Garantías N° 1 de San Isidro, “su hija de siete años fue herida por uno o varios de esos disparos realizados a una distancia aproximada de tres metros, produciéndole heridas en pierna y mano derechas”, mientras que su hijastro, de 15 años, “fue reducido violentamente por los gendarmes y subido a una camioneta oscura tipo Trafic, esposado y a los golpes”.
El propio adolescente, en su declaración, recordó que dentro de la camioneta “lo tiraron al piso y continuaron pegándole en la cabeza” y que una vez dentro del destacamento Campo 1, ubicado frente a La Cava, mientras algunos gendarmes lo sujetaban, otro le quería “meter el palo que usan (la tonfa) en la cola”.
Tanto el menor como un joven de 28 años que también fue detenido coincidieron en que fueron llevados hasta un baño, obligados a mirar la pared de rodillas y que “en un momento ingresó un gendarme y comenzó a gatillarles un arma a sus espaldas practicando un simulacro de fusilamiento”. Contaron que uno de los agentes filmó todo con su celular y antes de irse lo dejó reproduciendo música a un volumen alto.
“Una vecina que vive detrás del destacamento me llamó y me avisó que los habían llevado ahí porque escuchaba los gritos y la música fuerte. A las siete de la mañana me devolvieron a mi hijo. Tenía la cara marcada y un ojo inflamado. Le preguntaba cómo estaba y me decía que bien, pero me daba cuenta de que tenía miedo de hablar. El otro muchacho que vive atrás de mi casa estaba irreconocible por la paliza que le habían dado”, destaca Juan.
“Hace once años que trabajamos en el barrio y cuando los vecinos nos contaron lo que había pasado empezamos a rastrear a las víctimas. Había mucho miedo. Al principio ninguno quería denunciar porque estaban amenazados, así que presentamos un ha beas corpus preventivo y colectivo para proteger a todos los vecinos”, explica Gastón Fernández, Concejal por el Frente de Todos y presidente de la Comisión de Prevención Ciudadana y Derechos Humanos de San Isidro.
“Se constataron hechos graves de privación ilegítima de la libertad, torturas, tratos inhumanos y degradantes, acciones de hostigamiento, simulacros de fusilamientos, amenazas de muerte, golpizas, heridas de bala de plomo y goma”, detallaron en la presentación.
Los relatos de las víctimas coincidieron en que este tipo de prácticas no son hechos aislados, sino que se configuran como una práctica habitual y sistemática de los gendarmes sobre los vecinos del barrio.
“El recurso fue rechazado, pero sirvió para que la Justicia empiece a actuar. Las víctimas fueron llamadas a declarar, se hizo un allanamiento en el destacamento, se secuestraron armas y se prevé un recorrido por Campo 1 como reconstrucción de los hechos”, destaca Fernández.
La Nación
Tras la anulación del fallo que dispuso su absolución por el beneficio de la duda en 2022, el Tribunal Penal Uno de Posadas realizó un nuevo debate oral contra el hijo de una ex funcionaria provincial acusado de abusos sexuales en perjuicio de una hija menor de edad y esta tarde lo condenó a una pena de 12 años de prisión efectiva.
La nueva sentencia fue dictada esta tarde, después de una extensa jornada de alegatos y después de varias audiencias de debate que incluyeron sucesivos cambios de defensa e incluso registró un faltazo del imputado, que luego argumentó haberse internado en una clínica de salud mental pero terminó siendo detenido.
El implicado se trata de J. R. G. -hijo de una ex funcionaria del Iprodha- quien en 2013 fue denunciado por abusos contra una hija de 5 años en ese entonces, causa que en 2022 llegó a debate oral y resultó absuelto por el beneficio de la duda, aunque ese fallo, dictado por los magistrados Viviana Cukla, Ángel Dejesús Cardozo y Juan Manuel Monte (subrogante), fue anulado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) al entender que hubo una errónea valoración de la prueba.
De esta manera, se ordenó la realización de un nuevo proceso oral que arrancó semanas atrás frente a un tribunal integrado por los magistrados Gustavo Bernie, Juan Carlos Sosa y Miguel Mattos, ambos subrogantes.
El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por Vladimir Glinka, en tanto que como querellante particular volvió a participar el letrado Hugo Zapana, quienes hoy coincidieron al solicitar una pena de 16 años de prisión para el implicado.
Al comienzo del debate el imputado contó con la defensa de Eduardo Paredes, Mauricio Vergara y Florencia Romero, aunque uno a uno fueron renunciando, lo que derivó en demoras en la continuidad del proceso.
Finalmente, este martes el imputado -su identidad completa no se revela para no revictimizar a la víctima- contó con el patrocinio del defensor oficial Mario Ramírez y del abogado particular Federico Tilli, quienes insistieron en absolución del imputado o en forma subsidiaria solicitaron una pena de 3 años de prisión en suspenso por abuso simple.
Después de una larga deliberación, los jueces decidieron condenar a Ramos a la pena de 12 años de prisión efectiva como penalmente responsable del delito de “abuso sexual gravemente ultrajante calificado por el vínculo, dos hechos, en concurso real”.
El ahora condenado continuará privado de su libertad en una celda de la comisaría Cuarta de Posadas, hasta tanto el mismo tribunal analice un pedido de prisión domiciliaria solicitada por la defensa. Los fundamentos de la nueva sentencia se conocerán el 26 de marzo.
El STJ anuló sentencia que absolvió a imputado por abuso en Posadas
Una mujer del barrio Itaembé Miní de Posadas denunció que tres hombres abusaron sexualmente de un vecino con discapacidad mental y por el hecho hay dos detenidos, mientras continúa la investigación para esclarecer lo sucedido.
De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, todo comenzó este mismo martes, cuando una mujer se presentó en la Comisaría de la Mujer de la zona y denunció que un hombre de 40 años fue víctima de un presunto ataque sexual perpetrado por otros tres vecinos identificados como Matías, Maxi y Wana.
La denunciante añadió que la víctima presenta un grado de discapacidad mental y se negaba a dialogar sobre lo sucedido.
Recibida la denuncia, los efectivos avanzaron en la investigación del caso y en ese marco demoraron a dos de los sujetos apuntados, quienes ahora quedaron alojados en la Unidad Regional X, a disposición del Juzgado de Instrucción Uno de Posadas.
La víctima, en tanto, fue trasladado esta mañana al Cuerpo Médico Forense, donde iba a ser sometido a los correspondientes exámenes para constatar la veracidad de lo denunciando.
Desde la Policía además añadieron que las labores continúan a fin de ubicar al tercer sujeto denunciado.
Tal como ocurrió el pasado miércoles sobre la calle 25 de Mayo, en el kilómetro 6, con la presencia de al menos 40 menores y ayer sobre el kilómetro 7, en la madrugada de hoy la Policía de Misiones desbarató una nueva fiesta clandestina protagonizada por al menos 50 jóvenes que celebraban el Último Primer Día (UPD) sobre calle Asunción del kilómetro 10.
Un llamado al 911 permitió la intervención de los efectivos de la Comisaría Seccional Tercera de la Unidad Regional III, alrededor de las 3,30 de este martes, en una vivienda particular, donde identificaron a al menos 50 estudiantes secundarios y la presencia de bebidas alcohólicas que habrían sido consumidas por varios de ellos.
En este contexto, el personal policial procedió a despejar las sustancias del inmueble, cuya propietaria de 37 años de edad manifestó que no contaba con habilitación para la realización de eventos ni para el expendio de bebidas alcohólicas.
Asimismo, en el sitio se hallaban algunos padres que acudieron a retirar a sus hijos, quienes en su mayoría manifestaron no ser responsables de la organización del encuentro.
Ante la situación, los efectivos notificaron a la propietaria sobre la normativa vigente, procedieron a identificar a los estudiantes presentes y labraron el acta de procedimiento correspondiente, tras lo cual se dispuso el despeje del lugar.
Antecedentes
El pasado 4 de marzo, una fiesta de similares características, conocida como UPD fue desactivada en un complejo ubicado sobre calle 25 de Mayo, en el kilómetro 6 de esa ciudad.
En el lugar se encontraban cerca de 40 jóvenes, varios vehículos y los uniformados lograron constatar que la actividad se desarrolló sin la correspondiente habilitación.
Ante esta situación, dispusieron la clausura preventiva del predio en el marco de la Ordenanza 137/24, además del despeje total del lugar.
En tanto, este lunes en horas de la madrugada, se registró otro evento en un complejo de Eldorado, donde se realizó un encuentro de estudiantes sin habilitación y con consumo de bebidas alcohólicas por parte de varios menores.
El procedimiento se concretó cerca de las 2:45 en un predio ubicado sobre la calle 25 de Mayo, en el kilómetro 7.
Durante recorridas de prevención, los efectivos detectaron el encuentro irregular y constataron la presencia de aproximadamente 50 estudiantes, quienes celebraban el tradicional evento previo al inicio del último año escolar.
Ante esta situación, el personal policial procedió a notificar a la responsable sobre la vigencia de la Ordenanza 137/24 y labraron el acta correspondiente por la infracción detectada.
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