Policiales
Taxi boy condenado por homicidio fue detenido por abuso en Apóstoles
Raúl Roberto Leites, el taxi boy misionero que en 2009 fue condenado por el asesinato de un médico en Buenos Aires y que luego se mantuvo cinco años prófugo al no regresar de una salida transitoria, volvió a escuchar las esposas cerrarse sobre sus muñecas hoy, esta vez acusado por abusar de una sobrina en la localidad de Apóstoles.
Leites tiene 44 años, pero hace 20 que su nombre ya sale en las crónicas policiales. Todo empezó el 18 de agosto de 2004, cuando lo detuvieron por el crimen de Simón Russek (60), un médico que un mes antes fue asfixiado dentro de su departamento en el barrio porteño de Almagro.
Los investigadores establecieron que las últimas personas que estuvieron con Russek fueron tres trabajadores sexuales, más conocidos como “taxi boys”, quienes asiduamente visitaban al médico y entre ellos estaba Leites, al que ubicaron como el joven que mayor relación tenía de la víctima.
El crimen fue descubierto el 9 de julio, cuando la madre de Russek fue a visitarlo porque hacía días que no tenía novedades de él y al entrar al departamento lo encontró tendido sobre su cama. El médico estaba maniatado de pies y manos y en su cabeza aún tenía una funda de almohada.
La hipótesis principal fue que el médico fue asaltado por los trabajadores sexuales, que tras el crimen robaron una importante suma de dinero en dólares y con los datos recabados los policías salieron en sus búsquedas, aunque para ese entonces ya ninguno estaba en Capital Federal.
Fue así que a mediados de agosto Leites fue capturado en Apóstoles y en la casa donde lo detuvieron encontraron un recibo de una sucursal bancaria donde el día anterior cambió 100 dólares.
La recaptura de Leites en 2016 fue incluida en el informe de Cufre.
Más tarde, finalmente, el misionero fue condenado a 10 años y 6 meses de prisión como autor del delito de “homicidio ocasión de robo”, pena que purgó en el penal de Ezeiza, pero en 2011 salió de transitoria, nunca volvió y pasó a la clandestinidad.
Durante varios años fue considerado uno de los prófugos más buscados de Argentina y su recaptura se dio recién en agosto de 2016, cuando agentes de inteligencia criminal de la Prefectura Naval Argentina (PNA) lograron ubicarlo.
Leites nuevamente estaba en Apóstoles. Había logrado pasar desapercibido trabajando en un complejo yerbatero, pero sus días en libertad había llegado a su fin nuevamente y desde allí fue llevado a la cárcel de Marcos Paz, donde terminó de cumplir su condena.
Su recaptura en 2016 fue incluida ese año en el informe del Comando Unificado Federal de Recaptura de Evadidos, dependiente del ministerio de Seguridad de la Nación.
Ahora, su nombre vuelve a aparecer en las noticias policiales. Según pudo averiguar La Voz de Misiones, Leites ayer fue denunciado por un hecho de abuso sexual cometido en perjuicio de una sobrina de 16 años y esta mañana la Policía irrumpió en la casa donde residía en Apóstoles.
El procedimiento se concretó a las 8.15 de hoy y Leites se resistió, alegando que estaba armado, aunque no logró evitar su aprehensión. El implicado ahora está a disposición del Juzgado de Instrucción Cuatro, a cargo del magistrado Miguel Ángel Faría, quien llevará adelante las actuaciones de la incipiente causa.
Fuentes policiales agregaron que Leites además tiene una causa federal por falsificación de moneda extranjera y otra por amenazas, al tiempo que había sido declarado en “rebeldía”.
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó 1 año de prisión para Mónica Gurina y 10 meses de prisión para Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
El debate oral contra los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez se reanudó está mañana en el SUM del Palacio de Justicia.
Previo al inicio, se conocio un pedido de la fiscal María Laura Álvarez, quién planteó que la audiencia de hoy se realice a puertas cerradas, solo con la presencia de las partes y los medios acreditados.
En sus argumentos, expuso que se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
En el escrito sostuvo que en sus 13 años de trayectoria jamás experimento algo similar y recordó que la magistrada Marcela Leiva en varias oportunidades debió realizar llamados de atención a los asistentes para obtener el silencio adecuado en la sala.
La defensa, encabezada por el equipo legal integrado por los letrados Eduardo Paredes, Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, se opuso al pedido.
La magistrada Leiva, presidenta del tribunal unipersonal encargada de dirigir el proceso, no dió lugar al pedido y aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento.
Para este miércoles se prevé la declaración de al menos seis testigos, entre comerciantes y agentes policiales, principalmente.
Para hoy también está programado que se realice la ronda de alegatos y al culminar se decidirá el momento del dictado de sentencia.
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