Policiales
Secuestraron dos celulares y una notebook en la casa del diputado Kiczka
El diputado provincial del partido Activar, Germán Kiczka (44), fue alcanzado por la investigación que inicialmente involucraba a su hermano Sebastián (46) y ahora también quedó bajo la lupa de la Justicia por la posible comisión de delitos relacionados a la tenencia y distribución de pornografía infantil, situación que esta mañana derivó en el allanamiento de su vivienda en la localidad de Apóstoles.
La delicada investigación que salpica a la familia Kiczka tuvo su origen en febrero de este año, cuando la casa donde residen tanto el hermano como el padre del legislador misionero, en el barrio Illía, fue objeto de un allanamiento por parte de agentes de la Policía Federal Argentina (PFA).
En aquella ocasión, el procedimiento se enmarcó en un mega operativo internacional que incluyó allanamientos en diversas ciudades de Latinoamérica y que en Argentina estuvo dirigida desde Ciudad de Buenos Aires por la fiscal especializada en delitos informáticos Daniela Dupuy.
Una notebook, la pista clave
Ese operativo inicial en la casa familiar de los Kiczka culminó con el secuestro de varios dispositivos electrónicos, entre ellos una computadora portátil que pertenecía al diputado provincial, aparatos que fueron sometidos a diversas pericias tendientes a dar con material vinculado a los hechos investigados.
En ese contexto, tras recibir los primeros informes periciales, Dupuy estableció que el caso que involucra a los Kiczka corresponde a un hecho aislado y sin conexión respecto a los demás sujetos investigados a lo largo y ancho del país, ante lo cual consideró que debía declararse incompetente parcialmente, pasando todas las actuaciones a la Justicia provincial.
Así fue que el expediente que inicialmente comprometía a Sebastián Kizcka recayó en el Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, a cargo de Miguel Ángel Faría, magistrado que este martes tomó nuevas medidas concentradas especialmente en la posible participación del diputado provincial en los mismos hechos.
Para ahondar más en la cuestión, fuentes consultadas por La Voz de Misiones detallaron que los operativos de hoy se dispararon al advertir que de los informes periciales remitidos por la fiscalía que intervino inicialmente surge que en la notebook del diputado incautada en la casa de su hermano en febrero aparecieron videos de pornografía infantil y registros de actividades en programas de intercambio de archivos tipo P2P (peer-to-peer o red de pares), que son encriptados y requieren de una clave.
Kiczka fue sorprendido esta mañana en su casa por agentes de Cibercrimen y de la Saic.
En ese marco, en total se ordenaron tres allanamientos simultáneos. Uno en la casa del legislador, sobre calle Leandro N. Alem; otro la vivienda de su hermano en el barrio Illía, epicentro del procedimiento de febrero; y un restante en la pizzería familiar ubicada en el centro de la ciudad. “Fuimos hasta la pizzería ante la posibilidad de que hayan escondido algún aparato, pero no se encontró nada”, precisó un investigador.
Los procedimientos comenzaron a las 6 de la mañana, se extendieron hasta pasada las 10 de la mañana y fueron ejecutados por el personal por personal especializado de la Dirección Cibercrimen de la Policía de Misiones, en conjunto con agentes de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic), dependiente del Poder Judicial.
El objetivo era incautar más dispositivos electrónicos pasibles de ser peritados y de la casa del Germán Kiczka se llevaron dos teléfonos celulares y otra notebook, en la cual durante una primera revisión in situ también habrían encontrado material comprometedor.
“Estoy shockeado, consternado. Pero no tengo nada que ocultar, no me interesan mis fueros y estoy a disposición de la Justicia para que investigue lo que tenga que investigar. La computadora que se llevaron es la computadora con la que trabajo todos los días”, señaló Kiczka al ser visitado por LVM en su casa de Apóstoles, donde se encontraba acompañada de su esposa, quien durante el procedimiento sufrió una descompensación y debió ser atendida en una clínica local.
“Soy una persona que confía plenamente en las instituciones y cree en la independencia de la Justicia, por lo que seguiré trabajando y colaborando en la pronta resolución”, añadió después, mediante un comunicado difundido por sus allegados.
La Policía volvió a allanar hoy la casa de Sebastián, hermano del diputado.
Nuevas pericias
Según detallaron, los elementos incautados en su poder ahora serán sometidos a nueva “autopsia digital” por parte de Cibercrimen y el resultado de este examen será determinante para el avance de la causa, tras lo cual se podría proceder a su citación para comparecer en audiencia de declaración indagatoria ante la Justicia.
Por el momento, los hechos investigados podrían encuadrarse bajo el artículo 128 del Código Penal de la Nación argentina, el cual establece que “será reprimido con prisión de tres (3) a seis (6) años el que produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere, por cualquier medio, toda representación de un menor de dieciocho (18) años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, al igual que el que organizare espectáculos en vivo de representaciones sexuales explícitas en que participaren dichos menores”.
La calificación del hecho, además, podría ser alcanzada por el párrafo quinto del mismo artículo, el cual contempla que “todas las escalas penales previstas en este artículo se elevarán en un tercio en su mínimo y en su máximo cuando la víctima fuere menor de trece (13) años”.
Al ser legislador provincial, Germán Kiczka tiene fueros y, por ende, inmunidad a su detención, aunque eso no impide que sea citado a declarar y sea sometido a una investigación judicial.
La Policía de Misiones asistió a cuatro niños que fueron encontrados sin alimentos y en estado de vulnerabilidad extrema en un departamento de alquiler situado sobre la calle Puerto Iguazú de Villa Bonita.
El hecho se registró hoy alrededor de las 11:30 por efectivos de la Unidad Regional II, quienes arribaron al lugar y entregaron a los menores a familiares para su resguardo y posterior intervención del área social municipal.
El operativo se realizó en conjunto con el Comando Radioeléctrico, donde fueron alertados sobre la situación. Inmediatamente, el personal de la división de emergencia urbana constató la presencia de dos niñas de 3 años, y dos niños de 2 y 4 años, quienes permanecían encerrados y sin alimentos desde el sábado por la tarde, momento en que su madre se habría ausentado del domicilio, sin datos actuales sobre su paradero.
Ante el cuadro crítico, los policías adquirieron alimentos de primera necesidad para brindar asistencia alimentaria inmediata a los menores, como así también dieron intervención al gabinete interdisciplinario policial de esa jurisdicción.
Minutos después, lograron establecer contacto con la ciudadana Mary Graciela R. (26), tía de los niños, quien se hizo presente en el lugar y manifestó desconocer la situación en la que se encontraban sus sobrinos.
Por razones de urgencia y preservación de la integridad de los menores, la fuerza procedió a la entrega de los cuatro niños a su tía para guarda y custodia responsable, hasta tanto se definan nuevas medidas del sistema de protección.
Algunos detalles
Durante las entrevistas con los moradores del barrio, los vecinos coincidieron en que la situación detectada sería presuntamente habitual, señalando que la madre los dejaría solos, encerrados y sin alimentos durante varios días, y que los niños podrían ser víctimas de maltrato sistemático cuando la progenitora se encuentra en el domicilio.
En ese contexto, se requirió la intervención del área social, interviniendo el equipo de Asistentes Sociales de la Municipalidad de Oberá, que fue activado para el abordaje del grupo familiar y el seguimiento institucional del caso.
La causa fue informada al Juzgado y organismos provinciales competentes para la continuidad de las investigaciones y el resguardo integral de los menores.
La Unidad Regional XII de la Policía de Misiones desplegó un amplio operativo de recaptura en la frontera para localizar a seis detenidos que escaparon esta madrugada de la dependencia de Bernardo de Irigoyen.
El dispositivo incluye controles de accesos, rastrillajes en zonas de monte, patrullajes terrestres y aéreos con drones, canes rastreadores y grupos tácticos en puntos estratégicos y caminos secundarios.
La fuga fue detectada pasada la medianoche, cuando el personal de guardia constató un boquete en la pared del baño del calabozo. Los fugados fueron identificados como Alejandro Ramos, Emanuel Krourluch, Daniel Simons, Agustín Morais, Ferreira Alvez Juan José, Jorge Ojeda y Darío Brítez.
No obstante, pasadas algunas horas, una patrulla del Comando de San Antonio localizó y recapturó en San Antonio a Ferreira Alvez Juan José, quien fue nuevamente alojado en sede policial, confirmándose así que restan seis prófugos, todos con causas penales abiertas por delitos de distinta índole.
El operativo cerrojo cuenta con colaboración activa de todos los comandos regionales y también de la Policía Militar de Brasil, mediante intercambio de información en tiempo real y controles reforzados en la línea de frontera.
En paralelo, la Jefatura ordenó a Asuntos Internos, el inicio de la investigación administrativa para determinar responsabilidades vinculadas a la custodia de los detenidos al momento del hecho.
El debate oral por el crimen del bonaerense Martín Arredondo (37), previsto para este jueves 4 de diciembre, fue suspendido debido a un acuerdo de juicio abreviado entre la fiscalía y los seis jóvenes imputados por el hecho, quienes admitieron su culpabilidad y aceptaron ser condenados a penas de 16 y 18 años.
Según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la audiencia de visu donde los seis imputados dieron el consentimiento para avanzar en el convenio de juicio abreviado se realizó esta mañana, circunstancia que derivó en la suspensión de las audiencias de debate oral que habían sido programadas para la semana entrante ante el Tribunal Penal Uno de Posadas.
Las mismas fuentes señalaron que los imputados admitieron su participación en el hecho y aceptaron recibir condenas de entre 16 y 18 años como responsables del delito de “homicidio en ocasión de robo”, figura menos gravosa que la acusación de “homicidio doblemente calificado por el concurso premeditados de dos o más personas y criminis causae” con la que fueron procesados en etapa de instrucción y que preveía prisión perpetua.
Los imputados en esta causa son Brisa Torres (24), Oriana Saucedo (24), su hermano Alan William Saucedo (26), Elías Nahuel Trinidad (26), Miguel Ángel López (25) y Juan Alberto Barrios (22).
Los tres primeros aceptaron una pena de 16 años de cárcel, mientras que la pena mayor recaerá contra Trinidad y López. Barrios, por su parte, era menor de edad al momento del hecho y por lo tanto será un juzgado correccional el que decida su sanción.
En representación del Ministerio Público Fiscal intervino la fiscal María Laura Álvarez, por subrogancia legal ante la licencia del fiscal Vladimir Glinka.
El acuerdo alcanzado entre las partes ahora deberá ser elevado al Tribunal Penal Uno, integrado por los magistrados Gustavo Bernie y Viviana Cukla, quienes deberán analizar el documento y en caso de no detectar irregularidades transformarán el acta en sentencia.
Pablo Martín Arredondo fue ultimado en su departamento sobre calle Bolívar de Posadas.
Golpeado y estrangulado
El crimen de Arredondo se descubrió el 23 de febrero de 2020, cuando los vecinos del departamento que alquilaba en un edificio sobre calle Colón, frente al colegio Roque González, alertaron sobre un olor putrefacto que provenía del lugar.
Al ingresar al inmueble, los efectivos policiales intervinientes se encontraron con el cadáver del bonaerense y la autopsia posterior determinó que fue golpeado y finalmente estrangulado con un cinto.
La investigación global estableció que el crimen se registró cuatro días antes, el 19 de febrero, en horas de la madrugada, cuando la víctima se reunió en su departamento junto a una de las jóvenes que aparentemente era su novia y un grupo de amigos de ellas.
En el lugar, se cree que Arredondo fue dopado con estupefacientes (ketamina) y que al departamento luego llegaron otros cómplices con la intención de sustraerle 300.000 pesos que el hombre tenía destinado a utilizar como parte de pago para la compra de un automóvil.
Mediante la revisión de cámaras de seguridad los investigadores pudieron reconstruir las últimas horas de la víctima y los últimos movimientos registrados en cercanías a su departamento, con lo cual fueron identificando uno a uno a los sospechosos.
Luego, la ciencia hizo el resto. En el marco de la causa constan pericias telefónicas que darían cuenta de comunicaciones entre los implicados planificando el hecho y rastros de ADN que ubican a al menos tres de los sospechosos en la escena del crimen.
El caso fue investigado por el Juzgado de Instrucción Tres de Posadas, a cargo del magistrado Fernando Verón, quien en mayo de 2023 firmó el requerimiento de elevación a juicio del expediente, medida que meses después fue ratificada por la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores de la provincia.
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