Policiales
Secuestraron dos celulares y una notebook en la casa del diputado Kiczka
El diputado provincial del partido Activar, Germán Kiczka (44), fue alcanzado por la investigación que inicialmente involucraba a su hermano Sebastián (46) y ahora también quedó bajo la lupa de la Justicia por la posible comisión de delitos relacionados a la tenencia y distribución de pornografía infantil, situación que esta mañana derivó en el allanamiento de su vivienda en la localidad de Apóstoles.
La delicada investigación que salpica a la familia Kiczka tuvo su origen en febrero de este año, cuando la casa donde residen tanto el hermano como el padre del legislador misionero, en el barrio Illía, fue objeto de un allanamiento por parte de agentes de la Policía Federal Argentina (PFA).
En aquella ocasión, el procedimiento se enmarcó en un mega operativo internacional que incluyó allanamientos en diversas ciudades de Latinoamérica y que en Argentina estuvo dirigida desde Ciudad de Buenos Aires por la fiscal especializada en delitos informáticos Daniela Dupuy.
Una notebook, la pista clave
Ese operativo inicial en la casa familiar de los Kiczka culminó con el secuestro de varios dispositivos electrónicos, entre ellos una computadora portátil que pertenecía al diputado provincial, aparatos que fueron sometidos a diversas pericias tendientes a dar con material vinculado a los hechos investigados.
En ese contexto, tras recibir los primeros informes periciales, Dupuy estableció que el caso que involucra a los Kiczka corresponde a un hecho aislado y sin conexión respecto a los demás sujetos investigados a lo largo y ancho del país, ante lo cual consideró que debía declararse incompetente parcialmente, pasando todas las actuaciones a la Justicia provincial.
Así fue que el expediente que inicialmente comprometía a Sebastián Kizcka recayó en el Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, a cargo de Miguel Ángel Faría, magistrado que este martes tomó nuevas medidas concentradas especialmente en la posible participación del diputado provincial en los mismos hechos.
Para ahondar más en la cuestión, fuentes consultadas por La Voz de Misiones detallaron que los operativos de hoy se dispararon al advertir que de los informes periciales remitidos por la fiscalía que intervino inicialmente surge que en la notebook del diputado incautada en la casa de su hermano en febrero aparecieron videos de pornografía infantil y registros de actividades en programas de intercambio de archivos tipo P2P (peer-to-peer o red de pares), que son encriptados y requieren de una clave.
Kiczka fue sorprendido esta mañana en su casa por agentes de Cibercrimen y de la Saic.
En ese marco, en total se ordenaron tres allanamientos simultáneos. Uno en la casa del legislador, sobre calle Leandro N. Alem; otro la vivienda de su hermano en el barrio Illía, epicentro del procedimiento de febrero; y un restante en la pizzería familiar ubicada en el centro de la ciudad. “Fuimos hasta la pizzería ante la posibilidad de que hayan escondido algún aparato, pero no se encontró nada”, precisó un investigador.
Los procedimientos comenzaron a las 6 de la mañana, se extendieron hasta pasada las 10 de la mañana y fueron ejecutados por el personal por personal especializado de la Dirección Cibercrimen de la Policía de Misiones, en conjunto con agentes de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic), dependiente del Poder Judicial.
El objetivo era incautar más dispositivos electrónicos pasibles de ser peritados y de la casa del Germán Kiczka se llevaron dos teléfonos celulares y otra notebook, en la cual durante una primera revisión in situ también habrían encontrado material comprometedor.
“Estoy shockeado, consternado. Pero no tengo nada que ocultar, no me interesan mis fueros y estoy a disposición de la Justicia para que investigue lo que tenga que investigar. La computadora que se llevaron es la computadora con la que trabajo todos los días”, señaló Kiczka al ser visitado por LVM en su casa de Apóstoles, donde se encontraba acompañada de su esposa, quien durante el procedimiento sufrió una descompensación y debió ser atendida en una clínica local.
“Soy una persona que confía plenamente en las instituciones y cree en la independencia de la Justicia, por lo que seguiré trabajando y colaborando en la pronta resolución”, añadió después, mediante un comunicado difundido por sus allegados.
La Policía volvió a allanar hoy la casa de Sebastián, hermano del diputado.
Nuevas pericias
Según detallaron, los elementos incautados en su poder ahora serán sometidos a nueva “autopsia digital” por parte de Cibercrimen y el resultado de este examen será determinante para el avance de la causa, tras lo cual se podría proceder a su citación para comparecer en audiencia de declaración indagatoria ante la Justicia.
Por el momento, los hechos investigados podrían encuadrarse bajo el artículo 128 del Código Penal de la Nación argentina, el cual establece que “será reprimido con prisión de tres (3) a seis (6) años el que produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere, por cualquier medio, toda representación de un menor de dieciocho (18) años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, al igual que el que organizare espectáculos en vivo de representaciones sexuales explícitas en que participaren dichos menores”.
La calificación del hecho, además, podría ser alcanzada por el párrafo quinto del mismo artículo, el cual contempla que “todas las escalas penales previstas en este artículo se elevarán en un tercio en su mínimo y en su máximo cuando la víctima fuere menor de trece (13) años”.
Al ser legislador provincial, Germán Kiczka tiene fueros y, por ende, inmunidad a su detención, aunque eso no impide que sea citado a declarar y sea sometido a una investigación judicial.
Tras la anulación del fallo que dispuso su absolución por el beneficio de la duda en 2022, el Tribunal Penal Uno de Posadas realizó un nuevo debate oral contra el hijo de una ex funcionaria provincial acusado de abusos sexuales en perjuicio de una hija menor de edad y esta tarde lo condenó a una pena de 12 años de prisión efectiva.
La nueva sentencia fue dictada esta tarde, después de una extensa jornada de alegatos y después de varias audiencias de debate que incluyeron sucesivos cambios de defensa e incluso registró un faltazo del imputado, que luego argumentó haberse internado en una clínica de salud mental pero terminó siendo detenido.
El implicado se trata de J. R. G. -hijo de una ex funcionaria del Iprodha- quien en 2013 fue denunciado por abusos contra una hija de 5 años en ese entonces, causa que en 2022 llegó a debate oral y resultó absuelto por el beneficio de la duda, aunque ese fallo, dictado por los magistrados Viviana Cukla, Ángel Dejesús Cardozo y Juan Manuel Monte (subrogante), fue anulado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) al entender que hubo una errónea valoración de la prueba.
De esta manera, se ordenó la realización de un nuevo proceso oral que arrancó semanas atrás frente a un tribunal integrado por los magistrados Gustavo Bernie, Juan Carlos Sosa y Miguel Mattos, ambos subrogantes.
El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por Vladimir Glinka, en tanto que como querellante particular volvió a participar el letrado Hugo Zapana, quienes hoy coincidieron al solicitar una pena de 16 años de prisión para el implicado.
Al comienzo del debate el imputado contó con la defensa de Eduardo Paredes, Mauricio Vergara y Florencia Romero, aunque uno a uno fueron renunciando, lo que derivó en demoras en la continuidad del proceso.
Finalmente, este martes el imputado -su identidad completa no se revela para no revictimizar a la víctima- contó con el patrocinio del defensor oficial Mario Ramírez y del abogado particular Federico Tilli, quienes insistieron en absolución del imputado o en forma subsidiaria solicitaron una pena de 3 años de prisión en suspenso por abuso simple.
Después de una larga deliberación, los jueces decidieron condenar a Ramos a la pena de 12 años de prisión efectiva como penalmente responsable del delito de “abuso sexual gravemente ultrajante calificado por el vínculo, dos hechos, en concurso real”.
El ahora condenado continuará privado de su libertad en una celda de la comisaría Cuarta de Posadas, hasta tanto el mismo tribunal analice un pedido de prisión domiciliaria solicitada por la defensa. Los fundamentos de la nueva sentencia se conocerán el 26 de marzo.
El STJ anuló sentencia que absolvió a imputado por abuso en Posadas
Una mujer del barrio Itaembé Miní de Posadas denunció que tres hombres abusaron sexualmente de un vecino con discapacidad mental y por el hecho hay dos detenidos, mientras continúa la investigación para esclarecer lo sucedido.
De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, todo comenzó este mismo martes, cuando una mujer se presentó en la Comisaría de la Mujer de la zona y denunció que un hombre de 40 años fue víctima de un presunto ataque sexual perpetrado por otros tres vecinos identificados como Matías, Maxi y Wana.
La denunciante añadió que la víctima presenta un grado de discapacidad mental y se negaba a dialogar sobre lo sucedido.
Recibida la denuncia, los efectivos avanzaron en la investigación del caso y en ese marco demoraron a dos de los sujetos apuntados, quienes ahora quedaron alojados en la Unidad Regional X, a disposición del Juzgado de Instrucción Uno de Posadas.
La víctima, en tanto, fue trasladado esta mañana al Cuerpo Médico Forense, donde iba a ser sometido a los correspondientes exámenes para constatar la veracidad de lo denunciando.
Desde la Policía además añadieron que las labores continúan a fin de ubicar al tercer sujeto denunciado.
Tal como ocurrió el pasado miércoles sobre la calle 25 de Mayo, en el kilómetro 6, con la presencia de al menos 40 menores y ayer sobre el kilómetro 7, en la madrugada de hoy la Policía de Misiones desbarató una nueva fiesta clandestina protagonizada por al menos 50 jóvenes que celebraban el Último Primer Día (UPD) sobre calle Asunción del kilómetro 10.
Un llamado al 911 permitió la intervención de los efectivos de la Comisaría Seccional Tercera de la Unidad Regional III, alrededor de las 3,30 de este martes, en una vivienda particular, donde identificaron a al menos 50 estudiantes secundarios y la presencia de bebidas alcohólicas que habrían sido consumidas por varios de ellos.
En este contexto, el personal policial procedió a despejar las sustancias del inmueble, cuya propietaria de 37 años de edad manifestó que no contaba con habilitación para la realización de eventos ni para el expendio de bebidas alcohólicas.
Asimismo, en el sitio se hallaban algunos padres que acudieron a retirar a sus hijos, quienes en su mayoría manifestaron no ser responsables de la organización del encuentro.
Ante la situación, los efectivos notificaron a la propietaria sobre la normativa vigente, procedieron a identificar a los estudiantes presentes y labraron el acta de procedimiento correspondiente, tras lo cual se dispuso el despeje del lugar.
Antecedentes
El pasado 4 de marzo, una fiesta de similares características, conocida como UPD fue desactivada en un complejo ubicado sobre calle 25 de Mayo, en el kilómetro 6 de esa ciudad.
En el lugar se encontraban cerca de 40 jóvenes, varios vehículos y los uniformados lograron constatar que la actividad se desarrolló sin la correspondiente habilitación.
Ante esta situación, dispusieron la clausura preventiva del predio en el marco de la Ordenanza 137/24, además del despeje total del lugar.
En tanto, este lunes en horas de la madrugada, se registró otro evento en un complejo de Eldorado, donde se realizó un encuentro de estudiantes sin habilitación y con consumo de bebidas alcohólicas por parte de varios menores.
El procedimiento se concretó cerca de las 2:45 en un predio ubicado sobre la calle 25 de Mayo, en el kilómetro 7.
Durante recorridas de prevención, los efectivos detectaron el encuentro irregular y constataron la presencia de aproximadamente 50 estudiantes, quienes celebraban el tradicional evento previo al inicio del último año escolar.
Ante esta situación, el personal policial procedió a notificar a la responsable sobre la vigencia de la Ordenanza 137/24 y labraron el acta correspondiente por la infracción detectada.
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