Policiales
Reis ya no podrá vender la casa y conseguir nueva novia: le inhibieron los bienes
La investigación por la desaparición de Delia Nancy Scher (50), en Jardín América, sigue sin resultados determinantes. Dentro de algunos días se cumplirán seis meses sin saber qué pasó o dónde está, pero en medio de ese mar de incertidumbre la figura de su concubino, Pedro Reis (53), fue cobrando fuerza como potencial sospechoso.
En parte, eso ocurrió por sus propias declaraciones, referidas a la mujer y al estilo de vida que ambos desarrollaban en matrimonio. Sus dichos, justamente, derivaron recientemente en la decisión judicial de inhibir sus bienes, imposibilitando alguna transacción comercial tal como manifestó hace pocas semanas. Según fuentes ligadas al expediente, la medida que rodea la causa por desaparición de persona fue tomada por el titular del Juzgado de Instrucción de Jardín América, Roberto Sena. Incluye la propiedad sobre la avenida Antártida Argentina casi San Martín en la cual ambos siempre convivieron.
Ese terreno, que según estimaciones tendría un valor millonario, estaría a nombre de ambos desde hace por lo menos 20 años (1997). Pero fuera de eso, el mismo Reis anticipó que un oferente manifestó intenciones de pagar 15 millones de pesos por la propiedad y que, de concretar la venta, distribuiría el 33 por ciento de ese dinero (5 millones) entre sus tres hijos y el resto (10 millones) se lo quedaría él para iniciar -dijo- una nueva vida.
La medida fue tomada con sorpresa por la familia directa de la mujer, desde donde se han mostrado disconformes en relación al poco avance que tuvo la investigación. Creen que Reis tuvo algo que ver con la desaparición o, al menos, que sabe más de lo que dice, por lo que el paso del tiempo no hace más que abonar sus sospechas.
Reis había asegurado inicialmente que su concubina advirtió varias veces que iba a abandonar la casa hasta que lo hizo, aprovechando un viaje. “Salió con la idea de volver”, declaró en un principio, alertando que en el teléfono celular de la mujer y en la computadora que diariamente usaba estaban las conversaciones con los desconocidos. Contrario a eso, los informes de los peritos informáticos de la Policía de Misiones indican que ni en el teléfono de uso personal ni en la computadora fueron detectados diálogos con extranjeros que abonen la teoría de una posible captación o convencimiento por parte de un tercero de abandonar su hogar para iniciar una nueva relación.
La poca información obtenida no desalentó a los investigadores, puesto que, judicialmente, el pedido fue de profundizar aún más la pesquisa sobre esos aparatos, escarbando sus actividades (diálogos) en los años anteriores, que habrían sido borrados. Esa tarea actualmente está en manos de los peritos de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic), quienes por estas horas trabajan sobre un teléfono de Reis.
En paralelo, se solicitó la intervención de la Dirección de Investigaciones Complejas de la Policía de Misiones para que coteje los datos aportados por el marido de Nancy en la declaración testimonial que hizo ante el magistrado. Cabe mencionar que, hace poco, éste manifestó sus sospechas de que su pareja estuviera muerta.
A principios del mes pasado se confirmó que Nancy no salió del país. Fue a instancias de un informe de la Dirección Nacional de Migraciones, dando cuenta que, desde el día en que perdió todo tipo de contacto, su identidad no aparece en los registros de egresos obligatorios.Fuentes ligadas a la pesquisa explicaron que, de todas maneras, ese dato no elimina definitivamente las sospechas existentes, sino más bien, deja abierta la posibilidad de que, si cruzó alguno de los ríos que rodean la provincia, indefectiblemente lo hizo por algún paso clandestino.Sería poco probable debido a que, de acuerdo a lo que se sabe hasta ahora en base a testimonios de conocidos y allegados, la mujer no escapaba ni tendría motivos para hacerlo. Pero, en paralelo, ese supuesto le daría fuerza a la teoría del secuestro que planteó Reis hace tres meses.
El paradero de Nancy Scher es un absoluto misterio desde el 28 de noviembre de 2017 cuando supuestamente salió de su casa para viajar en colectivo hacia Posadas, debido a que por la tarde tenía previsto regresar para cuidar a su nieta en Puerto Rico. Nadie más la vio. No se comunicó.Con el correr de los días, el caso se transformó en un rompecabezas demasiado complejo para las autoridades judiciales, que por estas horas siguen caminando sobre varias hipótesis y están obligadas a no descartar ninguna ante la falta de elementos que orienten la investigación hacia un punto común.Giran en torno a la presunta salida voluntaria del hogar por conflictos que podrían ser familiares, también apareció la posibilidad de un secuestro, abonado por el marido de la mujer que primero hizo una exposición policial por abandono de hogar pero después se inclinó por esa grave acusación.
La tercera línea investigativa y más preocupante apunta a la posibilidad de un homicidio, que dio pasos en los primeros momentos pero sin resultados concluyentes. Se hizo luminol y hasta buscaron restos humanos en un pozo de la propiedad que el matrimonio compartió durante tantos años, pero no hubo nada en concreto que ayude a develar el misterio.
El Territorio
Un joven de 25 años falleció anoche tras permanecer diez días internado en estado crítico como consecuencia de la puñalada que recibió durante un ataque registrado en la localidad de Alba Posse.
La víctima se trata de Mario Dornelles (25), cuyo deceso se confirmó anoche en el hospital Samic de Oberá, donde estaba internado desde el 16 de noviembre, cuando fue blanco de un grave ataque por parte de otros tres jóvenes que ahora serán investigados por homicidio.
De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, el hecho ocurrió en el paraje San Francisco de Asís, en Alba Posse, donde Dornelles caminaba junto a otro muchacho a la vera de la ruta provincial 8 y fueron emboscados por tres sujetos.
En esa instancia, ambos jóvenes fueron agredidos y Dornelles recibió una puñalada en la zona del tórax que derivó en su internación en estado crítico.
Tras el ataque, la Policía montó un operativo cerrojo y rastrillajes en zona de monte del paraje Libertad, donde horas más tarde detuvieron a los tres sospechosos: Josías D. S. (28), Elías D. S. (19) y Walter Nahuel E. (23).
En ese procedimiento también se secuestraron una motocicleta Corven Mirage 110, un casco y un machete que habría sido utilizado en la agresión.
Con la confirmación del fallecimiento de Dornelles, se dio aviso al juez interviniente, quien dispuso la autopsia en la Morgue Judicial de Posadas para determinar la causa precisa de la muerte, mientras que los tres detenidos continúan a disposición de la Justicia.
Para la Justicia misionera, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez cometieron delitos durante el acampe que interrumpió el tránsito sobre lo avenida Uruguay a mediados del año pasado durante una protesta multisectorial en reclamo de mejoras salariales.
Así lo determinó esta tarde la jueza Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, quien como presidenta del tribunal unipersonal encargado de llevar adelante el juicio oral decidió condenar a ambos trabajadores de la educación como coautores de los delitos de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación con la cual llegaron a esta instancia.
Las penas impartidas fueron 10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses de prisión en suspenso para Sánchez, quienes además deberán realizar 8 horas mensuales de tareas comunitarias dando clases en comedores infantiles.
Los fundamentos del fallo serán comunicados el 1 de diciembre, jornada para la cual el colectivo de docentes y trabajadores de la educación unidos en acompañamiento a los ahora condenados anunció un paro con posible movilización hacia el Palacio de Justicia, donde esta mañana volvieron a montar una vigilia y luego reclamaron que el veredicto busca “criminalizar la protesta”.
La defensa de los docentes, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, junto a Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, adelantó que una vez conocido los argumentos apelarán el fallo y de ser necesario insistirán hasta llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
La fiscal María Laura Álvarez fue la primera en alegar y solicitó condenas para los imputados.
“No hay derecho absoluto”
El fallo se ajustó casi en su totalidad con el planteo efectuado previamente por la fiscal María Laura Álvarez, que al momento de su alegato consideró que ambos docentes habían cometido los delitos imputados en el marco de la protesta realizada el año pasado y, por ende, pidió 1 año de prisión en suspenso para Gurina y 10 meses en suspenso para Sánchez.
Álvarez argumentó que el mayor pedido contra Gurina fue porque ella “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe instalado sobre la avenida Uruguay, casi Trincheras de San José, una cuadra antes del campamento similar montado por agentes policiales frente al Comando Radioeléctrico Uno.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por unos 80 comerciantes de la avenida Uruguay, tomando como ejemplo a Gustavo Cardozo, dueño de Vicar Muebles, que como testigo declaró que sus ventas bajaron un 40% durante los días que duró la protesta.
Consideró, además, que ambos docentes incumplieron en forma “dolosa” con la orden de despeje de la calle emitida por el juez Ricardo Balor y para ello se apoyó en las declaraciones de varios agentes policiales que hoy comparecieron como testigos, entre ellos Mariela Acosta, mediadora de la fuerza provincial.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez que anoche además presentó un escrito solicitando que la audiencia de hoy se restrinja al público.
En sus argumentos, expuso que el martes se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
La defensa se opuso y la jueza Leiva también, que aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento. Lo que no hubo fue transmisión oficial en vivo, como suele en la mayoría de los debates orales, salvo excepciones como casos de abuso sexual donde prevalece el derecho a la intimidad de la víctima.
Sánchez reinvidicó el derecho a protesta al dar sus últimas palabras, poco después de sufrir un cuadro de presión alta.
“Fue un hecho público y multitudinario”
En defensa de los imputados alegaron los tres letrados del equipo técnico legal, siendo Paredes y Rivas los principales oradores.
En primer término, Paredes realizó un repaso de las luchas sociales y conquistas de derechos obtenidas en el marco de protestas en las calles. A nivel nacional mencionó la protesta del campo contra la resolución 125 que lideró Alfredo De Angeli -hoy senador nacional- y en materia provincial recordó el tractorazo que derivó en la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).
“Hubo tractores sobre la plaza, se cortó el tránsito, los empleados apenas podían ingresar a la casa de gobierno. Aún así, el gobierno reconoció que eran derechos constitucionales y no tomó ninguna medida. Así salió el Inym y el gobierno provincial nunca impulsó un proceso”, ejemplificó.
Rivas, por su parte, consideró que la causa carecía de pruebas para dar por acreditada las acusaciones. “Fue un hecho público y multitudinario. No hay pruebas de que ambos hayan ‘liderado’ la protesta. Esto era, además, multisectorial. Es imposible endilgarle un ‘poder de dirección’ en los hechos”, apuntó.
También cuestionó que “los daños económicos en los comerciantes son presumido, no está acreditado” y aseveró que “la salida acá es entender que este conflicto ya se resolvió en sede administrativa”.
En consecuencia, la defensa pidió la absolución de los acusados o, en forma subsidiaria, la aplicación del estado de necesidad justificante o del estado de necesidad disculpante.
Los planteos defensivos no prosperaron. Tras más de dos horas de deliberación, la magistrada Leiva regresó a la sala con el veredicto y por secretaría se leyó la condena para ambos docentes.
La sentencia de la jueza Marcela Leiva fue impartida poco después de las 14.
Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
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