Policiales
Reis ya no podrá vender la casa y conseguir nueva novia: le inhibieron los bienes
La investigación por la desaparición de Delia Nancy Scher (50), en Jardín América, sigue sin resultados determinantes. Dentro de algunos días se cumplirán seis meses sin saber qué pasó o dónde está, pero en medio de ese mar de incertidumbre la figura de su concubino, Pedro Reis (53), fue cobrando fuerza como potencial sospechoso.
En parte, eso ocurrió por sus propias declaraciones, referidas a la mujer y al estilo de vida que ambos desarrollaban en matrimonio. Sus dichos, justamente, derivaron recientemente en la decisión judicial de inhibir sus bienes, imposibilitando alguna transacción comercial tal como manifestó hace pocas semanas. Según fuentes ligadas al expediente, la medida que rodea la causa por desaparición de persona fue tomada por el titular del Juzgado de Instrucción de Jardín América, Roberto Sena. Incluye la propiedad sobre la avenida Antártida Argentina casi San Martín en la cual ambos siempre convivieron.
Ese terreno, que según estimaciones tendría un valor millonario, estaría a nombre de ambos desde hace por lo menos 20 años (1997). Pero fuera de eso, el mismo Reis anticipó que un oferente manifestó intenciones de pagar 15 millones de pesos por la propiedad y que, de concretar la venta, distribuiría el 33 por ciento de ese dinero (5 millones) entre sus tres hijos y el resto (10 millones) se lo quedaría él para iniciar -dijo- una nueva vida.
La medida fue tomada con sorpresa por la familia directa de la mujer, desde donde se han mostrado disconformes en relación al poco avance que tuvo la investigación. Creen que Reis tuvo algo que ver con la desaparición o, al menos, que sabe más de lo que dice, por lo que el paso del tiempo no hace más que abonar sus sospechas.
Reis había asegurado inicialmente que su concubina advirtió varias veces que iba a abandonar la casa hasta que lo hizo, aprovechando un viaje. “Salió con la idea de volver”, declaró en un principio, alertando que en el teléfono celular de la mujer y en la computadora que diariamente usaba estaban las conversaciones con los desconocidos. Contrario a eso, los informes de los peritos informáticos de la Policía de Misiones indican que ni en el teléfono de uso personal ni en la computadora fueron detectados diálogos con extranjeros que abonen la teoría de una posible captación o convencimiento por parte de un tercero de abandonar su hogar para iniciar una nueva relación.
La poca información obtenida no desalentó a los investigadores, puesto que, judicialmente, el pedido fue de profundizar aún más la pesquisa sobre esos aparatos, escarbando sus actividades (diálogos) en los años anteriores, que habrían sido borrados. Esa tarea actualmente está en manos de los peritos de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic), quienes por estas horas trabajan sobre un teléfono de Reis.
En paralelo, se solicitó la intervención de la Dirección de Investigaciones Complejas de la Policía de Misiones para que coteje los datos aportados por el marido de Nancy en la declaración testimonial que hizo ante el magistrado. Cabe mencionar que, hace poco, éste manifestó sus sospechas de que su pareja estuviera muerta.
A principios del mes pasado se confirmó que Nancy no salió del país. Fue a instancias de un informe de la Dirección Nacional de Migraciones, dando cuenta que, desde el día en que perdió todo tipo de contacto, su identidad no aparece en los registros de egresos obligatorios.Fuentes ligadas a la pesquisa explicaron que, de todas maneras, ese dato no elimina definitivamente las sospechas existentes, sino más bien, deja abierta la posibilidad de que, si cruzó alguno de los ríos que rodean la provincia, indefectiblemente lo hizo por algún paso clandestino.Sería poco probable debido a que, de acuerdo a lo que se sabe hasta ahora en base a testimonios de conocidos y allegados, la mujer no escapaba ni tendría motivos para hacerlo. Pero, en paralelo, ese supuesto le daría fuerza a la teoría del secuestro que planteó Reis hace tres meses.
El paradero de Nancy Scher es un absoluto misterio desde el 28 de noviembre de 2017 cuando supuestamente salió de su casa para viajar en colectivo hacia Posadas, debido a que por la tarde tenía previsto regresar para cuidar a su nieta en Puerto Rico. Nadie más la vio. No se comunicó.Con el correr de los días, el caso se transformó en un rompecabezas demasiado complejo para las autoridades judiciales, que por estas horas siguen caminando sobre varias hipótesis y están obligadas a no descartar ninguna ante la falta de elementos que orienten la investigación hacia un punto común.Giran en torno a la presunta salida voluntaria del hogar por conflictos que podrían ser familiares, también apareció la posibilidad de un secuestro, abonado por el marido de la mujer que primero hizo una exposición policial por abandono de hogar pero después se inclinó por esa grave acusación.
La tercera línea investigativa y más preocupante apunta a la posibilidad de un homicidio, que dio pasos en los primeros momentos pero sin resultados concluyentes. Se hizo luminol y hasta buscaron restos humanos en un pozo de la propiedad que el matrimonio compartió durante tantos años, pero no hubo nada en concreto que ayude a develar el misterio.
El Territorio
Judiciales
Intendente denunciado por abuso se toma licencia y reclama su inocencia
El intendente de Caraguatay, Mario Darío Peyer, denunciado por abuso sexual en perjuicio de una trabajadora del Concejo Deliberante del mismo municipio, se tomó licencia en el cargo y se puso a disposición de la Justicia, tal como lo había solicitado el miércoles a la noche el gobernador Hugo Passalacqua.
La decisión de Peyer fue comunicada a través de un posteo en su cuenta de Facebook y en el escrito indicó que “en virtud de las denuncias y acusaciones que han tomado estado público en contra de mi persona, comunico a mis vecinos de Caraguatay, y a toda la provincia, que he decidido presentar mi licencia al cargo de intendente”.
En la continuidad de la publicación, el intendente añadió que “me he puesto a entera y absoluta disposición de la Justicia, para colaborar en todo lo que fuese necesario, a fin de que se pueda esclarecer lo más pronto posible la grave y falaz denuncia de la cual he sido objeto”.
En otro párrafo, agregó que “desconozco la motivación o las causas que pueden haber desencadenado semejante acusación, pero manifiesto mi plena confianza en que la Justicia fallará a favor de la verdad, es decir, de mi inocencia. Y mientras atravieso este duro proceso, me rodearé del cariño de mi familia, que me apoya plenamente, y en el afecto de los vecinos de mi querida comunidad”.
La denuncia
La decisión llega 48 horas después de que se hiciera pública la denuncia que el jefe comunal registra en su contra desde el pasado 25 de febrero, cuando una trabajadora del Concejo Deliberante de Caraguatay lo acusó por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.
Sumado a la presentación inicial, ese mismo miércoles la denunciante compareció ante el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, instancia en la que ratificó cada una de sus acusaciones, brindando un detallado relato de los padecimientos que afirma haber sufrido en manos del alcalde que llegó al cargo en 2023.
Ante la Justicia, la joven denunció que primer suceso ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Medidas
Atento a que Peyer goza de inmunidad de arresto por sus fueros como alcalde, el magistrado que dirige la investigación dispuso una serie de medidas preventivas, entre ellas una restricción de acercamiento y contacto hacia la denunciante.
En paralelo, ordenó otras medidas para la recolección de pruebas y en ese marco hubo allanamientos en su oficina en la municipalidad y en su casa. En esos procedimientos ya se incautaron dispositivos electrónicos como celulares y computadoras, elementos que serán sometidos a pericias por parte de los especialistas de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic).
Los investigadores también realizaron un registro fotográfico de la oficina del alcalde y de otras dependencias que pudieran haber sido escena de alguno de los hechos denunciados.
Judiciales
La joven que denunció al intendente de Caraguatay será querellante particular
La joven que denunció por abuso sexual al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, se constituyó como querellante particular y a través de su representante legal podrá ser parte activa del proceso judicial, con el impulso de medidas probatorias y responder planteos defensivos.
Los trámites correspondientes fueron completados ayer, en paralelo a la audiencia de ratificación de denuncia, y el requerimiento fue aceptado por el magistrado Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, dependencia judicial que lleva adelante el expediente.
Es Balanda Gómez el que dirige la investigación del caso, mientras que la acción pública es impulsada por Héctor Simón, titular de la Fiscalía de Instrucción Uno de la misma jurisdicción, rol que ahora compartirá con la querella particular que represente los intereses de la denunciante e incluso pueden trabajar juntos, aunando criterios y colaborándose mutuamente en la recolección de pruebas.
Denuncia y ratificación
En su denuncia, la joven, que trabaja en el Concejo Deliberante de Caraguatay, acusó al intendente de ese mismo municipio por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.
La presentación que dio inicio al expediente se radicó el 25 de febrero y fue ratificada ayer, con una ampliación de su declaración ante el magistrado que instruye la causa, quien ya dispuso una serie de medidas preventivas, como una restricción de acercamiento y contacto contra el intendente, y órdenes de allanamiento en busca de elementos de prueba.
Según pudo averiguar La Voz de Misiones, el primer suceso denunciado ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Pedido de licencia
Si bien la presentación inicial se radicó el 25 de febrero, el caso tomó estado público ayer y después de la ratificación de la denuncia efectuada por la joven, el gobernador Hugo Passalacqua le pidió a Peyer que se tome licencie en el cargo y enfrente a la Justicia.
“Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera ordenada y transparente”, comunicó el gobernador en su cuenta de X.
Passalacqua pidió que el intendente denunciado por abuso se tome licencia
Policiales
Tras permanecer internado, falleció menor que chocó con su moto en Mártires
Ezequiel Arnold, de 17 años, se encontraba internado en estado crítico en Oberá tras protagonizar un siniestro vial el lunes 9 de marzo sobre la ruta 103, a unos tres kilómetros del acceso a la localidad de Mártires.
Ese día, el joven se desplazaba en horas de la siesta a bordo de una motocicleta Honda Titan 150 cc. cuando colisionó contra la parte posterior de una camioneta Chevrolet S10, propiedad de Saúl Humberto P. de 53 años de edad.
Por causas que son materia de investigación, el radado menor impactó contra la parte trasera de la camioneta y a raíz del fuerte impacto Ezequiel fue trasladado de urgencia al Hospital Samic de Oberá, donde permaneció internado durante dos días en el sector de terapia intensiva debido a la gravedad de las lesiones.
Finalmente, a las 19:50 de este miércoles se confirmó su fallecimiento. Según consta el informe del médico policial, la causa del deceso fueron traumatismos y fracturas graves en la cabeza y pierna derecha, colapso pulmonar, entre otras lesiones.
El magistrado interviniente dispuso la entrega del cuerpo a los familiares para su velatorio e inhumación, mientras que las actuaciones judiciales continúan para determinar las circunstancias del siniestro.
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