Policiales
Reis ya no podrá vender la casa y conseguir nueva novia: le inhibieron los bienes
La investigación por la desaparición de Delia Nancy Scher (50), en Jardín América, sigue sin resultados determinantes. Dentro de algunos días se cumplirán seis meses sin saber qué pasó o dónde está, pero en medio de ese mar de incertidumbre la figura de su concubino, Pedro Reis (53), fue cobrando fuerza como potencial sospechoso.
En parte, eso ocurrió por sus propias declaraciones, referidas a la mujer y al estilo de vida que ambos desarrollaban en matrimonio. Sus dichos, justamente, derivaron recientemente en la decisión judicial de inhibir sus bienes, imposibilitando alguna transacción comercial tal como manifestó hace pocas semanas. Según fuentes ligadas al expediente, la medida que rodea la causa por desaparición de persona fue tomada por el titular del Juzgado de Instrucción de Jardín América, Roberto Sena. Incluye la propiedad sobre la avenida Antártida Argentina casi San Martín en la cual ambos siempre convivieron.
Ese terreno, que según estimaciones tendría un valor millonario, estaría a nombre de ambos desde hace por lo menos 20 años (1997). Pero fuera de eso, el mismo Reis anticipó que un oferente manifestó intenciones de pagar 15 millones de pesos por la propiedad y que, de concretar la venta, distribuiría el 33 por ciento de ese dinero (5 millones) entre sus tres hijos y el resto (10 millones) se lo quedaría él para iniciar -dijo- una nueva vida.
La medida fue tomada con sorpresa por la familia directa de la mujer, desde donde se han mostrado disconformes en relación al poco avance que tuvo la investigación. Creen que Reis tuvo algo que ver con la desaparición o, al menos, que sabe más de lo que dice, por lo que el paso del tiempo no hace más que abonar sus sospechas.
Reis había asegurado inicialmente que su concubina advirtió varias veces que iba a abandonar la casa hasta que lo hizo, aprovechando un viaje. “Salió con la idea de volver”, declaró en un principio, alertando que en el teléfono celular de la mujer y en la computadora que diariamente usaba estaban las conversaciones con los desconocidos. Contrario a eso, los informes de los peritos informáticos de la Policía de Misiones indican que ni en el teléfono de uso personal ni en la computadora fueron detectados diálogos con extranjeros que abonen la teoría de una posible captación o convencimiento por parte de un tercero de abandonar su hogar para iniciar una nueva relación.
La poca información obtenida no desalentó a los investigadores, puesto que, judicialmente, el pedido fue de profundizar aún más la pesquisa sobre esos aparatos, escarbando sus actividades (diálogos) en los años anteriores, que habrían sido borrados. Esa tarea actualmente está en manos de los peritos de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic), quienes por estas horas trabajan sobre un teléfono de Reis.
En paralelo, se solicitó la intervención de la Dirección de Investigaciones Complejas de la Policía de Misiones para que coteje los datos aportados por el marido de Nancy en la declaración testimonial que hizo ante el magistrado. Cabe mencionar que, hace poco, éste manifestó sus sospechas de que su pareja estuviera muerta.
A principios del mes pasado se confirmó que Nancy no salió del país. Fue a instancias de un informe de la Dirección Nacional de Migraciones, dando cuenta que, desde el día en que perdió todo tipo de contacto, su identidad no aparece en los registros de egresos obligatorios.Fuentes ligadas a la pesquisa explicaron que, de todas maneras, ese dato no elimina definitivamente las sospechas existentes, sino más bien, deja abierta la posibilidad de que, si cruzó alguno de los ríos que rodean la provincia, indefectiblemente lo hizo por algún paso clandestino.Sería poco probable debido a que, de acuerdo a lo que se sabe hasta ahora en base a testimonios de conocidos y allegados, la mujer no escapaba ni tendría motivos para hacerlo. Pero, en paralelo, ese supuesto le daría fuerza a la teoría del secuestro que planteó Reis hace tres meses.
El paradero de Nancy Scher es un absoluto misterio desde el 28 de noviembre de 2017 cuando supuestamente salió de su casa para viajar en colectivo hacia Posadas, debido a que por la tarde tenía previsto regresar para cuidar a su nieta en Puerto Rico. Nadie más la vio. No se comunicó.Con el correr de los días, el caso se transformó en un rompecabezas demasiado complejo para las autoridades judiciales, que por estas horas siguen caminando sobre varias hipótesis y están obligadas a no descartar ninguna ante la falta de elementos que orienten la investigación hacia un punto común.Giran en torno a la presunta salida voluntaria del hogar por conflictos que podrían ser familiares, también apareció la posibilidad de un secuestro, abonado por el marido de la mujer que primero hizo una exposición policial por abandono de hogar pero después se inclinó por esa grave acusación.
La tercera línea investigativa y más preocupante apunta a la posibilidad de un homicidio, que dio pasos en los primeros momentos pero sin resultados concluyentes. Se hizo luminol y hasta buscaron restos humanos en un pozo de la propiedad que el matrimonio compartió durante tantos años, pero no hubo nada en concreto que ayude a develar el misterio.
El Territorio
El gobernador Hugo Passalacqua dispuso el apartamiento de Carlos Alberto Heppner, quien se desempeñaba como director de Promoción y Protección de Derechos del Adulto Mayor, en el ámbito de la Subsecretaría del Adulto Mayor, luego de que su nombre quedara incorporado en la investigación judicial por una estafa piramidal.
La medida se conoció mientras avanza la causa que investiga un esquema de inversiones denunciado por varios damnificados, en el que se habrían ofrecido retornos económicos elevados a partir de supuestas operaciones comerciales vinculadas a exportaciones e importaciones. Según fuentes consultadas, Heppner aparece mencionado dentro del expediente y habría tenido participación en la operatoria investigada.
De acuerdo con la reconstrucción judicial, la maniobra consistía en captar fondos con promesas de ganancias semanales y mensuales por encima de los valores habituales del mercado. Durante los primeros meses se habrían concretado pagos parciales, pero luego comenzaron los incumplimientos y reclamos por falta de devolución del dinero invertido.
En el marco de la causa, en los últimos días también se realizaron nuevos procedimientos en Posadas, entre ellos un operativo en el barrio Itaembé Guazú donde fueron detenidas dos personas vinculadas al entorno del principal acusado, conocido como Charly. En esos allanamientos se secuestraron tarjetas bancarias y teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes.
La investigación judicial continúa enfocada en el análisis de movimientos financieros y en el circuito de fondos utilizado para canalizar los aportes de los inversores, mientras no se descartan nuevas medidas procesales en los próximos días.
Luego de que Geremías D. S (69) arrastrara a un perro atado a su moto en marcha y sea filmado por un transeúnte, lo que derivó en un operativo policial que capturó al hombre, la agrupación proteccionista “Patas Sucias” formalizó la denuncia enmarcada en la Ley Nacional 14.346, que sanciona el maltrato animal.
En el video, que se viralizó rápidamente en redes sociales, se puede observar que el perro presentaba resistencia mientras el hombre a bordo de la moto avanzaba lentamente para pasarlo de un lado a otro de la ruta 210 de San Ignacio.
El hecho provocó un rápido repudio social y, tras la llegada de efectivos policiales que concretaron la detención del hombre y el resguardo del animal, una mujer de 26 años, integrante de la agrupación proteccionista Patas Sucias, radicó la denuncia correspondiente.
Según consta en la presentación, el acusado identificado como Geremías D. S, “había sido visto mientras arrastraba a un perro atado con una soga a una motocicleta, provocándole sufrimientos innecesarios”.
Por disposición del Juzgado de Paz local, la denuncia fue incorporada al sumario contravencional en curso en el marco de la Ley Nacional 14.346, que sanciona los actos de crueldad hacia los animales.
Puntualmente, esta normativa nacional penaliza el maltrato y la crueldad hacia los animales, considerándolos víctimas y no solo propiedad.
Al mismo tiempo, establece penas de 15 días a un año de prisión para quienes cometan actos de maltrato o crueldad, incluyendo el abandono, la falta de alimento y la tortura.
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El avance de la causa por el homicidio de Ivo Rodrigo Torres, el joven indígena de 22 años asesinado durante una persecución de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) en La Quiaca (Jujuy), derivó en el sobreseimiento de dos efectivos misioneros que habían sido imputados en el expediente judicial.
Se trata del subalférez Alexander Gunther, oriundo de Aristóbulo del Valle, y del cabo primero Marcos Leonardo Wisniewski, oriundo de Santa Rita, quienes integraban la patrulla del Escuadrón 21 al momento del hecho ocurrido el 6 de febrero de 2025.
La resolución fue adoptada por la Justicia Federal de Jujuy tras considerar que no existían elementos suficientes para atribuirles participación directa en los disparos que terminaron con la vida del joven motociclista.
La investigación determinó, a partir de pericias balísticas y reconstrucciones técnicas, que los proyectiles mortales provinieron de un único arma reglamentaria, utilizada por el sargento primero Walter Daniel Álvarez, otro integrante del operativo.
En una primera etapa, los dos efectivos misioneros, junto a la cabo Juliana Enciso, habían quedado imputados por homicidio agravado, aunque con el correr de la instrucción fueron desvinculados del hecho principal.
Los sobreseimientos fueron firmados el 27 de febrero y el 4 de marzo pasado, por el juez de Garantías N° 1 de Jujuy Eduardo Hansen.
Ivo Rodrigo Torres fue asesinado de un disparo en la espalda en febrero del año pasado.
Un gendarme a juicio
Con la elevación de la causa, el único acusado que llegará a juicio oral será el sargento primero Álvarez, señalado como autor de los dos disparos efectuados durante la persecución que se extendió por varios kilómetros en inmediaciones de la frontera entre Argentina y Bolivia.
Según la acusación fiscal, uno de los proyectiles impactó por la espalda en Torres y le provocó heridas fatales. Por ese hecho, Álvarez deberá responder por homicidio doblemente agravado, tanto por alevosía como por su condición de integrante de una fuerza de seguridad.
La acusación es impulsada por el fiscal federal Federico Zurueta, mientras que la querella, en representación de la familia de la víctima, sostiene que existió un uso desproporcionado de la fuerza durante el procedimiento.
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