Policiales
Protestarán frente a la comisaría Décima tras la muerte de un detenido
Familiares de Fernando Javier Ramírez (30), el albañil y futbolista amateur que falleció en confusas circunstancias tras ser detenido por la Policía en Fátima, se movilizarán esta tarde hasta la comisaría Décima para reclamar por el esclarecimiento del hecho.
La marcha comenzará a las 17 y la concentración será en el “pastilito” de Fátima, desde donde los asistentes avanzarán hasta la dependencia policial donde Ramírez fue alojado antes de sufrir una descompensación de salud que lo llevó a la muerte.
“Queremos justicia y paguen los que tienen que pagar”, reza la convocatoria realizada a través de redes sociales y que esta tarde prevé concentrar a familiares, amigos, vecinos y conocidos de Ramírez, que era padre de dos niños.
“Nosotros sí sabemos quién eras. Nosotros vimos como te dejó la Policía. Nosotros tenemos la impotencia de saber que saliste de jugar y en segundos te perdimos para siempre”, lamentan y reclaman sus allegados.
La muerte de Ramírez se registró el sábado a la noche, poco después de ser demorado por una comisión de la División Agrupación Motorizada (DAM) mientras caminaba junto a otro muchacho por Fátima.
Tras el procedimiento, el albañil y arquero en diversos torneos de fútbol amateur, fue trasladado a la comisaría Décima, donde fue alojado pero poco después empezó a convulsionar y falleció en el hospital Madariaga tras un traslado de urgencia.

La movilización se realizará hoy a las 17, en Fátima.
La fuerza provincial informó que Ramírez fue demorado “en averiguación de antecedentes” y que su deceso se trató de una “muerte súbita” ocasionada por la ingesta de envoltorios con estupefacientes que presuntamente luego estallaron dentro de su organismo.
La familia descree gran parte de esta versión y apunta a que además el joven presentaba hematomas y marcas de golpes en diversas partes del cuerpo.
Ramón, el padre del fallecido, dialogó con Primera Edición y prometió “pelear hasta que se esclarezca, hasta que se sepa quiénes fueron los policías que mataron a mi hijo, no voy a parar de investigar e insistir”.
“Fernando estaba todo golpeado, en la cabeza, en el pecho, los genitales hinchados, todo el cuerpo con hematomas. Vamos a esperar el informe completo de la autopsia, queremos saber cómo y quiénes mataron a Fernando. Lo detuvieron por no tener el documento consigo y en la comisaría Décima me entregaron la billetera y celular de mi hijo y ahí estaba el DNI. Es decir, ya la detención fue ilegal porque no tener el documento no es un delito o sospecha de nada malo”, reclamó.
Sobre la hipótesis de la ingesta de droga, el hombre contestó: “Mi hijo no se drogaba, ni vendía drogas. ¿Y si un joven consume estupefacientes qué delito estaría cometiendo?, es decir no lo ayudaron si estaba convulsionando por una sobredosis de cocaína y lo tiraron en una celda”.
Policiales
Camioneta de Vialidad chocó una moto y el chofer se dio a la fuga en Alem
Una mujer resultó lesionada tras ser embestida por una camioneta de Vialidad provincial en la mañana de ayer domingo en la intersección de avenida Vélez Sarsfield y calle Los Estudiantes de Leandro N. Alem.
Según fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 11:20, cuando una motocicleta Keller, conducida por Carmelo de Jesús B (64), circulaba por avenida Vélez Sarsfield en dirección al barrio Sagrada Familia, acompañado por Elsa M. (52).
Por causas que son materia de investigación, el rodado colisionó con una camioneta Toyota Hilux, perteneciente a la Dirección Provincial de Vialidad de Misiones, conducida por Mariano Ezequiel M. (23), domiciliado en Alem.
Según los primeros datos policiales, tras el fuerte impacto el conductor de la camioneta se habría dado a la fuga, abandonando el lugar del accidente mientras la mujer permanecía lesionada sobre la cinta asfáltica. Minutos más tarde, el joven regresó al sitio del siniestro.
La mujer debió ser asistida y sus lesiones eran evaluadas por personal médico. En tanto, las autoridades trabajan para determinar las responsabilidades del hecho y establecer cómo ocurrió la colisión que volvió a poner en debate la seguridad vial y el accionar de conductores al volante de vehículos oficiales.
Policiales
Un muerto en el incendio de una casa en Santa Ana
Una vivienda ardió en llamas esta madrugada en la localidad de Santa Ana y una vez apagado el fuego los bomberos intervinientes encontraron un cadáver entre los escombros, por lo que ahora se inició una investigación para establecer la identidad de la víctima.
De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, el siniestro fue reportado a las 4 de hoy, en un inmueble ubicado en inmediaciones a las calles Timbó y Lapacho.
Una vez en el lugar, los agentes de bomberos iniciaron arduo trabajo para sofocar las llamas, labor que se complicó debido a que las llamas ya habían alcanzado toda la estructura de madera, lo que provocó desprendimientos de vigas, columnas y techos.
El procedimiento se extendió unas horas hasta que pudieron controlar la situación y durante una recorrida por el inmueble se toparon con restos de un cuerpo humano consumido por el fuego.
Los policías locales realizaron averiguaciones con vecinos y obtuvieron como dato que en el lugar residía una mujer, que incluso había sido vista en el lugar poco antes de que se inicie el incendio.
El personal de la División Científica procedió a realizar peritajes en la escena para esclarecer las causales del foco ígneo, mientras que la Justicia ordenó el traslado del cuerpo hacia la morgue judicial para realizar los estudios complementarios correspondientes para identificar a la víctima.
Judiciales
Revés judicial para Cerro Azul en reclamo de $165 millones a una empresa
La Justicia provincial rechazó una ejecución fiscal impulsada por la Municipalidad de Cerro Azul contra la empresa MM Bioenergía S.A. por una deuda superior a los $165 millones y cuestionó la legalidad del procedimiento utilizado por la comuna para reclamar tributos.
El fallo fue dictado por el Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Leandro N. Alem, que rechazó la demanda iniciada en junio de 2025 por la municipalidad en concepto de tasas de Seguridad e Higiene, Comercio e Industria correspondientes a distintos períodos entre 2021 y 2025.
La comuna reclamaba un total de $165.044.216,75 y había solicitado además medidas cautelares sobre bienes y fondos de la firma dedicada a la generación de energía renovable.
Sin embargo, tras varios meses de litigio, el magistrado interviniente resolvió desestimar la ejecución fiscal al considerar que la documentación presentada por el municipio no cumplía con los requisitos legales exigidos para avanzar con el cobro judicial.
Uno de los principales puntos observados en la sentencia fue la utilización de la Ordenanza VI N° 25 como fundamento del reclamo tributario. Según el fallo, esa norma fue publicada oficialmente recién el 1 de octubre de 2025, es decir, después de las intimaciones de pago y cuando ya se pretendía exigir el cobro de períodos anteriores.
En la resolución, el juez sostuvo que “la ausencia de publicación impide reconocer eficacia normativa a la ordenanza en cuestión y, por ende, priva de sustento legal exigible al crédito cuya ejecución se pretende”.
El fallo también cuestionó la boleta de deuda emitida por el municipio al señalar que el documento no detallaba con precisión qué conceptos se reclamaban, a qué períodos correspondían ni cuál había sido el mecanismo utilizado para calcular la deuda, incumpliendo requisitos establecidos en el Código Fiscal.
Durante el proceso judicial, MM Bioenergía S.A. argumentó además que su actividad se encuentra regulada bajo jurisdicción federal por tratarse de generación de energía dentro del Mercado Eléctrico Mayorista, en el marco de las leyes nacionales vinculadas a energías renovables. En ese sentido, cuestionó la potestad municipal para aplicar las tasas reclamadas.
En otro tramo de la sentencia, el magistrado citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de tribunales provinciales que establecen que ningún tributo puede ser exigido si la norma que lo crea no fue debidamente publicada en el Boletín Oficial.
Además de rechazar la ejecución fiscal, la Justicia impuso las costas del proceso a la Municipalidad de Cerro Azul y reguló honorarios profesionales sobre la base económica total del juicio, fijada en más de $165 millones. Según se desprende de la resolución, el impacto económico derivado del proceso podría superar los $50 millones.
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