Policiales
Primer juicio en Misiones por femicidio de una mujer trans arranca el martes
El 8 de marzo será una fecha trascendental para la Justicia misionera. Ese día, a las 8.30, en el Tribunal Penal Uno de Posadas, comenzará el debate oral y público para esclarecer el caso Evelyn Rojas y será la primera vez en la historia de la provincia que el asesinato de una mujer trans se juzgue como femicidio, aunque para la querella aún se puede dar un paso más al establecer el hecho como un crimen de odio, es decir, como un travesticidio o transfemicidio.
El debate tendrá un total de seis audiencias que se extenderán hasta el 15 de marzo y está previsto la declaración de más de una veintena de testigos, entre policías, peritos, conocidos y familiares, tanto de la víctima como del único acusado, Ramón Da Silva, que llega a esta instancia imputado por el delito de “homicidio doblemente agravado por la relación de pareja preexistente y por femicidio”, figura que prevé una pena de prisión perpetua.
El caso tiene la particularidad de que será la primera vez que el crimen de una mujer trans sea considerado como femicidio en Misiones. La aplicación del agravante contemplado en el inciso 11 del artículo 80 del Código Penal de la Nación fue solicitada en la etapa de instrucción por la fiscal Adriana Herbociani y avalada en la posterior elevación a juicio de la causa dictaminada por el magistrado Fernando Verón, titular del Juzgado de Instrucción Tres de Posadas.
Sin embargo, para la querella particular, que representa a la familia de la víctima y es encabezada por la abogada y militante feminista y de las diversidades, Florencia González, en esta causa aún se puede dar un paso más para hacer historia definitiva y considerar el hecho como un crimen de odio, esperando un juicio con perspectiva de género y diversidad.
Durante la etapa de instrucción, la querella -representada en ese momento por otro letrado- solicitó el agravante de “odio” en lugar del de “femicidio”, pero el juez Verón lo desestimó y ahora, en la instancia de debate oral, encuentran otra oportunidad para plantear la misma cuestión y lograr un cambio de paradigma judicial que también contemple el reconocimiento al colectivo de las diversidades, como en este caso particular a la comunidad trans, históricamente vulnerada e invisibilizada.
Crimen de odio
“Esto representa un desafío para poder visibilizar el tema y que en la provincia se empiece a hablar y poner en la mesa del ámbito judicial la existencia de los crímenes de odio”, señaló a La Voz de Misiones la letrada González, que ahora se prepara para ser parte activa del juicio que comenzará el martes.
La profesional adelantó que en el debate la querella insistirá en solicitar que el caso sea considerado como un crimen de odio y argumentó que “si bien es real que estamos ante una mujer que se percibe como tal -por Evelyn-, no estamos ante cualquier mujer. Estamos ante una mujer trans, entonces el inciso 4 -el crimen de odio- subsume al 11 -femicidio-. Entiendo que si bien estamos ante una mujer, es una mujer trans y hay que poder individualizar el travesticidio como tal”.
De igual manera, González destacó como un “avance” que la Justicia haya dado el paso de considerar el caso Evelyn como un femicidio y no como un homicidio simple, figura ante la cual la expectativa de pena bajaría de la perpetua (35 años de prisión efectiva) a una máxima de 25 años de cárcel, pero insistió en el valor histórico que significaría encuadrar el hecho como un crimen de odio.
“Creo que tenemos que mencionar la importancia de incorporar consciencia y perspectiva de género dentro de la Justicia, pero no debemos dejar de lado a las diversidades. Por eso creemos que es importante que haya perspectiva de diversidad, que tengamos en cuenta la existencia efectiva del odio hacia el género o la orientación sexual. Nos encontramos ante un claro caso de travesticidio o transfemicidio. Si lo dejamos como un femicidio, vamos a estar invisibilizando al colectivo”, agregó González, que mencionó como antecedente el caso de Diana Sacayán, una reconocida referente y símbolo de la lucha contra la transfobia que fue asesinada en 2015 y a cuyo imputado lo condenaron como autor de un crimen de odio, reconociendo así un caso de travesticidio por primera vez en historia del país.
Y letrada continuó: “Ser una mujer trans genera una situación de mayor vulnerabilidad, ya por el solo hecho de pertenecer a un colectivo fue que históricamente invisibilizado, discriminado, violentado, tanto desde el ámbito socio-económico como en el ámbito cultural, popular, educacional y sanitario. Entonces, creo que desde ahí también es importante avanzar en la aplicación efectiva de la norma y darle legitimidad al colectivo. Ya bastantes negaciones tienen durante toda su vida las personas del colectivo trans, para que encima se le niegue la fatalidad de su muerte y un nombre propio a su asesinato”.
González indicó que al momento de la elevación a juicio del expediente , el juez Verón argumentó que no se pudo demostrar la cuestión del “odio” como motivo del crimen de Evelyn, a lo que reflexionó que “acá no hubo cuchillazo y tampoco fue un balazo. Acá se terminó con la vida de una persona a golpes. Si bien es real que el odio es un sentimiento que no puede verse, pero sí puede verse su impronta, su obra. La única forma de reconocerlo es a través de sus manifestaciones. Entonces, creemos que tenemos las herramientas suficientes como para exponer nuestra postura ante el tribunal”.
El tribunal encargado de llevar adelante el debate oral estará integrado por Viviana Cukla, Ángel Dejesús Cardozo y Marcela Leiva -subrogante-, en tanto que al frente del Ministerio Público Fiscal estará Martín Rau y el imputado será representado por el abogado defensor oficial Mario Ramírez.
El imputado, Ramón Da Silva, también conocido como Ramoncito o Junior, está detenido desde 2016 y si es declarado responsable, tanto de femicidio como de un crimen de odio, indefectiblemente recibirá una pena de prisión perpetua. Lo único que puede aliviar su situación procesal es que en el juicio el caso termine siendo considerado como un homicidio simple, que prevé entre 8 y 25 años de cárcel.
El hombre, además, cuenta la posibilidad de evitar la exposición de un debate oral y acogerse a un acuerdo de juicio abreviado con la Fiscalía, aunque para ello deberá reconocer su responsabilidad en el hecho.
El caso
Evelyn Rojas, de 26 años, fue asesinada a golpes el 27 de octubre de 2016, en una estación de servicios abandonada en la esquina de las avenidas Uruguay y Buchardo de Posadas.
El cuerpo de la mujer fue hallado por una amiga que esa tarde fue llevarle comida y la encontró sin vida, dentro de una fosa y con signos de haber sufrido una brutal sesión de golpes.
La autopsia determinó que la muerte de Evelyn se debió a un “traumatismo de cráneo gravísimo, con fractura de base de cráneo” y además marcó múltiples contusiones, excoriaciones y hematomas en el rostro.
En esa estación de servicios la víctima solía pernoctar una vez que culminaba su jornada como trabajadora sexual en la zona y en ocasiones se encontraba con Da Silva, que era su pareja.
El hombre quedó bajo la lupa gracias al testimonio de una vecina, que conocía a Evelyn y que la noche anterior vio cuando el hombre ingresaba con ella a la gasolinera abandonada.
El acusado fue detenido días después en la terminal de colectivos de San Vicente. El hombre no tenía domicilio fijo y era conocido por diferentes alias o sobrenombres. Desde ese momento permanece privado de su libertad.
Un hombre fue imputado y quedó detenido con prisión preventiva por 91 días luego de ser descubierto cuando intentaba ingresar a Posadas desde Paraguay con más de 13 kilogramos de cocaína ocultos en la estructura del asiento trasero de su automóvil.
El procedimiento se concretó el martes 15 de septiembre en el control de la Dirección General de Aduanas (DGA) ubicado en el puente internacional San Roque González de Santa Cruz, cuando el acusado, identificado por sus iniciales V.B.V., llegó a Posadas a bordo de un Renault Logan proveniente de Encarnación.
Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF), durante el primer control el conductor manifestó que había viajado a Paraguay para trasladar a un pasajero y que solamente había comprado un par de zapatillas para su hijo.
Sin embargo, al revisar el baúl, los agentes aduaneros encontraron únicamente una caja vacía, por lo que decidieron trasladar el vehículo a una dársena para realizar una inspección más exhaustiva.
En ese segundo control, el hombre modificó su relato y señaló que, además de llevar a un pasajero, había comprado flores para su mujer.
Los agentes detectaron entonces una rigidez anómala en la estructura del asiento trasero y convocaron a un binomio antinarcóticos integrado por un guía y un can detector, que reaccionó ante la posible presencia de estupefacientes.
Luego, el automóvil fue sometido a un escaneo, cuyas imágenes permitieron observar densidades y formas irregulares detrás del respaldo del asiento.
Con la presencia de dos testigos, los agentes retiraron parte del tapizado y encontraron 13 paquetes rectangulares envueltos en film negro. Las pruebas de campo realizadas posteriormente por personal de Gendarmería Nacional confirmaron que se trataba de cocaína, con un peso total de 13,280 kilogramos.
Además de la droga, fueron secuestrados el Renault Logan, dos teléfonos celulares y documentación relacionada con el vehículo.
Fue una de las primeras audiencias realizadas bajo la aplicación del nuevo sistema acusatorio en Posadas.
Imputación y prisión preventiva
La investigación fue formalizada el viernes último ante la jueza federal de Garantías María Verónica Skanata, quien hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y dispuso la prisión preventiva del acusado por 91 días.
La fiscalía, representada por el fiscal federal Pablo Ricardo Di Loreto y el auxiliar fiscal Alan Rebak, le atribuyó el delito de contrabando de estupefacientes agravado en grado de tentativa, en calidad de autor.
Además, la magistrada fijó un plazo de 60 días hábiles para el desarrollo de la investigación, ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del imputado y dispuso la realización de distintos peritajes.
La audiencia se realizó en el marco de una de las primeras formalizaciones de investigación penal en el Distrito Misiones desde la entrada en vigencia del sistema acusatorio federal, el pasado 24 de agosto.
Los ex policías Alejandro Ramón Arrieta, Iván Ezequiel Arrieta y Horacio Elías Couto, permanecen detenidos en una comisaría posadeña y el jueves serán trasladados a indagatoria ante la Justicia.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, los tres enfrentan cargos por delitos de “lesiones leves calificadas y resistencia a la autoridad”.
La indagatoria se realizará ante el magistrado en turno Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas. En la ocasión, los ex policías podrán declarar o bien abstenerse.
En paralelo a la novedad judicial, el jefe de la Policía de Misiones, el comisario general Sandro Martínez, habló sobre el episodio y brindó otras consideraciones sobre el asunto.
En diálogo con Radio UP, el mandamás de la fuerza provincial confirmó que “hay tres ex policías que continúan detenidos y a disposición del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas”, en tanto que precisó que “la causa es por lesiones calificadas por haber sido cometidas contra un funcionario policial y atentado contra la autoridad”.
Sobre las detenciones, Martínez indicó que “la protesta es un derecho constitucional que está asegurado, pero en este caso no fueron detenidos por la protesta, fueron detenidos porque atentaron contra la autoridad pública”.
“El personal policial los quiso identificar y ellos fueron hostiles, ofrecieron resistencia hacia la autoridad. Tenemos tres policías lesionados. El derecho a protesta está protegido, pueden protestar pero en este caso no tiene nada que ver con la protesta”, reafirmó.
Martínez además dejó en claro que tanto estos tres ex policías como el propio Diego Correa ya no pertenecen a la institución: “Hace rato ya dejaron de ser policías”.
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El reclamo
Los hermanos Arrieta y Couto fueron detenidos ayer a la mañana, frente a la Casa de Gobierno, luego de entregar una nota y encadenarse a una de las ventanas del edificio para reclamar “el mismo arreglo” que obtuvo Correa, el otro ex policía que acampó casi cuatro meses en ese lugar y tres semanas después de levantar la medida se compró una camioneta RAM que disparó señalamientos.
Familiares de los recientemente detenidos cuestionaron el arresto y apuntaron contra el procedimiento, que incluso fue filmado por varios testigos que estaban en la plaza 9 de Julio.
“Luego de entregar la nota llegaron los de Infantería a retirarlos con el jefe de la Unidad Regional y los sacaron súper mal, sin dar tantas respuestas a las preguntas de por qué se los llevaban”, indicaron.
“La única respuesta fue que no van a permitir que nadie más reclame nada frente a Casa de Gobierno y que la orden viene de arriba”, agregaron.
Respecto a los reclamos, añadió: “Nosotros queremos la misma solución que se le dio a Correa y a (Adolfo) Guirula”.
Los hermanos Arrieta, Couto, Correa y Guirula, son cuatro de los ocho ex agentes policiales involucrados en la causa iniciada por intento de sedición y conspiración tras el descubrimiento del chat Solo Cola, donde para la Justicia se orquestaba un plan para desestabilizar a la cúpula de la institución tras las protestas de 2024 que tuvieron lugar sobre la avenida Uruguay, frente al Comando Radioeléctrico I.
En ese mismo expediente se encuentra el ahora diputado provincial Ramón Amarilla y por esa misma causa todos los involucrados permanecieron más de siete meses detenidos en distintas unidades carcelarias de la provincia.
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Ángel Ramón Zalazar (82) compareció este martes ante la Justicia, se abstuvo de declarar y fue formalmente imputado por el asesinato de su ex yerno Alfredo Wiebel (48), empresario y piloto de carreras ultimado de cinco balazos en la mañana del 11 de septiembre en Puerto Iguazú.
La audiencia se realizó esta mañana y para ello el implicado debió ser traslado desde el hospital Samic de la Ciudad de las Cataratas hacia Eldorado, donde lo esperaban para indagatoria en el Juzgado de Instrucción Dos, a cargo del magistrado César Lirussi.
En esa instancia, el hombre decidió guardar silencio y tras ser notificado de los elementos de prueba en su contra fue formalmente imputado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, calificación provisoria que podría modificarse conforme avance la investigación.
Por disposición judicial, Zalazar quedó internado con custodia policial en el hospital Gardés de Eldorado, medida que se mantendrá hasta tanto se resuelva entre un pedido de prisión domiciliaria o un traslado hacia una unidad carcelaria preparada para pacientes de su condición.
Testimoniales y querella
Los instructores de la causa pudieron avanzar con la indagatoria luego de recibir un informe de la junta médica que evaluó a Zalazar, cuyos resultados arrojaron dos conclusiones clave: una es que el hombre comprende la criminalidad de sus actos y la otra es que en su cuadro de salud general no se observan patologías que pongan en riesgo su vida, siempre y cuando continúe recibiendo la asistencia médica.
En paralelo, la causa continuará avanzando con la toma de testimoniales y los primeros en declarar serán los albañiles que ese 11 de septiembre a la mañana observaron la secuencia entera del ataque ocurrido en una obra en construcción ubicada sobre la avenida República Argentina, casi Pancho Ramírez, de Iguazú.
Al expediente, además, ya se incorporó la familia de la víctima en carácter de querellante particular bajo la representación del letrado Walter Quintana, quienes de esta forma podrán participar activamente en el caso.
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