Policiales
Primer juicio en Misiones por femicidio de una mujer trans arranca el martes
El 8 de marzo será una fecha trascendental para la Justicia misionera. Ese día, a las 8.30, en el Tribunal Penal Uno de Posadas, comenzará el debate oral y público para esclarecer el caso Evelyn Rojas y será la primera vez en la historia de la provincia que el asesinato de una mujer trans se juzgue como femicidio, aunque para la querella aún se puede dar un paso más al establecer el hecho como un crimen de odio, es decir, como un travesticidio o transfemicidio.
El debate tendrá un total de seis audiencias que se extenderán hasta el 15 de marzo y está previsto la declaración de más de una veintena de testigos, entre policías, peritos, conocidos y familiares, tanto de la víctima como del único acusado, Ramón Da Silva, que llega a esta instancia imputado por el delito de “homicidio doblemente agravado por la relación de pareja preexistente y por femicidio”, figura que prevé una pena de prisión perpetua.
El caso tiene la particularidad de que será la primera vez que el crimen de una mujer trans sea considerado como femicidio en Misiones. La aplicación del agravante contemplado en el inciso 11 del artículo 80 del Código Penal de la Nación fue solicitada en la etapa de instrucción por la fiscal Adriana Herbociani y avalada en la posterior elevación a juicio de la causa dictaminada por el magistrado Fernando Verón, titular del Juzgado de Instrucción Tres de Posadas.
Sin embargo, para la querella particular, que representa a la familia de la víctima y es encabezada por la abogada y militante feminista y de las diversidades, Florencia González, en esta causa aún se puede dar un paso más para hacer historia definitiva y considerar el hecho como un crimen de odio, esperando un juicio con perspectiva de género y diversidad.
Durante la etapa de instrucción, la querella -representada en ese momento por otro letrado- solicitó el agravante de “odio” en lugar del de “femicidio”, pero el juez Verón lo desestimó y ahora, en la instancia de debate oral, encuentran otra oportunidad para plantear la misma cuestión y lograr un cambio de paradigma judicial que también contemple el reconocimiento al colectivo de las diversidades, como en este caso particular a la comunidad trans, históricamente vulnerada e invisibilizada.
Crimen de odio
“Esto representa un desafío para poder visibilizar el tema y que en la provincia se empiece a hablar y poner en la mesa del ámbito judicial la existencia de los crímenes de odio”, señaló a La Voz de Misiones la letrada González, que ahora se prepara para ser parte activa del juicio que comenzará el martes.
La profesional adelantó que en el debate la querella insistirá en solicitar que el caso sea considerado como un crimen de odio y argumentó que “si bien es real que estamos ante una mujer que se percibe como tal -por Evelyn-, no estamos ante cualquier mujer. Estamos ante una mujer trans, entonces el inciso 4 -el crimen de odio- subsume al 11 -femicidio-. Entiendo que si bien estamos ante una mujer, es una mujer trans y hay que poder individualizar el travesticidio como tal”.
De igual manera, González destacó como un “avance” que la Justicia haya dado el paso de considerar el caso Evelyn como un femicidio y no como un homicidio simple, figura ante la cual la expectativa de pena bajaría de la perpetua (35 años de prisión efectiva) a una máxima de 25 años de cárcel, pero insistió en el valor histórico que significaría encuadrar el hecho como un crimen de odio.
“Creo que tenemos que mencionar la importancia de incorporar consciencia y perspectiva de género dentro de la Justicia, pero no debemos dejar de lado a las diversidades. Por eso creemos que es importante que haya perspectiva de diversidad, que tengamos en cuenta la existencia efectiva del odio hacia el género o la orientación sexual. Nos encontramos ante un claro caso de travesticidio o transfemicidio. Si lo dejamos como un femicidio, vamos a estar invisibilizando al colectivo”, agregó González, que mencionó como antecedente el caso de Diana Sacayán, una reconocida referente y símbolo de la lucha contra la transfobia que fue asesinada en 2015 y a cuyo imputado lo condenaron como autor de un crimen de odio, reconociendo así un caso de travesticidio por primera vez en historia del país.
Y letrada continuó: “Ser una mujer trans genera una situación de mayor vulnerabilidad, ya por el solo hecho de pertenecer a un colectivo fue que históricamente invisibilizado, discriminado, violentado, tanto desde el ámbito socio-económico como en el ámbito cultural, popular, educacional y sanitario. Entonces, creo que desde ahí también es importante avanzar en la aplicación efectiva de la norma y darle legitimidad al colectivo. Ya bastantes negaciones tienen durante toda su vida las personas del colectivo trans, para que encima se le niegue la fatalidad de su muerte y un nombre propio a su asesinato”.
González indicó que al momento de la elevación a juicio del expediente , el juez Verón argumentó que no se pudo demostrar la cuestión del “odio” como motivo del crimen de Evelyn, a lo que reflexionó que “acá no hubo cuchillazo y tampoco fue un balazo. Acá se terminó con la vida de una persona a golpes. Si bien es real que el odio es un sentimiento que no puede verse, pero sí puede verse su impronta, su obra. La única forma de reconocerlo es a través de sus manifestaciones. Entonces, creemos que tenemos las herramientas suficientes como para exponer nuestra postura ante el tribunal”.
El tribunal encargado de llevar adelante el debate oral estará integrado por Viviana Cukla, Ángel Dejesús Cardozo y Marcela Leiva -subrogante-, en tanto que al frente del Ministerio Público Fiscal estará Martín Rau y el imputado será representado por el abogado defensor oficial Mario Ramírez.
El imputado, Ramón Da Silva, también conocido como Ramoncito o Junior, está detenido desde 2016 y si es declarado responsable, tanto de femicidio como de un crimen de odio, indefectiblemente recibirá una pena de prisión perpetua. Lo único que puede aliviar su situación procesal es que en el juicio el caso termine siendo considerado como un homicidio simple, que prevé entre 8 y 25 años de cárcel.
El hombre, además, cuenta la posibilidad de evitar la exposición de un debate oral y acogerse a un acuerdo de juicio abreviado con la Fiscalía, aunque para ello deberá reconocer su responsabilidad en el hecho.
El caso
Evelyn Rojas, de 26 años, fue asesinada a golpes el 27 de octubre de 2016, en una estación de servicios abandonada en la esquina de las avenidas Uruguay y Buchardo de Posadas.
El cuerpo de la mujer fue hallado por una amiga que esa tarde fue llevarle comida y la encontró sin vida, dentro de una fosa y con signos de haber sufrido una brutal sesión de golpes.
La autopsia determinó que la muerte de Evelyn se debió a un “traumatismo de cráneo gravísimo, con fractura de base de cráneo” y además marcó múltiples contusiones, excoriaciones y hematomas en el rostro.
En esa estación de servicios la víctima solía pernoctar una vez que culminaba su jornada como trabajadora sexual en la zona y en ocasiones se encontraba con Da Silva, que era su pareja.
El hombre quedó bajo la lupa gracias al testimonio de una vecina, que conocía a Evelyn y que la noche anterior vio cuando el hombre ingresaba con ella a la gasolinera abandonada.
El acusado fue detenido días después en la terminal de colectivos de San Vicente. El hombre no tenía domicilio fijo y era conocido por diferentes alias o sobrenombres. Desde ese momento permanece privado de su libertad.
Judiciales
Fiscal del caso Belén se opuso al amicus curiae: “Tratan de condicionar”
Culminada la resolución de las incidencias pendientes, vinculadas a pedidos tanto de la fiscalía como de la defensa, que marcaron la audiencia del lunes, el debate oral para esclarecer la muerte de la adolescente con discapacidad Rocío Belén López (15) avanzó hoy con la incorporación de los últimos elementos de prueba. Para mañana se prevé una jornada de varias horas, con una ampliación de indagatoria por parte de la madre de la víctima y única imputada, como así también con el inicio de la ronda de alegatos.
La última prueba incorporada consiste en un informe emitido por la Municipalidad de Posadas respecto al legajo personal de la imputada Mariela Andrea Ramírez (48), que llegó a este debate acusada de abandono de persona doblemente agravado por el vínculo y el resultado, aunque podría enfrentar un cargo mayor si la fiscalía finalmente decide ampliar la calificación a homicidio agravado por el vínculo en su modalidad por omisión.
Resta decidir respecto a un pedido formulado por el Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género, quienes solicitaron ser incorporados al proceso en carácter de amicus curiae, planteo al cual el fiscal Vladimir Glinka se opuso y descargó duras críticas contra el escrito.

La imputada, Mariela Ramírez, mañana ampliará su declaración indagatoria. FOTO: Félix Armengol.
“No cualquiera es amicus curiae”
“Está tan mal hecho que parece apropósito, todo con tal de que sea rechazado y esto habilite un micrófono externo. Esto tiene que ir directamente a la basura, es una falta de respeto para quienes trabajamos de esto”, disparó el fiscal, quien argumentó que la presentación tiene “once defectos formales en 22 carillas” e incumple con los requisitos estipulados para su admisión.
Glinka consideró que los integrantes de dicho equipo carecen o al menos no adjuntaron nada que acredite algún grado de conocimiento o experiencia puntual sobre el Síndrome de Rett como para ser habilitados como voces legitimadas en el asunto. “No cualquiera es un amicus curiae”, objetó.
“Acá no hablan de un interés público comprometido, sino hablan contra la causa y piden que se valoren pruebas según sus interpretaciones. No vienen con la intención de arrojar luz sobre algunos temas, vienen a tratar de condicionar y de condicionar a ustedes”, señaló en referencia al tribunal presidido por Gustavo Bernie e integrado por Viviana Cukla y Miguel Mattos (subrogante).
Independientemente de la parte técnica-jurídica, Glinka también puso en duda el “interés real” detrás de la presentación formulada. “Solo quieren meter su cuchara trece años después. ¿Creen que les importa la imputada con una nota a destiempo? ¿Creen que les importa Belén trece años después? Hicieron todo mal apropósito. Quisieron aprovechar una causa de trascendencia pública para hacerse más conocidos para fines personales”, remató.
Por su parte, el defensor oficial Miguel Ángel Varela, que el lunes había solicitado nuevas medidas pruebas, entre ellas una “reautopsia” y una nueva testigo, que fueron rechazadas por el tribunal, pidió que no se tenga en cuenta la oposición de Glinka y se autorice el amicus curiae.
Tras los planteos, los jueces dieron por terminada la audiencia y dieron un cuarto intermedio hasta el miércoles a las 7.30 para reanudar el proceso.
Según la programación estipulada, en primer turno la imputada volverá a pasar frente al tribunal para una ampliación de declaración indagatoria y una vez culminada su deposición se iniciará la ronda de alegatos. La sentencia, en principio, se dará a conocer el jueves.
Policiales
El caso Golemba, el “pacto de silencio institucional” y los 16 detenidos
Para la fiscalía que investiga la desaparición forzada de Mario Fabián Golemba, visto por última vez hace 18 años, en el caso hubo un “pacto de silencio institucional” en el que 17 uniformados policiales acordaron un “plan criminal” para asegurar la impunidad del hecho.
Así se desprende de la imputación formulada por la fiscal Silvina Flavia Gutiérrez, titular de la Fiscalía Federal Dos de Posadas, funcionaria que formuló el pedido de detención para los 17 policías, entre activos y retirados, que hoy están bajo la lupa por uno de los casos policiales más emblemáticos de la historia reciente de Misiones.
En su planteo, la fiscal sostiene que el joven agricultor fue víctima de una privación ilegítima de la libertad, seguida de una “permanencia bajo una custodia estatal clandestina” en la comisaría de Dos de Mayo, donde fue objeto de una golpiza y más tarde trasladado hacia un paradero desconocido aún 18 años después.
La acusación reconstruye que, a partir de ahí, se orquestó un “plan criminal” y un “pacto de silencio institucional” en el que, directa o indirectamente, todos los involucrados desplegaron acciones tendientes a impedir que se conociera lo ocurrido, es decir, a asegurar la impunidad.
Plan y silencio
Entre esas acciones, la fiscal Gutiérrez enumera “la negativa sistemática a reconocer la privación de libertad de la víctima, las omisiones en los registros oficiales, la uniformidad de determinadas versiones brindadas por funcionarios policiales, las contradicciones detectadas entre distintas actuaciones administrativas y judiciales y la instalación de hipótesis alternativas que habrían desviado la investigación”.
En este punto toma relevancia el hecho que, al tratarse de una desaparición forzada de persona un delito de carácter permanente, la responsabilidad penal no se limita solo a quienes hayan ejercido la violencia en forma directa contra Golemba, sino también a todas aquellas personas que en conocimiento del caso hayan omitido denunciar la situación o adoptar medidas para hacerla cesar.
De esta manera, pidió la detención de 17 personas y la magistrada María Verónica Skanata, titular del Juzgado Federal de Posadas, hizo lugar. Las medidas se concretaron esta mañana mediante una serie de allanamientos concretados por agentes de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA).
De los 17 sospechosos, 16 fueron arrestados y se encuentran a disposición de las autoridades. Un solo implicado no fue hallado y por estas horas permanece en condición de prófugo, con pedido de captura en su contra. Se trata del radioperador Alfredo Lorenzo Ortiz.

El comisario retirado Ewaldo Katz, uno de los principales apuntados, ahora detenido.
Los detenidos
Entre los detenidos se encuentra el comisario retirado Ewaldo Katz, jefe de la comisaría de Dos de Mayo al momento de los hechos y uno de los principales apuntados por la querella encabezada por los letrados Rafael Pereyra Pigerl y María Vannela Vignolles en representación de la familia Golemba.
El resto forma parte del personal que, de manera permanente o transitoria, cumplió funciones en esa dependencia al momento en que sucedieron los hechos investigados.
Los demás arrestados son: los oficiales de guardia Edgardo Andrés Arce -con causa por transporte de estupefacientes- y Liliana Margarita Saft; el jefe de guardia retirado Carmelo Alberto Cerdán Cruz; el secretario José Roberto Pereyra Da Silva; el chofer de turno Alejandro Alfonso González Samudio; Wiliams Gabriel Lunge (quien cumple funciones en Seguridad Vial); los guardias Maximiliano Gabriel Gutiérrez, Ramón Aníbal Cardozo, Mario Francisco Villar y Diego Armando Amarilla; el radioperador Cristian Andrés Silva, retirado; y Baldemar Parra, Juan Ramón Ferreyra (retirado), Ofelia Gladys Ziller y Eduardo Pellizer (retirado).
Todos se encuentran ahora a disposición de la Justicia Federal y en las próximas jornadas serán citados a prestar declaración indagatoria como imputados.
Detuvieron a 16 policías por la desaparición de Mario Golemba en 2008
Policiales
Detuvieron a 16 policías por la desaparición de Mario Golemba en 2008
Después de casi dos décadas, la investigación sobre la desaparición de Mario Fabián Golemba llegó a un punto crucial con la detención de 16 policías, entre agentes activos y retirados, quienes ahora quedarán a disposición de la Justicia Federal para ser sometidos a declaración indagatoria.
Las medidas fueron concretadas este lunes, a partir de un pedido formulado por la fiscal federal Silvina Gutiérrez y ordenado por la magistrada Verónica Skanata, titular del Juzgado Federal de Posadas, dependencia que tomó intervención en el caso en 2021 luego de que la querella lograra que el expediente sea investigado como “desaparición forzada de persona”.
Según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, los procedimientos fueron ejecutados por la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) en diversos puntos de la provincia y culminaron con la detención de 16 sospechosos, en tanto que uno permanece sin ser hallado y existe la posibilidad de que no se encuentre en el país. Se emitió un pedido de captura.
Las detenciones alcanzaron a todo el personal, tanto permanente o transitorio, que prestó servicio en la comisaría de Dos de Mayo al momento de la desaparición de Golemba, visto por última vez el 27 de marzo de 2008, cuando salió de su casa en Picada Indumar para acudir a una consulta médica en Oberá.
Entre los detenidos se encuentra Ewaldo Katz, comisario retirado que en su momento era jefe de la dependencia policial donde, de acuerdo a las pruebas recabadas por la querella, el joven agricultor estuvo detenido y fue golpeado hasta ser trasladado hacia un destino desconocido.
Para la querella, encabezada por los abogados Rafael Pereyra Pigerl y María Vannela Vignolles, Katz es uno de los principales involucrados en el caso, junto a otros cinco agentes que estaban de guardia, aunque ahora la fiscal Gutiérrez amplió el número de sospechosos en virtud de que en este tipo de casos el encubridor se transforma también en un autor, dado que el silencio u ocultamiento de información incide en forma directa en el desarrollo del delito.

El comisario retirado Ewaldo Katz, uno de los principales apuntados, ahora detenido.
El caso
Mario Golemba fue visto por última vez el 27 de marzo de 2008. Ese día, el joven de 27 años en aquel entonces, salió de su casa en Picada Indumar -Dos de Mayo- con dirección hacia Oberá para asistir a una consulta médica con una nutricionista porque quería aumentar de peso para su boda.
La reconstrucción indica que el muchacho llegó a la consulta y esa nutricionista fue la última persona, comprobada fehacientemente, que vio con vida al agricultor. Cerca de las 15 de ese mismo día Golemba mandó un mensaje a su familia avisando que volvería más tarde, pero eso nunca sucedió y nada más se supo de él desde ese momento.
A partir de ahí se tejieron innumerables hipótesis, desde un suicidio hasta la posibilidad de que el joven se haya ido del país por voluntad propia. Sin embargo, nada de eso tenía sentido para la familia. Mario ansiaba casarse, soñaba con ir a estudiar Historia. Es decir, tenía muchos planes por delante.

La comisaría de Dos de Mayo, epicentro de las sospechas.
Fue a comienzos de 2009 cuando dos detenidos se entrevistaron con el padre de Mario y aportaron un testimonio que apuntaba hacia lo peor.
Los dos detenidos relataron que ese 27 de marzo de 2008, mientras estaban presos en la Comisaría de Dos de Mayo, vieron cuando los efectivos de esa dependencia policial tenían a Mario esposado en el lugar. Sus testimonios fueron tan fuertes como coincidentes: ambos recordaron haber oído que golpeaban a Mario y que él repetía una y otra vez que no había hecho nada.
La declaración de los dos presos culmina cuando aseguran que después de los golpes oyeron que el joven que ellos identificaron como Mario Golemba fue subido a un patrullero y llevado a otro lugar con destino incierto.
En mayo de 2010, en tanto, se realizaron excavaciones en un ex destacamento de la comisaría local, pero el resultado fue negativo.
Desde ese momento la causa no registró avances, hasta que, a mediados de 2021, la querella logró que el expediente sea remitido a la Justicia Federal y que el caso sea investigado como “desaparición forzada de persona”.
Ahí la investigación se reactivó, se volvieron a recolectar elementos de prueba y dos testigos de identidad reservada declararon haber visto a Golemba detenido en la comisaría, donde lo habrían golpeado.
Sumado a eso, a mediados de 2022 se volvieron a realizar excavaciones en la dependencia de Dos de Mayo y aunque los resultados fueron negativos, lo más importante de aquella jornada de procedimientos fue una inspección ocular que permitió constatar que el testimonio y las descripciones de los testigos coincide con el lugar.
El hermano de Mario Golemba anunció una “inminente definición del caso”
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