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Posadeño murió en vuelco en Chile cuando viajaba a Tierra del Fuego

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en Chile

Alrededor de las 17 de la tarde de ayer, murió en Chile un posadeño identificado como Ernesto Joaquín Perié, de 27 años, tras volcar la camioneta en la que viajaba como acompañante.

El joven se desempeñaba como arquitecto y es el hijo del dirigente político misionero Francisco “Pancho” Perié.

En tanto, el conductor de la Renauld Duster, identificado como Augusto Rovida de Grandis (27), sufrió lesiones y fue trasladado a la localidad chilena de Porvenir para su atención, en calidad de detenido.

Ambos jóvenes habían partido desde la ciudad de Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz, y tenían como destino Río Grande, en Tierra del Fuego, sostuvo el medio Radio Fueguina.

Para realizar ese trayecto, se debe atravesar suelo chileno. En este sentido, se informó que el accidente se registró en jurisdicción del país vecino, a unos 50 kilómetros del paso fronterizo San Sebastián, sobre el kilómetro 125 de la ruta internacional 257.

Se detalló que los efectivos de Carabineros de la Tenencia Fronteriza de San Sebastián recibieron la alerta a las 16.50 y arribaron al lugar del accidente pasadas las 17.

Luego, hizo lo propio una ambulancia de la Mutual de Seguridad de Cerro Sombrero, así como la ambulancia de la Posta de Cameron y la Brigada de Bomberos de Primavera.

Por su parte, el chofer del vehículo siniestrado fue trasladado con lesiones hasta la Clínica de Cerro Sombrero.

Mientras que el oriundo de la tierra colorada -que iba de acompañante- perdió la vida en Chile luego de ser alcanzado por un letrero caminero emplazado en una zona de curva, informó el diario magallánico La Prensa Austral.

Ante el hecho, el fiscal de Porvenir dispuso la concurrencia del equipo Siat de Carabineros desde Punta Arenas, para la investigación del accidente.

En ese marco, el conductor quedó en calidad de detenido a la espera del pre-informe que por parte del citado grupo técnico.

en Chile

Policiales

Detienen a un adolescente en investigación por abuso a una niña de 7 años

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abuso niña

Un adolescente de 17 años fue demorado este viernes en Campo Grande en el marco de una investigación por un presunto delito contra la integridad sexual en perjuicio de una niña de 7 años. La medida fue dispuesta por el Juzgado Correccional y de Menores Uno de Oberá, mientras que la víctima quedó bajo el protocolo de asistencia integral previsto para este tipo de casos.

De acuerdo con lo informado por la Policía de Misiones, la intervención comenzó pasado el mediodía, cuando el padre de la menor radicó la denuncia. Según su relato, cerca de las 8 de la mañana su hija habría sido abordada por el adolescente mientras se dirigía a un comercio ubicado a pocos metros de su vivienda.

El denunciante manifestó que, al advertir lo que ocurría, acudió de inmediato en auxilio de la niña, momento en que el sospechoso se dio a la fuga del lugar.

A partir de la denuncia, efectivos de la Comisaría de la Mujer de Campo Grande iniciaron tareas investigativas que permitieron localizar al joven horas más tarde. En cumplimiento de las directivas impartidas por la autoridad judicial, el adolescente fue demorado y puesto a disposición de la Justicia.

En paralelo, las autoridades activaron el protocolo de atención integral para la menor a través de los organismos competentes.

Por disposición judicial, el adolescente fue notificado de la causa en presencia de su progenitora y posteriormente trasladado al Centro Modelo de Asistencia y Seguimiento de Menores en Conflicto con la Ley (Cemoas), donde permanece alojado mientras avanza la investigación.

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Autopsia confirmó que bebé de Mártires sufrió muerte súbita

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morgue cadáver crucero

La autopsia practicada al bebé de 24 días que fue hallado sin vida el jueves en una vivienda de Mártires confirmó que la causa del fallecimiento fue una muerte súbita, descartando otros motivos.

Conocido el resultado del examen forense, el juez interviniente dispuso la entrega del cuerpo a sus familiares para el velatorio y posterior inhumación, mientras continúan las actuaciones judiciales de rigor.

El hecho se registró durante la mañana del jueves, cuando la madre del recién nacido, de 28 años, relató a los investigadores que al despertar advirtió que se encontraba accidentalmente acostada sobre el bebé, con quien había descansado en la misma cama, y constató que el pequeño ya no presentaba signos vitales.

Tras el llamado a las autoridades, efectivos de la Comisaría de Mártires acudieron al domicilio y realizaron las primeras actuaciones. Por disposición de la Justicia, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la correspondiente autopsia.

El examen médico determinó que el deceso se produjo por muerte súbita, lo que permitió descartar otras hipótesis sobre las causas del fallecimiento.

Con ese informe incorporado al expediente, el magistrado ordenó la restitución del cuerpo a la familia para que puedan llevar adelante el velatorio y la inhumación. La investigación judicial continuará con las diligencias administrativas habituales para el cierre de la causa.

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Judiciales

Piden 22 años de cárcel para misionero acusado de liderar red de trata de menores

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Angelotti Notarbartolo

La fiscalía pidió 22 años de prisión para el misionero Francisco Rolando Angelotti Notarbartolo, acusado de liderar una organización que se dedicó a captar menores de edad en la tierra colorada para explotación sexual en Buenos Aires, y 11 años de cárcel para Leandro Aguiar, otro coterráneo.

Los alegatos fueron formulados por el fiscal general Juan García Elorrio ante el Tribunal Oral Federal Tres de Buenos Aires, en una audiencia que también tuvo como dato sobresaliente el pedido de absolución para el ex ganador de Gran Hermano y productor televisivo Marcelo Corazza. En su caso, el representante del Ministerio Público entendió que el único hecho de abuso sexual que se le atribuye ocurrió en 2001 y prescribió, además de sostener que no existen pruebas para responsabilizarlo por el delito de asociación ilícita.

Además de las penas requeridas para los dos misioneros, la fiscalía pidió 10 años de prisión para Fernando Charpenet y Raúl Mermet, a quienes consideró partícipes necesarios de los delitos investigados. La querella, en tanto, mantuvo la acusación contra los cinco imputados, incluido Corazza, según amplió el medio porteño Infobae.

El juicio comenzó a mediados del año pasado y se desarrolla a puertas cerradas para proteger la integridad de los denunciantes y las víctimas.

Acusación

Según la investigación, la organización funcionó entre 1999 y marzo de 2023 y se dedicó a reclutar niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, principalmente en Misiones, para trasladarlos a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense con fines de explotación sexual.

Para la fiscalía, Angelotti Notarbartolo era quien lideraba la estructura y se encargaba de captar y manipular a las víctimas, además de coordinar los encuentros con los demás integrantes de la organización.

Aguiar, también oriundo de Misiones, habría ingresado a la red en 2018. De acuerdo con la acusación, junto a Charpenet, Mermet y Corazza solicitaba encuentros con las víctimas para luego abusar de ellas y explotarlas sexualmente.

La causa incluye denuncias por abuso sexual, trata de personas con fines de explotación sexual, promoción de la prostitución, corrupción de menores y tenencia de material de abuso sexual infantil. Entre las pruebas mencionadas durante el debate figuran promesas de viajes, regalos y dinero para captar a las víctimas, que tenían entre 11 y 16 años al momento de los hechos denunciados.

Inicio

El expediente se inició en octubre de 2022, luego de la denuncia de una víctima ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). A partir de esa presentación, la investigación derivó en la detención de los cinco acusados en marzo de 2023 y posteriormente en la elevación de la causa a juicio oral.

Tras los alegatos de la fiscalía y de las querellas, restan las exposiciones de las defensas antes de que el tribunal fije la fecha del veredicto. Además de las condenas, el Ministerio Público solicitó que, en caso de sentencia condenatoria, los acusados afronten de manera solidaria una reparación económica para las víctimas.

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