Una pareja de ciudadanos brasileños que contaba con pedido de captura internacional por robos calificados fue extraditada este martes a Brasil, luego de permanecer detenida durante unos dos meses y medio en Oberá, donde había sido capturada junto a otros tres compatriotas.

Se trata de Carine Da Silva Sinn (27) y Donizete Da Silva Almeida (36), quienes fueron entregados a autoridades brasileñas en el paso fronterizo Alba Posse–Porto Mauá, tras una disposición del Juzgado Federal de Oberá.

Ambos habían sido detenidos el pasado 1 de julio por efectivos de la Policía de Misiones, durante un procedimiento realizado en Oberá que permitió desarticular parte de una organización integrada por ciudadanos brasileños y vinculada, según la investigación policial, con distintos hechos delictivos cometidos en la zona Centro de la provincia.

La pesquisa se inició cuando los uniformados detectaron un Ford Fiesta con patente brasileña y procedieron a identificar a sus cinco ocupantes. Posteriormente, el grupo fue relacionado con un robo ocurrido en un aserradero.

A partir del intercambio de información con Interpol y fuerzas de seguridad de Río Grande do Sul, se estableció que Sinn y Da Silva Almeida registraban pedidos de captura internacional en Brasil por causas relacionadas con robos calificados.

Durante la requisa del vehículo, además, los investigadores encontraron un compartimiento oculto en el que había tres armas de fuego cargadas, municiones y tres pasamontañas. Una de las armas, una pistola Bersa calibre 9 milímetros, había sido denunciada como robada durante un asalto ocurrido en mayo en General Alvear.

Con el avance de la investigación y el cruce de información sobre distintos expedientes, la Policía de Misiones vinculó al grupo con quince causas por delitos contra la propiedad registrados en localidades de la zona Centro.

Tras permanecer alojados en dependencias policiales de Oberá durante aproximadamente dos meses y medio, los dos ciudadanos brasileños fueron trasladados este martes bajo custodia de efectivos de la comisaría Segunda y de la Guardia de Infantería hasta el paso internacional Alba Posse–Porto Mauá.

En ese lugar fueron entregados a efectivos de Interpol y de la Policía Federal de Brasil, que quedaron a cargo de su traslado y puesta a disposición de la Justicia del vecino país.

Los otros tres ciudadanos brasileños detenidos durante el procedimiento permanecen en Misiones y, de acuerdo con la información policial, ya cumplen prisión preventiva en el marco de causas relacionadas con robos cometidos en banda y con utilización de armas.

La banda brasileña detenida en Oberá estaría vinculada a 15 robos

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El comisario retirado Adolfo Miguel González (63), prófugo desde el 7 de septiembre tras una denuncia por abuso sexual en contra de dos hijastras, se entregó este martes y quedó detenido a la espera de ser trasladado a audiencia de declaración indagatoria.

De acuerdo a lo adelantado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, el ex uniformado se presentó en las últimas horas en la casa de familiares y desde ahí fue junto a un abogado hasta una dependencia policial para ponerse a disposición de la Justicia.

Las mismas fuentes señalaron que el denunciado ya está detenido y se prevé que en la jornada del jueves comparezca en audiencia de declaración indagatoria ante el magistrado Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas.

González era buscado desde el pasado 7 de septiembre, cuando fue objeto de una denuncia radicada en su contra por presuntos abusos sexuales perpetrados en perjuicio de dos hijas de quien fuera su pareja.

Un día después, los investigadores hallaron e incautaron en una vivienda sobre avenida Lavalle el último teléfono celular que el implicado había utilizado, aunque después de ello no hubo más novedades hasta la detención hoy.

Buscan a comisario retirado denunciado por abuso de dos niñas en Posadas

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El Tribunal Penal Uno de Oberá resolvió condenar a penas de 14 y 16 años de prisión a los dos jóvenes acusados de matar a golpes a un hombre en situación de calle durante un hecho registrado en agosto de 2024.

La sentencia impartida por los magistrados Horacio Paniagua, David Milicich y Graciela Heppner (subrogante) coincidió plenamente con el pedido efectuado minutos antes por el fiscal Juan Pablo Fernández Rissi durante la ronda de alegatos.

En su exposición, el fiscal calificó que los acusados actuaron con una “violencia irrefrenable contra la humanidad de la víctima” y entendió que ambos debían ser condenados.

El pedido fue formulado a media mañana, durante el inicio de la ronda de alegatos, desarrollada luego de la etapa de incorporación de pruebas en la que declararon una decena de testigos del hecho ocurrido el 21 de agosto de 2024 en perjuicio de Miguel Ángel García (55).

Fernández Rissi consideró acreditado el hecho y también la coautoría de los imputados Franco Ezequiel Paz (25) y Sergio Fabián Valenzuela (36) en el delito de “homicidio simple”.

“Sometimiento sin defensa”

El fiscal reconstruyó que ese 21 de agosto, a las 3 de la madrugada, García, que estaba en situación de calle, dormía frente a la sede de Rentas en Oberá, donde se encontraba junto a otras personas hasta que fue abordado y atacado por los acusados.

Según sus palabras, los imputados “propinaron una brutal agresión con golpes de puño y patadas y también con un elemento contundente tipo palo, provocando severísimas lesiones en la cabeza” de la víctima.

Se apoyó en el testimonio de los demás presentes en el lugar del hecho para afirmar que “la víctima estaba acostada, en estado de indefensión” y que “el ataque se prolongó durante varios minutos en los cuales anularon la defensa que pudieran intentar las personas que estaban con García”.

“Esto fue un homicidio doloso. Hubo un sometimiento sin defensa. Hubo dolo de golpear indiscriminadamente, en zonas vitales y sin detenerse por voluntad propia”, resumió Fernández Rissi.

En ese marco, pidió que ambos imputados sean condenados por homicidio simple. Para Paz pidió 14 años de prisión, mientras que para Valenzuela pidió 16 en virtud de registrar antecedentes condenatorios.

Filmaciones

El defensor oficial Matías Olivera, en tanto, cuestionó que durante la instrucción no se ordenaron las medidas suficientes para recabar filmaciones de cámaras de seguridad que pudieran dar certezas sobre lo ocurrido y alegó que esa situación vulneró el derecho de defensa de sus pupilos.

Olivera sostuvo que sus defendidos no niegan su presencia en el lugar del hecho, aunque consideró que no se pudo acreditar qué golpe fue causante de la fractura de cráneo en la víctima, como así tampoco quién fue el autor de dicha agresión.

“A lo mejor el golpe con el palo lo dio otro en medio del tumulto con las otras personas estaban en el lugar”, estimó Olivera.

En ese marco, solicitó que sus defendidos sean condenados a penas de 2 y 3 años como autores del delito de “lesiones graves en riña” y no por homicidio al considerar que García tuvo posibilidad de “sobrevida”.

Oberá: arranca el juicio a dos acusados de matar a golpes a un indigente

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