Policiales
Policía de Misiones se desliga de narco-comisaría y exige más cárceles federales
El descubrimiento de una trama de tráfico de drogas en la comisaría Segunda de Posadas despertó de inmediato la reacción de la Policía de Misiones, que en un comunicado público dio a conocer sus apreciaciones tras la intervención ordenada por la Justicia Federal.
En el escrito, titulado Contundente accionar de la Policía de Misiones en causa narco, la Jefatura reconoce que la banda que se dedicaba al narcomenudeo “era manejada desde adentro de la comisaría por dos detenidos por causas federales”, quienes contaban con la colaboración de un policía “que presuntamente era cómplice de los narcos”.
Asimismo, desde la fuerza confirmaron las informaciones que arrojó el operativo, que incluyó una serie de allanamientos en diferentes puntos de Posadas en los que se detuvo a 9 personas, lo cual además implicó la remoción de la cúpula de la seccional policial de la avenida Tacuarí.
De esta forma, el cuerpo liderado por el comisario general Carlos Merlo, así como las autoridades políticas del Ministerio de Gobierno que encabeza Marcelo Pérez se desligaron del hecho, manifestando “la voluntad de los funcionarios provinciales de la cartera de seguridad y de la propia cúpula de la Policía de Misiones de colaborar con esta investigación”.
En el comunicado oficial, publicado en los principales medios de la provincia a modo de solicitada, revelaron que el último miércoles, cuando la Gendarmería Nacional dio inicio a los allanamientos, tanto Merlo como el subjefe Víctor Eduardo Maj “convocaron a todo el personal administrativo de la fuerza y a los miembros de la Dirección de Asuntos Internos para iniciar la remoción y el recambio del personal policial involucrado”.
Además, adujeron que, “si bien resta el análisis del grado de responsabilidad de cada uno de los efectivos de la dependencia involucrada, no se debe soslayar la celeridad con la que se actuó desde la Jefatura de Policía”, ante la solicitud de la Justicia Federal.
Presos de la competencia
Pero no todo en el escrito policial fue destinado a destacar la colaboración de la fuerza en la causa judicial, sino que sirvió de ocasión para reclamar por un problema que aqueja al sistema carcelario misionero hace tiempo.
Es que, según entendieron desde la Jefatura, el hecho “puso nuevamente en escena el debate sobre las competencias federales y provinciales en cuanto los delitos y, sobre todo, respecto a la custodia de los detenidos”.
En este sentido, explicaron que “no debe recaer sobre las policías provinciales el alojamiento, cuidado y custodia de detenidos por causas federales, como sucede con el caso del narcotráfico”.
Ante esta realidad, criticaron “la desidia de los sucesivos gobiernos nacionales”, que frente a la realidad fronteriza que tiene Misiones, la tierra colorada “sólo cuente con una unidad carcelaria de tipo federal en toda la provincia, como lo es Candelaria, y que claramente se encuentra colapsada de internos, lo que lleva a que los diferentes detenidos por delitos federales terminen siendo alojados en comisarías de la Policía de Misiones que no están adaptadas para tal fin, ya que este tipo de imputados pasan por tiempos excesivamente prolongados de reclusión”.
En tanto, aclararon que “la cuestión de competencia no justifica el proceder de los efectivos removidos de la comisaría segunda de Posadas”, sostuvieron y agregaron: “El accionar de dos o tres policías no es el reflejo de una institución, que dejó en claro espíritu colaborativo con la causa, evitando cualquier tipo de entorpecimiento, ajustándose a derecho en el marco del procedimiento ordenado por la Justicia Federal”.
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó penas de 1 año y 10 meses de prisión, respectivamente, para los docentes Mónica Gurina y Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
El debate oral contra los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez se reanudó está mañana en el SUM del Palacio de Justicia.
Previo al inicio, se conocio un pedido de la fiscal María Laura Álvarez, quién planteó que la audiencia de hoy se realice a puertas cerradas, solo con la presencia de las partes y los medios acreditados.
En sus argumentos, expuso que se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
En el escrito sostuvo que en sus 13 años de trayectoria jamás experimento algo similar y recordó que la magistrada Marcela Leiva en varias oportunidades debió realizar llamados de atención a los asistentes para obtener el silencio adecuado en la sala.
La defensa, encabezada por el equipo legal integrado por los letrados Eduardo Paredes, Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, se opuso al pedido.
La magistrada Leiva, presidenta del tribunal unipersonal encargada de dirigir el proceso, no dió lugar al pedido y aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento.
Para este miércoles se prevé la declaración de al menos seis testigos, entre comerciantes y agentes policiales, principalmente.
Para hoy también está programado que se realice la ronda de alegatos y al culminar se decidirá el momento del dictado de sentencia.
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