El descubrimiento de una trama de tráfico de drogas en la comisaría Segunda de Posadas despertó de inmediato la reacción de la Policía de Misiones, que en un comunicado público dio a conocer sus apreciaciones tras la intervención ordenada por la Justicia Federal.

En el escrito, titulado Contundente accionar de la Policía de Misiones en causa narco, la Jefatura reconoce que la banda que se dedicaba al narcomenudeo “era manejada desde adentro de la comisaría por dos detenidos por causas federales”, quienes contaban con la colaboración de un policía “que presuntamente era cómplice de los narcos”.

Asimismo, desde la fuerza confirmaron las informaciones que arrojó el operativo, que incluyó una serie de allanamientos en diferentes puntos de Posadas en los que se detuvo a 9 personas, lo cual además implicó la remoción de la cúpula de la seccional policial de la avenida Tacuarí.

De esta forma, el cuerpo liderado por el comisario general Carlos Merlo, así como las autoridades políticas del Ministerio de Gobierno que encabeza Marcelo Pérez se desligaron del hecho, manifestando “la voluntad de los funcionarios provinciales de la cartera de seguridad y de la propia cúpula de la Policía de Misiones de colaborar con esta investigación”.

En el comunicado oficial, publicado en los principales medios de la provincia a modo de solicitada, revelaron que el último miércoles, cuando la Gendarmería Nacional dio inicio a los allanamientos, tanto Merlo como el subjefe Víctor Eduardo Maj “convocaron a todo el personal administrativo de la fuerza y a los miembros de la Dirección de Asuntos Internos para iniciar la remoción y el recambio del personal policial involucrado”.

Además, adujeron que, “si bien resta el análisis del grado de responsabilidad de cada uno de los efectivos de la dependencia involucrada, no se debe soslayar la celeridad con la que se actuó desde la Jefatura de Policía”, ante la solicitud de la Justicia Federal.

Presos de la competencia

Pero no todo en el escrito policial fue destinado a destacar la colaboración de la fuerza en la causa judicial, sino que sirvió de ocasión para reclamar por un problema que aqueja al sistema carcelario misionero hace tiempo.

Es que, según entendieron desde la Jefatura, el hecho “puso nuevamente en escena el debate sobre las competencias federales y provinciales en cuanto los delitos y, sobre todo, respecto a la custodia de los detenidos”.

En este sentido, explicaron que “no debe recaer sobre las policías provinciales el alojamiento, cuidado y custodia de detenidos por causas federales, como sucede con el caso del narcotráfico”.

Ante esta realidad, criticaron “la desidia de los sucesivos gobiernos nacionales”, que frente a la realidad fronteriza que tiene Misiones, la tierra colorada “sólo cuente con una unidad carcelaria de tipo federal en toda la provincia, como lo es Candelaria, y que claramente se encuentra colapsada de internos, lo que lleva a que los diferentes detenidos por delitos federales terminen siendo alojados en comisarías de la Policía de Misiones que no están adaptadas para tal fin, ya que este tipo de imputados pasan por tiempos excesivamente prolongados de reclusión”.

En tanto, aclararon que “la cuestión de competencia no justifica el proceder de los efectivos removidos de la comisaría segunda de Posadas”, sostuvieron y agregaron: “El accionar de dos o tres policías no es el reflejo de una institución, que dejó en claro espíritu colaborativo con la causa, evitando cualquier tipo de entorpecimiento, ajustándose a derecho en el marco del procedimiento ordenado por la Justicia Federal”.

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