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Policiales

Policía acusado de apremios era apuntado por armar la causa por el crimen de “Taty”

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POSADAS. El exjefe de la comisaría de Puerto Esperanza que fue desplazado por apremios contra un detenido, es el mismo que orientó la investigación por el crimen de Lieni “Taty” Piñeiro, ocurrido en 2012, cuyo esclarecimiento todavía permanece en una nebulosa debido a la deficiente pesquisa policial y judicial.

El comisario, identificado como Rubén García, y tres oficiales fueron removidos al viralizarse un video en el que estos últimos le propinan una golpiza con un cinturón a un detenido, quien aparece sentado y esposado.

El caso dividió a los pobladores de esta pequeña localidad del norte de Misiones, donde rápidamente se organizaron manifestaciones de apoyo a los efectivos involucrados, fundamentado en la inseguridad que reina en la zona y en la individualización de los autores de delitos.

Con el transcurso de los días, y en medio de las opiniones encontradas acerca de la actuación de los policías, habitualmente plagada de excesos, se supo que el exjefe de la comisaría es quien tuvo a su cargo la investigación por el crimen de la joven Piñeiro, el 12 de julio de 2012.

El cuerpo de la víctima, conocida como “Taty”, apareció en un camino vecinal y desde el principio las versiones apuntaron a un crimen perpetrado por “hijos del poder”, aunque la pesquisa se orientó hacia relaciones amorosas y circunstanciales de la joven, miembro de un hogar de bajos recursos.

El proceso fue encabezado por el ex comisario Rubén García, quien dispuso la detención de un muchacho de nombre Hernán Céspedes que apareció muerto en la celda que ocupaba en una comisaría de Puerto Iguazú, adonde había sido trasladado por jurisdicción judicial.

En los días posteriores, los familiares de “Taty” y de Céspedes participaron juntos en marchas públicas para reclamar el esclarecimiento de las dos muertes, poniendo en dudas toda la investigación que había llevado adelante el ahora exjefe de la comisaría de Puerto Esperanza.

El policía, convertido en personaje del pueblo por sus excesos y demostraciones de mandamás con el aval de políticos, fue trasladado ante el rechazo que generaba su presencia por la manipulación de investigaciones, pero retornó después al mismo destino donde ahora, al parecer, será finalmente exonerado de la fuerza.

El docente Carlos Du arte, dijo al canal Misiones Cuatro que “con seguridad el comisario García estaba a cargo de la comisaría de Puerto Esperanza cuando ocurrió lo de Taty. Las acusaciones de la familia eran totales”, en contra de éste por alterar pruebas y forzar declaraciones.

Duarte recordó además que por aquél entonces “hubo procedimientos propios de la dictadura. Comentaban mis alumnos que los llevaban y los presionaban con total impunidad, incluso a menores, con procedimientos que buscaban culpar a alguien”.

El diputado provincial Martín Sereno, del Partido Agrario y Social, dijo en la última sesión de la Legislatura que “en el episodio de tortura conocido públicamente esta semana contra un hombre discapacitado, vimos que se repite el nombre de un comisario que estuvo vinculado con el femicidio de Lieni ‘Taty’ Piñeiro en Puerto Esperanza”.

Policiales

Camioneta de Vialidad chocó una moto y el chofer se dio a la fuga en Alem

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Una mujer resultó lesionada tras ser embestida por una camioneta de Vialidad provincial en la mañana de ayer domingo en la intersección de avenida Vélez Sarsfield y calle Los Estudiantes de Leandro N. Alem.

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 11:20, cuando una motocicleta Keller, conducida por Carmelo de Jesús B (64), circulaba por avenida Vélez Sarsfield en dirección al barrio Sagrada Familia, acompañado por Elsa M. (52).

Por causas que son materia de investigación, el rodado colisionó con una camioneta Toyota Hilux, perteneciente a la Dirección Provincial de Vialidad de Misiones, conducida por Mariano Ezequiel M. (23), domiciliado en Alem.

Según los primeros datos policiales, tras el fuerte impacto el conductor de la camioneta se habría dado a la fuga, abandonando el lugar del accidente mientras la mujer permanecía lesionada sobre la cinta asfáltica. Minutos más tarde, el joven regresó al sitio del siniestro.

La mujer debió ser asistida y sus lesiones eran evaluadas por personal médico. En tanto, las autoridades trabajan para determinar las responsabilidades del hecho y establecer cómo ocurrió la colisión que volvió a poner en debate la seguridad vial y el accionar de conductores al volante de vehículos oficiales.

 

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Policiales

Un muerto en el incendio de una casa en Santa Ana

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Una vivienda ardió en llamas esta madrugada en la localidad de Santa Ana y una vez apagado el fuego los bomberos intervinientes encontraron un cadáver entre los escombros, por lo que ahora se inició una investigación para establecer la identidad de la víctima.

De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, el siniestro fue reportado a las 4 de hoy, en un inmueble ubicado en inmediaciones a las calles Timbó y Lapacho.

Una vez en el lugar, los agentes de bomberos iniciaron arduo trabajo para sofocar las llamas, labor que se complicó debido a que las llamas ya habían alcanzado toda la estructura de madera, lo que provocó desprendimientos de vigas, columnas y techos.

El procedimiento se extendió unas horas hasta que pudieron controlar la situación y durante una recorrida por el inmueble se toparon con restos de un cuerpo humano consumido por el fuego.

Los policías locales realizaron averiguaciones con vecinos y obtuvieron como dato que en el lugar residía una mujer, que incluso había sido vista en el lugar poco antes de que se inicie el incendio.

El personal de la División Científica procedió a realizar peritajes en la escena para esclarecer las causales del foco ígneo, mientras que la Justicia ordenó el traslado del cuerpo hacia la morgue judicial para realizar los estudios complementarios correspondientes para identificar a la víctima.

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Judiciales

Revés judicial para Cerro Azul en reclamo de $165 millones a una empresa

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La Justicia provincial rechazó una ejecución fiscal impulsada por la Municipalidad de Cerro Azul contra la empresa MM Bioenergía S.A. por una deuda superior a los $165 millones y cuestionó la legalidad del procedimiento utilizado por la comuna para reclamar tributos.

El fallo fue dictado por el Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Leandro N. Alem, que rechazó la demanda iniciada en junio de 2025 por la municipalidad en concepto de tasas de Seguridad e Higiene, Comercio e Industria correspondientes a distintos períodos entre 2021 y 2025.

La comuna reclamaba un total de $165.044.216,75 y había solicitado además medidas cautelares sobre bienes y fondos de la firma dedicada a la generación de energía renovable.

Sin embargo, tras varios meses de litigio, el magistrado interviniente resolvió desestimar la ejecución fiscal al considerar que la documentación presentada por el municipio no cumplía con los requisitos legales exigidos para avanzar con el cobro judicial.

Uno de los principales puntos observados en la sentencia fue la utilización de la Ordenanza VI N° 25 como fundamento del reclamo tributario. Según el fallo, esa norma fue publicada oficialmente recién el 1 de octubre de 2025, es decir, después de las intimaciones de pago y cuando ya se pretendía exigir el cobro de períodos anteriores.

En la resolución, el juez sostuvo que “la ausencia de publicación impide reconocer eficacia normativa a la ordenanza en cuestión y, por ende, priva de sustento legal exigible al crédito cuya ejecución se pretende”.

El fallo también cuestionó la boleta de deuda emitida por el municipio al señalar que el documento no detallaba con precisión qué conceptos se reclamaban, a qué períodos correspondían ni cuál había sido el mecanismo utilizado para calcular la deuda, incumpliendo requisitos establecidos en el Código Fiscal.

Durante el proceso judicial, MM Bioenergía S.A. argumentó además que su actividad se encuentra regulada bajo jurisdicción federal por tratarse de generación de energía dentro del Mercado Eléctrico Mayorista, en el marco de las leyes nacionales vinculadas a energías renovables. En ese sentido, cuestionó la potestad municipal para aplicar las tasas reclamadas.

En otro tramo de la sentencia, el magistrado citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de tribunales provinciales que establecen que ningún tributo puede ser exigido si la norma que lo crea no fue debidamente publicada en el Boletín Oficial.

Además de rechazar la ejecución fiscal, la Justicia impuso las costas del proceso a la Municipalidad de Cerro Azul y reguló honorarios profesionales sobre la base económica total del juicio, fijada en más de $165 millones. Según se desprende de la resolución, el impacto económico derivado del proceso podría superar los $50 millones.

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