Policiales
Policía acusado de apremios era apuntado por armar la causa por el crimen de “Taty”
POSADAS. El exjefe de la comisaría de Puerto Esperanza que fue desplazado por apremios contra un detenido, es el mismo que orientó la investigación por el crimen de Lieni “Taty” Piñeiro, ocurrido en 2012, cuyo esclarecimiento todavía permanece en una nebulosa debido a la deficiente pesquisa policial y judicial.
El comisario, identificado como Rubén García, y tres oficiales fueron removidos al viralizarse un video en el que estos últimos le propinan una golpiza con un cinturón a un detenido, quien aparece sentado y esposado.
El caso dividió a los pobladores de esta pequeña localidad del norte de Misiones, donde rápidamente se organizaron manifestaciones de apoyo a los efectivos involucrados, fundamentado en la inseguridad que reina en la zona y en la individualización de los autores de delitos.
Con el transcurso de los días, y en medio de las opiniones encontradas acerca de la actuación de los policías, habitualmente plagada de excesos, se supo que el exjefe de la comisaría es quien tuvo a su cargo la investigación por el crimen de la joven Piñeiro, el 12 de julio de 2012.
El cuerpo de la víctima, conocida como “Taty”, apareció en un camino vecinal y desde el principio las versiones apuntaron a un crimen perpetrado por “hijos del poder”, aunque la pesquisa se orientó hacia relaciones amorosas y circunstanciales de la joven, miembro de un hogar de bajos recursos.
El proceso fue encabezado por el ex comisario Rubén García, quien dispuso la detención de un muchacho de nombre Hernán Céspedes que apareció muerto en la celda que ocupaba en una comisaría de Puerto Iguazú, adonde había sido trasladado por jurisdicción judicial.
En los días posteriores, los familiares de “Taty” y de Céspedes participaron juntos en marchas públicas para reclamar el esclarecimiento de las dos muertes, poniendo en dudas toda la investigación que había llevado adelante el ahora exjefe de la comisaría de Puerto Esperanza.
El policía, convertido en personaje del pueblo por sus excesos y demostraciones de mandamás con el aval de políticos, fue trasladado ante el rechazo que generaba su presencia por la manipulación de investigaciones, pero retornó después al mismo destino donde ahora, al parecer, será finalmente exonerado de la fuerza.
El docente Carlos Du arte, dijo al canal Misiones Cuatro que “con seguridad el comisario García estaba a cargo de la comisaría de Puerto Esperanza cuando ocurrió lo de Taty. Las acusaciones de la familia eran totales”, en contra de éste por alterar pruebas y forzar declaraciones.
Duarte recordó además que por aquél entonces “hubo procedimientos propios de la dictadura. Comentaban mis alumnos que los llevaban y los presionaban con total impunidad, incluso a menores, con procedimientos que buscaban culpar a alguien”.
El diputado provincial Martín Sereno, del Partido Agrario y Social, dijo en la última sesión de la Legislatura que “en el episodio de tortura conocido públicamente esta semana contra un hombre discapacitado, vimos que se repite el nombre de un comisario que estuvo vinculado con el femicidio de Lieni ‘Taty’ Piñeiro en Puerto Esperanza”.
Los ex policías Alejandro Ramón Arrieta, Iván Ezequiel Arrieta y Horacio Elías Couto, permanecen detenidos en una comisaría posadeña y el jueves serán trasladados a indagatoria ante la Justicia.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, los tres enfrentan cargos por delitos de “lesiones leves calificadas y resistencia a la autoridad”.
La indagatoria se realizará ante el magistrado en turno Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas. En la ocasión, los ex policías podrán declarar o bien abstenerse.
En paralelo a la novedad judicial, el jefe de la Policía de Misiones, el comisario general Sandro Martínez, habló sobre el episodio y brindó otras consideraciones sobre el asunto.
En diálogo con Radio UP, el mandamás de la fuerza provincial confirmó que “hay tres ex policías que continúan detenidos y a disposición del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas”, en tanto que precisó que “la causa es por lesiones calificadas por haber sido cometidas contra un funcionario policial y atentado contra la autoridad”.
Sobre las detenciones, Martínez indicó que “la protesta es un derecho constitucional que está asegurado, pero en este caso no fueron detenidos por la protesta, fueron detenidos porque atentaron contra la autoridad pública”.
“El personal policial los quiso identificar y ellos fueron hostiles, ofrecieron resistencia hacia la autoridad. Tenemos tres policías lesionados. El derecho a protesta está protegido, pueden protestar pero en este caso no tiene nada que ver con la protesta”, reafirmó.
Martínez además dejó en claro que tanto estos tres ex policías como el propio Diego Correa ya no pertenecen a la institución: “Hace rato ya dejaron de ser policías”.
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El reclamo
Los hermanos Arrieta y Couto fueron detenidos ayer a la mañana, frente a la Casa de Gobierno, luego de entregar una nota y encadenarse a una de las ventanas del edificio para reclamar “el mismo arreglo” que obtuvo Correa, el otro ex policía que acampó casi cuatro meses en ese lugar y tres semanas después de levantar la medida se compró una camioneta RAM que disparó señalamientos.
Familiares de los recientemente detenidos cuestionaron el arresto y apuntaron contra el procedimiento, que incluso fue filmado por varios testigos que estaban en la plaza 9 de Julio.
“Luego de entregar la nota llegaron los de Infantería a retirarlos con el jefe de la Unidad Regional y los sacaron súper mal, sin dar tantas respuestas a las preguntas de por qué se los llevaban”, indicaron.
“La única respuesta fue que no van a permitir que nadie más reclame nada frente a Casa de Gobierno y que la orden viene de arriba”, agregaron.
Respecto a los reclamos, añadió: “Nosotros queremos la misma solución que se le dio a Correa y a (Adolfo) Guirula”.
Los hermanos Arrieta, Couto, Correa y Guirula, son cuatro de los ocho ex agentes policiales involucrados en la causa iniciada por intento de sedición y conspiración tras el descubrimiento del chat Solo Cola, donde para la Justicia se orquestaba un plan para desestabilizar a la cúpula de la institución tras las protestas de 2024 que tuvieron lugar sobre la avenida Uruguay, frente al Comando Radioeléctrico I.
En ese mismo expediente se encuentra el ahora diputado provincial Ramón Amarilla y por esa misma causa todos los involucrados permanecieron más de siete meses detenidos en distintas unidades carcelarias de la provincia.
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Ángel Ramón Zalazar (82) compareció este martes ante la Justicia, se abstuvo de declarar y fue formalmente imputado por el asesinato de su ex yerno Alfredo Wiebel (48), empresario y piloto de carreras ultimado de cinco balazos en la mañana del 11 de septiembre en Puerto Iguazú.
La audiencia se realizó esta mañana y para ello el implicado debió ser traslado desde el hospital Samic de la Ciudad de las Cataratas hacia Eldorado, donde lo esperaban para indagatoria en el Juzgado de Instrucción Dos, a cargo del magistrado César Lirussi.
En esa instancia, el hombre decidió guardar silencio y tras ser notificado de los elementos de prueba en su contra fue formalmente imputado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, calificación provisoria que podría modificarse conforme avance la investigación.
Por disposición judicial, Zalazar quedó internado con custodia policial en el hospital Gardés de Eldorado, medida que se mantendrá hasta tanto se resuelva entre un pedido de prisión domiciliaria o un traslado hacia una unidad carcelaria preparada para pacientes de su condición.
Testimoniales y querella
Los instructores de la causa pudieron avanzar con la indagatoria luego de recibir un informe de la junta médica que evaluó a Zalazar, cuyos resultados arrojaron dos conclusiones clave: una es que el hombre comprende la criminalidad de sus actos y la otra es que en su cuadro de salud general no se observan patologías que pongan en riesgo su vida, siempre y cuando continúe recibiendo la asistencia médica.
En paralelo, la causa continuará avanzando con la toma de testimoniales y los primeros en declarar serán los albañiles que ese 11 de septiembre a la mañana observaron la secuencia entera del ataque ocurrido en una obra en construcción ubicada sobre la avenida República Argentina, casi Pancho Ramírez, de Iguazú.
Al expediente, además, ya se incorporó la familia de la víctima en carácter de querellante particular bajo la representación del letrado Walter Quintana, quienes de esta forma podrán participar activamente en el caso.
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Un hombre murió esta mañana en una vereda del barrio Fátima II de Garupá y efectivos policiales investigan en qué circunstancias se produjo el deceso, como así también el origen de las lesiones que presentaba en brazos y piernas.
De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, el fallecido se trataría de un hombre identificado como Alberto Valdés y su cuerpo quedó tendido en inmediaciones a las calles Santa Fe y Paraná.
La intervención policial se dio a las 9.30 de hoy, cuando vecinos reportaron a través del sistema 911 de la presencia de un hombre que caminó varias cuadras trastabillándose hasta que se desvaneció en el lugar y murió.
Los efectivos intervinientes constataron, además, que el hombre presentaba lesiones en brazos y piernas, heridas que ahora intentarán determinar su origen.
En el lugar intervienen la dependencia jurisdiccional y la Policía Científica, mientras se realizan las actuaciones correspondientes para confirmar su identidad y determinar las circunstancias de la muerte.
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