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Panambí: alertan que motociclistas corren picadas y manejan acostados en la ruta 5

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Se viralizó una grabación en la que se observa a jóvenes realizando picadas. Además denuncian que motociclistas manejan acostados en la ruta 5.

Vecinos del lugar mencionaron que están hartos de una problemática que se reitera y pone en riesgo la integridad física de los propios motociclistas y de terceros.

Incluso, para graficar la situación utilizaron el término “manada”, puesto que los motociclistas suelen transitar en grupos y ocupan gran parte del asfalto, lo que afecta el normal tránsito de otros vehículos, informa El Territorio.

Además, reclamaron la necesidad de acentuar los controles sobre la arteria provincial, sobre todo los fines de semana, ocasión en que se acentúa este tipo de prácticas ilegales.

“Corren picadas, hacen piruetas y manejan acostados. No les importan sus vidas ni la de nadie, porque se cruzan y frenan de golpe a alta velocidad. Muchas veces los autos que vienen atrás tienen que maniobrar para no chocar a las motos que están haciendo piruetas raras”, alertaron.

Al respecto, mencionaron que es habitual observar a motociclistas conduciendo literalmente acostados sobre el asiento y el tanque, tal como quedó registrado en el video al que tuvo acceso este diario.

“Para ellos es una hazaña manejar acostados, como que no ven el riesgo que significa. Lo mismo que las picadas. Aparte hay apuestas, toman alcohol y muchas veces molestan a otros conductores. Hace unos días un señor que manejaba una camioneta les tocó bocina, le hicieron frenar y le amenazaron. Es un descontrol”, lamentaron.

El siniestro vial donde fallecieron Lehmann y Rodríguez se registró el pasado lunes 20 de julio, a la altura del kilómetro 4 de la ruta 5, hecho en que se vio implicado un tercer motociclista identificado como César Núñez (22).

El último sujeto sufrió traumatismo de hombro, politraumatismos leves y múltiples excoriaciones, por lo que a las 48 horas fue dado de alta del hospital Samic.

En tanto, el citado hecho puso al descubierto una alarmante estadística: En los últimos tres meses, sobre la ruta 5, jurisdicción de Panambí, fallecieron cuatro personas que viajaban en motos, tres conductores y una acompañante.

Los casos citados se registraron entre los kilómetros 4 y 8, considerado un verdadero “corredor de la muerte” por los habitantes de la zona. Para colmo se trata de un tramo urbanizado, lo que acentúa el riesgo para terceros.

“Se juntan en el Mirador o en el Peñón de Mbororé, y de ahí salen a la ruta. Andan en manadas de hasta 20 motos, la mayoría son muchachos, pero también hay chicas. Algunos andan solos y otros con acompañante. Los fines de semana son un desastre, pero también corren entre semana. Incluso corren de noche. Es una locura”, comentó el propietario de un aserradero de la zona.

Consultados al respecto, desde la Unidad Regional II de Policía reconocieron la problemática y mencionaron que la semana pasada, tras el deceso de Lehmann y Rodríguez, se intensificaron los controles y labraron una veintena de actas de infracción.

De todas formas, pobladores del lugar indicaron que los controles son esporádicos y surgen cada vez que se registra un accidente grave, pero luego la presencia policial se diluye y el problema resurge.

También mencionaron la poca efectividad de los puestos fijos, ya que los motociclistas están comunicados por grupos de WhatsApp y evitan los controles.

Héctor González, director del hospital Samic de Oberá, comentó que luego de la fase más estricta de la cuarentena, donde estaba limitado el tránsito, se registró un importante incremento en los siniestros viales. Además, los accidentes que involucran motocicletas son los más cruentos y de mayores perjuicios para las víctimas.

“Las estadísticas van en aumento y exigen mayores medidas de prevención, porque una vez que se produce el hecho ya es tarde, y más cuando se trata de motos, porque siempre hay lesiones graves, amputados o muertos”, comentó González.

Y remarcó la “importancia de trabajar en red desde diversos organismos del Estado para tratar de bajar los índices de accidentes. Hay que pensar en las secuelas, sobre todo en los accidentes de motos que son la mayoría y generan un perjuicio irreparable para las víctimas y las familias”.

Según datos oficiales del Samic, el año pasado se registró un incremento del 30 por ciento con relación a los hechos del 2018, con un alto predominio de los accidentes de motos, que constituyen el 66 por ciento del total.

En 2019 el hospital de Oberá atendió 1.009 siniestros viales con lesionados (230 más que el año anterior), de los cuales 667 fueron protagonizados por motocicletas y 267 por automóviles.

 

Policiales

Camioneta de Vialidad chocó una moto y el chofer se dio a la fuga en Alem

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Una mujer resultó lesionada tras ser embestida por una camioneta de Vialidad provincial en la mañana de ayer domingo en la intersección de avenida Vélez Sarsfield y calle Los Estudiantes de Leandro N. Alem.

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 11:20, cuando una motocicleta Keller, conducida por Carmelo de Jesús B (64), circulaba por avenida Vélez Sarsfield en dirección al barrio Sagrada Familia, acompañado por Elsa M. (52).

Por causas que son materia de investigación, el rodado colisionó con una camioneta Toyota Hilux, perteneciente a la Dirección Provincial de Vialidad de Misiones, conducida por Mariano Ezequiel M. (23), domiciliado en Alem.

Según los primeros datos policiales, tras el fuerte impacto el conductor de la camioneta se habría dado a la fuga, abandonando el lugar del accidente mientras la mujer permanecía lesionada sobre la cinta asfáltica. Minutos más tarde, el joven regresó al sitio del siniestro.

La mujer debió ser asistida y sus lesiones eran evaluadas por personal médico. En tanto, las autoridades trabajan para determinar las responsabilidades del hecho y establecer cómo ocurrió la colisión que volvió a poner en debate la seguridad vial y el accionar de conductores al volante de vehículos oficiales.

 

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Policiales

Un muerto en el incendio de una casa en Santa Ana

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Una vivienda ardió en llamas esta madrugada en la localidad de Santa Ana y una vez apagado el fuego los bomberos intervinientes encontraron un cadáver entre los escombros, por lo que ahora se inició una investigación para establecer la identidad de la víctima.

De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, el siniestro fue reportado a las 4 de hoy, en un inmueble ubicado en inmediaciones a las calles Timbó y Lapacho.

Una vez en el lugar, los agentes de bomberos iniciaron arduo trabajo para sofocar las llamas, labor que se complicó debido a que las llamas ya habían alcanzado toda la estructura de madera, lo que provocó desprendimientos de vigas, columnas y techos.

El procedimiento se extendió unas horas hasta que pudieron controlar la situación y durante una recorrida por el inmueble se toparon con restos de un cuerpo humano consumido por el fuego.

Los policías locales realizaron averiguaciones con vecinos y obtuvieron como dato que en el lugar residía una mujer, que incluso había sido vista en el lugar poco antes de que se inicie el incendio.

El personal de la División Científica procedió a realizar peritajes en la escena para esclarecer las causales del foco ígneo, mientras que la Justicia ordenó el traslado del cuerpo hacia la morgue judicial para realizar los estudios complementarios correspondientes para identificar a la víctima.

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Judiciales

Revés judicial para Cerro Azul en reclamo de $165 millones a una empresa

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La Justicia provincial rechazó una ejecución fiscal impulsada por la Municipalidad de Cerro Azul contra la empresa MM Bioenergía S.A. por una deuda superior a los $165 millones y cuestionó la legalidad del procedimiento utilizado por la comuna para reclamar tributos.

El fallo fue dictado por el Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Leandro N. Alem, que rechazó la demanda iniciada en junio de 2025 por la municipalidad en concepto de tasas de Seguridad e Higiene, Comercio e Industria correspondientes a distintos períodos entre 2021 y 2025.

La comuna reclamaba un total de $165.044.216,75 y había solicitado además medidas cautelares sobre bienes y fondos de la firma dedicada a la generación de energía renovable.

Sin embargo, tras varios meses de litigio, el magistrado interviniente resolvió desestimar la ejecución fiscal al considerar que la documentación presentada por el municipio no cumplía con los requisitos legales exigidos para avanzar con el cobro judicial.

Uno de los principales puntos observados en la sentencia fue la utilización de la Ordenanza VI N° 25 como fundamento del reclamo tributario. Según el fallo, esa norma fue publicada oficialmente recién el 1 de octubre de 2025, es decir, después de las intimaciones de pago y cuando ya se pretendía exigir el cobro de períodos anteriores.

En la resolución, el juez sostuvo que “la ausencia de publicación impide reconocer eficacia normativa a la ordenanza en cuestión y, por ende, priva de sustento legal exigible al crédito cuya ejecución se pretende”.

El fallo también cuestionó la boleta de deuda emitida por el municipio al señalar que el documento no detallaba con precisión qué conceptos se reclamaban, a qué períodos correspondían ni cuál había sido el mecanismo utilizado para calcular la deuda, incumpliendo requisitos establecidos en el Código Fiscal.

Durante el proceso judicial, MM Bioenergía S.A. argumentó además que su actividad se encuentra regulada bajo jurisdicción federal por tratarse de generación de energía dentro del Mercado Eléctrico Mayorista, en el marco de las leyes nacionales vinculadas a energías renovables. En ese sentido, cuestionó la potestad municipal para aplicar las tasas reclamadas.

En otro tramo de la sentencia, el magistrado citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de tribunales provinciales que establecen que ningún tributo puede ser exigido si la norma que lo crea no fue debidamente publicada en el Boletín Oficial.

Además de rechazar la ejecución fiscal, la Justicia impuso las costas del proceso a la Municipalidad de Cerro Azul y reguló honorarios profesionales sobre la base económica total del juicio, fijada en más de $165 millones. Según se desprende de la resolución, el impacto económico derivado del proceso podría superar los $50 millones.

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