Policiales
Oberá: denuncian al jefe y al personal de la comisaría de Los Helechos
“El jefe de la comisaría de Los Helechos, el subcomisario Carlos Bzowski, me dijo que tiene una Biblia policial que dice que puede entrar a la casa de quien quiera, y no aplaude ni dice buenas tardes. Podemos entrar a la hora que queremos y como queremos”, me dijo.
OBERÁ. Así se manejan en Los Helechos”, reclamó Noelia Parfiniuk, quien afronta una larga puja judicial con personas que intrusaron una chacra de su familia.
La propiedad está ubicada en el Lote 10 Sección XIII de la localidad de Los Helechos, cuyo expediente de sucesión se tramita en el Juzgado Civil y Comercial Uno de Oberá.
Precisamente, el 26 de febrero Parfiniuk se presentó ante la Unidad Regional II para denunciar una serie de hechos en perjuicio de su madre por parte de los intrusos de la chacra.
Al respecto, comentó que “denuncié directamente en la Unidad Regional porque no confío en los policías de Los Helechos, ya que tienen una clara relación con la gente que tomó la chacra, sobre todo con las mujeres que viven ahí”.
De todas formas, el sumario policial está a cargo de la citada comisaría y, transcurridas tres semanas, no habría sido girado al juzgado interviniente, reclamó la denunciante.
“Ante esa demora, que demuestra la preferencia de la Policía local hacia los intrusos, el jueves me acerqué nuevamente a la Unidad Regional para hablar con el jefe, el comisario inspector Juan Kubiszen, circunstancia en la que fui increpada por Bzowski”, aseguró.
En diálogo con El Territorio, Parfiniuk señaló que el citado oficial “me dijo que nos merecemos lo que nos está pasando porque siempre tratamos mal a la Policía, cuando en realidad la Policía de Los Helechos apaña a los intrusos”.
“La loca de las denuncias”
Visiblemente angustiada por la situación que aqueja a su familia, la mujer mencionó que la presunta protección policial hacia los intrusos comenzó hace años, con el consiguiente perjuicio que les acarrea.
Incluso, acusó de mal accionar a otro oficial que actualmente se halla en disponibilidad por una serie de robos y hurtos perpetrados en la zona Centro junto a su esposa, también integrante de la Policía de Misiones, un caso que el año pasado tuvo amplia cobertura en estas páginas.
“No sé qué convenio tienen los policías de Los Helechos con las chicas que hay ahí (en la chacra tomada), pero si tienen una amistad deberían reunirse en otro lado. Porque portan un uniforme no pueden hacer lo que quieren. Aparte, se abusan de una persona enferma y que vive sola, como mi mamá, quien toma cinco medicamentos”, reclamó Parfiniuk.
Además de la intrusión, citó que existen denuncias por amenazas y daño, como ser la quema intencional de plantas de yerba mate.
También indicó que “le tiran piedras a los animales y le hicieron perder un ojo a uno de los perros, y para molestar le desconectan el agua a mi mamá. Es imposible vivir así”.
Según la mujer, los uniformados de Los Helechos la apodaron “la loca de las denuncias”, por lo que no acuden cuando su familia solicita asistencia policial.
“El jefe de la comisaría me dijo que llame al Comando si quiero asistencia policial, como diciendo que nos arreglemos solas. Por eso lo responsabilizo de cualquier cosa que le pueda pasar a mi mamá o a mí”, subrayó.
Grave antecedente
En su edición del pasado 14 de febrero, este matutino dio detalles exclusivos de una denuncia del abogado Juan Szymczak contra el jefe de la comisaría de Los Helechos.
Según el letrado, el 11 del mismo mes asumió la defensa de un joven que reside en la localidad de Panambí y se hallaba detenido en la comisaría de Los Helechos, hacia donde se dirigió para entrevistarse con su cliente, como lo estipula la ley vigente.
Pero al llegar a la citada dependencia el personal de guardia le informó que no podía ver al detenido sin la autorización del jefe, el subcomisario Carlos Bzowski, ante lo cual Szymczak insistió con que se trataba de un acto imprescindible para garantizar el derecho de defensa del imputado.
En consecuencia, minutos más tarde Bzowski se presentó en el lugar y, según la denuncia, se hallaba muy sobresaltado, al extremo que le negó al abogado la posibilidad de charlar con el detenido y hasta lo habría intimidado con su arma de fuego.
“Soy una persona mayor, con más de 40 años de ejercicio de la profesión, siempre educado y respetuoso de las instituciones y de sus funcionarios, y me vi realmente sorprendido y amedrentado por tamaña actitud de un jefe policial, más propia de un desequilibrado que de un funcionario con responsabilidad de guardar el orden público”, remarcó Szymczak.
Ante la gravedad del hecho radicó una denuncia por amenazas ante la fiscal de Instrucción Dos de Oberá, Miriam Estela Silke. Posteriormente, se constituyó como querellante para ampliar su participación en el proceso.
“Apoyó la mano en la pistola”
El abogado Juan Szymczak aseguró que el subcomisario Bzowski le impidió entrevistar a su cliente y se mostró alterado desde un primer momento.
“Lo esperé pacientemente en la guardia, hasta que lo vi entrar muy ofuscado y en forma agresiva me hizo a pasar a su despacho, donde fui víctima de innumerables improperios y me dijo que de ninguna manera me permitiría ver a mi cliente y que allí mandaba él, que era su comisaría”, detalló.
En tanto, aseguró que fue en vano cualquier explicación formal, puesto que el policía no entró en razón.
“Cuando intenté referirle lo que prescribe al respecto el artículo 14 de la Constitución Provincial y que su actitud ponía en riesgo su empleo, se volvió irascible y apoyó su mano derecha en la pistola que portaba, en forma muy amenazante, expulsándome a los gritos de la comisaría y provocando un verdadero escándalo, que inclusive fue advertido por ocasionales transeúntes”, remarcó.
“Estoy muy preocupado por lo que sucedió, lo considero un hecho grave y solicité que el denunciado sea investigado por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y amedrentamiento o amenaza”, agregó Szymczak.
El Territorio
Tras la anulación del fallo que dispuso su absolución por el beneficio de la duda en 2022, el Tribunal Penal Uno de Posadas realizó un nuevo debate oral contra el hijo de una ex funcionaria provincial acusado de abusos sexuales en perjuicio de una hija menor de edad y esta tarde lo condenó a una pena de 12 años de prisión efectiva.
La nueva sentencia fue dictada esta tarde, después de una extensa jornada de alegatos y después de varias audiencias de debate que incluyeron sucesivos cambios de defensa e incluso registró un faltazo del imputado, que luego argumentó haberse internado en una clínica de salud mental pero terminó siendo detenido.
El implicado se trata de J. R. G. -hijo de una ex funcionaria del Iprodha- quien en 2013 fue denunciado por abusos contra una hija de 5 años en ese entonces, causa que en 2022 llegó a debate oral y resultó absuelto por el beneficio de la duda, aunque ese fallo, dictado por los magistrados Viviana Cukla, Ángel Dejesús Cardozo y Juan Manuel Monte (subrogante), fue anulado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) al entender que hubo una errónea valoración de la prueba.
De esta manera, se ordenó la realización de un nuevo proceso oral que arrancó semanas atrás frente a un tribunal integrado por los magistrados Gustavo Bernie, Juan Carlos Sosa y Miguel Mattos, ambos subrogantes.
El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por Vladimir Glinka, en tanto que como querellante particular volvió a participar el letrado Hugo Zapana, quienes hoy coincidieron al solicitar una pena de 16 años de prisión para el implicado.
Al comienzo del debate el imputado contó con la defensa de Eduardo Paredes, Mauricio Vergara y Florencia Romero, aunque uno a uno fueron renunciando, lo que derivó en demoras en la continuidad del proceso.
Finalmente, este martes el imputado -su identidad completa no se revela para no revictimizar a la víctima- contó con el patrocinio del defensor oficial Mario Ramírez y del abogado particular Federico Tilli, quienes insistieron en absolución del imputado o en forma subsidiaria solicitaron una pena de 3 años de prisión en suspenso por abuso simple.
Después de una larga deliberación, los jueces decidieron condenar a Ramos a la pena de 12 años de prisión efectiva como penalmente responsable del delito de “abuso sexual gravemente ultrajante calificado por el vínculo, dos hechos, en concurso real”.
El ahora condenado continuará privado de su libertad en una celda de la comisaría Cuarta de Posadas, hasta tanto el mismo tribunal analice un pedido de prisión domiciliaria solicitada por la defensa. Los fundamentos de la nueva sentencia se conocerán el 26 de marzo.
El STJ anuló sentencia que absolvió a imputado por abuso en Posadas
Una mujer del barrio Itaembé Miní de Posadas denunció que tres hombres abusaron sexualmente de un vecino con discapacidad mental y por el hecho hay dos detenidos, mientras continúa la investigación para esclarecer lo sucedido.
De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, todo comenzó este mismo martes, cuando una mujer se presentó en la Comisaría de la Mujer de la zona y denunció que un hombre de 40 años fue víctima de un presunto ataque sexual perpetrado por otros tres vecinos identificados como Matías, Maxi y Wana.
La denunciante añadió que la víctima presenta un grado de discapacidad mental y se negaba a dialogar sobre lo sucedido.
Recibida la denuncia, los efectivos avanzaron en la investigación del caso y en ese marco demoraron a dos de los sujetos apuntados, quienes ahora quedaron alojados en la Unidad Regional X, a disposición del Juzgado de Instrucción Uno de Posadas.
La víctima, en tanto, fue trasladado esta mañana al Cuerpo Médico Forense, donde iba a ser sometido a los correspondientes exámenes para constatar la veracidad de lo denunciando.
Desde la Policía además añadieron que las labores continúan a fin de ubicar al tercer sujeto denunciado.
Tal como ocurrió el pasado miércoles sobre la calle 25 de Mayo, en el kilómetro 6, con la presencia de al menos 40 menores y ayer sobre el kilómetro 7, en la madrugada de hoy la Policía de Misiones desbarató una nueva fiesta clandestina protagonizada por al menos 50 jóvenes que celebraban el Último Primer Día (UPD) sobre calle Asunción del kilómetro 10.
Un llamado al 911 permitió la intervención de los efectivos de la Comisaría Seccional Tercera de la Unidad Regional III, alrededor de las 3,30 de este martes, en una vivienda particular, donde identificaron a al menos 50 estudiantes secundarios y la presencia de bebidas alcohólicas que habrían sido consumidas por varios de ellos.
En este contexto, el personal policial procedió a despejar las sustancias del inmueble, cuya propietaria de 37 años de edad manifestó que no contaba con habilitación para la realización de eventos ni para el expendio de bebidas alcohólicas.
Asimismo, en el sitio se hallaban algunos padres que acudieron a retirar a sus hijos, quienes en su mayoría manifestaron no ser responsables de la organización del encuentro.
Ante la situación, los efectivos notificaron a la propietaria sobre la normativa vigente, procedieron a identificar a los estudiantes presentes y labraron el acta de procedimiento correspondiente, tras lo cual se dispuso el despeje del lugar.
Antecedentes
El pasado 4 de marzo, una fiesta de similares características, conocida como UPD fue desactivada en un complejo ubicado sobre calle 25 de Mayo, en el kilómetro 6 de esa ciudad.
En el lugar se encontraban cerca de 40 jóvenes, varios vehículos y los uniformados lograron constatar que la actividad se desarrolló sin la correspondiente habilitación.
Ante esta situación, dispusieron la clausura preventiva del predio en el marco de la Ordenanza 137/24, además del despeje total del lugar.
En tanto, este lunes en horas de la madrugada, se registró otro evento en un complejo de Eldorado, donde se realizó un encuentro de estudiantes sin habilitación y con consumo de bebidas alcohólicas por parte de varios menores.
El procedimiento se concretó cerca de las 2:45 en un predio ubicado sobre la calle 25 de Mayo, en el kilómetro 7.
Durante recorridas de prevención, los efectivos detectaron el encuentro irregular y constataron la presencia de aproximadamente 50 estudiantes, quienes celebraban el tradicional evento previo al inicio del último año escolar.
Ante esta situación, el personal policial procedió a notificar a la responsable sobre la vigencia de la Ordenanza 137/24 y labraron el acta correspondiente por la infracción detectada.
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