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Oberá: denuncian al jefe y al personal de la comisaría de Los Helechos

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“El jefe de la comisaría de Los Helechos, el subcomisario Carlos Bzowski, me dijo que tiene una Biblia policial que dice que puede entrar a la casa de quien quiera, y no aplaude ni dice buenas tardes.  Podemos entrar a la hora que queremos y como queremos”, me dijo.

OBERÁ. Así se manejan en Los Helechos”, reclamó Noelia Parfiniuk, quien afronta una larga puja judicial con personas que intrusaron una chacra de su familia.

La propiedad está ubicada en el Lote 10 Sección XIII de la localidad de Los Helechos, cuyo expediente de sucesión se tramita en el Juzgado Civil y Comercial Uno de Oberá.

Precisamente, el 26 de febrero Parfiniuk se presentó ante la Unidad Regional II para denunciar una serie de hechos en perjuicio de su madre por parte de los intrusos de la chacra.

Al respecto, comentó que “denuncié directamente en la Unidad Regional porque no confío en los policías de Los Helechos, ya que tienen una clara relación con la gente que tomó la chacra, sobre todo con las mujeres que viven ahí”.

De todas formas, el sumario policial está a cargo de la citada comisaría y, transcurridas tres semanas, no habría sido girado al juzgado interviniente, reclamó la denunciante.

“Ante esa demora, que demuestra la preferencia de la Policía local hacia los intrusos, el jueves me acerqué nuevamente a la Unidad Regional para hablar con el jefe, el comisario inspector Juan Kubiszen, circunstancia en la que fui increpada por Bzowski”, aseguró.

En diálogo con El Territorio, Parfiniuk señaló que el citado oficial “me dijo que nos merecemos lo que nos está pasando porque siempre tratamos mal a la Policía, cuando en realidad la Policía de Los Helechos apaña a los intrusos”.

“La loca de las denuncias”

Visiblemente angustiada por la situación que aqueja a su familia, la mujer mencionó que la presunta protección policial hacia los intrusos comenzó hace años, con el consiguiente perjuicio que les acarrea.

Incluso, acusó de mal accionar a otro oficial que actualmente se halla en disponibilidad por una serie de robos y hurtos perpetrados en la zona Centro junto a su esposa, también integrante de la Policía de Misiones, un caso que el año pasado tuvo amplia cobertura en estas páginas.

“No sé qué convenio tienen los policías de Los Helechos con las chicas que hay ahí (en la chacra tomada), pero si tienen una amistad deberían reunirse en otro lado. Porque portan un uniforme no pueden hacer lo que quieren. Aparte, se abusan de una persona enferma y que vive sola, como mi mamá, quien toma cinco medicamentos”, reclamó Parfiniuk.

Además de la intrusión, citó que existen denuncias por amenazas y daño, como ser la quema intencional de plantas de yerba mate.
También indicó que “le tiran piedras a los animales y le hicieron perder un ojo a uno de los perros, y para molestar le desconectan el agua a mi mamá. Es imposible vivir así”.

Según la mujer, los uniformados de Los Helechos la apodaron “la loca de las denuncias”, por lo que no acuden cuando su familia solicita asistencia policial.
“El jefe de la comisaría me dijo que llame al Comando si quiero asistencia policial, como diciendo que nos arreglemos solas. Por eso lo responsabilizo de cualquier cosa que le pueda pasar a mi mamá o a mí”, subrayó.

Grave antecedente

En su edición del pasado 14 de febrero, este matutino dio detalles exclusivos de una denuncia del abogado Juan Szymczak contra el jefe de la comisaría de Los Helechos.

Según el letrado, el 11 del mismo mes asumió la defensa de un joven que reside en la localidad de Panambí y se hallaba detenido en la comisaría de Los Helechos, hacia donde se dirigió para entrevistarse con su cliente, como lo estipula la ley vigente.

Pero al llegar a la citada dependencia el personal de guardia le informó que no podía ver al detenido sin la autorización del jefe, el subcomisario Carlos Bzowski, ante lo cual Szymczak insistió con que se trataba de un acto imprescindible para garantizar el derecho de defensa del imputado.

En consecuencia, minutos más tarde Bzowski se presentó en el lugar y, según la denuncia, se hallaba muy sobresaltado, al extremo que le negó al abogado la posibilidad de charlar con el detenido y hasta lo habría intimidado con su arma de fuego.

“Soy una persona mayor, con más de 40 años de ejercicio de la profesión, siempre educado y respetuoso de las instituciones y de sus funcionarios, y me vi realmente sorprendido y amedrentado por tamaña actitud de un jefe policial, más propia de un desequilibrado que de un funcionario con responsabilidad de guardar el orden público”, remarcó Szymczak.

Ante la gravedad del hecho radicó una denuncia por amenazas ante la fiscal de Instrucción Dos de Oberá, Miriam Estela Silke. Posteriormente, se constituyó como querellante para ampliar su participación en el proceso.

“Apoyó la mano en la pistola”

El abogado Juan Szymczak aseguró que el subcomisario Bzowski le impidió entrevistar a su cliente y se mostró alterado desde un primer momento.
“Lo esperé pacientemente en la guardia, hasta que lo vi entrar muy ofuscado y en forma agresiva me hizo a pasar a su despacho, donde fui víctima de innumerables improperios y me dijo que de ninguna manera me permitiría ver a mi cliente y que allí mandaba él, que era su comisaría”, detalló.
En tanto, aseguró que fue en vano cualquier explicación formal, puesto que el policía no entró en razón.

“Cuando intenté referirle lo que prescribe al respecto el artículo 14 de la Constitución Provincial y que su actitud ponía en riesgo su empleo, se volvió irascible y apoyó su mano derecha en la pistola que portaba, en forma muy amenazante, expulsándome a los gritos de la comisaría y provocando un verdadero escándalo, que inclusive fue advertido por ocasionales transeúntes”, remarcó.

“Estoy muy preocupado por lo que sucedió, lo considero un hecho grave y solicité que el denunciado sea investigado por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y amedrentamiento o amenaza”, agregó Szymczak.

El Territorio

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Detuvieron a dos hermanos menores de edad por un homicidio en San Pedro

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homicidio san pedro

La Policía detuvo a los dos adolescentes que estaban bajo la lupa por el asesinato de Facundo Giménez (21), crimen cometido anoche en una chacra de colonia San Lorenzo, en San Pedro.

Los detenidos son los hermanos Josías y David, de 15 y 17 años, quienes habían sido señalados como sospechosos del crimen apenas comenzó la investigación del caso.

Los implicados fueron localizados esta tarde durante una serie de procedimientos ejecutados en inmediaciones a la escena del crimen, en una zona rural ubicada a unos 17 kilómetros de la ruta nacional 14, en dirección a la Biósfera de Yabotí.

Ambos sospechosos quedaron a disposición del Juzgado Correccional y de Menores de Eldorado y en presencia de sus padres fueron trasladados al Cemoas de esa misma ciudad, donde quedarán alojados mientras avanza el expediente judicial.

Según detalló la Policía, en el marco de la causa se incautó una motocicleta 110 que pertenecería a uno de los dos hermanos detenidos y será sometido a pericias en busca de pistas que puedan orientar la investigación.

Mientras tanto, la Justicia aguarda el resultado del examen de autopsia al cuerpo de la víctima y los pesquisas continúan recolectando testimonios para esclarecer el móvil del crimen.

Facundo Giménez tenía 21 años, residía en el paraje Aster, también de San Pedro, y anoche fue ultimado de una puñalada en el tórax.

Buscan a dos sospechosos del crimen de un joven en San Pedro

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Buscan a dos sospechosos del crimen de un joven en San Pedro

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san pedro

Un joven de 21 años fue asesinado a puñaladas el domingo a la noche en colonia San Lorenzo, una zona de difícil acceso ubicada en cercanías a la Biósfera de Yaboti en San Pedro, y por el hecho la Policía busca a dos adolescentes en la mira.

La víctima fue identificada como Facundo Giménez (21), domiciliado en el paraje Aster, también de San Pedro, mientras que los sospechosos serían dos hermanos de 16 y 17 años.

De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, el crimen de Giménez se registró en una zona rural de colonia San Lorenzo, unos 17 kilómetros adentro de la ruta nacional 14.

Allí los agentes policiales dieron con el cuerpo de la víctima, que presentaba una herida punzocortante en la región torácica, a la altura del arco costal derecho. Por las características de la lesión, se estima que fue efectuada con un arma blanca, aunque de igual manera el Juzgado de Instrucción Uno de San Pedro ordenó que se realice un examen de autopsia.

Por los testimonios recolectados, se estima que dos hermanos pudieron haber sido los autores del crimen. Los sospechosos ya están identificados y son intensamente buscados.

Una prueba que vincula a los hermanos al hecho es que en inmediaciones a la escena del crimen los policías encontraron una motocicleta Keller 110 abandonada que habría sido utilizada por al menos uno de los jóvenes apuntados.

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Judiciales

El miércoles juzgarán a cacique mbya acusado de femicidio en San Vicente

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cacique

El Tribunal Penal Uno de Oberá fijó para los días 18 y 19 de junio las audiencias de juicio oral contra el cacique acusado de matar e incinerar los restos de su pareja en la comunidad mbya guaraní Tarumá Poty de San Vicente en plena pandemia, contexto que utilizó como coartada, aunque las pruebas lo llevaron a ser imputado por femicidio, figura bajo la cual puede ser condenado a prisión perpetua.

El crimen de María Solange Diniz Rabela (22) se cometió el 12 de abril de 2020, aunque recién fue descubierto por las autoridades entre la tarde del 16 y la madrugada del día siguiente, y el único acusado del hecho es el cacique Claudio, formalmente identificado como Marcelo Núñez, quien enfrenta cargos por “homicidio agravado por femicidio”.

El debate oral para esclarecer el caso ya había sido programado para agosto de 2024, pero la declaración de una nulidad en el requerimiento de elevación a juicio obligó a retrasar el proceso.

Subsanada esa cuestión, el expediente volvió a ser remitido al TP Uno de Oberá, cuyos autoridades ahora volvieron fijar a fecha para el inicio de las audiencias y los días elegidos para sentar a Nuñez en el banquillo de los acusados son este martes y miércoles.

Según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, son catorce los testigos citados a comparecer ante el tribunal que estará conformado por los magistrados Francisco Aguirre, Horacio Paniagua y Julio Carvallo, este último como subrogante legal.

En representación de la fiscalía estará David Ezequiel Augusto Milicich, mientras que el acusado contará con la defensa del abogado particular Jorge Horacio Zabulanez y también se convocó a un intérprete del idioma guaraní para favorecer la comunicación y garantizar el entendimiento de las partes con el imputado.

Teoría del Covid

Diniz Rabela, que no era originaria y era madre de dos niños producto de una relación anterior, estaba en pareja con el cacique Claudio y hace unos siete meses había decidido mudarse a Tarumá Poty, comunidad ubicada a unos 30 kilómetros del casco urbano de San Vicente y donde residían otros 20 miembros en ese momento.

Hasta allí llegó la Policía el 16 de abril luego de varios pedidos de ayuda por parte de los familiares de la víctima, quienes sabían que la muchacha se encontraba sin vida desde el domingo de Pascuas (12 de abril), pero desconocían en qué circunstancias se produjo el deceso, al tiempo que desconfiaban del cacique por recientes antecedentes de maltrato hacia Diniz Rabela.

A partir de ese momento se inició una investigación que terminó develando una sombría trama detrás de la muerte de la joven.

El crimen ocurrió dentro de la comunidad Tarumá Poty, a unos 30 kilómetros del casco urbano de San Vicente.

El cacique Claudio quedó inmediatamente bajo la lupa y ante las preguntas de los investigadores trazó una curiosa coartada utilizando la pandemia como pretexto. Es que el aseguró que la muchacha falleció por Covid y que por recomendación de los médicos que visitaban la comunidad decidió cremar y sepultar el cuerpo.

“Ella tuvo fiebre y tos, como se escucha en la radio. Hicieron una acusación sobre mí, pero yo jamás le haría mal a la gente de mi aldea. Murió de enfermedad”, se oyó decir al cacique en un audio enviado durante esos días de incertidumbre a un funcionario municipal dedicado a atender cuestiones mbya en la zona, al tiempo que sobre la incineración del cuerpo agregó: “Eso yo hice por orden del médico, él me dijo que habló con el jefe de la Policía y no se podía trasladar el cuerpo a ningún lado”.

Esa misma teoría el cacique Claudio la expandió dentro de la comunidad, aunque varios habitantes del lugar luego declararon y pusieron en jaque la versión del acusado al desmentir que la cremación de los cuerpos sea un procedimiento habitual en sus creencias.

Los médicos y visitantes habituales de la aldea también declararon posteriormente en la causa judicial y negaron haberle dado esas instrucciones al cacique involucrado.

Femicidio

La pesquisa reconstruyó, en tanto, que el femicidio fue cometido ese domingo 12 de abril. Ese día el cacique incineró a su pareja y sepultó sus restos a unos 200 metros de la zona de viviendas.

Con esa información, los pesquisas recorrieron la comunidad, encontraron rastros de tierra removida y dieron con los restos óseos correspondientes a Diniz Rabela.

Los restos óseos carbonizados de la joven fueron hallados a unos 200 metros de su casa.

Según describieron las fuentes en ese momento, el cuerpo estaba totalmente carbonizado, a excepción de una mano que aún presentaba vestigios de piel y otras extremidades superiores que al no ser consumidas por el fuego fueron sepultadas por el cacique.

Debido a la acción del fuego sobre el cadáver, la autopsia no pudo establecer la causal de muerte de la víctima, aunque todos los elementos recogidos hacen presumir que la joven padeció una muerte violenta previo a la incineración de sus restos.

Además, en la vivienda del cacique involucrado los pesquisas encontraron un serrucho y dos mantas con manchas de sangre.

Ante este panorama, Núñez quedó detenido, tiempo después fue procesado con la prisión preventiva y más de cinco años después deberá sentarse en el banquillo de los acusados. En caso de ser hallado culpable, en su contra recaería una pena de prisión perpetua, que prevé 35 años de cárcel de cumplimiento efectivo.

Elevaron a juicio la causa por el femicidio de Diniz Rabela en una aldea mbya

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