Policiales
Oberá: denuncian al jefe y al personal de la comisaría de Los Helechos
“El jefe de la comisaría de Los Helechos, el subcomisario Carlos Bzowski, me dijo que tiene una Biblia policial que dice que puede entrar a la casa de quien quiera, y no aplaude ni dice buenas tardes. Podemos entrar a la hora que queremos y como queremos”, me dijo.
OBERÁ. Así se manejan en Los Helechos”, reclamó Noelia Parfiniuk, quien afronta una larga puja judicial con personas que intrusaron una chacra de su familia.
La propiedad está ubicada en el Lote 10 Sección XIII de la localidad de Los Helechos, cuyo expediente de sucesión se tramita en el Juzgado Civil y Comercial Uno de Oberá.
Precisamente, el 26 de febrero Parfiniuk se presentó ante la Unidad Regional II para denunciar una serie de hechos en perjuicio de su madre por parte de los intrusos de la chacra.
Al respecto, comentó que “denuncié directamente en la Unidad Regional porque no confío en los policías de Los Helechos, ya que tienen una clara relación con la gente que tomó la chacra, sobre todo con las mujeres que viven ahí”.
De todas formas, el sumario policial está a cargo de la citada comisaría y, transcurridas tres semanas, no habría sido girado al juzgado interviniente, reclamó la denunciante.
“Ante esa demora, que demuestra la preferencia de la Policía local hacia los intrusos, el jueves me acerqué nuevamente a la Unidad Regional para hablar con el jefe, el comisario inspector Juan Kubiszen, circunstancia en la que fui increpada por Bzowski”, aseguró.
En diálogo con El Territorio, Parfiniuk señaló que el citado oficial “me dijo que nos merecemos lo que nos está pasando porque siempre tratamos mal a la Policía, cuando en realidad la Policía de Los Helechos apaña a los intrusos”.
“La loca de las denuncias”
Visiblemente angustiada por la situación que aqueja a su familia, la mujer mencionó que la presunta protección policial hacia los intrusos comenzó hace años, con el consiguiente perjuicio que les acarrea.
Incluso, acusó de mal accionar a otro oficial que actualmente se halla en disponibilidad por una serie de robos y hurtos perpetrados en la zona Centro junto a su esposa, también integrante de la Policía de Misiones, un caso que el año pasado tuvo amplia cobertura en estas páginas.
“No sé qué convenio tienen los policías de Los Helechos con las chicas que hay ahí (en la chacra tomada), pero si tienen una amistad deberían reunirse en otro lado. Porque portan un uniforme no pueden hacer lo que quieren. Aparte, se abusan de una persona enferma y que vive sola, como mi mamá, quien toma cinco medicamentos”, reclamó Parfiniuk.
Además de la intrusión, citó que existen denuncias por amenazas y daño, como ser la quema intencional de plantas de yerba mate.
También indicó que “le tiran piedras a los animales y le hicieron perder un ojo a uno de los perros, y para molestar le desconectan el agua a mi mamá. Es imposible vivir así”.
Según la mujer, los uniformados de Los Helechos la apodaron “la loca de las denuncias”, por lo que no acuden cuando su familia solicita asistencia policial.
“El jefe de la comisaría me dijo que llame al Comando si quiero asistencia policial, como diciendo que nos arreglemos solas. Por eso lo responsabilizo de cualquier cosa que le pueda pasar a mi mamá o a mí”, subrayó.
Grave antecedente
En su edición del pasado 14 de febrero, este matutino dio detalles exclusivos de una denuncia del abogado Juan Szymczak contra el jefe de la comisaría de Los Helechos.
Según el letrado, el 11 del mismo mes asumió la defensa de un joven que reside en la localidad de Panambí y se hallaba detenido en la comisaría de Los Helechos, hacia donde se dirigió para entrevistarse con su cliente, como lo estipula la ley vigente.
Pero al llegar a la citada dependencia el personal de guardia le informó que no podía ver al detenido sin la autorización del jefe, el subcomisario Carlos Bzowski, ante lo cual Szymczak insistió con que se trataba de un acto imprescindible para garantizar el derecho de defensa del imputado.
En consecuencia, minutos más tarde Bzowski se presentó en el lugar y, según la denuncia, se hallaba muy sobresaltado, al extremo que le negó al abogado la posibilidad de charlar con el detenido y hasta lo habría intimidado con su arma de fuego.
“Soy una persona mayor, con más de 40 años de ejercicio de la profesión, siempre educado y respetuoso de las instituciones y de sus funcionarios, y me vi realmente sorprendido y amedrentado por tamaña actitud de un jefe policial, más propia de un desequilibrado que de un funcionario con responsabilidad de guardar el orden público”, remarcó Szymczak.
Ante la gravedad del hecho radicó una denuncia por amenazas ante la fiscal de Instrucción Dos de Oberá, Miriam Estela Silke. Posteriormente, se constituyó como querellante para ampliar su participación en el proceso.
“Apoyó la mano en la pistola”
El abogado Juan Szymczak aseguró que el subcomisario Bzowski le impidió entrevistar a su cliente y se mostró alterado desde un primer momento.
“Lo esperé pacientemente en la guardia, hasta que lo vi entrar muy ofuscado y en forma agresiva me hizo a pasar a su despacho, donde fui víctima de innumerables improperios y me dijo que de ninguna manera me permitiría ver a mi cliente y que allí mandaba él, que era su comisaría”, detalló.
En tanto, aseguró que fue en vano cualquier explicación formal, puesto que el policía no entró en razón.
“Cuando intenté referirle lo que prescribe al respecto el artículo 14 de la Constitución Provincial y que su actitud ponía en riesgo su empleo, se volvió irascible y apoyó su mano derecha en la pistola que portaba, en forma muy amenazante, expulsándome a los gritos de la comisaría y provocando un verdadero escándalo, que inclusive fue advertido por ocasionales transeúntes”, remarcó.
“Estoy muy preocupado por lo que sucedió, lo considero un hecho grave y solicité que el denunciado sea investigado por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y amedrentamiento o amenaza”, agregó Szymczak.
El Territorio
El gobernador Hugo Passalacqua elevó la propuesta del fiscal Andrés Poujade para ocupar un lugar en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones, en el marco del proceso institucional para cubrir una vacante en el máximo órgano judicial de la provincia.
De acuerdo a lo comunicado, la postulación resalta el perfil académico y la trayectoria judicial de Poujade, actual fiscal de Cámara en lo Penal y de Menores de Misiones, cargo al que accedió en 2013 mediante concurso público y posterior acuerdo legislativo.
Nacido en Posadas, Poujade es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con estudios de posgrado en el país y en el exterior. Entre sus antecedentes académicos figura una maestría en Derecho Francés y Europeo de Negocios y Nuevas Tecnologías cursada en Francia.
También destaca su participación en instancias de formación vinculadas al derecho penal, derechos humanos, políticas públicas y gestión judicial, además de su paso por la docencia universitaria.
En el ámbito institucional, además de desempeñarse como fiscal de Cámara, Poujade integra como vocal titular el Tribunal Electoral de Misiones.
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la propuesta apunta a fortalecer el Poder Judicial con perfiles que combinen experiencia, formación y trayectoria dentro del sistema judicial misionero.
La nominación deberá seguir ahora el procedimiento institucional correspondiente para su tratamiento legislativo y su designación cubriría la vacante que dejó Ramona Velázquez, tras su renuncia por jubilación el año pasado.
Una investigación de la Justicia Federal de San Martín (Buenos Aires) por el tráfico de 18,5 kilogramos de pastillas de éxtasis valuadas en $650 millones tiene a Misiones como uno de los puntos centrales de la maniobra, con al menos tres personas oriundas de la provincia involucradas y una hipótesis judicial que ubica a la Triple Frontera como nueva vía de ingreso de drogas sintéticas al país.
En la causa se contabilizan dos prófugos y uno de ellos es Dyonathan Leonardo da Silva, de 31 años, oriundo de Oberá e hijo de un pastor, sobre quien pesa un pedido de captura internacional y una recompensa oficial de 5 millones de pesos para quien aporte datos que permitan localizarlo. El otro involucrado que elude a la Justicia es Ernesto Lionel Godoy, con último domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.
Según la investigación, ambos aparecen vinculados a una estructura que habría coordinado el envío de un cargamento de comprimidos de alto poder desde el norte del país hacia Buenos Aires, con presunto origen en Paraguay o Brasil. Los investigadores sostienen que la ruta utilizada muestra un desplazamiento del tráfico de drogas sintéticas hacia corredores vinculados con la Triple Frontera.
El portal porteño Infobae reconstruyó que la causa se originó el 29 de mayo de 2025, cuando personal de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) detectó una encomienda sospechosa durante un control en el kilómetro 240 de la ruta nacional 14, en la provincia de Entre Ríos. El paquete había sido despachado desde Puerto Esperanza y tenía como destino el partido bonaerense de San Martín. Un perro detector marcó la carga y permitió hallar las pastillas ocultas en el interior del envío.
Por ese tramo de la causa quedaron procesados otros dos misioneros, Ruth Engel (26) y su pareja Juan Sandobal, ambos oriundos de Puerto Esperanza. De acuerdo con el expediente, fueron señalados por empleados de la empresa de transporte utilizada para despachar la encomienda y permanecen con prisión preventiva y embargo de 15 millones de pesos cada uno.
El misionero entre los más buscados del país.
El gendarme y la pista
La resolución judicial también menciona la intervención de un gendarme nacido en Misiones, actualmente radicado en San Miguel, provincia de Buenos Aires, quien habría sido convocado para retirar el paquete una vez arribado al conurbano bonaerense. Según declaró, aceptó realizar el traslado a cambio de 50 mil pesos, bajo la explicación de que se trataba de una caja con perfumes.
El efectivo fue detenido en la sucursal donde debía retirar la encomienda, aunque luego obtuvo falta de mérito tras entregar su teléfono celular y aportar información sobre el contacto que lo convocó, identificado por la Justicia como Sandobal.
En paralelo, la pesquisa vincula a Da Silva con el número telefónico usado para recibir el cargamento y con la importación de una máquina para fabricar pastillas adquirida en Hong Kong, elemento que abrió otra línea de investigación sobre una posible estructura de producción o fraccionamiento.
La jueza federal Alicia Vence y el secretario Juan Ignacio Furia sostienen que los movimientos detectados entre Misiones, Paraguay, Brasil y Buenos Aires consolidan una nueva modalidad de tráfico de drogas sintéticas, con la provincia de Misiones como punto de salida dentro del circuito investigado.
Cayó gendarme que fue a retirar 18 kilos de éxtasis enviados desde Misiones
La Prefectura Naval Argentina (PNA) secuestró más de 99 kilos de marihuana durante un operativo realizado en la localidad de San Javier, en un procedimiento que incluyó una persecución y un rastrillaje en zona de monte.
El operativo se desarrolló durante la tarde del jueves en una zona rural, donde efectivos de la fuerza detectaron un vehículo que se dirigía hacia la costa del río Uruguay y, ante esa situación, iniciaron un seguimiento controlado.
Según informaron fuentes oficiales, al advertir la presencia policial, los ocupantes del rodado embistieron el portón de ingreso de una propiedad privada, abandonaron el vehículo y escaparon hacia una zona de monte cercana.
Tras la fuga, se desplegó un operativo de refuerzo con personal de apoyo, testigos y un can detector, realizándose un rastrillaje intensivo en el área, aunque sin resultados positivos en cuanto a la localización de los sospechosos.
Durante la requisa del vehículo abandonado, los uniformados encontraron ocho bultos que contenían 132 panes de sustancia ilícita, con un peso total superior a los 99 kilos.
Además de la droga, se secuestró el vehículo utilizado, un teléfono celular y otros elementos considerados de interés para la investigación.
De acuerdo a la valuación oficial, el cargamento incautado tiene un valor estimado superior a los 356 millones de pesos.
La causa quedó en manos de la Fiscalía Federal de Oberá, que interviene en la investigación para identificar a los involucrados.
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