Policiales
Oberá: denuncian al jefe y al personal de la comisaría de Los Helechos
“El jefe de la comisaría de Los Helechos, el subcomisario Carlos Bzowski, me dijo que tiene una Biblia policial que dice que puede entrar a la casa de quien quiera, y no aplaude ni dice buenas tardes. Podemos entrar a la hora que queremos y como queremos”, me dijo.
OBERÁ. Así se manejan en Los Helechos”, reclamó Noelia Parfiniuk, quien afronta una larga puja judicial con personas que intrusaron una chacra de su familia.
La propiedad está ubicada en el Lote 10 Sección XIII de la localidad de Los Helechos, cuyo expediente de sucesión se tramita en el Juzgado Civil y Comercial Uno de Oberá.
Precisamente, el 26 de febrero Parfiniuk se presentó ante la Unidad Regional II para denunciar una serie de hechos en perjuicio de su madre por parte de los intrusos de la chacra.
Al respecto, comentó que “denuncié directamente en la Unidad Regional porque no confío en los policías de Los Helechos, ya que tienen una clara relación con la gente que tomó la chacra, sobre todo con las mujeres que viven ahí”.
De todas formas, el sumario policial está a cargo de la citada comisaría y, transcurridas tres semanas, no habría sido girado al juzgado interviniente, reclamó la denunciante.
“Ante esa demora, que demuestra la preferencia de la Policía local hacia los intrusos, el jueves me acerqué nuevamente a la Unidad Regional para hablar con el jefe, el comisario inspector Juan Kubiszen, circunstancia en la que fui increpada por Bzowski”, aseguró.
En diálogo con El Territorio, Parfiniuk señaló que el citado oficial “me dijo que nos merecemos lo que nos está pasando porque siempre tratamos mal a la Policía, cuando en realidad la Policía de Los Helechos apaña a los intrusos”.
“La loca de las denuncias”
Visiblemente angustiada por la situación que aqueja a su familia, la mujer mencionó que la presunta protección policial hacia los intrusos comenzó hace años, con el consiguiente perjuicio que les acarrea.
Incluso, acusó de mal accionar a otro oficial que actualmente se halla en disponibilidad por una serie de robos y hurtos perpetrados en la zona Centro junto a su esposa, también integrante de la Policía de Misiones, un caso que el año pasado tuvo amplia cobertura en estas páginas.
“No sé qué convenio tienen los policías de Los Helechos con las chicas que hay ahí (en la chacra tomada), pero si tienen una amistad deberían reunirse en otro lado. Porque portan un uniforme no pueden hacer lo que quieren. Aparte, se abusan de una persona enferma y que vive sola, como mi mamá, quien toma cinco medicamentos”, reclamó Parfiniuk.
Además de la intrusión, citó que existen denuncias por amenazas y daño, como ser la quema intencional de plantas de yerba mate.
También indicó que “le tiran piedras a los animales y le hicieron perder un ojo a uno de los perros, y para molestar le desconectan el agua a mi mamá. Es imposible vivir así”.
Según la mujer, los uniformados de Los Helechos la apodaron “la loca de las denuncias”, por lo que no acuden cuando su familia solicita asistencia policial.
“El jefe de la comisaría me dijo que llame al Comando si quiero asistencia policial, como diciendo que nos arreglemos solas. Por eso lo responsabilizo de cualquier cosa que le pueda pasar a mi mamá o a mí”, subrayó.
Grave antecedente
En su edición del pasado 14 de febrero, este matutino dio detalles exclusivos de una denuncia del abogado Juan Szymczak contra el jefe de la comisaría de Los Helechos.
Según el letrado, el 11 del mismo mes asumió la defensa de un joven que reside en la localidad de Panambí y se hallaba detenido en la comisaría de Los Helechos, hacia donde se dirigió para entrevistarse con su cliente, como lo estipula la ley vigente.
Pero al llegar a la citada dependencia el personal de guardia le informó que no podía ver al detenido sin la autorización del jefe, el subcomisario Carlos Bzowski, ante lo cual Szymczak insistió con que se trataba de un acto imprescindible para garantizar el derecho de defensa del imputado.
En consecuencia, minutos más tarde Bzowski se presentó en el lugar y, según la denuncia, se hallaba muy sobresaltado, al extremo que le negó al abogado la posibilidad de charlar con el detenido y hasta lo habría intimidado con su arma de fuego.
“Soy una persona mayor, con más de 40 años de ejercicio de la profesión, siempre educado y respetuoso de las instituciones y de sus funcionarios, y me vi realmente sorprendido y amedrentado por tamaña actitud de un jefe policial, más propia de un desequilibrado que de un funcionario con responsabilidad de guardar el orden público”, remarcó Szymczak.
Ante la gravedad del hecho radicó una denuncia por amenazas ante la fiscal de Instrucción Dos de Oberá, Miriam Estela Silke. Posteriormente, se constituyó como querellante para ampliar su participación en el proceso.
“Apoyó la mano en la pistola”
El abogado Juan Szymczak aseguró que el subcomisario Bzowski le impidió entrevistar a su cliente y se mostró alterado desde un primer momento.
“Lo esperé pacientemente en la guardia, hasta que lo vi entrar muy ofuscado y en forma agresiva me hizo a pasar a su despacho, donde fui víctima de innumerables improperios y me dijo que de ninguna manera me permitiría ver a mi cliente y que allí mandaba él, que era su comisaría”, detalló.
En tanto, aseguró que fue en vano cualquier explicación formal, puesto que el policía no entró en razón.
“Cuando intenté referirle lo que prescribe al respecto el artículo 14 de la Constitución Provincial y que su actitud ponía en riesgo su empleo, se volvió irascible y apoyó su mano derecha en la pistola que portaba, en forma muy amenazante, expulsándome a los gritos de la comisaría y provocando un verdadero escándalo, que inclusive fue advertido por ocasionales transeúntes”, remarcó.
“Estoy muy preocupado por lo que sucedió, lo considero un hecho grave y solicité que el denunciado sea investigado por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y amedrentamiento o amenaza”, agregó Szymczak.
El Territorio
Un cadáver fue encontrado en el interior de un auto sumergido en la bajada de lanchas de la costanera de Candelaria y efectivos de diversas dependencias y fuerzas de seguridad trabajan en la escena para reunir elementos que permitan esclarecer lo sucedido.
El caso se conoció esta madrugada y desde ese momento hubo uniformados trabajando para proceder a la extracción del vehículo que se hundió en aguas del río Paraná.
Hasta el momento se desconoce la identidad del hombre fallecido, en tanto que se investigan las circunstancias en las que se produjo el hecho.
En el lugar trabaja el personal de la comisaría local, junto con agentes de criminalística y uniformados de la Prefectura Naval Argentina (PNA).
En la madrugada de este martes, un hombre se desplazaba a bordo de una motocicleta Honda XR sobre avenida Chacabuco, casi avenida Ulises López de Posadas cuando, por causas que son materia de investigación, despistó y perdió la vida tras caer con violencia sobre la cinta asfáltica.
La víctima fue identificada como Cristian Leonardo Wasinger, quien se desempeñaba como soldado del Ejército Argentino en Misiones.
Según constató el personal médico policial que acudió al lugar, el hombre sufrió lesiones de extrema gravedad que derivaron en su fallecimiento en el lugar.
El hecho se registró alrededor de las 7 e inmediatamente acudieron efectivos policiales y peritos, quienes realizaron las actuaciones de rigor para establecer la mecánica del hecho.
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Una semana después del informe que releva un esquema de entrega de bebés en Concepción de la Sierra, llegó una amenaza de censura contra La Voz de Misiones. Lo hizo el ex juez penal de Apóstoles José Antonio Reyes, quien ahora se desempeña como abogado defensor particular de una pareja bonaerense que fue condenada por los delitos cometidos en el hecho investigado.
El ex magistrado, que fue destituido por un juicio político realizado en 2007, envío una carta documento a título a personal que llegó este lunes a la mañana a la redacción de La Voz de Misiones, medio que el 5 de enero pasado publicó la nota “Entrega de bebés en Concepción de la Sierra: maniobra, artilugios y condena”.
En dicha publicación, LVM expuso dos casos de entrega de niños recién nacidos que ocurrieron entre 2021 y 2022 en Concepción de la Sierra, donde los diversos autores implicados, tanto la madre biológica, como quienes oficiaron de intermediarios y quienes recibieron a los menores, asumieron sus respectivas responsabilidades en sendos acuerdos de juicio abreviado que se tradujeron en sentencias condenatorias.
Uno de esos involucra a la pareja conformada por el utilero de escenografía Luis Gabriel Ibáñez y a su esposa Lorena Soledad Márquez, quienes residen en San Miguel, provincia de Buenos Aires, pero que en marzo de 2022 vinieron hasta la tierra colorada para llevarse a una niña de cuatro meses con la que convivieron unos pocos meses hasta que el Juzgado Multifuero de Apóstoles descubrió la maniobra y ordenó un operativo de rescate que se concretó exitosamente.
Después de ello, se activó una causa penal que fue dirigida por la magistrada Verónica Skanata, titular del Juzgado Federal de Posadas. El expediente continuó su curso normal, con incorporación de pruebas, toma de indagatorias y exámenes de ADN, hasta que fue enviado a juicio oral, aunque antes de llegar a esa instancia los bonaerenses firmaron un acuerdo de juicio abreviado donde admitieron su culpabilidad con la anuencia de Reyes como abogado defensor.
De esa manera, tanto Ibáñez como Márquez recibieron 3 años de prisión en suspenso por delitos de “alteración del Estado civil y de la Identidad de un menor de diez años y Falsedad ideológica de un instrumento público”, con la diferencia de que a la mujer también se le atribuyó “promoción e intermediación”.
La carta documento de Reyes fue emitida el 9 de enero y llegó hoy a la redacción de LVM.
“Merecen la censura”
Ahora, Reyes, en su carácter de abogado defensor de ambos condenados, pero a título personal y desde su estudio en J.J. Lanusse 136 de Apóstoles, envío una carta documento intimando al medio a eliminar la nota publicada argumentando “calumnias”, atacando la fuente de información y considerando que los datos revelados “merecen la censura”.
“Intimo se abstenga a calumniar a mis defendidos mencionados en el segundo caso publicado en las redes sociales, en clara violación ART. 1° Ley 27.708, que únicamente pudieron ser obtenidos de fuentes judiciales del fuero penal federal y provincial”, invoca Reyes.
En otro párrafo, arguye que “el periodismo viola el ART. 28 CN porque están incurriendo en el delito revelando los datos de los involucrados judicialmente y con ello perjudican el honor, la reputación e integridad de personas concretas”.
“Es indudable que obtuvieron esos datos y los publicaron injustificadamente con un efecto de amplitud y velocidad impredecible que merecen la censura”, remata luego.
Incluso, añade cuestiones que de índole cuasi personal que en ningún momento fueron objeto de la publicación efectuada por este diario. En su escrito Reyes acusa que “el juez y la defensora oficial de Apóstoles inculparon falsamente a sus defensores por instigadores a cometer delito supresión de identidad” y acto seguido se defiende “nunca antes tuvimos contactos con ellos ni la madre de la niña”.
El documento cierra con una intimidación de 72 horas para “retractarse y suprimir de las redes dicha noticia”, con la advertencia de ser “demandados y querellados” en caso contrario.
Información pública
Asesores consultados por LVM calificaron la presentación como “errónea, improcedente y hasta contradictoria”.
Por ejemplo, explicaron que uno de los articulados citados, el ART. 1° Ley 27.708 (Ley Argentina Digital), que tiene por objeto declarar “de interés público el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las Telecomunicaciones, y sus recursos asociados, estableciendo y garantizando la completa neutralidad de las redes”, normativa considerada “no aplicable” para este caso puntual.
Además, yerra severamente Reyes cuando hipotetiza sobre el origen de la información. Es que, más allá de las inobjetables fuentes consultadas por este medio, el fallo que condena a sus defendidos es de público conocimiento en internet, donde el documento está a solo unos click’s de distancia para quien sabe navegar en sitios oficiales de información pública.
Sin ir más lejos, la sentencia condenatoria de 16 páginas emitida por el Tribunal Oral Federal de Posadas contra los defendidos de Reyes se encuentra aún disponible en el Centro de Información Judicial (CIJ), siendo de esta manera información pública, a disposición de cualquier ciudadano.
El fallo que condena a los defendidos de Reyes es público en el Centro de Información Judicial (CIJ) del Poder Judicial de la Nación.
Destituido
Reyes, que ahora ejerce como abogado particular, supo ser un juez marcado por resoluciones polémicas que incluso le valieron un juicio político que derivó en su destitución.
El ex magistrado fue titular del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, pero fue acusado de habilitar un recurso de amparo a favor de la empresa “Touché-Moreno Ocampo y Otros UTE”, que le permitió extraer 3 millones de pesos del banco Macro, supuestamente en concepto de pagos pendientes por el cobro tercerizado de morosos de Rentas.
Esa situación le valió un Jury que culminó en 2007 con su destitución del cargo. Para evitar la expulsión había renunciado, pero la dimisión no le fue aceptada.
El nombre Reyes, además, volvió a ser noticia recientemente cuando se supo que la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) ordenó reabrir la investigación por la muerte del soldado Mauro Ramírez, ocurrida el 26 de junio de 2003 dentro del destacamento de Monte 30 del Ejército Argentino en Apóstoles.
El primero en atender esa causa fue Reyes cuando dirigía el Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, pero en tres meses decidió archivar el expediente al considerar el hecho como suicidio, tesis que aún 20 años después sigue en duda, con fuertes indicios de que en realidad se trató de un caso de violencia institucional.
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