Policiales
Mujer policía mató a un motochorro por la espalda y fue absuelta
La policía Carla Céspedes (24) había sido procesada y llegó a juicio acusada de “homicidio agravado por exceso en el cumplimiento de una función”, pero fue absuelta. Es policía de la Ciudad y fue absuelta en un juicio oral por haber matado a un joven que huía tras haber asaltado junto a un cómplice un supermercado chino en la zona de Parque Centenario, en diciembre de 2016.
La agente, que el lunes fue recibida por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en su despacho, había sido procesada y llegó a juicio acusada de “homicidio agravado por exceso en el cumplimiento de una función”. El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 14, en fallo dividido, la liberó de responsabilidad penal.
“Yo actué bien, no entiendo por qué estoy aquí. Sólo espero que esto se termine para volver a cumplir con mis funciones”, dijo Céspedes al decir sus últimas palabras ante los jueces Miguel Ángel Caminos, Hugo Cataldi y Beatriz Bistué de Soler.
El episodio, que quedó registrado en las cámaras de seguridad del comercio, sucedió el 22 de diciembre de 2016 en el supermercado ubicado en la esquina de las calles Estivao y Ramos Mejía, del barrio de Caballito. Allí irrumpieron dos ladrones, luego identificados como Héctor Walter Corroncini (34) y Ariel Martín Santos (42), y robaron dinero a un proveedor que estaba cobrando por la entrega de mercadería.
Céspedes, quien estaba adentro del supermercado y por entonces se desempeñaba en la Policía Federal, comenzó a perseguir con su arma reglamentaria y a disparar contra los asaltantes cuando se hallaban fueran del comercio.
Corroncini logró escapar pero Santos –que según Télam estaba desarmado- recibió tres balazos cuando intentaba huir en una moto que había dejado en la vereda a pocos metros de la puerta del supermercado.
Según indicó esta mañana el Ministerio de Seguridad de la Nación, uno de los asaltantes, al percatarse de la condición de policía de la mujer, le gritó al otro: “¡Matala, matala a esa hija de puta!”.
“Fue en ese momento que Céspedes utilizó su arma para defenderse y proteger tanto su propia vida como la del resto de las personas que circulaban por allí. Uno de los disparos terminaría por quitarle la vida a uno de los delincuentes, mientras que el otro logró huir para ser detenido en otro operativo unos días después”, añadió.
Durante el debate también fue juzgado Corroncini, quien fue condenado a tres años de prisión en suspenso por el robo. Santos, según pudo corroborar Clarín, había estado detenido al menos seis años por los mismos delitos.
La mujer policía, que se encuentra en situación de disponibilidad, fue absuelta por mayoría al considerarse que actuó en legítima defensa. Para el juez Bistué de Soler, la agente se “excedió”, aunque para el fiscal Fernando Klappenbach hubo una conducta legítima al repeler el robo, pero fuera de la ley cuando mató a Santos.
Los familiares de Santos, que actuaron como querellantes y pidieron que la policía fuera condenada a prisión perpetua, insultaron a la joven cuando se retiraba de la sede del TOC 14, en Lavalle 1171 de esta capital.
“No te importó nada” y “lo mataste como a un perro”, le gritó a Céspedes la madre de Santos, en tanto que amigos de la víctima le exhibían fotografías y le advertían que de esa cara no se olvidarían nunca.
“Estamos muy conformes con las resoluciones judiciales y convencidos que esto sienta las bases para un nuevo paradigma con respecto al accionar policial: aquellos que actúen en el marco de la ley serán defendidos. Desde el primer dia seguimos los casos, porque tenemos el compromiso de cuidar a quienes nos cuidan”, apuntó la funcionaria.
De acuerdo a la cartera conducida por Bullrich, a raíz de la investigación para dar con el paradero del prófugo, en las escuchas telefónicas se obtuvo la información clave que permitió identificar un arma escondida en un domicilio. Ésta contenía la munición modificada, adaptada al tipo de punta hueca (prohibida mundialmente) para generar heridas letales tras el impacto.
Por su parte, el caso que involucró al gendarme Narvay ocurrió de la madrugada del 27 de agosto de 2017, cuando esperaba un colectivo en Rincón de Milberg para dirigirse a tomar servicio. Fue en ese momento que dos delincuentes lo abordaron en la esquina de las calles Callao y Chubut para robarle sus pertenencias, en una escena que quedó filmada por las cámaras de seguridad del municipio de Tigre.
Los ladrones hirieron a Narvay en la pierna derecha con un arma blanca y el gendarme mató a uno de los atacantes con su arma reglamentaria e hirió al cómplice. El agente debió retirarse del lugar mientras intentaba comunicarse con el servicio de emergencias 911 ya que un grupo de personas intentó agredirlo luego de lo sucedido.
Por el hecho, Narvay pasó un año y tres meses preso hasta que, días atrás, el Tribunal Oral N° 5 de San Isidro, compuesto por los jueces Marcela Ramos, Pablo Rolón y Ariel Introzzi Truglia, dispuso su absolución.
VIRAL. BUENOS AIRES. MATÓ A UN MOTOCHORRO Y LA ABSOLVIERON DE TODO CARGO Y CULPA.
VIRAL. BUENOS AIRES. MATÓ A UN MOTOCHORRO POR LA ESPALDA Y LA ABSOLVIERON DE TODO CARGO Y CULPA.Una mujer policía mató a un motochorro que asaltó un súper chino y la absolvieron. “Yo actué bien”, se defendió la agente, de 24 años, quien fue recibida en su despacho por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Publicado por La Voz de Misiones en Martes, 6 de noviembre de 2018
En la antesala al inicio de la sesión extraordinaria a realizarse esta tarde en el Concejo Deliberante de Caraguatay, las oficinas de la dependencia parlamentaria fue objeto de una inspección ocular ordenada por el juzgado que lleva adelante la investigación por la denuncia de abuso sexual que pesa contra el intendente local Mario Peyer.
El procedimiento, que incluye toma de fotografías, labores de planimetría y búsqueda de cámaras de seguridad, fue ordenado por el magistrado Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, como una de las tantas medidas que se viene ejecutando desde el miércoles, entre las que se incluye el allanamiento de la oficina y de la casa intendente denunciado, como así también el secuestro de su teléfono celular y otros dispositivos electrónicos.
La medida tiene por objetivo dejar asentado dimensiones, características y disposición de inmuebles dentro de las oficinas, a fin de contrastar lo relevado con el testimonio brindado por la denunciante, quien en su declaración ante la Justicia expuso que el 4 de septiembre del año el intendente abusó de ella en una oficina del edificio parlamentario municipal.
Culminado el procedimiento, se prevé que el concejo finalmente de inicio a la sesión extraordinaria convocada para hoy para tratar la situación del alcalde Peyer, quien esta misma mañana solicitó licencia en el caso para ponerse a disposición de la Justicia.
FOTO: EL TERRITORIO
Violación, golpes y amenazas: la denuncia contra el intendente de Caraguatay
El intendente de Caraguatay, Mario Darío Peyer, denunciado por abuso sexual en perjuicio de una trabajadora del Concejo Deliberante del mismo municipio, se tomó licencia en el cargo y se puso a disposición de la Justicia, tal como lo había solicitado el miércoles a la noche el gobernador Hugo Passalacqua.
La decisión de Peyer fue comunicada a través de un posteo en su cuenta de Facebook y en el escrito indicó que “en virtud de las denuncias y acusaciones que han tomado estado público en contra de mi persona, comunico a mis vecinos de Caraguatay, y a toda la provincia, que he decidido presentar mi licencia al cargo de intendente”.
En la continuidad de la publicación, el intendente añadió que “me he puesto a entera y absoluta disposición de la Justicia, para colaborar en todo lo que fuese necesario, a fin de que se pueda esclarecer lo más pronto posible la grave y falaz denuncia de la cual he sido objeto”.
En otro párrafo, agregó que “desconozco la motivación o las causas que pueden haber desencadenado semejante acusación, pero manifiesto mi plena confianza en que la Justicia fallará a favor de la verdad, es decir, de mi inocencia. Y mientras atravieso este duro proceso, me rodearé del cariño de mi familia, que me apoya plenamente, y en el afecto de los vecinos de mi querida comunidad”.
La denuncia
La decisión llega 48 horas después de que se hiciera pública la denuncia que el jefe comunal registra en su contra desde el pasado 25 de febrero, cuando una trabajadora del Concejo Deliberante de Caraguatay lo acusó por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.
Sumado a la presentación inicial, ese mismo miércoles la denunciante compareció ante el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, instancia en la que ratificó cada una de sus acusaciones, brindando un detallado relato de los padecimientos que afirma haber sufrido en manos del alcalde que llegó al cargo en 2023.
Ante la Justicia, la joven denunció que primer suceso ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Medidas
Atento a que Peyer goza de inmunidad de arresto por sus fueros como alcalde, el magistrado que dirige la investigación dispuso una serie de medidas preventivas, entre ellas una restricción de acercamiento y contacto hacia la denunciante.
En paralelo, ordenó otras medidas para la recolección de pruebas y en ese marco hubo allanamientos en su oficina en la municipalidad y en su casa. En esos procedimientos ya se incautaron dispositivos electrónicos como celulares y computadoras, elementos que serán sometidos a pericias por parte de los especialistas de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic).
Los investigadores también realizaron un registro fotográfico de la oficina del alcalde y de otras dependencias que pudieran haber sido escena de alguno de los hechos denunciados.
La joven que denunció por abuso sexual al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, se constituyó como querellante particular y a través de su representante legal podrá ser parte activa del proceso judicial, con el impulso de medidas probatorias y responder planteos defensivos.
Los trámites correspondientes fueron completados ayer, en paralelo a la audiencia de ratificación de denuncia, y el requerimiento fue aceptado por el magistrado Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, dependencia judicial que lleva adelante el expediente.
Es Balanda Gómez el que dirige la investigación del caso, mientras que la acción pública es impulsada por Héctor Simón, titular de la Fiscalía de Instrucción Uno de la misma jurisdicción, rol que ahora compartirá con la querella particular que represente los intereses de la denunciante e incluso pueden trabajar juntos, aunando criterios y colaborándose mutuamente en la recolección de pruebas.
Denuncia y ratificación
En su denuncia, la joven, que trabaja en el Concejo Deliberante de Caraguatay, acusó al intendente de ese mismo municipio por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.
La presentación que dio inicio al expediente se radicó el 25 de febrero y fue ratificada ayer, con una ampliación de su declaración ante el magistrado que instruye la causa, quien ya dispuso una serie de medidas preventivas, como una restricción de acercamiento y contacto contra el intendente, y órdenes de allanamiento en busca de elementos de prueba.
Según pudo averiguar La Voz de Misiones, el primer suceso denunciado ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Pedido de licencia
Si bien la presentación inicial se radicó el 25 de febrero, el caso tomó estado público ayer y después de la ratificación de la denuncia efectuada por la joven, el gobernador Hugo Passalacqua le pidió a Peyer que se tome licencie en el cargo y enfrente a la Justicia.
“Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera ordenada y transparente”, comunicó el gobernador en su cuenta de X.
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