Policiales
Mujer policía mató a un motochorro por la espalda y fue absuelta
La policía Carla Céspedes (24) había sido procesada y llegó a juicio acusada de “homicidio agravado por exceso en el cumplimiento de una función”, pero fue absuelta. Es policía de la Ciudad y fue absuelta en un juicio oral por haber matado a un joven que huía tras haber asaltado junto a un cómplice un supermercado chino en la zona de Parque Centenario, en diciembre de 2016.
La agente, que el lunes fue recibida por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en su despacho, había sido procesada y llegó a juicio acusada de “homicidio agravado por exceso en el cumplimiento de una función”. El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 14, en fallo dividido, la liberó de responsabilidad penal.
“Yo actué bien, no entiendo por qué estoy aquí. Sólo espero que esto se termine para volver a cumplir con mis funciones”, dijo Céspedes al decir sus últimas palabras ante los jueces Miguel Ángel Caminos, Hugo Cataldi y Beatriz Bistué de Soler.
El episodio, que quedó registrado en las cámaras de seguridad del comercio, sucedió el 22 de diciembre de 2016 en el supermercado ubicado en la esquina de las calles Estivao y Ramos Mejía, del barrio de Caballito. Allí irrumpieron dos ladrones, luego identificados como Héctor Walter Corroncini (34) y Ariel Martín Santos (42), y robaron dinero a un proveedor que estaba cobrando por la entrega de mercadería.
Céspedes, quien estaba adentro del supermercado y por entonces se desempeñaba en la Policía Federal, comenzó a perseguir con su arma reglamentaria y a disparar contra los asaltantes cuando se hallaban fueran del comercio.
Corroncini logró escapar pero Santos –que según Télam estaba desarmado- recibió tres balazos cuando intentaba huir en una moto que había dejado en la vereda a pocos metros de la puerta del supermercado.
Según indicó esta mañana el Ministerio de Seguridad de la Nación, uno de los asaltantes, al percatarse de la condición de policía de la mujer, le gritó al otro: “¡Matala, matala a esa hija de puta!”.
“Fue en ese momento que Céspedes utilizó su arma para defenderse y proteger tanto su propia vida como la del resto de las personas que circulaban por allí. Uno de los disparos terminaría por quitarle la vida a uno de los delincuentes, mientras que el otro logró huir para ser detenido en otro operativo unos días después”, añadió.
Durante el debate también fue juzgado Corroncini, quien fue condenado a tres años de prisión en suspenso por el robo. Santos, según pudo corroborar Clarín, había estado detenido al menos seis años por los mismos delitos.
La mujer policía, que se encuentra en situación de disponibilidad, fue absuelta por mayoría al considerarse que actuó en legítima defensa. Para el juez Bistué de Soler, la agente se “excedió”, aunque para el fiscal Fernando Klappenbach hubo una conducta legítima al repeler el robo, pero fuera de la ley cuando mató a Santos.
Los familiares de Santos, que actuaron como querellantes y pidieron que la policía fuera condenada a prisión perpetua, insultaron a la joven cuando se retiraba de la sede del TOC 14, en Lavalle 1171 de esta capital.
“No te importó nada” y “lo mataste como a un perro”, le gritó a Céspedes la madre de Santos, en tanto que amigos de la víctima le exhibían fotografías y le advertían que de esa cara no se olvidarían nunca.
“Estamos muy conformes con las resoluciones judiciales y convencidos que esto sienta las bases para un nuevo paradigma con respecto al accionar policial: aquellos que actúen en el marco de la ley serán defendidos. Desde el primer dia seguimos los casos, porque tenemos el compromiso de cuidar a quienes nos cuidan”, apuntó la funcionaria.
De acuerdo a la cartera conducida por Bullrich, a raíz de la investigación para dar con el paradero del prófugo, en las escuchas telefónicas se obtuvo la información clave que permitió identificar un arma escondida en un domicilio. Ésta contenía la munición modificada, adaptada al tipo de punta hueca (prohibida mundialmente) para generar heridas letales tras el impacto.
Por su parte, el caso que involucró al gendarme Narvay ocurrió de la madrugada del 27 de agosto de 2017, cuando esperaba un colectivo en Rincón de Milberg para dirigirse a tomar servicio. Fue en ese momento que dos delincuentes lo abordaron en la esquina de las calles Callao y Chubut para robarle sus pertenencias, en una escena que quedó filmada por las cámaras de seguridad del municipio de Tigre.
Los ladrones hirieron a Narvay en la pierna derecha con un arma blanca y el gendarme mató a uno de los atacantes con su arma reglamentaria e hirió al cómplice. El agente debió retirarse del lugar mientras intentaba comunicarse con el servicio de emergencias 911 ya que un grupo de personas intentó agredirlo luego de lo sucedido.
Por el hecho, Narvay pasó un año y tres meses preso hasta que, días atrás, el Tribunal Oral N° 5 de San Isidro, compuesto por los jueces Marcela Ramos, Pablo Rolón y Ariel Introzzi Truglia, dispuso su absolución.
VIRAL. BUENOS AIRES. MATÓ A UN MOTOCHORRO Y LA ABSOLVIERON DE TODO CARGO Y CULPA.
VIRAL. BUENOS AIRES. MATÓ A UN MOTOCHORRO POR LA ESPALDA Y LA ABSOLVIERON DE TODO CARGO Y CULPA.Una mujer policía mató a un motochorro que asaltó un súper chino y la absolvieron. “Yo actué bien”, se defendió la agente, de 24 años, quien fue recibida en su despacho por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Publicado por La Voz de Misiones en Martes, 6 de noviembre de 2018
Un joven de 25 años falleció anoche tras permanecer diez días internado en estado crítico como consecuencia de la puñalada que recibió durante un ataque registrado en la localidad de Alba Posse.
La víctima se trata de Mario Dornelles (25), cuyo deceso se confirmó anoche en el hospital Samic de Oberá, donde estaba internado desde el 16 de noviembre, cuando fue blanco de un grave ataque por parte de otros tres jóvenes que ahora serán investigados por homicidio.
De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, el hecho ocurrió en el paraje San Francisco de Asís, en Alba Posse, donde Dornelles caminaba junto a otro muchacho a la vera de la ruta provincial 8 y fueron emboscados por tres sujetos.
En esa instancia, ambos jóvenes fueron agredidos y Dornelles recibió una puñalada en la zona del tórax que derivó en su internación en estado crítico.
Tras el ataque, la Policía montó un operativo cerrojo y rastrillajes en zona de monte del paraje Libertad, donde horas más tarde detuvieron a los tres sospechosos: Josías D. S. (28), Elías D. S. (19) y Walter Nahuel E. (23).
En ese procedimiento también se secuestraron una motocicleta Corven Mirage 110, un casco y un machete que habría sido utilizado en la agresión.
Con la confirmación del fallecimiento de Dornelles, se dio aviso al juez interviniente, quien dispuso la autopsia en la Morgue Judicial de Posadas para determinar la causa precisa de la muerte, mientras que los tres detenidos continúan a disposición de la Justicia.
Para la Justicia misionera, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez cometieron delitos durante el acampe que interrumpió el tránsito sobre lo avenida Uruguay a mediados del año pasado durante una protesta multisectorial en reclamo de mejoras salariales.
Así lo determinó esta tarde la jueza Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, quien como presidenta del tribunal unipersonal encargado de llevar adelante el juicio oral decidió condenar a ambos trabajadores de la educación como coautores de los delitos de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación con la cual llegaron a esta instancia.
Las penas impartidas fueron 10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses de prisión en suspenso para Sánchez, quienes además deberán realizar 8 horas mensuales de tareas comunitarias dando clases en comedores infantiles.
Los fundamentos del fallo serán comunicados el 1 de diciembre, jornada para la cual el colectivo de docentes y trabajadores de la educación unidos en acompañamiento a los ahora condenados anunció un paro con posible movilización hacia el Palacio de Justicia, donde esta mañana volvieron a montar una vigilia y luego reclamaron que el veredicto busca “criminalizar la protesta”.
La defensa de los docentes, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, junto a Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, adelantó que una vez conocido los argumentos apelarán el fallo y de ser necesario insistirán hasta llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
La fiscal María Laura Álvarez fue la primera en alegar y solicitó condenas para los imputados.
“No hay derecho absoluto”
El fallo se ajustó casi en su totalidad con el planteo efectuado previamente por la fiscal María Laura Álvarez, que al momento de su alegato consideró que ambos docentes habían cometido los delitos imputados en el marco de la protesta realizada el año pasado y, por ende, pidió 1 año de prisión en suspenso para Gurina y 10 meses en suspenso para Sánchez.
Álvarez argumentó que el mayor pedido contra Gurina fue porque ella “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe instalado sobre la avenida Uruguay, casi Trincheras de San José, una cuadra antes del campamento similar montado por agentes policiales frente al Comando Radioeléctrico Uno.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por unos 80 comerciantes de la avenida Uruguay, tomando como ejemplo a Gustavo Cardozo, dueño de Vicar Muebles, que como testigo declaró que sus ventas bajaron un 40% durante los días que duró la protesta.
Consideró, además, que ambos docentes incumplieron en forma “dolosa” con la orden de despeje de la calle emitida por el juez Ricardo Balor y para ello se apoyó en las declaraciones de varios agentes policiales que hoy comparecieron como testigos, entre ellos Mariela Acosta, mediadora de la fuerza provincial.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez que anoche además presentó un escrito solicitando que la audiencia de hoy se restrinja al público.
En sus argumentos, expuso que el martes se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
La defensa se opuso y la jueza Leiva también, que aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento. Lo que no hubo fue transmisión oficial en vivo, como suele en la mayoría de los debates orales, salvo excepciones como casos de abuso sexual donde prevalece el derecho a la intimidad de la víctima.
Sánchez reinvidicó el derecho a protesta al dar sus últimas palabras, poco después de sufrir un cuadro de presión alta.
“Fue un hecho público y multitudinario”
En defensa de los imputados alegaron los tres letrados del equipo técnico legal, siendo Paredes y Rivas los principales oradores.
En primer término, Paredes realizó un repaso de las luchas sociales y conquistas de derechos obtenidas en el marco de protestas en las calles. A nivel nacional mencionó la protesta del campo contra la resolución 125 que lideró Alfredo De Angeli -hoy senador nacional- y en materia provincial recordó el tractorazo que derivó en la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).
“Hubo tractores sobre la plaza, se cortó el tránsito, los empleados apenas podían ingresar a la casa de gobierno. Aún así, el gobierno reconoció que eran derechos constitucionales y no tomó ninguna medida. Así salió el Inym y el gobierno provincial nunca impulsó un proceso”, ejemplificó.
Rivas, por su parte, consideró que la causa carecía de pruebas para dar por acreditada las acusaciones. “Fue un hecho público y multitudinario. No hay pruebas de que ambos hayan ‘liderado’ la protesta. Esto era, además, multisectorial. Es imposible endilgarle un ‘poder de dirección’ en los hechos”, apuntó.
También cuestionó que “los daños económicos en los comerciantes son presumido, no está acreditado” y aseveró que “la salida acá es entender que este conflicto ya se resolvió en sede administrativa”.
En consecuencia, la defensa pidió la absolución de los acusados o, en forma subsidiaria, la aplicación del estado de necesidad justificante o del estado de necesidad disculpante.
Los planteos defensivos no prosperaron. Tras más de dos horas de deliberación, la magistrada Leiva regresó a la sala con el veredicto y por secretaría se leyó la condena para ambos docentes.
La sentencia de la jueza Marcela Leiva fue impartida poco después de las 14.
Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
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