Policiales
Mujer policía mató a un motochorro por la espalda y fue absuelta
La policía Carla Céspedes (24) había sido procesada y llegó a juicio acusada de “homicidio agravado por exceso en el cumplimiento de una función”, pero fue absuelta. Es policía de la Ciudad y fue absuelta en un juicio oral por haber matado a un joven que huía tras haber asaltado junto a un cómplice un supermercado chino en la zona de Parque Centenario, en diciembre de 2016.
La agente, que el lunes fue recibida por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en su despacho, había sido procesada y llegó a juicio acusada de “homicidio agravado por exceso en el cumplimiento de una función”. El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 14, en fallo dividido, la liberó de responsabilidad penal.
“Yo actué bien, no entiendo por qué estoy aquí. Sólo espero que esto se termine para volver a cumplir con mis funciones”, dijo Céspedes al decir sus últimas palabras ante los jueces Miguel Ángel Caminos, Hugo Cataldi y Beatriz Bistué de Soler.
El episodio, que quedó registrado en las cámaras de seguridad del comercio, sucedió el 22 de diciembre de 2016 en el supermercado ubicado en la esquina de las calles Estivao y Ramos Mejía, del barrio de Caballito. Allí irrumpieron dos ladrones, luego identificados como Héctor Walter Corroncini (34) y Ariel Martín Santos (42), y robaron dinero a un proveedor que estaba cobrando por la entrega de mercadería.
Céspedes, quien estaba adentro del supermercado y por entonces se desempeñaba en la Policía Federal, comenzó a perseguir con su arma reglamentaria y a disparar contra los asaltantes cuando se hallaban fueran del comercio.
Corroncini logró escapar pero Santos –que según Télam estaba desarmado- recibió tres balazos cuando intentaba huir en una moto que había dejado en la vereda a pocos metros de la puerta del supermercado.
Según indicó esta mañana el Ministerio de Seguridad de la Nación, uno de los asaltantes, al percatarse de la condición de policía de la mujer, le gritó al otro: “¡Matala, matala a esa hija de puta!”.
“Fue en ese momento que Céspedes utilizó su arma para defenderse y proteger tanto su propia vida como la del resto de las personas que circulaban por allí. Uno de los disparos terminaría por quitarle la vida a uno de los delincuentes, mientras que el otro logró huir para ser detenido en otro operativo unos días después”, añadió.
Durante el debate también fue juzgado Corroncini, quien fue condenado a tres años de prisión en suspenso por el robo. Santos, según pudo corroborar Clarín, había estado detenido al menos seis años por los mismos delitos.
La mujer policía, que se encuentra en situación de disponibilidad, fue absuelta por mayoría al considerarse que actuó en legítima defensa. Para el juez Bistué de Soler, la agente se “excedió”, aunque para el fiscal Fernando Klappenbach hubo una conducta legítima al repeler el robo, pero fuera de la ley cuando mató a Santos.
Los familiares de Santos, que actuaron como querellantes y pidieron que la policía fuera condenada a prisión perpetua, insultaron a la joven cuando se retiraba de la sede del TOC 14, en Lavalle 1171 de esta capital.
“No te importó nada” y “lo mataste como a un perro”, le gritó a Céspedes la madre de Santos, en tanto que amigos de la víctima le exhibían fotografías y le advertían que de esa cara no se olvidarían nunca.
“Estamos muy conformes con las resoluciones judiciales y convencidos que esto sienta las bases para un nuevo paradigma con respecto al accionar policial: aquellos que actúen en el marco de la ley serán defendidos. Desde el primer dia seguimos los casos, porque tenemos el compromiso de cuidar a quienes nos cuidan”, apuntó la funcionaria.
De acuerdo a la cartera conducida por Bullrich, a raíz de la investigación para dar con el paradero del prófugo, en las escuchas telefónicas se obtuvo la información clave que permitió identificar un arma escondida en un domicilio. Ésta contenía la munición modificada, adaptada al tipo de punta hueca (prohibida mundialmente) para generar heridas letales tras el impacto.
Por su parte, el caso que involucró al gendarme Narvay ocurrió de la madrugada del 27 de agosto de 2017, cuando esperaba un colectivo en Rincón de Milberg para dirigirse a tomar servicio. Fue en ese momento que dos delincuentes lo abordaron en la esquina de las calles Callao y Chubut para robarle sus pertenencias, en una escena que quedó filmada por las cámaras de seguridad del municipio de Tigre.
Los ladrones hirieron a Narvay en la pierna derecha con un arma blanca y el gendarme mató a uno de los atacantes con su arma reglamentaria e hirió al cómplice. El agente debió retirarse del lugar mientras intentaba comunicarse con el servicio de emergencias 911 ya que un grupo de personas intentó agredirlo luego de lo sucedido.
Por el hecho, Narvay pasó un año y tres meses preso hasta que, días atrás, el Tribunal Oral N° 5 de San Isidro, compuesto por los jueces Marcela Ramos, Pablo Rolón y Ariel Introzzi Truglia, dispuso su absolución.
VIRAL. BUENOS AIRES. MATÓ A UN MOTOCHORRO Y LA ABSOLVIERON DE TODO CARGO Y CULPA.
VIRAL. BUENOS AIRES. MATÓ A UN MOTOCHORRO POR LA ESPALDA Y LA ABSOLVIERON DE TODO CARGO Y CULPA.Una mujer policía mató a un motochorro que asaltó un súper chino y la absolvieron. “Yo actué bien”, se defendió la agente, de 24 años, quien fue recibida en su despacho por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Publicado por La Voz de Misiones en Martes, 6 de noviembre de 2018
El avance de la causa por el homicidio de Ivo Rodrigo Torres, el joven indígena de 22 años asesinado durante una persecución de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) en La Quiaca (Jujuy), derivó en el sobreseimiento de dos efectivos misioneros que habían sido imputados en el expediente judicial.
Se trata del subalférez Alexander Gunther, oriundo de Aristóbulo del Valle, y del cabo primero Marcos Leonardo Wisniewski, oriundo de Santa Rita, quienes integraban la patrulla del Escuadrón 21 al momento del hecho ocurrido el 6 de febrero de 2025.
La resolución fue adoptada por la Justicia Federal de Jujuy tras considerar que no existían elementos suficientes para atribuirles participación directa en los disparos que terminaron con la vida del joven motociclista.
La investigación determinó, a partir de pericias balísticas y reconstrucciones técnicas, que los proyectiles mortales provinieron de un único arma reglamentaria, utilizada por el sargento primero Walter Daniel Álvarez, otro integrante del operativo.
En una primera etapa, los dos efectivos misioneros, junto a la cabo Juliana Enciso, habían quedado imputados por homicidio agravado, aunque con el correr de la instrucción fueron desvinculados del hecho principal.
Los sobreseimientos fueron firmados el 27 de febrero y el 4 de marzo pasado, por el juez de Garantías N° 1 de Jujuy Eduardo Hansen.
Ivo Rodrigo Torres fue asesinado de un disparo en la espalda en febrero del año pasado.
Un gendarme a juicio
Con la elevación de la causa, el único acusado que llegará a juicio oral será el sargento primero Álvarez, señalado como autor de los dos disparos efectuados durante la persecución que se extendió por varios kilómetros en inmediaciones de la frontera entre Argentina y Bolivia.
Según la acusación fiscal, uno de los proyectiles impactó por la espalda en Torres y le provocó heridas fatales. Por ese hecho, Álvarez deberá responder por homicidio doblemente agravado, tanto por alevosía como por su condición de integrante de una fuerza de seguridad.
La acusación es impulsada por el fiscal federal Federico Zurueta, mientras que la querella, en representación de la familia de la víctima, sostiene que existió un uso desproporcionado de la fuerza durante el procedimiento.
Dos gendarmes misioneros detenidos por el crimen de un joven indígena en Jujuy
Luego de que se viralizaran imágenes de un hombre, que con la moto en marcha arrastró a un perro en plena vía pública durante varios metros, un operativo policial logró interceptar y capturar al responsable quien quedó a disposición de la justicia.
El hecho fue filmado por un transeúnte generando indignación y repudio en redes sociales, lo que también habría impulsado la rápida respuesta policial luego de que los investigadores iniciaran tareas que permitieron identificar al implicado y montar el operativo que derivó en su captura.
La aprehensión del hombre involucrado, de 69 años de edad, se concretó ayer martes a las 16 sobre la ruta 210, cuando el acusado aún llevaba al animal atado a la motocicleta.
Intervino la comisión policial de la comisaría local, que interceptó al implicado sobre la arteria provincial, mientras circulaba en sentido San Ignacio–Colonia Pastoreo y procedió a su detención.
Tras el rescate, el animal fue examinado por una médica veterinaria, quien constató lesiones compatibles con el arrastre, incluyendo escoriaciones en extremidades y otras afecciones que requerían atención.
Por disposición judicial, se notificó la detención del implicado en el marco de una causa por maltrato animal. En tanto, el perro fue entregado a una asociación protectora para su resguardo y posterior adopción responsable.
Rescate y resguardo del perro afectado
En un operativo realizado en la zona de Puerto Esperanza, efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) secuestraron casi 300 ampollas de fentanilo valuadas en aproximadamente 660 millones de pesos, en el marco de una investigación por presunto tráfico ilícito de estupefacientes proveniente de Paraguay.
El procedimiento fue llevado adelante por personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Puerto Iguazú durante la mañana del domingo, a partir de tareas de inteligencia criminal que advertían sobre un posible envío de droga bajo la modalidad encubierta.
Con intervención de la Justicia Federal, se dispuso un operativo de vigilancia discreta en un sector previamente identificado como punto de entrega, en una zona de frontera señalada por su utilización para maniobras ilegales de cruce.
Durante el despliegue, los efectivos detectaron un bulto negro oculto entre la vegetación. Tras varias horas de observación sin que ninguna persona se presentara a retirarlo, y ante el empeoramiento de las condiciones climáticas, se informó a la autoridad judicial, que ordenó la apertura del paquete.
En el interior se encontró una caja con casi 300 ampollas plásticas que contenían una sustancia líquida. Las pruebas de campo realizadas confirmaron que se trataba de fentanilo, un opioide sintético de alta potencia.
El cargamento fue secuestrado y puesto a disposición del Juzgado y la Fiscalía Federal de Puerto Iguazú, que dispusieron actuaciones por infracción a la Ley 23.737.
La investigación continúa con el objetivo de identificar a los responsables de la maniobra y determinar la organización criminal involucrada en el intento de tráfico internacional de estupefacientes.
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