Policiales
Misiones cerrará el 2021 con menos asesinatos que el año pasado
El año aún no culminó, pero los números indican que Misiones cerrará el 2021 con un balance positivo en materia criminológica, dado que se registraron menos asesinatos que el año pasado y la cifra sería la más baja desde 2018.
El dato surge de una estadística elaborada por La Voz de Misiones, en base al recuento de informes policiales diarios y resoluciones judiciales, que arroja que desde enero hasta hoy se registraron 38 homicidios dolosos en la tierra colorada, frente a los 53 que fueron contabilizados bajo el mismo método de análisis durante todo el 2020.
La diferencia detectada entre ambos períodos anuales se traduce en un descenso del 28,30% en materia de homicidios entre un año y otro. La cifra del 2021, incluso, sería más baja que las registradas tanto en 2019 como en 2018, cuando la misma estadística concluyó que hubo 48 crímenes en cada año.
Si los datos son discriminados por ubicación geográfica, el estudio concluye que Posadas fue la ciudad con mayor cantidad de asesinatos registrados en 2021, con 7 en total. Lo siguen Bernardo de Irigoyen y San Antonio, con 3 casos cada uno.
En la comparación con los datos del 2020, se destaca que Puerto Iguazú bajó de 4 homicidios el año pasado, a 0 casos reportados en 2021.
Respecto a la mecánica de los asesinatos, los datos analizados concluyen que la mayoría de los hechos de sangre fueron perpetrados con armas blancas (18 casos), seguido de armas de fuego (11). Los restantes crímenes fueron cometidos a través del uso de golpes, asfixias e incluso fuego.
En cuanto al móvil o las motivaciones, surge que 16 de los 38 homicidios fueron cometidos en el marco de grescas, y un gran porcentaje de ellas con rondas de tragos de por medio.
Además, hubo al menos 5 hechos cometidos a modos de venganza o ajuste, entre ellos los asesinatos del abogado Juan María López (50) y Rafael Antúnez de Olivera (45), ambos en Bernardo de Irigoyen, en mayo y noviembre, respectivamente.
En ninguno de los dos casos hubo detenidos y la principal sospecha es que ambos crímenes fueron obra de sicarios brasileños, en el marco de ajustes de cuentas ligados al contrabando de vinos en la zona de frontera seca con el vecino país.
Del repaso de asesinatos contabilizados por este medio durante el 2021, también se desprende que 4 de ellos se produjeron durante episodios de robos o de inseguridad.
Por último, se observa que, de los 38 crímenes puestos bajo análisis, hay 4 que permanecen sin detenidos ni sospechosos a la vista, entre los cuales están los dos casos de presuntos ajustes cometidos en Irigoyen.
En este punto, cabe mencionar el caso del tarefero Daniel Amarilla, en El Soberbio, que fue asesinado el 23 de junio y por el hecho se detuvo a cuatro encubridores, pero el principal sospechoso permanece prófugo.
En la mayoría de las investigaciones intervinieron los especialistas de la Dirección Homicidios de la fuerza provincial.
Femicidios también en baja
El análisis del recuento de casos, además, arroja un marcado descenso en el número de femicidios, un flagelo que años anteriores golpeó fuertemente en la provincia.
Actualmente, en Misiones hay un sólo caso que se investiga como femicidio. Se trata de la muerte de Analía Pamela Torres, de 22 años, hallada sin vida el 27 de noviembre en un inquilinato de Oberá.
Por el estado de descomposición en el que se halló el cadáver, los forenses no pudieron determinar fehacientemente la causa de muerte de la joven, aunque los indicios apuntan a que fue asfixiada.
Por los antecedentes de violencia, la familia apuntó a la pareja de la víctima, Alejandro Marques de Bastos, de 21 años, que para ese entonces ya había escapado hacia Brasil, incrementando las sospechas en su contra.
El joven fue detenido una semana después, cerca de la casa de su madre, en Florentino Ameghino, poco después de regresar del vecino país cruzando el río Uruguay en una canoa robada.
Marques de Bastos fue imputado por femicidio y permanece detenido. La investigación sigue su curso en manos del Juzgado de Instrucción Uno de Oberá.
Hasta el momento, el caso Torres es el único hecho de femicidio registrado en Misiones durante el 2021, mientras que el año pasado fueron siete las mujeres asesinadas en situaciones de violencia de género.
En orden cronológico, las víctimas de femicidio del 2020 fueron Sonia Cerpa (40), en Dos Hermanas; Lorena Barreto (32), en Puerto Libertad; María Solange Diniz Rabela (24), en San Vicente; Yésica Tavarez (19), en San Javier; Cintia Lemos (27), en Montecarlo; Patricia Mereles (30), en Puerto Iguazú; y Lucía Sliboda (50), en San Vicente, otra vez.
De esos siete casos, uno ya llegó a juicio y su responsable fue condenado a prisión perpetua. Otras cuatro causas continúan en investigación con los sospechosos detenidos, en tanto que dos de los hechos se trataron de femicidios seguidos de suicidios.
En 2019, en tanto, se registraron cinco casos de femicidio y un femicidio seguido de doble femicidio vinculado.
Las víctimas de ese año fueron María Belén González (17), en Posadas; Fiorela Itatí Aghem (20), en San Vicente; Antonela Rocío Bernhardt (27), de nuevo en Posadas; Estela Fidencia Arapayú (49), en Colonia Oasis; y Vilma Mercado (19), en Puerto Iguazú.
A ellas, hay que sumarle Raquel Pereira (22), en San Pedro, hecho en el cual también fueron asesinados sus hijos Jefferson (8) y Thiago (5).
En todos los casos se detuvo a los presuntos autores, en su mayoría parejas o ex parejas. Algunos expedientes, incluso, llegaron a debate este año y concluyeron con condenas a prisión perpetua, como por ejemplo, Leopoldo Borovski y Leandro Villar, acusados por los femicidios de Aghem y Mercado, respectivamente.
Un joven de 25 años falleció anoche tras permanecer diez días internado en estado crítico como consecuencia de la puñalada que recibió durante un ataque registrado en la localidad de Alba Posse.
La víctima se trata de Mario Dornelles (25), cuyo deceso se confirmó anoche en el hospital Samic de Oberá, donde estaba internado desde el 16 de noviembre, cuando fue blanco de un grave ataque por parte de otros tres jóvenes que ahora serán investigados por homicidio.
De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, el hecho ocurrió en el paraje San Francisco de Asís, en Alba Posse, donde Dornelles caminaba junto a otro muchacho a la vera de la ruta provincial 8 y fueron emboscados por tres sujetos.
En esa instancia, ambos jóvenes fueron agredidos y Dornelles recibió una puñalada en la zona del tórax que derivó en su internación en estado crítico.
Tras el ataque, la Policía montó un operativo cerrojo y rastrillajes en zona de monte del paraje Libertad, donde horas más tarde detuvieron a los tres sospechosos: Josías D. S. (28), Elías D. S. (19) y Walter Nahuel E. (23).
En ese procedimiento también se secuestraron una motocicleta Corven Mirage 110, un casco y un machete que habría sido utilizado en la agresión.
Con la confirmación del fallecimiento de Dornelles, se dio aviso al juez interviniente, quien dispuso la autopsia en la Morgue Judicial de Posadas para determinar la causa precisa de la muerte, mientras que los tres detenidos continúan a disposición de la Justicia.
Para la Justicia misionera, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez cometieron delitos durante el acampe que interrumpió el tránsito sobre lo avenida Uruguay a mediados del año pasado durante una protesta multisectorial en reclamo de mejoras salariales.
Así lo determinó esta tarde la jueza Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, quien como presidenta del tribunal unipersonal encargado de llevar adelante el juicio oral decidió condenar a ambos trabajadores de la educación como coautores de los delitos de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación con la cual llegaron a esta instancia.
Las penas impartidas fueron 10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses de prisión en suspenso para Sánchez, quienes además deberán realizar 8 horas mensuales de tareas comunitarias dando clases en comedores infantiles.
Los fundamentos del fallo serán comunicados el 1 de diciembre, jornada para la cual el colectivo de docentes y trabajadores de la educación unidos en acompañamiento a los ahora condenados anunció un paro con posible movilización hacia el Palacio de Justicia, donde esta mañana volvieron a montar una vigilia y luego reclamaron que el veredicto busca “criminalizar la protesta”.
La defensa de los docentes, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, junto a Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, adelantó que una vez conocido los argumentos apelarán el fallo y de ser necesario insistirán hasta llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
La fiscal María Laura Álvarez fue la primera en alegar y solicitó condenas para los imputados.
“No hay derecho absoluto”
El fallo se ajustó casi en su totalidad con el planteo efectuado previamente por la fiscal María Laura Álvarez, que al momento de su alegato consideró que ambos docentes habían cometido los delitos imputados en el marco de la protesta realizada el año pasado y, por ende, pidió 1 año de prisión en suspenso para Gurina y 10 meses en suspenso para Sánchez.
Álvarez argumentó que el mayor pedido contra Gurina fue porque ella “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe instalado sobre la avenida Uruguay, casi Trincheras de San José, una cuadra antes del campamento similar montado por agentes policiales frente al Comando Radioeléctrico Uno.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por unos 80 comerciantes de la avenida Uruguay, tomando como ejemplo a Gustavo Cardozo, dueño de Vicar Muebles, que como testigo declaró que sus ventas bajaron un 40% durante los días que duró la protesta.
Consideró, además, que ambos docentes incumplieron en forma “dolosa” con la orden de despeje de la calle emitida por el juez Ricardo Balor y para ello se apoyó en las declaraciones de varios agentes policiales que hoy comparecieron como testigos, entre ellos Mariela Acosta, mediadora de la fuerza provincial.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez que anoche además presentó un escrito solicitando que la audiencia de hoy se restrinja al público.
En sus argumentos, expuso que el martes se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
La defensa se opuso y la jueza Leiva también, que aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento. Lo que no hubo fue transmisión oficial en vivo, como suele en la mayoría de los debates orales, salvo excepciones como casos de abuso sexual donde prevalece el derecho a la intimidad de la víctima.
Sánchez reinvidicó el derecho a protesta al dar sus últimas palabras, poco después de sufrir un cuadro de presión alta.
“Fue un hecho público y multitudinario”
En defensa de los imputados alegaron los tres letrados del equipo técnico legal, siendo Paredes y Rivas los principales oradores.
En primer término, Paredes realizó un repaso de las luchas sociales y conquistas de derechos obtenidas en el marco de protestas en las calles. A nivel nacional mencionó la protesta del campo contra la resolución 125 que lideró Alfredo De Angeli -hoy senador nacional- y en materia provincial recordó el tractorazo que derivó en la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).
“Hubo tractores sobre la plaza, se cortó el tránsito, los empleados apenas podían ingresar a la casa de gobierno. Aún así, el gobierno reconoció que eran derechos constitucionales y no tomó ninguna medida. Así salió el Inym y el gobierno provincial nunca impulsó un proceso”, ejemplificó.
Rivas, por su parte, consideró que la causa carecía de pruebas para dar por acreditada las acusaciones. “Fue un hecho público y multitudinario. No hay pruebas de que ambos hayan ‘liderado’ la protesta. Esto era, además, multisectorial. Es imposible endilgarle un ‘poder de dirección’ en los hechos”, apuntó.
También cuestionó que “los daños económicos en los comerciantes son presumido, no está acreditado” y aseveró que “la salida acá es entender que este conflicto ya se resolvió en sede administrativa”.
En consecuencia, la defensa pidió la absolución de los acusados o, en forma subsidiaria, la aplicación del estado de necesidad justificante o del estado de necesidad disculpante.
Los planteos defensivos no prosperaron. Tras más de dos horas de deliberación, la magistrada Leiva regresó a la sala con el veredicto y por secretaría se leyó la condena para ambos docentes.
La sentencia de la jueza Marcela Leiva fue impartida poco después de las 14.
Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
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