Policiales
Misionera y su novia atacadas a golpes en Brasil: “Tenemos miedo de salir”
“Estamos muy dolidas por lo que nos pasó. Queremos justicia”, aseveró Priscila Iglesias (26), la joven oriunda de Bernardo de Irigoyen quien el domingo a la noche fue atacada a golpes por dos hombres mientras se encontraba en un bar del lado brasileño junto a su novia y dos amigos.
En diálogo con La Voz de Misiones, la muchacha narró cómo fueron los hechos que se conocieron tras la viralización de imágenes de cámaras de seguridad que captaron el momento exacto en que los jóvenes son agredidos a golpes, patadas y botellazos.
Iglesias contó que todo ocurrió el domingo, pasada la medianoche, mientras se encontraba junto a su novia brasileña Charla (28) en el bar Estatus Lounge, ubicado en Dionisio Cerqueira.
Todo comenzó pasada la 1:30, cuando la misionera se dirigió a la barra del local nocturno: “Cuando voy a comprar, Charla se queda con mis dos amigos. En eso aparece un chico de blanco y le dice que salgamos de ahí porque le molestaba nuestra presencia, que no querían que estemos ahí”.
Sin presentar objeción alguna, los cuatro decidieron trasladarse a otro espacio, pero 20 minutos más tarde, el mismo hombre que llevaba una remera blanca volvió a acercarse al grupo: “Viene ese chico y no había cómo pasar, entonces le empuja a mi novia. Ella empezó a discutir con él y yo le pedí, a él, que se retirara. En eso agarra una botella y me pega en la cabeza”.
Priscila y Charla resultaron con hematomas y escoriaciones en el cuerpo.
Tal como se puede observar en el video que fue captado por una cámara de seguridad ubicada a las afueras del local, en ese momento, Priscila se dirigió hacia el encargado de seguridad, instancia en la que mostró su herida sangrante en su frente y señaló al sujeto que la había agredido.
“Yo me enojé porque no somos así, no buscamos problemas. Siempre vamos, pagamos entradas, pagamos lo que consumimos, somos clientes habituales. Nos reconocen los dueños, todos nos conocen y de repente nos hacen eso, cuando no somos personas malas, en ningún momento buscamos pelear”, agregó la joven.
En ese momento, tanto la pareja como el agresor y su acompañante salen del boliche junto al encargado de seguridad y se produce un cruce aún mayor, donde se observa cuando Charla y Priscila son arrojadas al suelo y golpeadas con puños y patadas.
La agresión continuó escalando cuando dos hombres que presenciaron el hecho intentaron defender a las víctimas y persiguieron a los agresores.
“Los mismos agresores les dieron un ladrillazo en la cabeza a uno de ellos y golpeó a otro que hoy está internado con traumatismo de cráneo y parálisis facial. Exigimos justicia. Hay cámaras de seguridad que registraron todo. Esto fue un intento de homicidio y no puede quedar impune. Que se sepa, que se actúe, y que no vuelva a pasar”, reclamó, a su vez, Ivana, amiga de Priscila, que también conversó con este medio.
Puntos que recibió uno de los hombres que intentó intervenir y resultó gravemente herido
La denuncia
Tras la primera alerta, los bomberos acudieron al lugar y socorrieron a los hombres que, por su grave estado, debieron ser trasladados al hospital de San Miguel do Oeste, donde permanecen internados, uno de ellos con fractura de cráneo y parálisis del lado izquierdo de la cara, y el otro con fractura de mandíbula y puntos en la cabeza.
Tanto Priscila como Charla resultaron con hematomas y escoriaciones en diversas partes del cuerpo, en tanto que la muchacha brasileña además sufrió pérdida de memoria temporal desde que sufrió la caída.
Pese al estado de shock en el que se encontraban, Priscila decidió hacer la denuncia en la Delegación de Policía Civil de Dionisio Cerqueira, inmediatamente tras el hecho.
Los agresores fueron identificados como Andrei F. y Jonathan C., uno de ellos con varios antecedentes judiciales, según lograron constatar.
Sin embargo, ninguno fue demorado hasta el momento. “Hasta ahora no están detenidos, ni siquiera los demoraron. Están sueltos, como que nada pasó”, lamentó Priscila.
En cuanto a su estado de salud, detalló: “Yo tengo algunos golpes nomás, pero más me golpearon la cabeza, tengo varios chichones que me duelen un montón. Ayer me hice una tomografía y el día 8 van a estar los resultados. Ojalá no sea nada, que no tenga nada, porque a mí no se me va el dolor de cabeza”.
Por lo pronto, las víctimas aguardan los avances de sus abogados y la Justicia: “Queremos justicia, solo que ya sabes cómo es… Brasil y Argentina es casi lo mismo y lastimosamente no queremos dejar así nomás”.
“Obviamente tenemos miedo de salir. Nos vinieron a decir que son personas malas, que tienen problemas con mucha gente, que son peligrosos y me duele un montón. Somos personas siempre tranquilas, buenas, que estamos siempre en la nuestra y ahora tenemos miedo de seguir con nuestra vida por gente que nunca vimos, que no tenemos ni idea quienes son”.
Misionera fue agredida a golpes por dos hombres en Dionisio Cerqueira
El gobernador Hugo Passalacqua dispuso el apartamiento de Carlos Alberto Heppner, quien se desempeñaba como director de Promoción y Protección de Derechos del Adulto Mayor, en el ámbito de la Subsecretaría del Adulto Mayor, luego de que su nombre quedara incorporado en la investigación judicial por una estafa piramidal.
La medida se conoció mientras avanza la causa que investiga un esquema de inversiones denunciado por varios damnificados, en el que se habrían ofrecido retornos económicos elevados a partir de supuestas operaciones comerciales vinculadas a exportaciones e importaciones. Según fuentes consultadas, Heppner aparece mencionado dentro del expediente y habría tenido participación en la operatoria investigada.
De acuerdo con la reconstrucción judicial, la maniobra consistía en captar fondos con promesas de ganancias semanales y mensuales por encima de los valores habituales del mercado. Durante los primeros meses se habrían concretado pagos parciales, pero luego comenzaron los incumplimientos y reclamos por falta de devolución del dinero invertido.
En el marco de la causa, en los últimos días también se realizaron nuevos procedimientos en Posadas, entre ellos un operativo en el barrio Itaembé Guazú donde fueron detenidas dos personas vinculadas al entorno del principal acusado, conocido como Charly. En esos allanamientos se secuestraron tarjetas bancarias y teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes.
La investigación judicial continúa enfocada en el análisis de movimientos financieros y en el circuito de fondos utilizado para canalizar los aportes de los inversores, mientras no se descartan nuevas medidas procesales en los próximos días.
Luego de que Geremías D. S (69) arrastrara a un perro atado a su moto en marcha y sea filmado por un transeúnte, lo que derivó en un operativo policial que capturó al hombre, la agrupación proteccionista “Patas Sucias” formalizó la denuncia enmarcada en la Ley Nacional 14.346, que sanciona el maltrato animal.
En el video, que se viralizó rápidamente en redes sociales, se puede observar que el perro presentaba resistencia mientras el hombre a bordo de la moto avanzaba lentamente para pasarlo de un lado a otro de la ruta 210 de San Ignacio.
El hecho provocó un rápido repudio social y, tras la llegada de efectivos policiales que concretaron la detención del hombre y el resguardo del animal, una mujer de 26 años, integrante de la agrupación proteccionista Patas Sucias, radicó la denuncia correspondiente.
Según consta en la presentación, el acusado identificado como Geremías D. S, “había sido visto mientras arrastraba a un perro atado con una soga a una motocicleta, provocándole sufrimientos innecesarios”.
Por disposición del Juzgado de Paz local, la denuncia fue incorporada al sumario contravencional en curso en el marco de la Ley Nacional 14.346, que sanciona los actos de crueldad hacia los animales.
Puntualmente, esta normativa nacional penaliza el maltrato y la crueldad hacia los animales, considerándolos víctimas y no solo propiedad.
Al mismo tiempo, establece penas de 15 días a un año de prisión para quienes cometan actos de maltrato o crueldad, incluyendo el abandono, la falta de alimento y la tortura.
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El avance de la causa por el homicidio de Ivo Rodrigo Torres, el joven indígena de 22 años asesinado durante una persecución de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) en La Quiaca (Jujuy), derivó en el sobreseimiento de dos efectivos misioneros que habían sido imputados en el expediente judicial.
Se trata del subalférez Alexander Gunther, oriundo de Aristóbulo del Valle, y del cabo primero Marcos Leonardo Wisniewski, oriundo de Santa Rita, quienes integraban la patrulla del Escuadrón 21 al momento del hecho ocurrido el 6 de febrero de 2025.
La resolución fue adoptada por la Justicia Federal de Jujuy tras considerar que no existían elementos suficientes para atribuirles participación directa en los disparos que terminaron con la vida del joven motociclista.
La investigación determinó, a partir de pericias balísticas y reconstrucciones técnicas, que los proyectiles mortales provinieron de un único arma reglamentaria, utilizada por el sargento primero Walter Daniel Álvarez, otro integrante del operativo.
En una primera etapa, los dos efectivos misioneros, junto a la cabo Juliana Enciso, habían quedado imputados por homicidio agravado, aunque con el correr de la instrucción fueron desvinculados del hecho principal.
Los sobreseimientos fueron firmados el 27 de febrero y el 4 de marzo pasado, por el juez de Garantías N° 1 de Jujuy Eduardo Hansen.
Ivo Rodrigo Torres fue asesinado de un disparo en la espalda en febrero del año pasado.
Un gendarme a juicio
Con la elevación de la causa, el único acusado que llegará a juicio oral será el sargento primero Álvarez, señalado como autor de los dos disparos efectuados durante la persecución que se extendió por varios kilómetros en inmediaciones de la frontera entre Argentina y Bolivia.
Según la acusación fiscal, uno de los proyectiles impactó por la espalda en Torres y le provocó heridas fatales. Por ese hecho, Álvarez deberá responder por homicidio doblemente agravado, tanto por alevosía como por su condición de integrante de una fuerza de seguridad.
La acusación es impulsada por el fiscal federal Federico Zurueta, mientras que la querella, en representación de la familia de la víctima, sostiene que existió un uso desproporcionado de la fuerza durante el procedimiento.
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