Policiales
Médica denunció a policía por falsificar certificado con su firma y sello
Una médica posadeña denunció que un policía adulteró un certificado con su nombre, firma y sello para obtener una licencia laboral, aunque teme que sus datos estén siendo utilizados por una organización más grande dedicada a la venta de esta clase de documentos apócrifos.
La profesional damnificada se trata de Mariana Erica Diebel (Matrícula MPM 01278), una médica generalista y familiar que reside en Candelaria, donde trabaja en un consultorio del IPS, pero además recorre salitas de localidades aledañas y cubre guardias nocturnas en un sanatorio posadeño.

Mariana Diebel vive y trabaja mayormente en Candelaria.
En su denuncia, la mujer expuso que se enteró del ardid gracias a una compañera que trabaja en el área de Reconocimiento Médico de la Policía de Misiones, quien la semana pasada advirtió que uno de los certificados que llegó a sus manos llevaba la firma de Diebel, aunque reconoció que ni la letra ni el sello correspondía a su profesional amiga.
“Yo me enteré gracias a una doctora amiga. Encima el certificado fue firmado el 8 de julio y yo en ese entonces no estaba en mi casa, porque había aprovechado el fin de semana largo para viajar. Cuando vi el certificado claramente noté que no era mi letra, que no era mi firma y que además en el sello estaba mal escrito mi segundo nombre”, amplió Diebel en diálogo con La Voz de Misiones.
Apenas enterada de la situación, bajo asesoramiento del abogado Federico Esquivel, la médica radicó la denuncia ante la Comisaría Primera de Posadas.
Según indicaron, el certificado apócrifo fue presentado por un agente que integra las filas de la División Motorizada, aunque no descartan que el uniformado también haya sido víctima de un estafador que lucra con esta clase de documentos adulterados.

El abogado Federico Esquivel asesora a la damnificada.
“Tenemos entendido que la institución ya separó de la fuerza a este agente. Pero tememos que esto forme parte de una red mucho más grande. Con el sello de Diebel hasta el momento dimos con un solo caso, pero conozco muchos otros hechos más similares que se cometieron a nombre de otros profesionales. Esto es un delito de índole federal. Queremos llegar hasta el final y descubrir quienes están detrás de toda esta operación”, detalló el letrado, que también habló con LVM.
“En este caso trucharon todo para pedir una licencia médica por 72 horas, pero quién sabe para qué más están utilizando mis datos. Ese es mi mayor temor. Yo a este policía nunca lo vi, no sé dónde pudieron haber sacado información mía como para truchar todo”, se quejó la denunciante.
Policiales
Camioneta de Vialidad chocó una moto y el chofer se dio a la fuga en Alem
Una mujer resultó lesionada tras ser embestida por una camioneta de Vialidad provincial en la mañana de ayer domingo en la intersección de avenida Vélez Sarsfield y calle Los Estudiantes de Leandro N. Alem.
Según fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 11:20, cuando una motocicleta Keller, conducida por Carmelo de Jesús B (64), circulaba por avenida Vélez Sarsfield en dirección al barrio Sagrada Familia, acompañado por Elsa M. (52).
Por causas que son materia de investigación, el rodado colisionó con una camioneta Toyota Hilux, perteneciente a la Dirección Provincial de Vialidad de Misiones, conducida por Mariano Ezequiel M. (23), domiciliado en Alem.
Según los primeros datos policiales, tras el fuerte impacto el conductor de la camioneta se habría dado a la fuga, abandonando el lugar del accidente mientras la mujer permanecía lesionada sobre la cinta asfáltica. Minutos más tarde, el joven regresó al sitio del siniestro.
La mujer debió ser asistida y sus lesiones eran evaluadas por personal médico. En tanto, las autoridades trabajan para determinar las responsabilidades del hecho y establecer cómo ocurrió la colisión que volvió a poner en debate la seguridad vial y el accionar de conductores al volante de vehículos oficiales.
Policiales
Un muerto en el incendio de una casa en Santa Ana
Una vivienda ardió en llamas esta madrugada en la localidad de Santa Ana y una vez apagado el fuego los bomberos intervinientes encontraron un cadáver entre los escombros, por lo que ahora se inició una investigación para establecer la identidad de la víctima.
De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, el siniestro fue reportado a las 4 de hoy, en un inmueble ubicado en inmediaciones a las calles Timbó y Lapacho.
Una vez en el lugar, los agentes de bomberos iniciaron arduo trabajo para sofocar las llamas, labor que se complicó debido a que las llamas ya habían alcanzado toda la estructura de madera, lo que provocó desprendimientos de vigas, columnas y techos.
El procedimiento se extendió unas horas hasta que pudieron controlar la situación y durante una recorrida por el inmueble se toparon con restos de un cuerpo humano consumido por el fuego.
Los policías locales realizaron averiguaciones con vecinos y obtuvieron como dato que en el lugar residía una mujer, que incluso había sido vista en el lugar poco antes de que se inicie el incendio.
El personal de la División Científica procedió a realizar peritajes en la escena para esclarecer las causales del foco ígneo, mientras que la Justicia ordenó el traslado del cuerpo hacia la morgue judicial para realizar los estudios complementarios correspondientes para identificar a la víctima.
Judiciales
Revés judicial para Cerro Azul en reclamo de $165 millones a una empresa
La Justicia provincial rechazó una ejecución fiscal impulsada por la Municipalidad de Cerro Azul contra la empresa MM Bioenergía S.A. por una deuda superior a los $165 millones y cuestionó la legalidad del procedimiento utilizado por la comuna para reclamar tributos.
El fallo fue dictado por el Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Leandro N. Alem, que rechazó la demanda iniciada en junio de 2025 por la municipalidad en concepto de tasas de Seguridad e Higiene, Comercio e Industria correspondientes a distintos períodos entre 2021 y 2025.
La comuna reclamaba un total de $165.044.216,75 y había solicitado además medidas cautelares sobre bienes y fondos de la firma dedicada a la generación de energía renovable.
Sin embargo, tras varios meses de litigio, el magistrado interviniente resolvió desestimar la ejecución fiscal al considerar que la documentación presentada por el municipio no cumplía con los requisitos legales exigidos para avanzar con el cobro judicial.
Uno de los principales puntos observados en la sentencia fue la utilización de la Ordenanza VI N° 25 como fundamento del reclamo tributario. Según el fallo, esa norma fue publicada oficialmente recién el 1 de octubre de 2025, es decir, después de las intimaciones de pago y cuando ya se pretendía exigir el cobro de períodos anteriores.
En la resolución, el juez sostuvo que “la ausencia de publicación impide reconocer eficacia normativa a la ordenanza en cuestión y, por ende, priva de sustento legal exigible al crédito cuya ejecución se pretende”.
El fallo también cuestionó la boleta de deuda emitida por el municipio al señalar que el documento no detallaba con precisión qué conceptos se reclamaban, a qué períodos correspondían ni cuál había sido el mecanismo utilizado para calcular la deuda, incumpliendo requisitos establecidos en el Código Fiscal.
Durante el proceso judicial, MM Bioenergía S.A. argumentó además que su actividad se encuentra regulada bajo jurisdicción federal por tratarse de generación de energía dentro del Mercado Eléctrico Mayorista, en el marco de las leyes nacionales vinculadas a energías renovables. En ese sentido, cuestionó la potestad municipal para aplicar las tasas reclamadas.
En otro tramo de la sentencia, el magistrado citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de tribunales provinciales que establecen que ningún tributo puede ser exigido si la norma que lo crea no fue debidamente publicada en el Boletín Oficial.
Además de rechazar la ejecución fiscal, la Justicia impuso las costas del proceso a la Municipalidad de Cerro Azul y reguló honorarios profesionales sobre la base económica total del juicio, fijada en más de $165 millones. Según se desprende de la resolución, el impacto económico derivado del proceso podría superar los $50 millones.
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