Policiales
Médica denunció a policía por falsificar certificado con su firma y sello
Una médica posadeña denunció que un policía adulteró un certificado con su nombre, firma y sello para obtener una licencia laboral, aunque teme que sus datos estén siendo utilizados por una organización más grande dedicada a la venta de esta clase de documentos apócrifos.
La profesional damnificada se trata de Mariana Erica Diebel (Matrícula MPM 01278), una médica generalista y familiar que reside en Candelaria, donde trabaja en un consultorio del IPS, pero además recorre salitas de localidades aledañas y cubre guardias nocturnas en un sanatorio posadeño.
Mariana Diebel vive y trabaja mayormente en Candelaria.
En su denuncia, la mujer expuso que se enteró del ardid gracias a una compañera que trabaja en el área de Reconocimiento Médico de la Policía de Misiones, quien la semana pasada advirtió que uno de los certificados que llegó a sus manos llevaba la firma de Diebel, aunque reconoció que ni la letra ni el sello correspondía a su profesional amiga.
“Yo me enteré gracias a una doctora amiga. Encima el certificado fue firmado el 8 de julio y yo en ese entonces no estaba en mi casa, porque había aprovechado el fin de semana largo para viajar. Cuando vi el certificado claramente noté que no era mi letra, que no era mi firma y que además en el sello estaba mal escrito mi segundo nombre”, amplió Diebel en diálogo con La Voz de Misiones.
Apenas enterada de la situación, bajo asesoramiento del abogado Federico Esquivel, la médica radicó la denuncia ante la Comisaría Primera de Posadas.
Según indicaron, el certificado apócrifo fue presentado por un agente que integra las filas de la División Motorizada, aunque no descartan que el uniformado también haya sido víctima de un estafador que lucra con esta clase de documentos adulterados.
El abogado Federico Esquivel asesora a la damnificada.
“Tenemos entendido que la institución ya separó de la fuerza a este agente. Pero tememos que esto forme parte de una red mucho más grande. Con el sello de Diebel hasta el momento dimos con un solo caso, pero conozco muchos otros hechos más similares que se cometieron a nombre de otros profesionales. Esto es un delito de índole federal. Queremos llegar hasta el final y descubrir quienes están detrás de toda esta operación”, detalló el letrado, que también habló con LVM.
“En este caso trucharon todo para pedir una licencia médica por 72 horas, pero quién sabe para qué más están utilizando mis datos. Ese es mi mayor temor. Yo a este policía nunca lo vi, no sé dónde pudieron haber sacado información mía como para truchar todo”, se quejó la denunciante.
El ex convicto detenido por el asesinato a machetazos de su patrón, el productor agrícola Hugo Orlando Von Steiger (75), se abstuvo de declarar y fue imputado por homicidio agravado.
La audiencia de declaración indagatoria se concretó en las últimas horas y fue realizada ante la magistrada Adriana Zajackowski, titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Oberá, pero actualmente a cargo por subrogancia del Juzgado de Instrucción Uno de la misma circunscripción judicial.
Frente a ella compareció Samuel de Almeida (45), ex convicto y peón rural de la víctima, quien decidió guardar silencio y acto seguido fue imputado preliminarmente por “homicidio agravado”.
De esta manera, el sospechoso continuará privado de su libertad y su futuro dependerá de los elementos probatorios que los instructores de la causa logren reunir para esclarecer el hecho.
El crimen de Von Steiger se registró el 9 de enero, cuando su cuerpo fue encontrado a un costado de su camioneta Volkswagen Saveiro sobre un camino vecinal en una zona de plantaciones en el límite entre Oberá y General Alvear.
El hombre presentaba múltiples lesiones de machetazos en miembros inferiores, superiores, tórax y rostro.
De Almeida fue la última persona vista junto a la víctima y después del hecho permaneció prófugo casi un día, hasta que efectivos policiales lo capturaron a unos 25 kilómetros de la escena del crimen.
El sospechoso trabajaba como peón de Von Steiger hace unos tres años. Antes de eso estuvo cuatro años preso por un delito contra la integridad sexual.
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Un hombre de 64 años se descompensó mientras esperaba un colectivo, en la parada ubicada en la intersección de las avenidas Centenario y Monseñor de Andrea de Posadas, y falleció en el lugar.
Según pudo saber este medio, alrededor de las 9 de esta mañana la Policía de Misiones recibió un alerta por una persona identificada como Jorge Ramón Ramírez, que se había descompensado en la vía pública, por lo que se solicitó atención médica.
Al arribar la ambulancia al lugar, el personal de salud constató que el hombre ya no presentaba signos vitales.
En el sitio, donde se encuentra la parada de colectivos, los efectivos de la Policía Científica realizaron los trabajos de rigor y el médico policial en turno diagnosticó que Ramírez sufrió un paro cardiorrespiratorio no traumático.
En tanto, por disposición judicial, el cuerpo fue entregado a sus familiares para su velatorio y posterior inhumación.
El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) se hizo eco del intento de censura contra La Voz de Misiones y mediante un comunicado expresó que “deplora” el accionar del abogado y ex juez penal José Antonio Reyes, autor de una carta documento enviada a este medio.
El caso fue relevado por integrantes del monitoreo de libertad de expresión de Fopea, quienes se interiorizaron en la situación y resolvieron expresar su postura a favor de La Voz de Misiones.
En el mismo comunicado señalaron que “Fopea advierte que pretender impedir o condicionar la publicación de información veraz sobre hechos juzgados constituye un intento de censura, incompatible con los principios constitucionales que protegen la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada”.
“La existencia de resoluciones judiciales refuerza el carácter público de la información difundida y el derecho de los medios a darla a conocer”, consignan después y cierran: “Reafirmamos que la libertad de expresión y el derecho a la información son pilares esenciales del sistema democrático, que deben ser garantizados y protegidos frente a cualquier intento de restricción”.
El intento de censura contra LVM provino de parte del ex juez penal de Apóstoles José Antonio Reyes –destituido en 2007-, quien ahora se desempeña como abogado particular y actuó como defensor de una pareja de bonaerenses condenada por participar de una maniobra de entrega de bebés en Concepción de la Sierra, ardid que fue expuesto por este medio mediante un informe publicado el pasado 5 de enero.
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