Policiales
Médica denunció a policía por falsificar certificado con su firma y sello
Una médica posadeña denunció que un policía adulteró un certificado con su nombre, firma y sello para obtener una licencia laboral, aunque teme que sus datos estén siendo utilizados por una organización más grande dedicada a la venta de esta clase de documentos apócrifos.
La profesional damnificada se trata de Mariana Erica Diebel (Matrícula MPM 01278), una médica generalista y familiar que reside en Candelaria, donde trabaja en un consultorio del IPS, pero además recorre salitas de localidades aledañas y cubre guardias nocturnas en un sanatorio posadeño.

Mariana Diebel vive y trabaja mayormente en Candelaria.
En su denuncia, la mujer expuso que se enteró del ardid gracias a una compañera que trabaja en el área de Reconocimiento Médico de la Policía de Misiones, quien la semana pasada advirtió que uno de los certificados que llegó a sus manos llevaba la firma de Diebel, aunque reconoció que ni la letra ni el sello correspondía a su profesional amiga.
“Yo me enteré gracias a una doctora amiga. Encima el certificado fue firmado el 8 de julio y yo en ese entonces no estaba en mi casa, porque había aprovechado el fin de semana largo para viajar. Cuando vi el certificado claramente noté que no era mi letra, que no era mi firma y que además en el sello estaba mal escrito mi segundo nombre”, amplió Diebel en diálogo con La Voz de Misiones.
Apenas enterada de la situación, bajo asesoramiento del abogado Federico Esquivel, la médica radicó la denuncia ante la Comisaría Primera de Posadas.
Según indicaron, el certificado apócrifo fue presentado por un agente que integra las filas de la División Motorizada, aunque no descartan que el uniformado también haya sido víctima de un estafador que lucra con esta clase de documentos adulterados.

El abogado Federico Esquivel asesora a la damnificada.
“Tenemos entendido que la institución ya separó de la fuerza a este agente. Pero tememos que esto forme parte de una red mucho más grande. Con el sello de Diebel hasta el momento dimos con un solo caso, pero conozco muchos otros hechos más similares que se cometieron a nombre de otros profesionales. Esto es un delito de índole federal. Queremos llegar hasta el final y descubrir quienes están detrás de toda esta operación”, detalló el letrado, que también habló con LVM.
“En este caso trucharon todo para pedir una licencia médica por 72 horas, pero quién sabe para qué más están utilizando mis datos. Ese es mi mayor temor. Yo a este policía nunca lo vi, no sé dónde pudieron haber sacado información mía como para truchar todo”, se quejó la denunciante.
Policiales
Ya son seis los detenidos por el robo a una tienda de celulares en Posadas
La investigación por el millonario robo a una tienda de celulares en el barrio El Palomar de Posadas sumó cuatro nuevos detenidos este lunes y ahora ya son seis los sospechosos puestos a disposición de la Justicia, entre ellos los sindicado “cabecillas” del golpe.
De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, durante la jornada de hoy fueron arrestados Facundo “Homero” P. y Diego “Oveja” B., quienes fueron señalados como los principales integrantes de la banda.
A ellos se sumaron dos mujeres que habrían actuado como “encubridoras” del hecho. Ellas fueron identificadas como Pamela Q. (28) y Agustina L. (21) y, al igual que los dos hombres, fueron detenidas durante allanamientos realizados en inmuebles ubicados en las chacras 120 y 128 de Posadas.
Según detallaron, hasta los nuevos sospechosos se llegó mediante trabajos de geolocalización desarrollados en forma conjunta entre la fuerza provincial y el personal de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (Saic).
Estos cuatro detenidos se suman a los otros jóvenes arrestados horas después del hecho, uno de ellos identificado como Marcos B. (19), cuya captura se concretó en el barrio La Flor.
En paralelo, se aguarda el peritaje para determinar si los 50 teléfonos robados, en su mayoría Iphone, se encuentran entre los 90 aparatos incautados el fin de semana en una “cueva” de objetos sustraídos.
El inmueble ubicado en la chacra 225 fue allanado en la madrugada del sábado y allí fue detenido un joven de 26 años que en el mundillo de hampa es conocido como “reducidor” de objetos robados.
El robo bajo investigación ocurrió en la madrugada del 14 de septiembre, cuando al menos seis delincuentes en moto forzaron el ingreso al local ubicado sobre calles Barrufaldi y Líbano.
Una vez dentro, los malvivientes vaciaron el comercio, llevándose celulares, notebooks, relojes y dinero en efectivo. Todo quedó registrado por cámaras de seguridad que captaron la llegada en moto de los ladrones, como así también todo el accionar desplegado en el interior del local.
Dos detenidos por millonario robo a tienda de celulares en Posadas
Judiciales
Compañeros de Barreto reconstruyeron la fuga y colisión que provocó su muerte
El juicio contra Rodrigo Dias Da Silva (27), imputado por chocar y matar al gendarme Robert David “Chato” Barreto (31) a bordo de una camioneta repleta de cigarrillos de contrabando, continuó esta mañana con la declaración de cuatro camaradas de la víctima, quienes relataron de qué manera sucedieron los hechos durante aquella tarde del 14 de septiembre de 2024 sobre la ruta provincial 103.
Ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, presidido por la magistrada Ruth María Ponce de León e integrado por sus pares Gustavo Cardozo y Enrique Bosch (subrogante), los cuatro testigos citados coincidieron en que el implicado hizo caso omiso al control dispuesto y en medio de la huida arrolló a Barreto, que murió minutos después de su traslado a un centro asistencial.
El primero en declarar fue el sargento primero Eduardo Corro, encargado de la patrulla que aquel día se instaló sobre ruta provincial 103, poco después del acceso al Parque Temático de la Cruz de Santa Ana para efectuar un control preventivo.
El uniformado se apoyó en un croquis para describir de qué manera se instaló en el control. Contó que en total eran cinco efectivos y describió que tenían cinco conos distribuidos sobre el asfalto y que cada uno de ellos contaba con chaleco refractario, además de contar con una camioneta Agrale Marrua de la institución al costado de la arteria.
“El primer cono estaba a 250 metros del puesto de control y el segundo cono estaba a 150 metros. Yo estaba ahí. Mi función era la de encausar el tránsito”, detalló Corro, que a la vez describió que “el clima estaba despejado, óptimo, con una buena visibilidad”.
Sobre el hecho, narró que “la camioneta hizo caso omiso a mis señales y cuando llegó hasta mí me hice a un lado. Cuando me pasó escuché que aceleró más y de ahí ya no pude ver mucho más, solo veía la parte de atrás de la camioneta. La camioneta perdió el control, se fue hacia la banquina y volcó”.

El sargento primero Eduardo Corro hizo un croquis y se quebró al recordar a su camarada.
Corro aseguró que en primera instancia no notó que la Amarok haya atropellado a su compañero y recién lo advirtió minutos después. “Me acerco y veo a una persona adentro de la camioneta y bultos con cigarrillo. Después busco a mi gente y no encontraba a Barreto. Él estaba más allá, en el suelo, tirado en posición fetal, semi cubierto por pastura y tierra. Fue inevitable quebrarme”, recordó.
Tanto el sargento primero como los otros tres gendarmes que declararon después coincidieron en la misma secuencia. Además, todos negaron haber contado con “clavos miguelitos” e indicaron que ninguno escuchó ruido de “frenadas” previo al impacto mortal.
El debate continuará el próximo 5 de octubre, a partir de las 8.30. En el proceso interviene el fiscal Pablo Di Loreto, mientras que el acusado es representado por el abogado particular Carlos Luis Ferreyra.
Da Silva está imputado por “encubrimiento de contrabando, resistencia a la autoridad y homicidio doblemente calificado cometido a un miembro de la fuerza de seguridad para procurar la impunidad, en concurso ideal”. En la primera audiencia pidió perdón y alegó que nunca quiso “hacer daño”.
Imputado por muerte del gendarme Barreto pidió perdón: “No quise hacer daño”
Policiales
Detuvieron frente a Casa de Gobierno a tres ex policías acusados de sedición
Los ex policías Alejandro Ramón Arrieta, Iván Ezequiel Arrieta y Horacio Elías Couto, tres de los ocho implicados en la causa por conspiración e intento de sedición, fueron detenidos esta mañana durante un episodio registrado frente a la Casa de Gobierno.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas, los tres ex uniformados acudieron hoy a Casa de Gobierno para entregar un petitorio e iniciar una “protesta pacífica”.
En ese marco, una versión indica que los policías de servicio se acercaron a ellos para consultar sobre la medida y allí se produjo un tumulto que derivó en incidentes.
El motivo de detención y la nueva causa es por resistencia a la autoridad y lesiones leves calificadas que se tramitará ante el Juzgado de Instrucción Dos de Posadas.
El procedimiento fue ejecutado por personal de Infantería, que subió a la plaza y con tenazas cortaron las cadenas con las que los manifestantes se ataron a las rejas de la Rosadita.
Los familiares de los hermanos Arrieta, por su parte, explicaron a La Voz de Misiones que “luego de entregar la nota llegaron los de Infantería a retirarlos con el jefe de la Unidad Regional y los sacaron súper mal, sin dar tantas respuestas a las preguntas de por qué se los llevaban”.
“La única respuesta fue que no van a permitir que nadie más reclame nada frente a Casa de Gobierno y que la orden viene de arriba”, agregaron.
Respecto a los reclamos, añadió: “Nosotros queremos la misma solución que se le dio a Correa y a Guirula”.
En estos momentos, Horacio Couto e Iván y Alejandro Arrieta se encuentran detenidos en la comisaría de la Seccional Primera.
El reclamo
Previo a la detención, los tres involucrados presentaron un documento fechado el 21 de septiembre de 2026 en Posadas, dirigido al gobernador Hugo Mario Passalacqua.
El escrito lleva las firmas de Iván Ezequiel Arrieta, Ramón Alejandro Arrieta y Elías Coutto, ex integrantes de la Policía de Misiones, quienes, según el reclamo, se encuentran apartados de sus funciones sin percibir haberes ni contar con una definición legal o laboral.
Al mismo tiempo, explicaron que se enteraron por medios públicos de que otros dos ex compañeros vinculados a la misma causa (Diego Correa y Adolfo Guirula) lograron un acuerdo con el gobierno provincial para su reincorporación y el reconocimiento de sus haberes.
Aclarando que respetan dicho acuerdo y no buscan perjudicar a nadie, solicitaron igualdad de condiciones, una audiencia para exponer su situación en persona y la posibilidad de encontrar una vía de diálogo dentro del marco legal vigente que les permita volver a trabajar, percibir ingresos y dar estabilidad a sus familias, ofreciendo además sus disculpas si sus reclamos anteriores causaron molestias.
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