Policiales
Madre de policías presos por sedición: “Están en condiciones inhumanas”
Graciela Enríquez, madre de dos de los ex policías detenidos en el penal de Loreto acusados por “sedición” y “consipiración”, Iván y Alejandro Arrieta, denunció públicamente que ambos “contrajeron enfermedades como consecuencia del mal estado” en el que se encuentra una de las celdas conocida internamente como “La Pelada”.
“Ahí lo encontré a Alejandro el sábado cuando me fui en el horario de visita y el domingo. La celda mide 1.50 por 2.50, es muy chiquita y en las paredes está llena de sangre y excremento de larga data. No tienen baños, tienen que hacer sus cosas en una botella, no tienen luz ni elementos de limpieza, están en condiciones inhumanas”, relató indignada en diálogo con La Voz de Misiones.
Y continuó: “El lunes lo trajeron a Alejandro al hospital porque tiene problemas de salud como consecuencia del estrés por el encierro. Estuvo cinco días internado por una diabetes que se le despertó ahora por las condiciones en las que está viviendo. Llegó con una glucosa en sangre de 400, nosotros no somos diabéticos en la familia y él tampoco tiene antecedentes de nada, era una persona sana. Del 4 al 9 estuvo internado y el día 10 lo trasladaron otra vez a La Pelada”.
La madre de los detenidos también cuestionó la falta de información por parte del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) y el hospital: “Cuando lo trajeron al hospital nadie me avisó, nadie me dijo nada. También quedaron sin comunicación porque le sacaron el celular desde el viernes. Yo me enteré por personas que me conocen y que estaban en el pasillo. Ellos me avisaron que lo vieron ingresar, si no fuera por ellos no iba a saber porque no nos informan nada”.
“De ahí me fui al hospital hasta el directorio médico, pero no me dejaron entrar. Hablé con los penitenciarios que lo trajeron y solo me hicieron esperar sin darme ningún detalle”, aseveró.
Sin avances
Enríquez no solo cuestionó “el estado inhumano” en el que se encuentran sus hijos en la cárcel, sino que también repudió la falta de respuestas por parte del juez Fernando Verón, quien se encuentra al frente de la causa por la que están detenidos hace seis meses.
“Podrían seguir todo el procedimiento de investigación de la causa hasta llegar al veredicto, pero creo que deberían estar con sus familias como corresponde. Mi hijo tiene cuatro chicos menores, todos en edad escolar. ¿Dónde está el derecho de los niños si se juega con la cabeza de los chicos psicológicamente?”.
Para terminar, enfatizó: “Queremos ver si pueden tener prisión domiciliaria, que sigan investigando la causa, pero que estén en sus casas con sus familias”.
Huelga de hambre
Ante la falta de novedades, cuatro de los detenidos en Loreto decidieron iniciar una huelga de hambre. Si bien la decisión surgió el viernes, el abogado defensor de los hermanos Arrieta, Ricardo Sebastián Pérez Dorrego, afirmó que la medida se habría materializado el lunes “como consecuencia de la falta de respuestas por parte de la judicatura donde se solicitaron pruebas. También se pidió el cese de la prisión preventiva, nulidades y nada se ha resuelto”, lamentó el letrado en diálogo con La Voz de Misiones.
A su vez, repudió: “No dan respuestas escudándose en cuestiones procesales absurdas”. Y sobre los detenidos, aclaró que “las medidas decidieron tomar ellos por lo que consideran, a todas luces, detenciones injustas toda vez que no cometieron ningún delito”.
Al igual que Enríquez, Dorrego apuntó contra el personal penitenciario: “Alejandro sufrió una descompensación durante el fin de semana, fue llevado al hospital Madariaga y nadie del Servicio Penitenciario quiere informar el motivo. La madre de este muchacho fue hasta el hospital y ni siquiera le permitieron verlo, manifestando un trato absolutamente inhumano”.
En cuanto al estado de la causa, afirmó: “Desde hace varios días estamos intentando hablar con el juez de la causa y siempre es imposible comunicarnos con él”.
Ataques de pánico
Matías Orrego es hermano de Joaquín Orrego, otro de los policías acusados por “sedición”, pero se encuentra detenido en el penal de Puerto Rico. Tiene 34 años y dos hijos, uno de 8 y otro de 10 años, quienes subsisten gracias al trabajo de su madre quien se desempeña como comerciante y es el único ingreso con el que cuentan.
“Nosotros lo visitamos en los días y horarios de visitas y físicamente se encuentra bien. Ellos en Puerto Rico no iniciaron huelga de hambre, pero mentalmente están muy mal, él tiene ataques de pánico y ansiedad porque la espera se volvió muy larga y aún no tenemos ningún tipo de respuesta sobre la causa”, aseguró Joaquín Orrego en diálogo con este medio.
FOTO PRINCIPAL: Canal 12.
Policías acusados de sedición iniciaron huelga de hambre en el penal de Loreto
Policiales
Policía denunció trata y abuso contra su hija en San Ignacio
Un sargento primero de la Policía de Misiones se presentó en la Fundación Alameda para denunciar un presunto caso de trata de personas con fines de explotación sexual que tendría como víctima a su hija de 18 años. En la acusación señaló la posible participación de otros efectivos de la fuerza provincial. La organización, dedicada a combatir la trata y otros delitos vinculados, solicitó la intervención de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) del Ministerio Público Fiscal.
La Voz de Misiones accedió a la presentación que la Fundación Alameda elevó a Protex, en la que se describen los hechos denunciados por el policía misionero Claudio Benítez, quien presta servicio en la comisaría de Loreto, dependiente de la Unidad Regional (UR) XIII.
El documento firmado por el presidente de la fundación, Gustavo Vera, apunta que los hechos comenzaron el domingo 26 de octubre en horas de la tarde, cuando la joven le informó a su papá Claudio Benítez que se trasladaría a una casa quinta ubicada en Loreto para trabajar.
Siempre de acuerdo a los hechos denunciados, el policía misionero le pidió a su hija que le brindara “fotos” o la “ubicación” del lugar al “tratarse de un trabajo nuevo”.
En esa línea, el documento señala que la víctima identificó a Jorge “Coqui” Mesa como la persona que habría gestionado el supuesto empleo y, según su relato, ese mismo día el hombre se presentó en la vivienda familiar y tomó fotografías de su hermana, menor de edad, con el objetivo de amenazarla para que asistiera a la casa quinta.
En una entrevista con el medio Alem News, la víctima contó que conoció a Jorge “Coqui” Mesa a través de una amiga. Coqui, según el testimonio de la joven, le había prestado mucho dinero y, a cambio de esa deuda, la obligó a traficar droga en su barrio, primero; hasta que la condujo a la cabaña donde se produjeron los hechos.
“Como no tenía para devolverle, me dijo: ‘tenés que hacer otras cosas para devolverme la plata’. Y ahí, me empezó a dar drogas (cocaína) para que venda. Empecé a vender acá en mi barrio para recuperar esa plata. Y ahí, como ya estaba todo, él me ofreció un trabajo en Loreto”, afirmó la muchacha.
Ante las cámaras del medio mencionado, la muchacha describió lo que vivió ese domingo 26 de octubre: “Me mandó un remis y me dijo para hablar. Me subió al auto y me empezó a dar bebidas, empecé a tomar; él daba vueltas y me dormí, sentí un pinchazo; y cuando me desperté estaban cinco hombres alrededor mío. Me levanto y siento mucho dolor”.
Continuando con lo expuesto en el escrito de la fundación Alameda a la fiscalía, la chica le confesó a su padre, el sargento Benítez, que no estaba en la casa quinta, sino que había sido trasladada a la localidad de San Ignacio, en un camping llamado La Familia.
“Ante ello, Benítez solicitó permiso en la comisaría, ya que estaba cumpliendo turno, para trasladarse a buscarla al camping La Familia. Una vez en el lugar, le pidió a su hija que se trasladara con él a Loreto, la llevó hasta la casa quinta donde supuestamente debía trabajar y la dejó allí”, se desprende del documento.
Luego, Benítez recibió un mensaje de su hija donde la muchacha le contó que “estaba dentro de una habitación con tres personas desnudas en el complejo La Familia, en San Ignacio”. Ante la situación, el policía pidió intervención a la comisaría de Loreto y acudió al lugar con un móvil.
Al presentarse en el camping, el denunciante encontró a su hija en el lugar junto a su camarada Carlos Díaz, a quien señaló como custodio del intendente de San Ignacio, Esteban “Negro” Romero; a una persona identificada como Daniel Dorrey y otra persona que no logró identificar.
Posteriormente, la muchacha de 18 años fue trasladada a la Comisaria de la Mujer jurisdiccional, donde se le tomó declaración de los hechos ocurridos. En tanto, el martes 28, la joven fue trasladada a la ciudad de Puerto Rico para ser examinado por un médico policial, quien corroboró que “había sido víctima de abuso sexual”, se desprende del documento de la fundación Alameda.
En su presentación ante Protex, la Fundación Alameda advirtió sobre indicios de una presunta red de explotación sexual que podría involucrar o contar con el encubrimiento de efectivos de la fuerza provincial. Por ello, solicitó medidas urgentes, resguardo de las pruebas digitales, protección para la víctima y su familia, y una investigación a nivel judicial y administrativo sobre los funcionarios señalados.
Policiales
Murió una joven y un menor quedó gravemente herido tras accidente en Wanda
Una colisión entre un automóvil y una motocicleta sobre la ruta provincial 19, a la altura de la intersección con la calle Los Cosecheros, en Wanda, dejó como víctima fatal a una joven de 18 años que viajaba como acompañante en el rodado menor.
El siniestro vial ocurrió en la noche del martes, cuando, por motivos que son materia de investigación policial, un auto Renault Symbol conducido por Johana M. (38) colisionó con una moto Zanella 110 cc, en la que circulaban Jovani S. (17), al mando del rodado, y Jenifer Servian (18).
Tras el impacto, ambos ocupantes de la motocicleta fueron trasladados de urgencia al Hospital Samic de Eldorado. Allí, horas más tarde, falleció Jenifer Servian producto de un traumatismo de cráneo y Jovani S. permanece internado en el nosocomio con heridas graves, según informó la Policía de Misiones.
En el lugar trabajaron efectivos de la comisaría de Wanda, personal de la División Policía Científica y Bomberos de la Unidad Regional V.
En tanto, por orden del juzgado interviniente, se procedió al secuestro de los vehículos involucrados y se notificó de la causa a la conductora del automóvil.
Judiciales
Caso Guirula: personalidad “psicopática” en Tabarez y sangre en el patrullero
Tras la depuración de testigos acordada entre las partes, este martes se reanudó el juicio oral para esclarecer la muerte del albañil Carlos Guirula (34) y gran parte de la jornada se centró sobre una pericia psicológica realizada sobre la oficial Lourdes Beatriz Tabarez (42), encargada del procedimiento que culminó con el deceso de la víctima como consecuencia de fracturas de costillas que perforaron un pulmón, entre otras lesiones de consecuencias letales.
Para abordar ese informe compareció como testigo la licenciada Carolina Biele, quien explicó que la pericia a Tabarez consistió en tres encuentros donde se entrevistó con la imputada y aplicó diferentes técnicas para llevar adelante su evaluación.
Biele sostuvo que “el objetivo, más allá de confeccionar un perfil psicológico, es poder informar sobre características de personalidad que sean inherentes al hecho o que tengan alguna relación o que ayuden a explicar o resolver el hecho que se investiga”.
Con esa introducción y a consultas efectuadas por el fiscal Vladimir Glinka, la licenciada desarrolló cada punto de su informe, donde se destaca, entre otras cosas, que la oficial Tabarez presentaba indicadores de manipulación, de “imposibilidades de ponerse en el lugar del otro”, “dificultades con la figura de autoridad”, “impulsos agresivos” y “cosificación”.
Sobre la cuestión relacionada a la figura de autoridad, Biele explicó que “todo tiene que ver con la baja tolerancia a la frustración y eso también da indicadores de una personalidad egocéntrica y narcisista, que no puede ser empática, que no puede soportar ciertas normas o leyes de lugares”.
El tema de la cosificación guardaría relación con el mismo tema y la testigo indicó que “consiste en el trato de uno con los demás. Si uno no puede ser empático, no puede ver al otro como persona, con sus sentimientos y emociones. Es tratar al otro como si fuera un objeto”.

La licenciada Carolina Biele fue una de las testigos clave de esta jornada.
Para Biele, todo ello constituyen “factores de riesgo” con el uso de un uniforme, en este caso de policía.
“Los factores de riesgo son todos estos indicadores: el súper yo, que no puedo frenar a los impulsos, que no puedo reflexionar, indicadores de una persona fría, que manipula, que cosifica. Una persona que está en un rol como de policía y presenta estos indicadores falla”, planteó.
Y ahondó: “Un uniforme también se relaciona con las fallas en la baja autoestima, la poca tolerancia a la frustración e inseguridades. Con una personalidad de baja autoestima, el uniforme, compensa, porque te pone en situación de poder, me hace sentir más segura, con más autoridad y puede llevar a conductas de autoritarismo”.
Entre las conclusiones del informe que ratificó esta mañana, la perita postuló que la oficial Tabarez presenta características que corresponden a una personalidad con rasgos psicopáticos y lo explicó: “La psicopatía es una forma de ser, una estructura de personalidad. Muchas personas en la sociedad tienen esta característica, son aquellas que presentan indicadores de manipulación, cosificación, de falla en la captación del sentimiento del otro, de ponerse en el lugar del otro. Muchas personas funcionan así con esos rasgos, pero el problema es que cuando esas características se suman a la falla en el control de los impulsos. Eso podría llevar a conductas desadaptativas”.
Casi sobre el final de su exposición y en respuesta a una consulta de Mario Ramírez, defensor oficial de la imputada Tabarez, la testigo Biele señaló que en su pericia “no he encontrado indicadores de emoción violenta”, aunque también aclaró que ella no estuvo presente al momento del hecho.
Sangre y alcohol
Previo a Biele, también declaró el licenciado en Criminalística Juan Carlos Maderner, quien participó de las primeras labores periciales efectuadas sobre el patrullero Toyota Hilux en la cual se realizó el traslado de Guirula y sobre el playón de la comisaría Decimotercera de Posadas, donde quedó tendido el cuerpo sin vida de la víctima durante aquella madrugada del 19 de julio de 2014 luego de ser detenido por disturbios en el motel Park.
Maderner confirmó que el hallazgo de “manchas de color escarlata similares a sangre” en la caja de la camioneta y evidencia de “transparencia de humedad del cuerpo al suelo”, lo cual está relacionado al hecho de que los policías arrojaron agua sobre Guirula en un intento de reanimación previo a constatar la muerte del detenido.
En la sala de audiencias también compareció una bioquímica que ratificó que el análisis de humor vítreo arrojó una concentración de 2,42 gramos de alcohol en sangre en Guirula, grado de intoxicación que lo ubicaría en un estado de mayor defensión.

La causa tiene un total de seis ex policías imputados. Pueden ser condenados a prisión perpetua.
El juicio
El debate continuará mañana con más testigos. El proceso se realiza en el Tribunal Penal Dos de Posadas, con el magistrado Gregorio Busse como presidente y los jueces Fernando Verón y Miguel Mattos como vocales subrogantes.
La causa tiene siete imputados por “tortura seguida de muerte y ocultamiento de pruebas”, figura bajo la cual pueden ser recibir prisión perpetua. Los acusados son Tabarez; Claudio Marcelo Servian; Carlos Alberto Da Silva (35); Ricardo Rafael Escobar (42); Carlos Alberto Zidorak (35); y Lucas Nahuel Saravia Allosa (37).
Todos llegaron a esta instancia en libertad en virtud del vencimiento de sus prisiones preventivas, aunque durante el transcurso del debate cuentan con una consigna policial para garantizar que no intenten evadir el proceso.
El juicio comenzó el 21 de octubre. Desde ese día hasta acá declararon 17 testigos y tres de los imputados, quienes cruzaron incriminaciones.
Los imputados Da Silva y Zidorak apuntaron contra Tabarez y Escobar por golpes, patadas y pisotones efectuados contra Guirula, que aquella madrugada del 19 de julio de 2014 llegó muerto a la comisaría Decimotercera tras ser detenido en el motel Park de Posadas.
Sobre Escobar incluso señalaron que “iba saltando” sobre el cuerpo del albañil tendido en la cajuela del patrullero Toyota Hilux en el que se realizó el traslado hacia la seccional. El apuntado también pasó frente al tribunal y admitió haber “apoyado el pie” sobre el hombre, aunque afirmó que lo hizo “sin ejercer presión” y “por motivos de seguridad”.
El juicio, día a día:
Día 1: Caso Guirula: tres de los seis policías imputados pidieron declarar mañana
Día 2: Policía imputado declaró que Escobar y Tabarez patearon a Guirula en el piso
Día 3: Escobar se defendió y apuntó a Tabarez: “Le tiró patadas de punta” a Guirula
Día 4: Un forense ratificó que a Guirula le fracturaron las costillas a patadas
Día 5: Caso Guirula: testimoniales desistidas y cuarto intermedio hasta el martes
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