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Madre de policías presos por sedición: “Están en condiciones inhumanas”

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Graciela Enríquez, madre de dos de los ex policías detenidos en el penal de Loreto acusados por “sedición” y “consipiración”, Iván y Alejandro Arrieta, denunció públicamente que ambos “contrajeron enfermedades como consecuencia del mal estado” en el que se encuentra una de las celdas conocida internamente como “La Pelada”.

“Ahí lo encontré a Alejandro el sábado cuando me fui en el horario de visita y el domingo. La celda mide 1.50 por 2.50, es muy chiquita y en las paredes está llena de sangre y excremento de larga data. No tienen baños, tienen que hacer sus cosas en una botella, no tienen luz ni elementos de limpieza, están en condiciones inhumanas”, relató indignada en diálogo con La Voz de Misiones. 

Y continuó: “El lunes lo trajeron a Alejandro al hospital porque tiene problemas de salud como consecuencia del estrés por el encierro. Estuvo cinco días internado por una diabetes que se le despertó ahora por las condiciones en las que está viviendo. Llegó con una glucosa en sangre de 400, nosotros no somos diabéticos en la familia y él tampoco tiene antecedentes de nada, era una persona sana. Del 4 al 9 estuvo internado y el día 10 lo trasladaron otra vez a La Pelada”.

La madre de los detenidos también cuestionó la falta de información por parte del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) y el hospital: “Cuando lo trajeron al hospital nadie me avisó, nadie me dijo nada. También quedaron sin comunicación porque le sacaron el celular desde el viernes. Yo me enteré por personas que me conocen y que estaban en el pasillo. Ellos me avisaron que lo vieron ingresar, si no fuera por ellos no iba a saber porque no nos informan nada”.

“De ahí me fui al hospital hasta el directorio médico, pero no me dejaron entrar. Hablé con los penitenciarios que lo trajeron y solo me hicieron esperar sin darme ningún detalle”, aseveró.

Sin avances

Enríquez no solo cuestionó “el estado inhumano” en el que se encuentran sus hijos en la cárcel, sino que también repudió la falta de respuestas por parte del juez Fernando Verón, quien se encuentra al frente de la causa por la que están detenidos hace seis meses. 

“Podrían seguir todo el procedimiento de investigación de la causa hasta llegar al veredicto, pero creo que deberían estar con sus familias como corresponde. Mi hijo tiene cuatro chicos menores, todos en edad escolar. ¿Dónde está el derecho de los niños si se juega con la cabeza de los chicos psicológicamente?”.

Para terminar, enfatizó: “Queremos ver si pueden tener prisión domiciliaria, que sigan investigando la causa, pero que estén en sus casas con sus familias”. 

Huelga de hambre

Ante la falta de novedades, cuatro de los detenidos en Loreto decidieron iniciar una huelga de hambre. Si bien la decisión surgió el viernes, el abogado defensor de los hermanos Arrieta, Ricardo Sebastián Pérez Dorrego, afirmó que la medida se habría materializado el lunes “como consecuencia de la falta de respuestas por parte de la judicatura donde se solicitaron pruebas. También se pidió el cese de la prisión preventiva, nulidades y nada se ha resuelto”, lamentó el letrado en diálogo con La Voz de Misiones

A su vez, repudió: “No dan respuestas escudándose en cuestiones procesales absurdas”. Y sobre los detenidos, aclaró que “las medidas decidieron tomar ellos por lo que consideran, a todas luces, detenciones injustas toda vez que no cometieron ningún delito”.

Al igual que Enríquez, Dorrego apuntó contra el personal penitenciario: “Alejandro sufrió una descompensación durante el fin de semana, fue llevado al hospital Madariaga y nadie del Servicio Penitenciario quiere informar el motivo. La madre de este muchacho fue hasta el hospital y ni siquiera le permitieron verlo, manifestando un trato absolutamente inhumano”.

En cuanto al estado de la causa, afirmó: “Desde hace varios días estamos intentando hablar con el juez de la causa y siempre es imposible comunicarnos con él”.

Ataques de pánico

Matías Orrego es hermano de Joaquín Orrego, otro de los policías acusados por “sedición”, pero se encuentra detenido en el penal de Puerto Rico. Tiene 34 años y dos hijos, uno de 8 y otro de 10 años, quienes subsisten gracias al trabajo de su madre quien se desempeña como comerciante y es el único ingreso con el que cuentan.

“Nosotros lo visitamos en los días y horarios de visitas y físicamente se encuentra bien. Ellos en Puerto Rico no iniciaron huelga de hambre, pero mentalmente están muy mal, él tiene ataques de pánico y ansiedad porque la espera se volvió muy larga y aún no tenemos ningún tipo de respuesta sobre la causa”, aseguró Joaquín Orrego en diálogo con este medio. 

 

FOTO PRINCIPAL: Canal 12.

Policías acusados de sedición iniciaron huelga de hambre en el penal de Loreto

 

 

Policiales

Tres muertos y una mujer herida por choque frontal en San Vicente

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Una camioneta Toyota Hilux, conducida por un hombre de 39 años, colisionó de frente contra un Fiat Palio en el que viajaban un hombre y dos mujeres, donde estos últimos que aún no fueron identificados, fallecieron en el acto.

El hecho, cuyas circunstancias aún son materia de investigación, ocurrió en la tarde de hoy alrededor de las 17, sobre ruta 14, a la altura del kilómetro 968 de la Capital de la Madera. 

En medio del impacto, una mujer que circulaba como peatón fue embestida y debió ser trasladada al hospital local por lesiones.

Trabajaron en el lugar los bomberos voluntarios, para liberar a las víctimas, mientras la Policía de Misiones inició las pericias correspondientes para establecer las circunstancias del hecho.

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Judiciales

Condenaron al músico Andrés González por el siniestro fatal de Roca en 2019

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Andrés González

El músico Andrés Horacio González fue condenado a 3 años de prisión en suspenso y 10 de inhabilitación para conducir tras ser declarado responsable del siniestro vial registrado el 5 de marzo de 2019 sobre la ruta nacional 12, en Gobernador Roca, hecho que ocasionó las muertes de su novia Melina Sosa Labandera (25) y de la turista mendocina Melisa Caram (27), además de provocar heridas en otras tres personas, una de las cuales quedó con secuelas de por vida.

El artista no irá a la cárcel porque la pena es de ejecución condicional, aunque en contrapartida deberá respetar una serie de normas de conductas impuestas, como no beber, ni consumir estupefacientes, además de cumplir 32 horas mensuales de tareas comunitarias y acatar una prohibición de salida del país, medidas que regirán durante el término de la condena.

La sentencia fue emitida este mediodía por el tribunal unipersonal presidido por la magistrada Marcela Leiva, titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Posadas, luego de la ronda de alegatos desarrollada previamente, donde prevaleció uno de los planteos efectuados por la defensa del acusado, encabezada por los abogados particulares Federico Tilli y Daniel Zapana.

“Es un hecho traumático para todos. Entiendo todo lo que está pasando y tengo miedo también, pero confío en la Justicia. Solo pido que no se me quite la posibilidad de seguir cantando y seguir con mi familia”, había expresado González al momento de dar sus últimas palabras antes del veredicto.

Después del fallo, firmó el acta, entregó su licencia de conducir y se retiró en compañía de los familiares que lo acompañaron durante toda la jornada desde el sector del público.

“Destruyó vidas”

La ronda de alegatos comenzó con la exposición de la fiscal María Laura Álvarez, que sostuvo la acusación formulada desde la etapa de instrucción y consideró que González debía ser condenado a 6 años de prisión efectiva por ser autor de los delitos de “homicidio culposo calificado dos hechos, lesiones graves culposas calificadas dos hechos y lesiones gravísimas, todo en concurso ideal”.

Álvarez dio por acreditado que el impacto frontal entre el Ford Fiesta y la camioneta Chevrolet S-10 se produjo a alta velocidad, durante una maniobra de sobrepaso y en una zona de doble línea amarilla, pero fundamentalmente consideró probado que González era el conductor del automóvil siniestrado, principal punto de controversia en la causa.

“Esto se pudo acreditar con las testimoniales de testigos y sobrevivientes, las pericias realizadas y por las lesiones que presentaban las víctimas del hecho”, explicó la fiscal.

Y avanzó: “Y tengo la certeza que el imputado actuó de forma antirreglamentaria, en exceso de velocidad y en doble línea amarilla. Infringió las normas de tránsito más elementales. Hubo culpa temeraria y una actitud desaprensiva. Este hecho destruyó vidas, familias y proyectos de vida”.

Con esa base, solicitó que el músico sea condenado a 6 años de prisión efectiva, más de 10 de inhabilitación para conducir. “La pena efectiva sería no banalizar las muertes”, justificó.

Además, Álvarez calificó como “deficiente” el accionar de los agentes que labraron el sumario policial del hecho, documento en el cual registraron al sobreviviente Samir Daou como supuesto conductor del Ford Fiesta siniestrado y solicitó que los uniformados Priscila Ifrán y Rodolfo Dos Santos, sean investigados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, lo cual finalmente fue aceptado por la jueza Leiva en su fallo.

En contrapartida, Leiva desestimó el pedido de condena efectuado por la fiscal Álvarez y su resolución estuvo ajustada al planteo de la defensa de González, que en primera instancia pidió la absolución del artista o en forma subsidiaria la aplicación del mínimo de la pena, con ejecución condicional.

“Estafa procesal”

En su alegato, el abogado penalista Federico Tilli cuestionó a la fiscalía por realizar “un análisis sesgado y parcial de las pruebas”, apuntando que solo valoró el testimonio de los sobrevivientes Samir Daou y Facundo Chemes, minimizando el valor de las pericias y de las labores policiales. “Es casi una estafa procesal”, arremetió.

“No voy a permitir que se dé por determinado un exceso de velocidad porque ninguno de los peritos que acá declararon lo pudieron comprobar y tampoco hay certezas para determinar al conductor del auto y acá necesitamos certeza absoluta para condenar a una persona”, respondió Tilli.

El letrado también apuntó contra Daou y Chemes, a quienes señaló como “dos amigos que han congeniado contra González”.

“Acá es confiar en la Policía o en dos personas que le quieren hacer mierda a González, porque también tienen interés patrimonial contra él, le quieren hacer pagar por todo esto”, señaló.

Tal de directo fue Tilli que además solicitó que ambos testigos sean investigados por falso testimonio agravado por ser en perjuicio de un imputado, aunque la jueza Leiva no tuvo en cuenta ese pedido en su resolución.

Tilli también se hizo eco de la calificación de “deficiente” que la fiscal Álvarez le atribuyó al primer sumario del hecho, donde se registró a Samir Daou como conductor del auto y no a González.

O sea que con un sumario deficiente pretendemos condenar a alguien, pero nadie pidió su nulidad. No se puede condenar a una persona con todos estos yerros procesales”, cuestionó.

En consecuencia, Tilli solicitó la absolución por el beneficio de la duda en favor de su cliente o, en forma subsidiaria, que la condena sea por el mínimo de la pena (3 años), con cumplimiento de condicional.

No hubo alcohol, no hubo exceso de velocidad y nunca se fugó. No tiene sentido una pena de prisión efectiva. Sí aceptamos cualquier medida restrictiva y hasta la prohibición de conducir”, cerró.

El planteo finalmente fue acogido por la magistrada Leiva, que falló en coincidencia y dispuso que los fundamentos de la sentencia serán comunicados el 23 de junio.

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Policiales

Sospechoso del crimen del sindicalista Achingo volvió a ser detenido

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Elio Romualdo O. (37), vinculado a un extenso prontuario por delitos graves, fue capturado ayer por la tarde en el barrio capitalino San Onofre, en el marco de un operativo realizado por la Dirección de Investigaciones Complejas.

El último hecho registrado fue una tentativa de homicidio ocurrido en octubre de 2024, cuya víctima fue un hombre identificado como Mauricio T. Por lo que, en cumplimiento de un oficio judicial librado por el Juzgado de Instrucción N.º 2, los efectivos procedieron a su detención.

A su vez, figura entre los principales sospechosos por el asesinato del sindicalista Pablo Sabino Achingo, ocurrido el 7 de junio del 2017 en Posadas, causa en la cual había recuperado la libertad.

Según los registros del sumario también está vinculado a otras causas por delitos graves, entre ellos, infracción a la Ley de Estupefacientes, robo y lesiones.

La Comisaría Seccional Octava, dependencia que interviene en la causa, ya fue notificada y se encuentra coordinando las medidas judiciales correspondientes.

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