Los ocho policías detenidos y destituidos por el gobierno tras el inicio de una causa que los investiga por presuntos delitos de “sedición” y “conspiración” trabaron este lunes una acción de amparo en el que le solicitan a la Justicia la nulidad del decreto 2084/24 que dispuso la cesantía de todos ellos en la fuerza provincial.

El recurso fue presentado ante el Juzgado Laboral Dos de Posadas y lleva las firmas de los abogados Eduardo Paredes y Roxana Rivas, quienes actúan en representación de los ocho uniformados actualmente detenidos con prisión preventiva en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul: Ramón Oscar Amarilla, Iván Ezequiel Arrieta, Ramón Alejandro Arrieta, Lisandro Canteros, Diego Correa, Horacio Elias Couto, Adolfo Guirula y Joaquín Orrego.

En el documento, los letrados acusan que la medida del Ejecutivo es inconstitucional y que viola tanto el debido proceso, como el derecho a defensa y la garantía constitucional de estabilidad de empleo público.

Además, hacen hincapié en las consecuencias que esta decisión gubernamental acarrea en las familias de los agentes involucrados, quienes ahora quedaron en contextos de vulnerabilidad e indigencia.

Ramón Amarilla fue detenido el 19 de septiembre y trasladado a la UP VIII de Cerro Azul.

“De delegados a sediciosos”

“Estas sanciones disciplinarias y penales se dan en el marco de los reclamos y acciones vinculadas a la representación que ejercimos por le colectivos de los trabajadores policiales, demandando condiciones salariales y de trabajo, actividad que se ejerce sin ninguna de las protecciones o tutelas que cualquier otro delegado y o representantes gremial o sindical cuentan actualmente”, se lee en el documento de 31 páginas al cual La Voz de Misiones tuvo acceso.

Y añade: “Se nos ha reconocido en tanto hemos formado parte de las mesas paritarias durante los últimos años tal calidad homologándose nuestros acuerdos por el organismo de aplicación de las leyes laborales con anuencia del Ministerio de Gobierno, hasta que sin ningún tipo de motivación objetiva se nos desvirtuara el rol pasando de ser delgados a sediciosos, a los que además se nos priva de los mas elementales derechos como al debido proceso tanto administrativos como judiciales. Hasta los genocidas han gozado plenamente de estas garantías tanto en las instancias administrativas como penales”.

Finalmente, los recurrentes solicitan que el juzgado ordene una medida cautelar innovativa y retrotraiga la situación de revista de los funcionarios policiales involucrados a la fecha previa del decreto firmado el 24 de septiembre pasado por el gobernador Hugo Passalacqua. También solicitan que, en consecuencia, se liquiden los haberes correspondientes a los meses transcurridos, como así también la reinstauración de las prestaciones personales y familiares que corresponden.

“Solo Cola”

Los acusados fueron detenidos el 19 de septiembre, durante una serie de procedimientos simultáneos ordenados por el juez Fernando Verón, titular del Juzgado de Instrucción Tres, tras conocerse una serie de chats que daban cuenta de un plan para desestabilizar a la cúpula de la Policía e iniciar una nueva revuelta, incidentes nuevos e independientes a la protesta realizada en mayo.

La maniobra salió a la luz gracias a la detención días antes del oficial ayudante Diego Correa, a quien se le incautó el teléfono celular y de allí se recuperaron los diálogos que mantenían los involucrados a través de un grupo de Whatsapp llamado “Solo Cola”, según argumentan la Justicia.

En esas conversaciones, los involucrados presuntamente planificaban un nuevo levantamiento, aunque esta vez con medidas muchos más extremas que la protesta con acampe que se extendió desde el 17 hasta el 29 de mayo pasado.

En esta ocasión, los agentes bajo sospecha hablaban de provocar incendios de pastizales para luego sustraer móviles de los Bomberos y replicar la maniobra con patrulleros de distintas comisarías.

“Llamar al 911 en simultáneo y hacer incendio de malezas, o cerca del Parque de la Ciudad prender fuego. Que vayan los bomberos. Ahí hay que estar atento, apresto. Una vez que baja el chofer agarrar el móvil. Y así las demás jurisdicciones”, fue el audio que envío uno de los ahora detenidos.

Una vez que el informe pericial llegó a manos de la Justicia, el magistrado Verón libró las respectivas órdenes de detención, que se cumplieron ese 19 de septiembre. Menos de un mes, el mismo juez resolvió la prisión preventiva de los ocho detenidos por “sedición” y “conspiración”.

El gobierno destituyó a los ocho policías detenidos por intento de sedición

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La motociclista fallecida esta mañana en un accidente vial fue identificada como Paula Lugo, de 28 años. El hecho ocurrió a las 10.40 de hoy, sobre la avenida Martín Fierro, casi Santa Catalina de Posadas, más precisamente atrás del cementerio La Piedad.

Los primeros datos que trascendieron del accidente daban cuenta de que Lugo había colisionado con otra motocicleta, cuyo conductor se dio a la fuga del lugar.

Sin embargo, recientemente, la Policía de Misiones descartó esa versión y detalló que los ocupantes del otro rodado fueron hospitalizados debido a las lesiones sufridas en el mismo hecho.

En esa línea, la fuerza provincial precisó que una moto marca Rowser 160 fue la que colisionó contra la Gilera Smash que era conducida por Lugo, quien perdió la vida en el lugar.

Encargados de realizar las pericias de rigor, trabajaron agentes de la comisaría jurisdiccional, la Policía Científica y el médico policial en turno. Interviene en el caso el Juzgado de Instrucción Seis, a cargo del magistrado Ricardo Balor.

Motociclista murió arrollada en Posadas y buscan a conductor implicado

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Una pareja brasileña fue detenida transportando más de 80 kilogramos de cocaína ocultos en doble fondos acondicionados en una camioneta que circulaba sobre la ruta nacional 12 y que fue interceptada por Gendarmería Nacional Argentina (GNA) durante un control efectuado en puesto Urugua-í.

Fuentes de la fuerza federal indicaron que el rodado estaba bajo la lupa a partir de tareas investigativas e intercambios de información realizados de manera coordinada entre unidades inteligencia en la Triple Frontera y agentes del Escuadrón 13 de Puerto Iguazú.

Así fue que se montaron dispositivos de control sobre la ruta 12 y finalmente la camioneta Honda SUV fue interceptada en el puesto fijo Urugua-í, donde fue sometida a un examen físico donde se detectaron anomalías en la parte trasera de la carrocería.

Ante la sospecha inicial, el rodado fue escaneado y la pericia con rayos X marcó la presencia de bultos ocultos dentro de la carrocería. Los agentes intervinientes en total dieron 81,589 kilogramos de cocaína distribuidos en un total de 77 panes rectangulares, cargamento que fue valuado en más de mil millones de pesos.

Tras esta confirmación, la pareja de extranjeros quedó detenida y a disposición del Juzgado Federal de Eldorado, a cargo del magistrado Miguel Ángel Guerrero. También se dispuso el secuestro del rodado con dominio brasileño.

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