Judiciales
Transportista misionero recibió 3 años de prisión por contrabando de soja
Un agricultor y transportista misionero fue condenado a 3 años de prisión en suspenso tras admitir su participación en una organización dedicada al contrabando de soja hacia Brasil. Deberá cumplir labores comunitarias por dos años para mantener el beneficio de no ir a la cárcel.
El implicado es Valmir Matzenbacher (42), oriundo de Colonia Aurora, pero domiciliado en la localidad de San Antonio, donde en febrero de 2023 fue detenido cuando los investigadores de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) descubrieron su vinculación al ardid.
Según se pudo reconstruir, todo comenzó a mediados de abril de 2022, cuando un camión Iveco fue interceptado en un control de GNA en Santo Tomé (Corrientes) transportando 30 toneladas de soja.
El itinerario presentado por el chofer del vehículo indicaba que la carga salió de Pergamino (Buenos Aires) y su destino final era Bernardo de Irigoyen (Misiones), aunque los uniformados detectaron irregularidades en las documentaciones exhibidas, ante lo cual decidieron decomisar el rodado, la carga y el celular del chofer, elemento que terminó siendo clave para el devenir de la causa.
Es que, a sabiendas de las constantes maniobras de contrabando de granos que se venían registrando en aquel entonces, los investigadores continuaron estirando del hilo para llegar a más involucrados y así fue mediante la realización de peritajes efectuados sobre ese teléfono incautado.
De allí obtuvieron el nombre de los demás involucrados y con el tiempo lograron establecer el grado de participación de cada uno de ellos. Así fue como el nombre de Matzenbacher apareció sobre el tapete.

Los implicados fueron detenidos tras una serie de allanamientos realizados en febrero de 2023.
Maniobra al descubierto
El misionero era dueño del camión Iveco incautado y el patrón del chofer. Según la pesquisa trazada, Matzenbacher también era el nexo con el receptor de los cargamentos y por cumplir con la fase “transporte” de la operación obtenía ganancias de hasta 9.500 por cada tonelada de granos que entregaba.
Los investigadores lograron identificar a al menos cuatro involucrados en la organización y determinaron que la maniobra consistía en simular el transporte interno de granos provenientes Chaco, Corrientes, Entre Ríos o Córdoba hacia Misiones, aunque las cargas nunca llegaban a los depósitos declarados, sino que eran desviados hacia El Soberbio, donde eran acopiados en galpones próximos al río Uruguay y de allí eran cruzados a Brasil a través de embarcaciones. Sorteaban así los controles migratorios, evadían impuestos y concretaban la operatoria.
La pesquisa logró reconstruir el ardid completo para febrero de 2023, cuando elevaron todas las actuaciones al Juzgado Federal de Paso de los Libres (Corrientes), cuyas autoridades libraron órdenes de allanamiento.
Así fue como el 23 de febrero de ese año la GNA ejecutó seis allanamientos simultáneos en San Antonio, Comandante Andresito y El Soberbio. En total incautaron más de 75.000 kilogramos de soja, además de detener a tres de los cuatro involucrados principales, entre ellos a Matzenbacher, que con el devenir del proceso recuperó la libertad.
Ahora el misionero resolvió su situación procesal firmando un acuerdo de juicio abreviado en el cual admitió su responsabilidad en la causa como coautor del delito de “asociación ilícita en concurso real con contrabando”.
El acuerdo fue homologado la semana pasada por el Tribunal Oral Federal de Corrientes y Matzenbacher fue condenado entonces a la pena de 3 años de prisión en suspenso, es decir, que no irá a prisión.
En contrapartida y para mantener el beneficio, deberá someterse al control de las autoridades de ejecución de la pena, además de realizar ocho horas mensuales de tareas comunitarias en una institución pública, educativa y/o comedor de su localidad de residencia.
Dos de sus consortes de causa, el chofer Jonathan Fabián Da Silva (25) y el puntero de las cargas Fernando Sebastián Redlich (30), firmaron el mismo acuerdo de juicio abreviado a mediados de agosto.
Judiciales
Defensor de Ramírez tras la sentencia por el caso Belén: “Primó el patriarcado”
Tras la condena a 16 de años de prisión impartida contra la empleada municipal Mariela Andrea Ramírez (48), acusada por la muerte de su hija con discapacidad Rocío Belén López (15), el abogado defensor oficial se despachó con críticas hacia parte del tribunal encargado de emitir la sentencia y adelantó que recurrirá el fallo, aunque tampoco confía que el Superior Tribunal Justicia (STJ) revierta la medida.
“Primó el patriarcado de dos jueces varones que no entienden nada sobre las desigualdades que ha sufrido una mujer”, manifestó Miguel Ángel Varela, haciendo referencia a los magistrados Gustavo Bernie y Miguel Mattos, quienes por mayoría decidieron condenar a la imputada y se impusieron frente a la jueza Viviana Cukla que opinó por la absolución.
Para el funcionario, hubo dos factores clave en el fallo: la “ignorancia” y la “falta de perspectiva de género”.
“En el caso de las vecinas, que supieron de la existencia de Belén, cinco años antes, no sabían de la enfermedad y es comprensible que confundieran, pero que el médico que hizo la autopsia no supiera nada de las manifestaciones y síntomas del Síndrome de Rett y que en base a esa ignorancia se condene a una mujer sin que se sepa la causa de muerte me parece lamentable”, apuntó.
Y sobre el segundo punto planteó que “no tener la perspectiva de género es vergonzoso”, instancia en la que también aprovechó para lanzar críticas hacia el fiscal Vladimir Glinka.
“Se la pasa llevando información a los diarios y no sé si será parte de una campaña de él para un cargo superior. Yo no busco prensa, esto es una cosa que surge del debate. Yo no llamo a la prensa ni buscando una foto”, disparó.
En esa línea, Varela adelantó que recurrirá la sentencia, aunque no espera una revisión favorable por parte del STJ.
“No sé si en el STJ se revierte esto, por el poder que tiene el señor fiscal y el cuál está usando. Quiero creer que la Corte Suprema sí va a revertir”, cerró.
Caso Belén: su madre fue condenada por homicidio y recibió 16 años de prisión
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Caso Belén: su madre fue condenada por homicidio y recibió 16 años de prisión
La empleada municipal Mariela Andrea Ramírez (48) fue declarada responsable por el homicidio de su hija con discapacidad Rocío Belén López (15) y fue condenada a 16 años de prisión, pena que desde hoy comenzará a cumplir en la Unidad Penal V de Mujeres de Miguel Lanús.
La sentencia fue impartida este mediodía por el Tribunal Penal Uno de Posadas, con los votos mayoritarios de los magistrados Gustavo Bernie y Miguel Mattos (subrogante), quienes se impusieron ante la jueza Viviana Cukla que se inclinó por la absolución.
De acuerdo a la parte resolutiva del fallo, Ramírez fue declarada penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo con circunstancias de atenuación, razón por la cual recibió 16 años de prisión y no perpetua, como había solicitado el fiscal Vladimir Antonio Glinka en su alegato.
Con una votación idéntica, el tribunal también resolvió disponer la inmediata detención de Ramírez, que llegó a este debate libre y se retiró esposada dentro de un vehículo del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), mientras sus familiares desde la vereda reprochan a gritos la resolución.

Los jueces Mattos y Bernie se impusieron con los votos y la decisión final fue condenar a la imputada.
El caso
La muerte de Belén López se registró el 23 de julio de 2013 en la casa de su madre, donde estuvo en forma transitoria durante diez días porque su abuela y tía materna, quienes la cuidaron gran parte de su vida, hicieron un viaje a Corrientes.
La autopsia determinó que la causa de muerte fue vinculante a un cuadro de desnutrición, deshidratación e hipotermia. Apoyado en esa conclusión y en el testimonio vertido por casi una veintena de testigos, el fiscal Glinka consideró que la mujer actuó en forma deliberada y desatendió a su hija con el objetivo de dejarla morir de hambre y sed para “eliminarla de su proyecto de vida”.
A partir de esa hipótesis, el fiscal amplió la acusación inicial de “abandono de persona doblemente agravado por el vínculo y por el resultado muerte” a “homicidio agravado por el vínculo en su modalidad por omisión”.
La defensa, en tanto, encabezada por el defensor oficial Miguel Ángel Varela, cuestionó severamente el informe forense y aseveró que la muerte se dio por causas naturales propias a la enfermedad Síndrome de Rett, factor que no fue tenido en cuenta por el médico encargado de efectuar la autopsia.
También criticó que el fallo no tuvo perspectiva de género y apuntó contra “el patriarcado de dos jueces varones que no entienden nada de las desigualdades que ha sufrido una mujer”.
Varela adelantó que recurrirá la resolución, aunque no confía en que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) revierta la medida y sí en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

Mariela Ramírez se quebró al recibir el abrazo de su hija y familiares después de la sentencia.
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Dieron arresto domiciliario a los 17 policías implicados en el caso Golemba
Los 17 policías, entre activos y retirados, detenidos en el marco de la investigación por la desaparición forzada de Mario Fabián Golemba, ocurrida en marzo de 2008, quedaron este jueves bajo arresto domiciliario por disposición de la Justicia Federal de Posadas.
La medida fue adoptada por la magistrada María Verónica Skanata, titular del Juzgado Federal de Posadas, y la fiscal Silvina Gutiérrez analiza si presenta un recurso de apelación.
El beneficio alcanza a los 16 efectivos que habían sido detenidos durante los allanamientos realizados el lunes a la mañana y a Alfredo Lorenzo Ortiz, quien se presentó posteriormente de manera espontánea ante el juzgado.
De esta manera, los 17 sospechosos continuarán sujetos al proceso, aunque ya no permanecerán alojados en dependencias de Gendarmería Nacional. La resolución todavía puede ser apelada por la Fiscalía Federal Dos de Posadas, a cargo de Silvina Gutiérrez.
La investigación busca determinar qué ocurrió con Golemba, quien fue visto por última vez el 27 de marzo de 2008, cuando regresaba a su domicilio en la zona de Dos de Mayo después de haber viajado a Oberá.
La hipótesis de la desaparición forzada
La principal hipótesis que impulsa la Fiscalía Federal sostiene que Golemba fue privado ilegalmente de su libertad y que, posteriormente, habría sido trasladado y sometido a violencia en dependencias policiales.
De acuerdo con los elementos reunidos durante la investigación, distintos testimonios ubicaron al joven dentro de la comisaría de Dos de Mayo durante las horas posteriores a su desaparición.
La pesquisa también apunta a determinar la existencia de un presunto “pacto de silencio institucional” entre integrantes de la Policía para ocultar lo ocurrido y garantizar la impunidad de los responsables.
En ese sentido, la fiscalía analiza no solamente la posible participación de quienes pudieron haber intervenido directamente en la privación de la libertad de Golemba, sino también las conductas de aquellos funcionarios que eventualmente hayan colaborado con el encubrimiento o hayan omitido actuar ante lo sucedido.
Entre los imputados se encuentra el comisario retirado Ewaldo Katz, quien estaba al frente de la comisaría de Dos de Mayo al momento de la desaparición y durante su indagatoria decidió abstenerse de declarar.
Una causa que lleva 18 años
Golemba tenía 27 años cuando desapareció. El 27 de marzo de 2008 había viajado desde Dos de Mayo hasta Oberá para asistir a una consulta médica y posteriormente emprendió el regreso.
Sin embargo, nunca llegó a su casa y desde entonces nada se supo de su paradero.
La causa tuvo durante años una investigación en el ámbito de la Justicia provincial, hasta que posteriormente pasó al fuero federal. Con el avance de la pesquisa comenzaron a incorporarse nuevos testimonios y elementos que permitieron poner el foco sobre el accionar de policías que se encontraban en funciones durante los días posteriores a la desaparición.
Las detenciones concretadas esta semana marcaron un giro significativo en una investigación que llevaba casi dos décadas sin personas imputadas por la desaparición del joven.
Ahora, con los 17 acusados bajo arresto domiciliario, la Justicia Federal deberá avanzar con el análisis de las pruebas y determinar la situación procesal de cada uno de ellos.
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