Judiciales
Testigo del caso Antonella: “Escuchamos ruidos, un golpe y un grito ahogado”
El debate oral por el femicidio de Antonella Bernhardt (27), cometido el 4 de abril de 2019 en el barrio El Brete de Posadas, continuó con la declaración de seis testigos, entre ellos, Ivana Gómez Brauvano, otra de las vecinas que ese día acudió en su auxilio, topándose con la víctima asesinada y con el hoy único acusado, Cristian Daniel Vargas (33), saliendo de la escena.
“Yo estaba tomando tereré y practicando porque tenía un examen de cocina pronto. Ahí escuchamos gritos extraños, como a través de las paredes se escuchaba, nos asomamos. Nos dimos cuenta de que algo pasaba, yo estaba con una amiga”, recordó Ivana, haciendo referencia a Celeste Capdevilla, quien declaró ayer.
La testigo, que residía en un departamento lindero al que ocupaba Bernhardt en el inquilinato ubicado sobre Comandante Miño 980, continuó con su relato: “Ahí sentimos que algo le estaba pasando a Antonella. Escuchamos objetos que cayeron al piso, un golpe en la pared y después era como que Antonella quería gritar, pero le tapaban la boca. Era como un grito ahogado”.
Gómez Brauvano añadió que atinaron a correr hacia el departamento de Antonella para golpear la puerta, pero nadie atendió. En esas circunstancias, apareció en escena la dueña del complejo, Viviana González, que también dio su testimonio en el inicio del juicio.
Fue en ese contexto que Vargas salió de la casa de Antonella, simulando una conversación con ella, aunque todo apunta que para ese entonces la joven oriunda de Oberá ya estaba sin vida, producto de una puñalada que le perforó la tráquea.
“Cuando entré, la vi a ella en medio de un gran charco de sangre. Estaba tapada con una almohada y estaba semidesnuda. La Policía y la ambulancia tardaron cinco minutos en llegar y ahí constataron que ya estaba muerta”, agregó Gómez Brauvano, antes de culminar su declaración ante el Tribunal Penal Uno, presidido por la magistrada Viviana Cukla e integrado por sus pares, Ángel Dejesús Cardozo y Gustavo Bernie.
El juicio oral se realiza ante el Tribunal Penal Uno de Posadas.
La segunda jornada del juicio se completó con la comparecencia de cinco testigos más, entre ellos, un perito de cibercrimen, quien afirmó que existen herramientas informáticas que permiten recuperar toda la información de un celular restablecido a los valores de fábrica o “reseteado”.
Antes de culminar la audiencia, Mario Ramírez, el defensor oficial que asiste a Vargas, solicitó encender el teléfono del acusado para probar la posibilidad de recuperar una contraseña para el ingreso a un correo electrónico, donde presuntamente habría un “backup” de una sesión fotográfica realizada a la víctima, para luego incorporar esos elementos como prueba al proceso.
Tanto la fiscalía, encabezada por Martín Rau, como el abogado querellante en representación de la familia Bernhardt, Mauricio Vergara, no se opusieron, aunque manifestaron sorpresa por el planteo y el tribunal decidió dar una respuesta en las próximas audiencias.
El debate continuará mañana, a partir de las 9, nuevamente en el SUM del Palacio de Justicia, con la recepción de más declaraciones testimoniales.
El caso y la primera jornada de juicio
El femicidio de Antonella Bernhardt se registró el 4 de abril de 2019, entre las 13 y las 13.30, dentro del departamento 1° A en el que vivía sobre Comandante Miño 980, en el barrio El Brete de Posadas.
Según la hipótesis acusatoria, Vargas contactó a la víctima a través de redes sociales y le ofreció realizar sesiones de fotos a cambio de dinero ($1.500 con desnudos). Una de ellas se concretó, pero el acusado nunca pagó y en el segundo encuentro se produjo el desenlace mortal, luego de una discusión generada por el reclamo del dinero que nunca fue abonado.
El acusado, en tanto, sostiene que ese día Antonella la extorsionó con un supuesto video sexual de ambos y que la estocada mortal se produjo por accidente durante un forcejeo.
“Después del acto me dijo que tenía el video y que le iba a enviar a mi pareja si no le daba más plata, aunque no me dijo cuánto quería. Ahí empezó un forcejeo”, declaró ayer el fotógrafo Vargas y agregó que, en determinado momento, alcanzó a tomar el celular de la joven y su intención era romperlo, instancia en la que “ella se desesperó y agarró un cuchillo. Yo ahí le di dos ‘tapes’ para que deje de gritar. Después avanzó de nuevo con el cuchillo contra mí y pasó todo”.
“Cuando le quiero sacar el cuchillo, la traigo hacía mí con fuerza y le entra el cuchillo en la garganta”, describió.
Vargas también sostuvo que, mientras se producía el forcejo que derivó en el homicidio, el celular de la víctima continuaba filmando, aunque en la “desesperación” reseteó el celular y después “confió” en que ese material podía ser recuperado para demostrar su inocencia.
Sin embargo, ninguno de los videos mencionados por el acusado fueron hallados, a pesar de que el personal de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (Saic) logró recuperar los elementos guardados en el teléfono previo a su reseteo.
FOTOS: Marcos Otaño – @mmo_marcos
Para la Justicia misionera, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez cometieron delitos durante el acampe que interrumpió el tránsito sobre lo avenida Uruguay a mediados del año pasado durante una protesta multisectorial en reclamo de mejoras salariales.
Así lo determinó esta tarde la jueza Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, quien como presidenta del tribunal unipersonal encargado de llevar adelante el juicio oral decidió condenar a ambos trabajadores de la educación como coautores de los delitos de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación con la cual llegaron a esta instancia.
Las penas impartidas fueron 10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses de prisión en suspenso para Sánchez, quienes además deberán realizar 8 horas mensuales de tareas comunitarias dando clases en comedores infantiles.
Los fundamentos del fallo serán comunicados el 1 de diciembre, jornada para la cual el colectivo de docentes y trabajadores de la educación unidos en acompañamiento a los ahora condenados anunció un paro con posible movilización hacia el Palacio de Justicia, donde esta mañana volvieron a montar una vigilia y luego reclamaron que el veredicto busca “criminalizar la protesta”.
La defensa de los docentes, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, junto a Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, adelantó que una vez conocido los argumentos apelarán el fallo y de ser necesario insistirán hasta llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
La fiscal María Laura Álvarez fue la primera en alegar y solicitó condenas para los imputados.
“No hay derecho absoluto”
El fallo se ajustó casi en su totalidad con el planteo efectuado previamente por la fiscal María Laura Álvarez, que al momento de su alegato consideró que ambos docentes habían cometido los delitos imputados en el marco de la protesta realizada el año pasado y, por ende, pidió 1 año de prisión en suspenso para Gurina y 10 meses en suspenso para Sánchez.
Álvarez argumentó que el mayor pedido contra Gurina fue porque ella “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe instalado sobre la avenida Uruguay, casi Trincheras de San José, una cuadra antes del campamento similar montado por agentes policiales frente al Comando Radioeléctrico Uno.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por unos 80 comerciantes de la avenida Uruguay, tomando como ejemplo a Gustavo Cardozo, dueño de Vicar Muebles, que como testigo declaró que sus ventas bajaron un 40% durante los días que duró la protesta.
Consideró, además, que ambos docentes incumplieron en forma “dolosa” con la orden de despeje de la calle emitida por el juez Ricardo Balor y para ello se apoyó en las declaraciones de varios agentes policiales que hoy comparecieron como testigos, entre ellos Mariela Acosta, mediadora de la fuerza provincial.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez que anoche además presentó un escrito solicitando que la audiencia de hoy se restrinja al público.
En sus argumentos, expuso que el martes se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
La defensa se opuso y la jueza Leiva también, que aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento. Lo que no hubo fue transmisión oficial en vivo, como suele en la mayoría de los debates orales, salvo excepciones como casos de abuso sexual donde prevalece el derecho a la intimidad de la víctima.
Sánchez reinvidicó el derecho a protesta al dar sus últimas palabras, poco después de sufrir un cuadro de presión alta.
“Fue un hecho público y multitudinario”
En defensa de los imputados alegaron los tres letrados del equipo técnico legal, siendo Paredes y Rivas los principales oradores.
En primer término, Paredes realizó un repaso de las luchas sociales y conquistas de derechos obtenidas en el marco de protestas en las calles. A nivel nacional mencionó la protesta del campo contra la resolución 125 que lideró Alfredo De Angeli -hoy senador nacional- y en materia provincial recordó el tractorazo que derivó en la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).
“Hubo tractores sobre la plaza, se cortó el tránsito, los empleados apenas podían ingresar a la casa de gobierno. Aún así, el gobierno reconoció que eran derechos constitucionales y no tomó ninguna medida. Así salió el Inym y el gobierno provincial nunca impulsó un proceso”, ejemplificó.
Rivas, por su parte, consideró que la causa carecía de pruebas para dar por acreditada las acusaciones. “Fue un hecho público y multitudinario. No hay pruebas de que ambos hayan ‘liderado’ la protesta. Esto era, además, multisectorial. Es imposible endilgarle un ‘poder de dirección’ en los hechos”, apuntó.
También cuestionó que “los daños económicos en los comerciantes son presumido, no está acreditado” y aseveró que “la salida acá es entender que este conflicto ya se resolvió en sede administrativa”.
En consecuencia, la defensa pidió la absolución de los acusados o, en forma subsidiaria, la aplicación del estado de necesidad justificante o del estado de necesidad disculpante.
Los planteos defensivos no prosperaron. Tras más de dos horas de deliberación, la magistrada Leiva regresó a la sala con el veredicto y por secretaría se leyó la condena para ambos docentes.
La sentencia de la jueza Marcela Leiva fue impartida poco después de las 14.
Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó 1 año de prisión para Mónica Gurina y 10 meses de prisión para Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
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