Judiciales
Rivero recibió 18 años de cárcel por intentar matar a su ex y a dos vecinos
Manuel Rivero (59), el hombre que a fines de 2016 disparó a quemarropa contra su ex pareja y baleó a otros dos vecinos que se cruzaron en la escena, fue condenado este mediodía a la pena de 18 años de prisión tras un juicio oral realizado ante el Tribunal Penal Uno de Posadas.
En su fallo, los magistrados Gustavo Bernie, Viviana Cukla y Fernando Verón (subrogante) decidieron por unanimidad condenar al imputado como autor de los delitos “homicidio calificado por el vínculo en grado de tentativa y homicidio simple en grado de tentativa, dos hechos, en concurso real”, aunque hubo disidencia en cuanto al monto de pena, ya que Bernie consideró que lo correspondiente eran 20 años de cárcel, pero por mayoría se impuso la opinión de los camaristas restantes.
La sentencia dictada también establece para el acusado la imposición durante la continuidad de su estadio en prisión de un curso de capacitación y sensibilización en cuestiones relacionadas a la violencia de género, tal como lo solicitó el fiscal Martín Rau durante la exposición de su alegato, donde además de reconstruir el hecho realizó un repaso por la historia de padecimientos sufridos por la ex pareja del acusado, como así también sus actitudes machistas evidenciadas a lo largo del proceso. “Hasta llegó a pedir un abogado varón porque no confiaba en la defensa de una mujer”, ejemplificó.
El dictamen del tribunal se acogió plenamente a la calificación legal de los hechos planteada por la fiscalía, aunque difirió en la pena aplicada, teniendo en cuenta que Rau -al igual que la querella- pretendía 25 años de prisión como condena, mientras que el defensor oficial Mario Ramírez pidió la mínima, es decir, 10 años de cárcel.
Los fundamentos del fallo serán comunicados el 28 de mayo, a las 9.
Rivero no hizo uso de sus últimas palabras y oyó la sentencia en silencio.
“Alarmante desprecio por la vida”
Para el representante del Ministerio Público Fiscal quedó acreditado que Rivero actuó con intención de matar tanto a su ex pareja Elisa De Souza, a quien efectuó tres disparos a quemarropa, como así también a Arnaldo André Dos Santos, que fungió como escudo humano de la mujer ante la primera agresión, y a Rosalba González, vecina que desde la ventana de su kiosco presenció la violenta secuencia desarrollada en el barrio San Marcos.
En su exposición, Rau precisó que el caso ocurrió el 14 de diciembre de 2016, a las 7.30, en la intersección de la avenida Avellaneda y la calle 156 “A”, punto que se transformó en la escena del hecho una vez que De Souza logró escapar de su casa para pedir auxilio.
“Él pensaba matarla dentro de la casa, pero el plan se le salió de control cuando Elisa lo empujó contra una pared y escapó a la calle. A partir de ahí se descontroló y tuvo que improvisar, pero en ningún momento dudó. Acá no hubo víctimas de milagro, milagro atribuido a la ciencia médica y a la fuerza de De Souza. A González le disparó a la altura de la cabeza las tres veces”, esgrimió.
Para el fiscal, el imputado “venía madurando la idea de matar” a De Souza desde hace años, dado que la primera vez que fue denunciado por violencia contra de la mujer fue en 2007, a lo que prosiguieron dos presentaciones más en 2008 y 2016, meses antes del ataque que casi termina en femicidio, situaciones en las cuales Rivero lanzó amenazas tales como “voy a comprar un arma y te voy a matar”.
Rau ahondó en su hipótesis. “Todo fue debidamente premeditado por Rivero. Él inventó el plan de viaje con sus hijos para dejar sola a la mujer en su casa y llevó una mochila preparada con una peluca, unos bigotes, unas gafas, pastillas y whisky, la cual no pudo llevarse porque De Souza escapó a la calle. Él huyo pensando que ya había matado a De Souza y llamó a su hijo para decirle ‘hice mierda a tu mamá’”, plasmó, mientras daba reproducía la filmación del hecho captada a través de la cámara de seguridad dispuesta en la casa de vecina atacada.
Adelantándose a la estrategia defensiva, Rau puso sobre el tapete los 2,92 gramos de alcohol en sangre que arrojó Rivero dos horas después de ser detenido y ocho horas después del ataque. “Tenemos un vacío desde la hora del hecho y la hora de su detención. Pudo haber tomado ahí. En las imágenes no se lo nota como una persona con un nivel de intoxicación cercano al grado 4, que puede hasta generar un coma alcohólico”, contrapuso.
Respecto al momento de pena solicitado, el fiscal hizo hincapié en los antecedentes de violencia infundidos sobre la víctima y desestimó el pedido de disculpas realizado por Rivero en la primera jornada de juicio. “Esto no fue un simple error como planteó el imputado. Él en todo momento actuó con un alarmante desprecio por la vida”, lanzó.
En consecuencia, Raul pidió nada ni más ni nada menos que 25 años de prisión para el acusado, en coincidencia con lo expresado minutos antes por la querella encabezada por los letrados Santiago Larrea y Ariel Pianesi en representación de De Souza.
El defensor oficial Mario Ramírez y de fondo los integrantes del tribunal.
“Él ya está cumpliendo su pena”
Ramírez, por su parte, brindó un alegato más conciso. Partió de la base de la confesión de culpabilidad realizada por su defendido y esgrimió que “no estamos acá para descubrir qué pasó, estamos acá porque no hubo acuerdo en el monto de la pena. Pena que ya viene cumpliendo, porque él esta detenido hace un largo tiempo ya”.
El defensor oficial cuestionó el monto solicitado tanto por la fiscalía como por la querella al considerar que “este pedido es como una perpetua, ellos quieren que él se muera dentro de la cárcel”.
Ramírez no minimizó la historia de violencia sufrida por De Souza e incluso pidió que llegado el momento de una posible liberación de Rivero se arbitren medidas de seguridad en su favor, pero planteó que “ese temor es el que funda el monto de pena solicitado, pero eso no es un parámetro”.
En esa línea, ubicó al alcohol como un factor determinante en la comisión del hecho. “Esto es un flagelo que no debe omitirse. El señor Rivero había tomado, no sabemos cuánto, pero había tomado. Nunca hizo nada porque nunca estuvo tan puesto. Esta vez lo hizo porque estaba muy tomado y tomó coraje. No está bien lo que hizo, claramente, pero la cuestión del alcohol lo explica”, postuló.
Ramírez también sostuvo que el único delito habilitado para ser juzgado era el intento de homicidio en perjuicio de De Souza, dado que consideró prescrita las demás acusaciones.
Para finalizar, pidió 10 años de prisión para su defendido y volvió a hacer hincapié en el tiempo que Rivero lleva detenido. “Él ya está cumpliendo su pena, nadie puede negar eso. Y tampoco vamos a pedir la excarcelación”, cerró.
Culminada la ronda de alegatos, el tribunal pasó a deliberar y casi horas después volvió al recinto de debates con la decisión final, tras lo cual Rivero volvió a ser esposado y trasladado a la unidad penal donde permanece encerrado hace más de siete años.
El intendente de Caraguatay, Mario Darío Peyer, denunciado por abuso sexual en perjuicio de una trabajadora del Concejo Deliberante del mismo municipio, se tomó licencia en el cargo y se puso a disposición de la Justicia, tal como lo había solicitado el miércoles a la noche el gobernador Hugo Passalacqua.
La decisión de Peyer fue comunicada a través de un posteo en su cuenta de Facebook y en el escrito indicó que “en virtud de las denuncias y acusaciones que han tomado estado público en contra de mi persona, comunico a mis vecinos de Caraguatay, y a toda la provincia, que he decidido presentar mi licencia al cargo de intendente”.
En la continuidad de la publicación, el intendente añadió que “me he puesto a entera y absoluta disposición de la Justicia, para colaborar en todo lo que fuese necesario, a fin de que se pueda esclarecer lo más pronto posible la grave y falaz denuncia de la cual he sido objeto”.
En otro párrafo, agregó que “desconozco la motivación o las causas que pueden haber desencadenado semejante acusación, pero manifiesto mi plena confianza en que la Justicia fallará a favor de la verdad, es decir, de mi inocencia. Y mientras atravieso este duro proceso, me rodearé del cariño de mi familia, que me apoya plenamente, y en el afecto de los vecinos de mi querida comunidad”.
La denuncia
La decisión llega 48 horas después de que se hiciera pública la denuncia que el jefe comunal registra en su contra desde el pasado 25 de febrero, cuando una trabajadora del Concejo Deliberante de Caraguatay lo acusó por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.
Sumado a la presentación inicial, ese mismo miércoles la denunciante compareció ante el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, instancia en la que ratificó cada una de sus acusaciones, brindando un detallado relato de los padecimientos que afirma haber sufrido en manos del alcalde que llegó al cargo en 2023.
Ante la Justicia, la joven denunció que primer suceso ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Medidas
Atento a que Peyer goza de inmunidad de arresto por sus fueros como alcalde, el magistrado que dirige la investigación dispuso una serie de medidas preventivas, entre ellas una restricción de acercamiento y contacto hacia la denunciante.
En paralelo, ordenó otras medidas para la recolección de pruebas y en ese marco hubo allanamientos en su oficina en la municipalidad y en su casa. En esos procedimientos ya se incautaron dispositivos electrónicos como celulares y computadoras, elementos que serán sometidos a pericias por parte de los especialistas de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic).
Los investigadores también realizaron un registro fotográfico de la oficina del alcalde y de otras dependencias que pudieran haber sido escena de alguno de los hechos denunciados.
La joven que denunció por abuso sexual al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, se constituyó como querellante particular y a través de su representante legal podrá ser parte activa del proceso judicial, con el impulso de medidas probatorias y responder planteos defensivos.
Los trámites correspondientes fueron completados ayer, en paralelo a la audiencia de ratificación de denuncia, y el requerimiento fue aceptado por el magistrado Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, dependencia judicial que lleva adelante el expediente.
Es Balanda Gómez el que dirige la investigación del caso, mientras que la acción pública es impulsada por Héctor Simón, titular de la Fiscalía de Instrucción Uno de la misma jurisdicción, rol que ahora compartirá con la querella particular que represente los intereses de la denunciante e incluso pueden trabajar juntos, aunando criterios y colaborándose mutuamente en la recolección de pruebas.
Denuncia y ratificación
En su denuncia, la joven, que trabaja en el Concejo Deliberante de Caraguatay, acusó al intendente de ese mismo municipio por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.
La presentación que dio inicio al expediente se radicó el 25 de febrero y fue ratificada ayer, con una ampliación de su declaración ante el magistrado que instruye la causa, quien ya dispuso una serie de medidas preventivas, como una restricción de acercamiento y contacto contra el intendente, y órdenes de allanamiento en busca de elementos de prueba.
Según pudo averiguar La Voz de Misiones, el primer suceso denunciado ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Pedido de licencia
Si bien la presentación inicial se radicó el 25 de febrero, el caso tomó estado público ayer y después de la ratificación de la denuncia efectuada por la joven, el gobernador Hugo Passalacqua le pidió a Peyer que se tome licencie en el cargo y enfrente a la Justicia.
“Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera ordenada y transparente”, comunicó el gobernador en su cuenta de X.
Passalacqua pidió que el intendente denunciado por abuso se tome licencia
El gobernador Hugo Passalacqua le solicitó al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, denunciado por abuso sexual contra una trabajadora del Concejo Deliberante de esa localidad, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia.
El mandatario provincial hizo público su pedido a través de un posteo en su cuenta de X, donde esta noche escribió: “Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera ordenada y transparente”.
Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera…
— Hugo Passalacqua (@passalacquaok) March 12, 2026
Denuncia y ratificación
El pedido del gobernador llega luego de que se hiciera público una grave denuncia que data contra el intendente desde el 25 de febrero pasado, cuando una empleada del Concejo Deliberante de Caraguatay acudió a la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico para realizar una presentación en la que acusaba al jefe comunal por hechos de acoso y abuso sexual.
El asunto tomó mayor relevancia este miércoles, luego de la que muchacha compareciera ante el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, para ampliar su denuncia y en dicha audiencia ratificara cada una de las acusaciones.
En esa instancia, la mujer dio un pormenorizado relato de los hechos padecidos, con precisión de días, horarios, circunstancias y modos.
Según pudo saber La Voz de Misiones, la joven relató que los hechos ocurrieron el año pasado. El primer suceso se dio el 8 de julio del año pasado, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, entre lágrimas y visiblemente conmovida, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Meses más tarde la mujer encontró contención en una abogada local que se interiorizó en el caso y le recomendó accionar penalmente, lo cual finalmente ocurrió el pasado 25 de febrero, cuando radicaron la denuncia inicial ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico, que en ese momento era subrogado por Jorge Fernández y que ahora nuevamente se encuentra a cargo de su titular Héctor Simón.
Como cierre de su testimonio, la denunciante agregó que el último sábado, a la medianoche, el intendente pasó en cercanías a su a casa a bordo de la camioneta del municipio y efectuó gestos amenazantes contra su hija de menor.
Con los elementos recolectados hasta el momento y atento a la inmunidad de arresto que Peyer goza por sus fueros como intendente, el juez Balanda Gómez dispuso una restricción de acercamiento hacia la denunciante, entre otras medidas, principalmente de contención a la víctima y de recolección de pruebas para avanzar con la causa que, preliminarmente, configuraría delitos de “abuso sexual con acceso carnal”.
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