Judiciales
Revés del STJ para Pietrowski y sigue activo su pedido de captura
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones declaró inadmisible un último recurso de casación presentado por la defensa Pedro Darío Pietrowski (52), ex intendente y ex diputado provincial acusado de violencia de género contra su ex esposa, y de esta manera continúa vigente su pedido de captura para que finalmente sea juzgado por sus hechos en un debate oral y público, proceso que ya fue suspendido tres veces en un año por sus constantes faltazos.
El recurso que estaba en trámite de análisis en el STJ fue presentado por el letrado Ricardo Skanata, defensor de Pietrowski, luego que el magistrado César Raúl Jiménez, titular del Juzgado Correccional y de Menores Dos de Posadas, declarara prescripta la causa por desobediencia judicial contra el imputado, pero continuara el curso de la acción penal por el delito de amenazas.
Contra esa resolución Skanata presentó un recurso de casación, pero ahora el máximo órgano judicial resolvió declarar inadmisible el planteo. “Considero que la denegatoria del pedido de prescripción de la acción no resulta revisable por esta vía casatoria, en tanto no reviste el carácter de sentencia definitiva”, sostuvo en su voto el camarista Marcelo Benítez, según pudo confirmar La Voz de Misiones mediante altas fuentes consultadas.
Jorge Antonio Rojas fue otro de los magistrados del STJ en votar en contra del planteo defensivo. “De la lectura de los autos se advierte que el objeto de la resolución recurrida no cumple con el requisito de sentencia definitiva o equiparable a tal para habilitar la instancia casatoria”, coincidió con Benítez.
Pero en su voto Rojas también hizo un repaso de las reiteradas veces en que Pietrowski faltó a las audiencias de juicio programadas en su contra y puso en relieve el estado de rebeldía en que el imputado se encuentra desde hace más de un año.
“Conocido por todos es que a la fecha Pietrowski continúa en condición de rebeldía, y no sólo frustró la realización de las audiencias de debate, sino que también dio lugar a la formación de varios expedientes que corren por cuerda y dan cuenta de las constantes e infructuosas medidas que se han tomado a fin de dar con su paradero, generando nuevamente un dispendio jurisdiccional y policial innecesario. Descrito ello, encuentro necesario decir enfáticamente que el prófugo no puede ser oído, y la justicia no debe acordarle audiencia a quien se alza contra sus resoluciones”, sostuvo el camarista en su voto.
Y consideró que “receptar la petición de la defensa, sería, a mi criterio, institucionalizar la impunidad mediante el sendero de la Justicia decadente. En efecto, si cuando por realizarse el juicio oral el imputado desaparece y estando prófugo pide a través de su defensor la extinción del caso, resulta una burla a la justicia y un procedimiento imposible de consentir en una República de derecho”.
El resto de los camaristas intervinientes adhirieron a los votos de Benítez y Rojas, por lo que resolvieron declarar “mal concedido” el recurso de casación interpuesto y, en consecuencia, inadmisible.
Tras este revés judicial, el expediente volverá a manos del magistrado Jiménez, que deberá continuar el proceso normal de la causa por el delito de amenazas contra Pietrowski. Esto también significa que sigue declarado en “rebeldía” y continúa vigente su pedido de captura.
Faltazos
Pietrowski, ex intendente de Almafuerte y ex diputado provincial, faltó a su juicio en tres oportunidades durante el 2021.
La primera fecha estipulada para el juicio fue el 18 de abril de ese año, pero el hombre se ausentó sin aviso y dos días después presentó en forma electrónica un certificado médico en el cual alegaba un cuadro de hipertensión.
Con ese documento sorteó el pedido de detención que se había librado en su contra y el juicio se reprogramó para el 3 de junio, pero el proceso volvió a ser suspendido a raíz de la presentación de otro certificado médico, esta vez por Covid-19.
De esta manera, se programó una tercera fecha para realizar el juicio en la sala de debates del Palacio de Justicia el 27 de julio. El banquillo de los acusados volvió a estar vacío. Pietrowski faltó por tercera vez y su defensa presentó pedidos de nulidad.
Allí mismo, la fiscal María Laura Álvarez, interviniente en ese entonces por subrogancia legal, formuló un pedido para declarar en rebeldía al ex intendente y ordenar su detención. El juez Jiménez dio lugar al pedido.
En septiembre del año pasado hubo varios allanamientos en inmuebles y domicilios laborales relacionados al imputado, tanto en Misiones como en Corrientes, pero los resultados fueron negativos.
Las causas
La causa contra Pietrowski comenzó en agosto de 2018, cuando su ex esposa y actual intendenta de Almafuerte, Celia Smiak, lo denunció por reiterados hechos de violencia de género.
Según la denuncia, el último episodio ocurrió el 28 de julio de ese año. Esa noche, tras regresar del concejo local, el acusado amenazó a su pareja en el domicilio en el que convivían y también la agredió tomándola del cuello. “Te voy a eliminar, sí, yo lo voy a hacer, vos vas a suplicar por la vida”, habrían sido las palabras del acusado.
Pocos días después, la Justicia de Familia le impuso a Pietrowski una exclusión de hogar y restricción de acercamiento hacia su esposa e hijos, pero el hombre incumplió y eso le valió una segunda causa penal por el delito de desobediencia. Ese expediente fue declarado prescripto, pero el de amenazas continúa su curso.
El ex convicto detenido por el asesinato a machetazos de su patrón, el productor agrícola Hugo Orlando Von Steiger (75), se abstuvo de declarar y fue imputado por homicidio agravado.
La audiencia de declaración indagatoria se concretó en las últimas horas y fue realizada ante la magistrada Adriana Zajackowski, titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Oberá, pero actualmente a cargo por subrogancia del Juzgado de Instrucción Uno de la misma circunscripción judicial.
Frente a ella compareció Samuel de Almeida (45), ex convicto y peón rural de la víctima, quien decidió guardar silencio y acto seguido fue imputado preliminarmente por “homicidio agravado”.
De esta manera, el sospechoso continuará privado de su libertad y su futuro dependerá de los elementos probatorios que los instructores de la causa logren reunir para esclarecer el hecho.
El crimen de Von Steiger se registró el 9 de enero, cuando su cuerpo fue encontrado a un costado de su camioneta Volkswagen Saveiro sobre un camino vecinal en una zona de plantaciones en el límite entre Oberá y General Alvear.
El hombre presentaba múltiples lesiones de machetazos en miembros inferiores, superiores, tórax y rostro.
De Almeida fue la última persona vista junto a la víctima y después del hecho permaneció prófugo casi un día, hasta que efectivos policiales lo capturaron a unos 25 kilómetros de la escena del crimen.
El sospechoso trabajaba como peón de Von Steiger hace unos tres años. Antes de eso estuvo cuatro años preso por un delito contra la integridad sexual.
Atrapan a ex convicto acusado de matar a machetazos al productor Von Steiger
El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) se hizo eco del intento de censura contra La Voz de Misiones y mediante un comunicado expresó que “deplora” el accionar del abogado y ex juez penal José Antonio Reyes, autor de una carta documento enviada a este medio.
El caso fue relevado por integrantes del monitoreo de libertad de expresión de Fopea, quienes se interiorizaron en la situación y resolvieron expresar su postura a favor de La Voz de Misiones.
En el mismo comunicado señalaron que “Fopea advierte que pretender impedir o condicionar la publicación de información veraz sobre hechos juzgados constituye un intento de censura, incompatible con los principios constitucionales que protegen la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada”.
“La existencia de resoluciones judiciales refuerza el carácter público de la información difundida y el derecho de los medios a darla a conocer”, consignan después y cierran: “Reafirmamos que la libertad de expresión y el derecho a la información son pilares esenciales del sistema democrático, que deben ser garantizados y protegidos frente a cualquier intento de restricción”.
El intento de censura contra LVM provino de parte del ex juez penal de Apóstoles José Antonio Reyes –destituido en 2007-, quien ahora se desempeña como abogado particular y actuó como defensor de una pareja de bonaerenses condenada por participar de una maniobra de entrega de bebés en Concepción de la Sierra, ardid que fue expuesto por este medio mediante un informe publicado el pasado 5 de enero.
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Ex juez pide censura a LVM por nota sobre entrega de bebés en Concepción
José Antonio Reyes, el abogado que pidió censurar a La Voz de Misiones por una nota sobre entrega de bebés que involucraba a dos de sus defendidos, fue juez penal de Apóstoles hasta su destitución en 2007, aunque eso ya se sabía y múltiples publicaciones dan cuenta de ello.
En contrapartida, lo que en estos años pasó desapercibido es que la destitución de Reyes fue ratificada en 2021 por la mismísima Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), hasta donde el ex magistrado recurrió para tratar de revertir el fallo que le quitó el cargo por incumplimiento de sus deberes.
La medida del máximo órgano judicial del país fue firmada por los jueces Carlos Fernando Rosenkratz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Daniel Rosatti, quienes analizaron el recurso de casación interpuesto y desestimaron uno por uno los argumentos esgrimidos por Reyes en su escrito.
La resolución tiene 17 páginas, es información pública en internet y en uno de sus apartados los jueces la Corte concluyen, sin vueltas: “Que, en las condiciones expresadas, no puede ponerse fundadamente en tela de juicio que el ex magistrado fue imputado por un cargo definido, en base a una conducta descripta con suficiente precisión; que pudo ejercer su derecho de defensa, efectuando su descargo sobre la base de los hechos concretos que le fueron imputados; que su conducta fue evaluada y juzgada dentro de un plazo razonable; y que fue destituido, con sustento en los mismos hechos”.
De esta manera, quedó ratificada la destitución resuelta por el jurado de enjuiciamiento que analizó el caso en 2007 y encontró a Reyes responsable de “incumplimiento de sus deberes”.
El pedido de jury había sido formulado por Gabriel Díaz, por aquel entonces gerente regional del banco Macro, quien acusó a Reyes de emitir un recurso de amparo a favor de la empresa “Touché-Moreno Ocampo y Otros UTE” pese a no ser competente.
Esa resolución le permitió a la empresa extraer unos 3 millones de pesos del banco, supuestamente en concepto por pagos pendientes por el cobro tercerizado de morosos de Rentas.
Antes de llegar al jury, el magistrado presentó la renuncia, pero el gobierno no se la aceptó. Tras su destitución, Reyes habló con el diario El Territorio y prometió: “Voy a reclamar hasta la última instancia porque considero justo, se violó mi derecho a la defensa y el debido proceso, eso tilda de nulo el proceso. Es una grosera sentencia”.
Décadas después, la contienda judicial llegó hasta la Corte Suprema, cuyos magistrados entendieron que a Reyes no le asistía la razón.
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