Judiciales
Realizan back up previo al peritaje de los aparatos incautados a Kiczka
El magistrado Miguel Ángel Faría, titular del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, dispuso que este viernes se lleve adelante la apertura de los aparatos electrónicos incautados en la casa del diputado Germán Kiczka y se realice una copia de seguridad o back up de todos los contenidos allí almacenados, como ante sala de la pericia digital que se efectuará en los próximos días.
Según detallaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, el procedimiento consistirá en el encendido de los aparatos y la extracción de todos los datos para su almacenamiento en otros dispositivos como medida de resguardo y cumplimiento de la debida cadena de custodia.
Dicha labor será realizada por personal de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Conjuntas (Saic), en conjunto con Cibercrimen de la Policía, quienes trabajarán sobre dos celulares, una notebook y un pen drive.
Será recién después de esto que se avance en la pericia propiamente dicha, donde los mismos agentes especializados deberán realizar un análisis exhaustivo de toda la información recuperada de los aparatos incautados.
Esa “autopsia digital” podría comenzar a realizarse la semana próxima y los resultados allí obtenidos serán clave para el avance de la investigación iniciada contra el diputado Kiczka por la posible comisión de delitos vinculados a la tenencia y distribución de pornografía infantil.
Una vez que eso se concrete, el magistrado Faría podrá tener un panorama más claro del asunto e incluso programar una audiencia para que el legislador comparezca a prestar declaración indagatoria como imputado.
En las últimas horas se supo, además, que hubo un pedido para que el peritaje informático sea realizado por Gendarmería Nacional Argentina (GNA), argumentando que la filtración a los medios de comunicación de las fotografías del allanamiento comprometen la investigación y representan “gravedad institucional”, aunque el juez Faría desestimó el planteo.

El allanamiento a la casa de Kiczka se concretó el martes 6 de agosto.
Diputado investigado
El legislador Germán Kiczka, presidente de Activar, partido creado por Pedro Puerta, quedó en el centro de la escena la semana pasada, cuando fue alcanzado por la investigación que originariamente se inició contra su padre Leandro y su hermano Sebastián.
Los primeros procedimientos se ejecutaron en marzo, en el marco de un mega operativo contra la pornografía infantil que incluyó allanamientos simultáneos en diversas ciudades del país y uno de esos puntos marcados a través de direcciones de IP fue la casa de los familiares directos del diputado en el barrio Illía de Apóstoles.
Hasta esa vivienda llegaron en esa oportunidad agentes de la Policía Federal Argentina (PFA), quienes incautaron celulares, dispositivos de almacenamiento y computadoras, una de ellas propiedad del legislador.
Todos esos objetos fueron enviados a peritar a Buenos Aires, dado que la investigación inició bajo la órbita una fiscalía porteña especializada en delitos informáticos a cargo de Daniela Dupuy, quien luego de recibir los primeros informes decidió declararse incompetente y remitir la causa a Apóstoles, ante lo cual el expediente quedó en manos del juez Faría por cuestiones de jurisdicción.
Ocurrió que, cuando Faría recibió las actuaciones de la causa, verificó que de los informes anexados se desprende que en la notebook del diputado que fue incautada en la casa de su hermano aparecieron videos de pornografía infantil y registros de actividades en programas de intercambio de archivos tipo P2P (peer-to-peer o red de pares), que son encriptados y requieren de una clave.
Fue en base a estos elementos que el martes 6 de agosto se ordenaron nuevas medidas probatorias, las cuales incluyeron el allanamiento de la casa del Kiczka en busca de más aparatos tecnológicos, los cuales finalmente fueron incautados y mañana serán abiertos.

Antes del escándalo Kizcka era presidente de Activar, el partido creado por Pedro Puerta.
Código y desafuero
Por el momento, los hechos investigados podrían encuadrarse bajo el artículo 128 del Código Penal de la Nación argentina, el cual establece que “será reprimido con prisión de tres (3) a seis (6) años el que produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere, por cualquier medio, toda representación de un menor de dieciocho (18) años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, al igual que el que organizare espectáculos en vivo de representaciones sexuales explícitas en que participaren dichos menores”.
La calificación del hecho, además, podría ser alcanzada por el párrafo quinto del mismo artículo, el cual contempla que “todas las escalas penales previstas en este artículo se elevarán en un tercio en su mínimo y en su máximo cuando la víctima fuere menor de trece (13) años”.
Al ser legislador provincial, Germán Kiczka tiene fueros y, por ende, inmunidad a su detención, aunque eso no impide que sea citado a declarar y sea sometido a una investigación judicial.
Desde Activar ya le pidieron su renuncia y el diputado acató el mandato del partido creado por el hijo del ex gobernador Ramón Puerta, aunque todo indica que la Legislatura rechazará el planteo y avanzará en su desafuero a través del voto de los parlamentarios.
Judiciales
Comisario denunciado por abuso: declaró, fue imputado y seguirá detenido
El comisario retirado denunciado por abuso sexual en perjuicio de dos hijastras se defendió de las acusaciones en su contra, fue imputado y continuará detenido mientras avanza la investigación que se tramita ante el Juzgado de Instrucción Dos de Posadas.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, el ex uniformado identificado como Adolfo Miguel González (63), quien permaneció más de una semana en condición de prófugo, fue trasladado esta mañana hacia la dependencia judicial interviniente y ante el magistrado Juan Manuel Monte eligió declarar.
Si bien no trascendieron mayores detalles sobre su declaración, se pudo saber que el implicado negó las acusaciones que lo señalan por hechos de abuso contra dos hijas de quien fuera de su pareja.
En la misma audiencia, González fue imputado por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado” y continuará detenido a disposición de la Justicia.
El comisario retirado se encuentra privado de su libertad desde el martes a la tarde, cuando se entregó después de más de una semana en condición de prófugo.
Comisario retirado denunciado por abuso se entregó tras ocho días prófugo
Judiciales
Se suspendió el juicio a ex gendarme acusado de matar a su esposa en 2001
El debate oral programado para hoy contra el ex gendarme Carlos Ramón Gómez, imputado por el asesinato de su esposa María Esther Barreda (36), cometido el 9 de diciembre de 2001, fue suspendido en virtud de “maniobras dilatorias” de sus abogados advertidas por el Tribunal Penal Dos de Posadas, que resolvió diferir el inicio de las audiencias y designar un defensor oficial sustituto para evitar que el accionar se repita en la próxima fecha a definir.
La decisión se tomó luego de que el imputado notificara un último cambio de defensa, designando a la letrada Olga Anahí Tabacchi, ex fiscal en Santo Tomé y con condena ratificada por la Corte Suprema por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, en lugar de la abogada posadeña María Laura Alvarenga.
En ese marco, el tribunal presidido por el magistrado César Antonio Yaya advirtió que la medida pudo corresponderse a una “maniobra dilatoria”, alegando que los anteriores abogados de Gómez (Eduardo Paredes y Mauricio Vergara) “exhibieron idéntica conducta procesal” en otros tres causas puntuales en las que renunciaron o solicitaron cambios a último momento, entre otros planteos.
Ante ese panorama, y a fin de asegurar el derecho de defensa del imputado y garantizar la realización del debate sin nuevas dilaciones, las autoridades resolvieron suspender la audiencia de hoy y pautar una nueva fecha de inicio, aunque antes de ello ordenó designar un defensor oficial sustituto para que actúe en caso de una nueva renuncia o cambio de abogado a último momento.
Gómez llega a esta instancia libertad y enfrenta cargos por “homicidio calificado”, figura bajo la cual puede ser condenado a prisión perpetua, pena que al momento del hecho preveía 25 años de cárcel.
El expediente quedó habilitado para tratarse en debate oral luego de que el pasado 7 de julio la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) fallara en contra de uno de los tantos planteos defensivos que los diferentes abogados de Gómez presentaron a lo largo de dos décadas.
Crimen y derrotero judicial
El hecho que se pretende esclarecer se registró el 9 de diciembre de 2001 y la víctima fue María Esther Barreda, una mujer de 36 años que estaba en pareja con el ex gendarme acusado.
Según lo reconstruido en su momento, el crimen ocurrió en una vivienda del barrio San Lucas, a pocas cuadras del club Centro de Cazadores de Posadas, donde Gómez habría encontrado a su pareja con otro hombre y la atacó a balazos con su arma reglamentaria.
La mujer recibió un total de cuatro disparos y falleció en el lugar, mientras que el ex uniformado huyó de la escena para un día después entregarse en el puesto de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) de San José.
Inicialmente, la causa quedó en manos del Juzgado de Instrucción Tres de Posadas, presidido en ese entonces por el magistrado Eduardo D’Orsaneo, aunque más tarde el caso ingresó en un largo proceso recursivo y el derrotero judicial que se extendió durante más de 20 años.
Tras las primeras actuaciones, el juez D’Orsaneo dictó la prisión preventiva para el imputado e incluso más tarde la fiscal Margarita Wenner avanzó con el requerimiento de elevación a juicio.
La defensa, por su parte, jugó otra carta. Se opuso al requerimiento y pidió el sobreseimiento de Gómez alegando una “inimputabilidad” de su cliente en razón de haber actuado en forma “enceguecida” por encontrar a su pareja con un presunto amante.
Para 2003, en el expediente intervino el Tribunal Penal Uno de Posadas, que resolvió revocar la elevación a juicio y dictar el sobreseimiento de Gómez, cuya ejecución fue apelada, no así la resolución que lo dispuso.
De ahí, el asunto pasó a manos del Tribunal Penal Dos, actuando como Cámara de Apelaciones, cuyas autoridades consideraron que el caso debía seguir siendo investigado y en consecuencia remitió las actuaciones al Juzgado de Instrucción Uno, entonces presidido por Horacio Gallardo (fallecido), que liberó al sospechoso y estableció una prórroga extraordinaria para resolver si Gómez debía ir al banquillo o no.
Los años pasaron y recién en 2013 el ex gendarme volvió a ser detenido para enfrentar el juicio. El inicio de las audiencias estuvo programado para 2018, pero fue suspendido por el pedido de licencia del fiscal.
En ese lapsus, la defensa volvió a jugar otra carta y recurrió al máximo órgano judicial del país aludiendo el sobreseimiento dictado en su momento a favor de Gómez, entre otros planteos como de prescriptibilidad, arbitrariedad y violación del principio de defensa en juicio por preclusión.
Ese planteo es el que recientemente respondió de manera negativa la Corte, aunque sin analizar la cuestión de fondo. Tras ese revés, Gómez quedó sin más posibilidades recursivas y, por eso, hoy debía sentarse en el banquillo de los acusados aunque el inicio del debate volvió a ser postergado.
Ex gendarme irá a juicio por el crimen de su esposa 24 años después
Judiciales
Ordenan junta médica para el suegro de Wiebel antes de fijar la indagatoria
El hombre de 82 años detenido desde el viernes pasado por el crimen de su ex yerno, el empresario y piloto Alfredo Wiebel (48), continúa internado en Puerto Iguazú y la Justicia ordenó que sea sometido a una junta médica para determinar si su estado de salud le permite comparecer en audiencia de declaración indagatoria.
Según pudo averiguar La Voz de Misiones mediante diversas fuentes consultadas, el detenido, identificado como Ángel Ramón Zalazar (82), continúa internado con custodia policial en la misma clínica privada a la que se presentó el viernes a la tarde mientras era intensamente buscado por el crimen registrado horas antes.
Si bien los certificados médicos aún no fueron elevados formalmente a las autoridades intervinientes, el implicado además de atención por patologías de base recibiría tratamientos de salud de mental, factor que la Justicia pretende esclarecer y para ello se ordenó que el Cuerpo Médico Forense realice una evaluación integral del paciente para determinar si puede comparecer en audiencia de indagatoria.
En paralelo, siguen en curso otras medidas de prueba como la toma de testimoniales y la realización de diversas pericias.
En la causa ahora interviene César Lirussi, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Eldorado, magistrado que quedó a cargo de la investigación tras la inhibición de Martín Brites, del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú.
Crimen
El crimen de Wiebel ocurrió el 11 de septiembre a la mañana, cerca de las 11, en una obra en construcción ubicada sobre la avenida República Argentina, en el barrio Industrial de la Ciudad de las Cataratas.
En ese lugar habría mantenido una discusión con Zalazar hasta que, en determinado momento, fue atacado a balazos ante la vista de varios albañiles que trabajaban en el predio y fueron testigos del crimen.
Fueron ellos mismos quienes narraron que después del ataque Zalazar se fue caminando hasta una su empresa ubicada en la zona y allí escapó al mando de una camioneta Toyota SW4.
El sospechoso estuvo prófugo unas horas hasta que, a las 16, se reportó su ingreso a una clínica de la ciudad, donde quedó internado con custodia policial.
La posterior autopsia reveló que Wiebel recibió cinco balazos, cuatro de ellos “mortales”. La información se sumó al hecho de que el sábado la Policía allanó la vivienda del único sospechoso y en el lugar incautaron una pistola calibre 9 milímetros que, se presume, podría tratarse del arma homicida. La certeza llegará una vez que los peritos en criminalística realicen los estudios correspondientes y arriben a una conclusión científica al respecto.
Wiebel, además de piloto de automovilismo, era empresario del rubro turístico, con negocios hoteleros y gastronómicos. Zalazar, en tanto, también es un hombre de negocios, vinculados a la importación y exportación.
Ambos compartían algunas de esas actividades y una hipótesis sostiene que el crimen pudo deberse a diferencias económicas que complicaron la relación.
La autopsia reveló que Wiebel recibió cinco balazos, cuatro de ellos mortales
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