Judiciales
Realizan back up previo al peritaje de los aparatos incautados a Kiczka
El magistrado Miguel Ángel Faría, titular del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, dispuso que este viernes se lleve adelante la apertura de los aparatos electrónicos incautados en la casa del diputado Germán Kiczka y se realice una copia de seguridad o back up de todos los contenidos allí almacenados, como ante sala de la pericia digital que se efectuará en los próximos días.
Según detallaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, el procedimiento consistirá en el encendido de los aparatos y la extracción de todos los datos para su almacenamiento en otros dispositivos como medida de resguardo y cumplimiento de la debida cadena de custodia.
Dicha labor será realizada por personal de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Conjuntas (Saic), en conjunto con Cibercrimen de la Policía, quienes trabajarán sobre dos celulares, una notebook y un pen drive.
Será recién después de esto que se avance en la pericia propiamente dicha, donde los mismos agentes especializados deberán realizar un análisis exhaustivo de toda la información recuperada de los aparatos incautados.
Esa “autopsia digital” podría comenzar a realizarse la semana próxima y los resultados allí obtenidos serán clave para el avance de la investigación iniciada contra el diputado Kiczka por la posible comisión de delitos vinculados a la tenencia y distribución de pornografía infantil.
Una vez que eso se concrete, el magistrado Faría podrá tener un panorama más claro del asunto e incluso programar una audiencia para que el legislador comparezca a prestar declaración indagatoria como imputado.
En las últimas horas se supo, además, que hubo un pedido para que el peritaje informático sea realizado por Gendarmería Nacional Argentina (GNA), argumentando que la filtración a los medios de comunicación de las fotografías del allanamiento comprometen la investigación y representan “gravedad institucional”, aunque el juez Faría desestimó el planteo.
El allanamiento a la casa de Kiczka se concretó el martes 6 de agosto.
Diputado investigado
El legislador Germán Kiczka, presidente de Activar, partido creado por Pedro Puerta, quedó en el centro de la escena la semana pasada, cuando fue alcanzado por la investigación que originariamente se inició contra su padre Leandro y su hermano Sebastián.
Los primeros procedimientos se ejecutaron en marzo, en el marco de un mega operativo contra la pornografía infantil que incluyó allanamientos simultáneos en diversas ciudades del país y uno de esos puntos marcados a través de direcciones de IP fue la casa de los familiares directos del diputado en el barrio Illía de Apóstoles.
Hasta esa vivienda llegaron en esa oportunidad agentes de la Policía Federal Argentina (PFA), quienes incautaron celulares, dispositivos de almacenamiento y computadoras, una de ellas propiedad del legislador.
Todos esos objetos fueron enviados a peritar a Buenos Aires, dado que la investigación inició bajo la órbita una fiscalía porteña especializada en delitos informáticos a cargo de Daniela Dupuy, quien luego de recibir los primeros informes decidió declararse incompetente y remitir la causa a Apóstoles, ante lo cual el expediente quedó en manos del juez Faría por cuestiones de jurisdicción.
Ocurrió que, cuando Faría recibió las actuaciones de la causa, verificó que de los informes anexados se desprende que en la notebook del diputado que fue incautada en la casa de su hermano aparecieron videos de pornografía infantil y registros de actividades en programas de intercambio de archivos tipo P2P (peer-to-peer o red de pares), que son encriptados y requieren de una clave.
Fue en base a estos elementos que el martes 6 de agosto se ordenaron nuevas medidas probatorias, las cuales incluyeron el allanamiento de la casa del Kiczka en busca de más aparatos tecnológicos, los cuales finalmente fueron incautados y mañana serán abiertos.
Antes del escándalo Kizcka era presidente de Activar, el partido creado por Pedro Puerta.
Código y desafuero
Por el momento, los hechos investigados podrían encuadrarse bajo el artículo 128 del Código Penal de la Nación argentina, el cual establece que “será reprimido con prisión de tres (3) a seis (6) años el que produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere, por cualquier medio, toda representación de un menor de dieciocho (18) años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, al igual que el que organizare espectáculos en vivo de representaciones sexuales explícitas en que participaren dichos menores”.
La calificación del hecho, además, podría ser alcanzada por el párrafo quinto del mismo artículo, el cual contempla que “todas las escalas penales previstas en este artículo se elevarán en un tercio en su mínimo y en su máximo cuando la víctima fuere menor de trece (13) años”.
Al ser legislador provincial, Germán Kiczka tiene fueros y, por ende, inmunidad a su detención, aunque eso no impide que sea citado a declarar y sea sometido a una investigación judicial.
Desde Activar ya le pidieron su renuncia y el diputado acató el mandato del partido creado por el hijo del ex gobernador Ramón Puerta, aunque todo indica que la Legislatura rechazará el planteo y avanzará en su desafuero a través del voto de los parlamentarios.
El Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos, resolvió en las últimas horas el dictado de prisión preventiva contra las dos mujeres detenidas por el asesinato del agente penitenciario Julio César Argüello (45), registrado en febrero pasado.
Las implicadas son Rosa Lidia Argüello (54), hermana de la víctima, quien enfrenta una acusación como autora del delito de “homicidio simple” -que prevé entre 8 y 25 años de prisión-, y Paola Z. (35), última pareja del penitenciario, cuya imputación es por “encubrimiento agravado por tratarse de un delito grave”.
El agente penitenciario que se desempeñaba como adscripto en el ministerio de Derechos Humanos fue atacado el 6 de febrero en su casa sobre calle Puerto Rico, a metros de la residencia del gobernador en el barrio Luis Piedra Buena de Posadas.
El hecho fue alertado por la propia hermana, quien llamó a una ambulancia para auxiliar al agente que estaba herido dentro de la vivienda.
El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en grave estado de salud hasta que el jueves 12 de febrero se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo y el caso pasó a ser investigado como homicidio.
Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.
Entre esos elementos sobresalen imágenes de una cámara de seguridad que la muestran ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.
El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica para ser sometido a pericias.
Respecto a la pareja de la víctima, también cuenta con imágenes de seguridad que la muestran en el inmueble en cuestión y se sospecha que su intervención fue clave para limpiar la escena.
Crimen del penitenciario: su hermana se abstuvo y su pareja negó complicidad
El gobernador Hugo Passalacqua elevó la propuesta del fiscal Andrés Poujade para ocupar un lugar en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones, en el marco del proceso institucional para cubrir una vacante en el máximo órgano judicial de la provincia.
De acuerdo a lo comunicado, la postulación resalta el perfil académico y la trayectoria judicial de Poujade, actual fiscal de Cámara en lo Penal y de Menores de Misiones, cargo al que accedió en 2013 mediante concurso público y posterior acuerdo legislativo.
Nacido en Posadas, Poujade es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con estudios de posgrado en el país y en el exterior. Entre sus antecedentes académicos figura una maestría en Derecho Francés y Europeo de Negocios y Nuevas Tecnologías cursada en Francia.
También destaca su participación en instancias de formación vinculadas al derecho penal, derechos humanos, políticas públicas y gestión judicial, además de su paso por la docencia universitaria.
En el ámbito institucional, además de desempeñarse como fiscal de Cámara, Poujade integra como vocal titular el Tribunal Electoral de Misiones.
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la propuesta apunta a fortalecer el Poder Judicial con perfiles que combinen experiencia, formación y trayectoria dentro del sistema judicial misionero.
La nominación deberá seguir ahora el procedimiento institucional correspondiente para su tratamiento legislativo y su designación cubriría la vacante que dejó Ramona Velázquez, tras su renuncia por jubilación el año pasado.
Una investigación de la Justicia Federal de San Martín (Buenos Aires) por el tráfico de 18,5 kilogramos de pastillas de éxtasis valuadas en $650 millones tiene a Misiones como uno de los puntos centrales de la maniobra, con al menos tres personas oriundas de la provincia involucradas y una hipótesis judicial que ubica a la Triple Frontera como nueva vía de ingreso de drogas sintéticas al país.
En la causa se contabilizan dos prófugos y uno de ellos es Dyonathan Leonardo da Silva, de 31 años, oriundo de Oberá e hijo de un pastor, sobre quien pesa un pedido de captura internacional y una recompensa oficial de 5 millones de pesos para quien aporte datos que permitan localizarlo. El otro involucrado que elude a la Justicia es Ernesto Lionel Godoy, con último domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.
Según la investigación, ambos aparecen vinculados a una estructura que habría coordinado el envío de un cargamento de comprimidos de alto poder desde el norte del país hacia Buenos Aires, con presunto origen en Paraguay o Brasil. Los investigadores sostienen que la ruta utilizada muestra un desplazamiento del tráfico de drogas sintéticas hacia corredores vinculados con la Triple Frontera.
El portal porteño Infobae reconstruyó que la causa se originó el 29 de mayo de 2025, cuando personal de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) detectó una encomienda sospechosa durante un control en el kilómetro 240 de la ruta nacional 14, en la provincia de Entre Ríos. El paquete había sido despachado desde Puerto Esperanza y tenía como destino el partido bonaerense de San Martín. Un perro detector marcó la carga y permitió hallar las pastillas ocultas en el interior del envío.
Por ese tramo de la causa quedaron procesados otros dos misioneros, Ruth Engel (26) y su pareja Juan Sandobal, ambos oriundos de Puerto Esperanza. De acuerdo con el expediente, fueron señalados por empleados de la empresa de transporte utilizada para despachar la encomienda y permanecen con prisión preventiva y embargo de 15 millones de pesos cada uno.
El misionero entre los más buscados del país.
El gendarme y la pista
La resolución judicial también menciona la intervención de un gendarme nacido en Misiones, actualmente radicado en San Miguel, provincia de Buenos Aires, quien habría sido convocado para retirar el paquete una vez arribado al conurbano bonaerense. Según declaró, aceptó realizar el traslado a cambio de 50 mil pesos, bajo la explicación de que se trataba de una caja con perfumes.
El efectivo fue detenido en la sucursal donde debía retirar la encomienda, aunque luego obtuvo falta de mérito tras entregar su teléfono celular y aportar información sobre el contacto que lo convocó, identificado por la Justicia como Sandobal.
En paralelo, la pesquisa vincula a Da Silva con el número telefónico usado para recibir el cargamento y con la importación de una máquina para fabricar pastillas adquirida en Hong Kong, elemento que abrió otra línea de investigación sobre una posible estructura de producción o fraccionamiento.
La jueza federal Alicia Vence y el secretario Juan Ignacio Furia sostienen que los movimientos detectados entre Misiones, Paraguay, Brasil y Buenos Aires consolidan una nueva modalidad de tráfico de drogas sintéticas, con la provincia de Misiones como punto de salida dentro del circuito investigado.
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