Judiciales
Realizan back up previo al peritaje de los aparatos incautados a Kiczka
El magistrado Miguel Ángel Faría, titular del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, dispuso que este viernes se lleve adelante la apertura de los aparatos electrónicos incautados en la casa del diputado Germán Kiczka y se realice una copia de seguridad o back up de todos los contenidos allí almacenados, como ante sala de la pericia digital que se efectuará en los próximos días.
Según detallaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, el procedimiento consistirá en el encendido de los aparatos y la extracción de todos los datos para su almacenamiento en otros dispositivos como medida de resguardo y cumplimiento de la debida cadena de custodia.
Dicha labor será realizada por personal de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Conjuntas (Saic), en conjunto con Cibercrimen de la Policía, quienes trabajarán sobre dos celulares, una notebook y un pen drive.
Será recién después de esto que se avance en la pericia propiamente dicha, donde los mismos agentes especializados deberán realizar un análisis exhaustivo de toda la información recuperada de los aparatos incautados.
Esa “autopsia digital” podría comenzar a realizarse la semana próxima y los resultados allí obtenidos serán clave para el avance de la investigación iniciada contra el diputado Kiczka por la posible comisión de delitos vinculados a la tenencia y distribución de pornografía infantil.
Una vez que eso se concrete, el magistrado Faría podrá tener un panorama más claro del asunto e incluso programar una audiencia para que el legislador comparezca a prestar declaración indagatoria como imputado.
En las últimas horas se supo, además, que hubo un pedido para que el peritaje informático sea realizado por Gendarmería Nacional Argentina (GNA), argumentando que la filtración a los medios de comunicación de las fotografías del allanamiento comprometen la investigación y representan “gravedad institucional”, aunque el juez Faría desestimó el planteo.
El allanamiento a la casa de Kiczka se concretó el martes 6 de agosto.
Diputado investigado
El legislador Germán Kiczka, presidente de Activar, partido creado por Pedro Puerta, quedó en el centro de la escena la semana pasada, cuando fue alcanzado por la investigación que originariamente se inició contra su padre Leandro y su hermano Sebastián.
Los primeros procedimientos se ejecutaron en marzo, en el marco de un mega operativo contra la pornografía infantil que incluyó allanamientos simultáneos en diversas ciudades del país y uno de esos puntos marcados a través de direcciones de IP fue la casa de los familiares directos del diputado en el barrio Illía de Apóstoles.
Hasta esa vivienda llegaron en esa oportunidad agentes de la Policía Federal Argentina (PFA), quienes incautaron celulares, dispositivos de almacenamiento y computadoras, una de ellas propiedad del legislador.
Todos esos objetos fueron enviados a peritar a Buenos Aires, dado que la investigación inició bajo la órbita una fiscalía porteña especializada en delitos informáticos a cargo de Daniela Dupuy, quien luego de recibir los primeros informes decidió declararse incompetente y remitir la causa a Apóstoles, ante lo cual el expediente quedó en manos del juez Faría por cuestiones de jurisdicción.
Ocurrió que, cuando Faría recibió las actuaciones de la causa, verificó que de los informes anexados se desprende que en la notebook del diputado que fue incautada en la casa de su hermano aparecieron videos de pornografía infantil y registros de actividades en programas de intercambio de archivos tipo P2P (peer-to-peer o red de pares), que son encriptados y requieren de una clave.
Fue en base a estos elementos que el martes 6 de agosto se ordenaron nuevas medidas probatorias, las cuales incluyeron el allanamiento de la casa del Kiczka en busca de más aparatos tecnológicos, los cuales finalmente fueron incautados y mañana serán abiertos.
Antes del escándalo Kizcka era presidente de Activar, el partido creado por Pedro Puerta.
Código y desafuero
Por el momento, los hechos investigados podrían encuadrarse bajo el artículo 128 del Código Penal de la Nación argentina, el cual establece que “será reprimido con prisión de tres (3) a seis (6) años el que produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere, por cualquier medio, toda representación de un menor de dieciocho (18) años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, al igual que el que organizare espectáculos en vivo de representaciones sexuales explícitas en que participaren dichos menores”.
La calificación del hecho, además, podría ser alcanzada por el párrafo quinto del mismo artículo, el cual contempla que “todas las escalas penales previstas en este artículo se elevarán en un tercio en su mínimo y en su máximo cuando la víctima fuere menor de trece (13) años”.
Al ser legislador provincial, Germán Kiczka tiene fueros y, por ende, inmunidad a su detención, aunque eso no impide que sea citado a declarar y sea sometido a una investigación judicial.
Desde Activar ya le pidieron su renuncia y el diputado acató el mandato del partido creado por el hijo del ex gobernador Ramón Puerta, aunque todo indica que la Legislatura rechazará el planteo y avanzará en su desafuero a través del voto de los parlamentarios.
Tras la condena a 16 de años de prisión impartida contra la empleada municipal Mariela Andrea Ramírez (48), acusada por la muerte de su hija con discapacidad Rocío Belén López (15), el abogado defensor oficial se despachó con críticas hacia parte del tribunal encargado de emitir la sentencia y adelantó que recurrirá el fallo, aunque tampoco confía que el Superior Tribunal Justicia (STJ) revierta la medida.
“Primó el patriarcado de dos jueces varones que no entienden nada sobre las desigualdades que ha sufrido una mujer”, manifestó Miguel Ángel Varela, haciendo referencia a los magistrados Gustavo Bernie y Miguel Mattos, quienes por mayoría decidieron condenar a la imputada y se impusieron frente a la jueza Viviana Cukla que opinó por la absolución.
Para el funcionario, hubo dos factores clave en el fallo: la “ignorancia” y la “falta de perspectiva de género”.
“En el caso de las vecinas, que supieron de la existencia de Belén, cinco años antes, no sabían de la enfermedad y es comprensible que confundieran, pero que el médico que hizo la autopsia no supiera nada de las manifestaciones y síntomas del Síndrome de Rett y que en base a esa ignorancia se condene a una mujer sin que se sepa la causa de muerte me parece lamentable”, apuntó.
Y sobre el segundo punto planteó que “no tener la perspectiva de género es vergonzoso”, instancia en la que también aprovechó para lanzar críticas hacia el fiscal Vladimir Glinka.
“Se la pasa llevando información a los diarios y no sé si será parte de una campaña de él para un cargo superior. Yo no busco prensa, esto es una cosa que surge del debate. Yo no llamo a la prensa ni buscando una foto”, disparó.
En esa línea, Varela adelantó que recurrirá la sentencia, aunque no espera una revisión favorable por parte del STJ.
“No sé si en el STJ se revierte esto, por el poder que tiene el señor fiscal y el cuál está usando. Quiero creer que la Corte Suprema sí va a revertir”, cerró.
Caso Belén: su madre fue condenada por homicidio y recibió 16 años de prisión
La empleada municipal Mariela Andrea Ramírez (48) fue declarada responsable por el homicidio de su hija con discapacidad Rocío Belén López (15) y fue condenada a 16 años de prisión, pena que desde hoy comenzará a cumplir en la Unidad Penal V de Mujeres de Miguel Lanús.
La sentencia fue impartida este mediodía por el Tribunal Penal Uno de Posadas, con los votos mayoritarios de los magistrados Gustavo Bernie y Miguel Mattos (subrogante), quienes se impusieron ante la jueza Viviana Cukla que se inclinó por la absolución.
De acuerdo a la parte resolutiva del fallo, Ramírez fue declarada penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo con circunstancias de atenuación, razón por la cual recibió 16 años de prisión y no perpetua, como había solicitado el fiscal Vladimir Antonio Glinka en su alegato.
Con una votación idéntica, el tribunal también resolvió disponer la inmediata detención de Ramírez, que llegó a este debate libre y se retiró esposada dentro de un vehículo del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), mientras sus familiares desde la vereda reprochan a gritos la resolución.
Los jueces Mattos y Bernie se impusieron con los votos y la decisión final fue condenar a la imputada.
El caso
La muerte de Belén López se registró el 23 de julio de 2013 en la casa de su madre, donde estuvo en forma transitoria durante diez días porque su abuela y tía materna, quienes la cuidaron gran parte de su vida, hicieron un viaje a Corrientes.
La autopsia determinó que la causa de muerte fue vinculante a un cuadro de desnutrición, deshidratación e hipotermia. Apoyado en esa conclusión y en el testimonio vertido por casi una veintena de testigos, el fiscal Glinka consideró que la mujer actuó en forma deliberada y desatendió a su hija con el objetivo de dejarla morir de hambre y sed para “eliminarla de su proyecto de vida”.
A partir de esa hipótesis, el fiscal amplió la acusación inicial de “abandono de persona doblemente agravado por el vínculo y por el resultado muerte” a “homicidio agravado por el vínculo en su modalidad por omisión”.
La defensa, en tanto, encabezada por el defensor oficial Miguel Ángel Varela, cuestionó severamente el informe forense y aseveró que la muerte se dio por causas naturales propias a la enfermedad Síndrome de Rett, factor que no fue tenido en cuenta por el médico encargado de efectuar la autopsia.
También criticó que el fallo no tuvo perspectiva de género y apuntó contra “el patriarcado de dos jueces varones que no entienden nada de las desigualdades que ha sufrido una mujer”.
Varela adelantó que recurrirá la resolución, aunque no confía en que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) revierta la medida y sí en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
Mariela Ramírez se quebró al recibir el abrazo de su hija y familiares después de la sentencia.
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Los 17 policías, entre activos y retirados, detenidos en el marco de la investigación por la desaparición forzada de Mario Fabián Golemba, ocurrida en marzo de 2008, quedaron este jueves bajo arresto domiciliario por disposición de la Justicia Federal de Posadas.
La medida fue adoptada por la magistrada María Verónica Skanata, titular del Juzgado Federal de Posadas, y la fiscal Silvina Gutiérrez analiza si presenta un recurso de apelación.
El beneficio alcanza a los 16 efectivos que habían sido detenidos durante los allanamientos realizados el lunes a la mañana y a Alfredo Lorenzo Ortiz, quien se presentó posteriormente de manera espontánea ante el juzgado.
De esta manera, los 17 sospechosos continuarán sujetos al proceso, aunque ya no permanecerán alojados en dependencias de Gendarmería Nacional. La resolución todavía puede ser apelada por la Fiscalía Federal Dos de Posadas, a cargo de Silvina Gutiérrez.
La investigación busca determinar qué ocurrió con Golemba, quien fue visto por última vez el 27 de marzo de 2008, cuando regresaba a su domicilio en la zona de Dos de Mayo después de haber viajado a Oberá.
La hipótesis de la desaparición forzada
La principal hipótesis que impulsa la Fiscalía Federal sostiene que Golemba fue privado ilegalmente de su libertad y que, posteriormente, habría sido trasladado y sometido a violencia en dependencias policiales.
De acuerdo con los elementos reunidos durante la investigación, distintos testimonios ubicaron al joven dentro de la comisaría de Dos de Mayo durante las horas posteriores a su desaparición.
La pesquisa también apunta a determinar la existencia de un presunto “pacto de silencio institucional” entre integrantes de la Policía para ocultar lo ocurrido y garantizar la impunidad de los responsables.
En ese sentido, la fiscalía analiza no solamente la posible participación de quienes pudieron haber intervenido directamente en la privación de la libertad de Golemba, sino también las conductas de aquellos funcionarios que eventualmente hayan colaborado con el encubrimiento o hayan omitido actuar ante lo sucedido.
Entre los imputados se encuentra el comisario retirado Ewaldo Katz, quien estaba al frente de la comisaría de Dos de Mayo al momento de la desaparición y durante su indagatoria decidió abstenerse de declarar.
Una causa que lleva 18 años
Golemba tenía 27 años cuando desapareció. El 27 de marzo de 2008 había viajado desde Dos de Mayo hasta Oberá para asistir a una consulta médica y posteriormente emprendió el regreso.
Sin embargo, nunca llegó a su casa y desde entonces nada se supo de su paradero.
La causa tuvo durante años una investigación en el ámbito de la Justicia provincial, hasta que posteriormente pasó al fuero federal. Con el avance de la pesquisa comenzaron a incorporarse nuevos testimonios y elementos que permitieron poner el foco sobre el accionar de policías que se encontraban en funciones durante los días posteriores a la desaparición.
Las detenciones concretadas esta semana marcaron un giro significativo en una investigación que llevaba casi dos décadas sin personas imputadas por la desaparición del joven.
Ahora, con los 17 acusados bajo arresto domiciliario, la Justicia Federal deberá avanzar con el análisis de las pruebas y determinar la situación procesal de cada uno de ellos.
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