Judiciales
Realizan back up previo al peritaje de los aparatos incautados a Kiczka
El magistrado Miguel Ángel Faría, titular del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, dispuso que este viernes se lleve adelante la apertura de los aparatos electrónicos incautados en la casa del diputado Germán Kiczka y se realice una copia de seguridad o back up de todos los contenidos allí almacenados, como ante sala de la pericia digital que se efectuará en los próximos días.
Según detallaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, el procedimiento consistirá en el encendido de los aparatos y la extracción de todos los datos para su almacenamiento en otros dispositivos como medida de resguardo y cumplimiento de la debida cadena de custodia.
Dicha labor será realizada por personal de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Conjuntas (Saic), en conjunto con Cibercrimen de la Policía, quienes trabajarán sobre dos celulares, una notebook y un pen drive.
Será recién después de esto que se avance en la pericia propiamente dicha, donde los mismos agentes especializados deberán realizar un análisis exhaustivo de toda la información recuperada de los aparatos incautados.
Esa “autopsia digital” podría comenzar a realizarse la semana próxima y los resultados allí obtenidos serán clave para el avance de la investigación iniciada contra el diputado Kiczka por la posible comisión de delitos vinculados a la tenencia y distribución de pornografía infantil.
Una vez que eso se concrete, el magistrado Faría podrá tener un panorama más claro del asunto e incluso programar una audiencia para que el legislador comparezca a prestar declaración indagatoria como imputado.
En las últimas horas se supo, además, que hubo un pedido para que el peritaje informático sea realizado por Gendarmería Nacional Argentina (GNA), argumentando que la filtración a los medios de comunicación de las fotografías del allanamiento comprometen la investigación y representan “gravedad institucional”, aunque el juez Faría desestimó el planteo.
El allanamiento a la casa de Kiczka se concretó el martes 6 de agosto.
Diputado investigado
El legislador Germán Kiczka, presidente de Activar, partido creado por Pedro Puerta, quedó en el centro de la escena la semana pasada, cuando fue alcanzado por la investigación que originariamente se inició contra su padre Leandro y su hermano Sebastián.
Los primeros procedimientos se ejecutaron en marzo, en el marco de un mega operativo contra la pornografía infantil que incluyó allanamientos simultáneos en diversas ciudades del país y uno de esos puntos marcados a través de direcciones de IP fue la casa de los familiares directos del diputado en el barrio Illía de Apóstoles.
Hasta esa vivienda llegaron en esa oportunidad agentes de la Policía Federal Argentina (PFA), quienes incautaron celulares, dispositivos de almacenamiento y computadoras, una de ellas propiedad del legislador.
Todos esos objetos fueron enviados a peritar a Buenos Aires, dado que la investigación inició bajo la órbita una fiscalía porteña especializada en delitos informáticos a cargo de Daniela Dupuy, quien luego de recibir los primeros informes decidió declararse incompetente y remitir la causa a Apóstoles, ante lo cual el expediente quedó en manos del juez Faría por cuestiones de jurisdicción.
Ocurrió que, cuando Faría recibió las actuaciones de la causa, verificó que de los informes anexados se desprende que en la notebook del diputado que fue incautada en la casa de su hermano aparecieron videos de pornografía infantil y registros de actividades en programas de intercambio de archivos tipo P2P (peer-to-peer o red de pares), que son encriptados y requieren de una clave.
Fue en base a estos elementos que el martes 6 de agosto se ordenaron nuevas medidas probatorias, las cuales incluyeron el allanamiento de la casa del Kiczka en busca de más aparatos tecnológicos, los cuales finalmente fueron incautados y mañana serán abiertos.
Antes del escándalo Kizcka era presidente de Activar, el partido creado por Pedro Puerta.
Código y desafuero
Por el momento, los hechos investigados podrían encuadrarse bajo el artículo 128 del Código Penal de la Nación argentina, el cual establece que “será reprimido con prisión de tres (3) a seis (6) años el que produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere, por cualquier medio, toda representación de un menor de dieciocho (18) años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, al igual que el que organizare espectáculos en vivo de representaciones sexuales explícitas en que participaren dichos menores”.
La calificación del hecho, además, podría ser alcanzada por el párrafo quinto del mismo artículo, el cual contempla que “todas las escalas penales previstas en este artículo se elevarán en un tercio en su mínimo y en su máximo cuando la víctima fuere menor de trece (13) años”.
Al ser legislador provincial, Germán Kiczka tiene fueros y, por ende, inmunidad a su detención, aunque eso no impide que sea citado a declarar y sea sometido a una investigación judicial.
Desde Activar ya le pidieron su renuncia y el diputado acató el mandato del partido creado por el hijo del ex gobernador Ramón Puerta, aunque todo indica que la Legislatura rechazará el planteo y avanzará en su desafuero a través del voto de los parlamentarios.
El ex convicto detenido por el asesinato a machetazos de su patrón, el productor agrícola Hugo Orlando Von Steiger (75), se abstuvo de declarar y fue imputado por homicidio agravado.
La audiencia de declaración indagatoria se concretó en las últimas horas y fue realizada ante la magistrada Adriana Zajackowski, titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Oberá, pero actualmente a cargo por subrogancia del Juzgado de Instrucción Uno de la misma circunscripción judicial.
Frente a ella compareció Samuel de Almeida (45), ex convicto y peón rural de la víctima, quien decidió guardar silencio y acto seguido fue imputado preliminarmente por “homicidio agravado”.
De esta manera, el sospechoso continuará privado de su libertad y su futuro dependerá de los elementos probatorios que los instructores de la causa logren reunir para esclarecer el hecho.
El crimen de Von Steiger se registró el 9 de enero, cuando su cuerpo fue encontrado a un costado de su camioneta Volkswagen Saveiro sobre un camino vecinal en una zona de plantaciones en el límite entre Oberá y General Alvear.
El hombre presentaba múltiples lesiones de machetazos en miembros inferiores, superiores, tórax y rostro.
De Almeida fue la última persona vista junto a la víctima y después del hecho permaneció prófugo casi un día, hasta que efectivos policiales lo capturaron a unos 25 kilómetros de la escena del crimen.
El sospechoso trabajaba como peón de Von Steiger hace unos tres años. Antes de eso estuvo cuatro años preso por un delito contra la integridad sexual.
Atrapan a ex convicto acusado de matar a machetazos al productor Von Steiger
El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) se hizo eco del intento de censura contra La Voz de Misiones y mediante un comunicado expresó que “deplora” el accionar del abogado y ex juez penal José Antonio Reyes, autor de una carta documento enviada a este medio.
El caso fue relevado por integrantes del monitoreo de libertad de expresión de Fopea, quienes se interiorizaron en la situación y resolvieron expresar su postura a favor de La Voz de Misiones.
En el mismo comunicado señalaron que “Fopea advierte que pretender impedir o condicionar la publicación de información veraz sobre hechos juzgados constituye un intento de censura, incompatible con los principios constitucionales que protegen la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada”.
“La existencia de resoluciones judiciales refuerza el carácter público de la información difundida y el derecho de los medios a darla a conocer”, consignan después y cierran: “Reafirmamos que la libertad de expresión y el derecho a la información son pilares esenciales del sistema democrático, que deben ser garantizados y protegidos frente a cualquier intento de restricción”.
El intento de censura contra LVM provino de parte del ex juez penal de Apóstoles José Antonio Reyes –destituido en 2007-, quien ahora se desempeña como abogado particular y actuó como defensor de una pareja de bonaerenses condenada por participar de una maniobra de entrega de bebés en Concepción de la Sierra, ardid que fue expuesto por este medio mediante un informe publicado el pasado 5 de enero.
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Ex juez pide censura a LVM por nota sobre entrega de bebés en Concepción
José Antonio Reyes, el abogado que pidió censurar a La Voz de Misiones por una nota sobre entrega de bebés que involucraba a dos de sus defendidos, fue juez penal de Apóstoles hasta su destitución en 2007, aunque eso ya se sabía y múltiples publicaciones dan cuenta de ello.
En contrapartida, lo que en estos años pasó desapercibido es que la destitución de Reyes fue ratificada en 2021 por la mismísima Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), hasta donde el ex magistrado recurrió para tratar de revertir el fallo que le quitó el cargo por incumplimiento de sus deberes.
La medida del máximo órgano judicial del país fue firmada por los jueces Carlos Fernando Rosenkratz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Daniel Rosatti, quienes analizaron el recurso de casación interpuesto y desestimaron uno por uno los argumentos esgrimidos por Reyes en su escrito.
La resolución tiene 17 páginas, es información pública en internet y en uno de sus apartados los jueces la Corte concluyen, sin vueltas: “Que, en las condiciones expresadas, no puede ponerse fundadamente en tela de juicio que el ex magistrado fue imputado por un cargo definido, en base a una conducta descripta con suficiente precisión; que pudo ejercer su derecho de defensa, efectuando su descargo sobre la base de los hechos concretos que le fueron imputados; que su conducta fue evaluada y juzgada dentro de un plazo razonable; y que fue destituido, con sustento en los mismos hechos”.
De esta manera, quedó ratificada la destitución resuelta por el jurado de enjuiciamiento que analizó el caso en 2007 y encontró a Reyes responsable de “incumplimiento de sus deberes”.
El pedido de jury había sido formulado por Gabriel Díaz, por aquel entonces gerente regional del banco Macro, quien acusó a Reyes de emitir un recurso de amparo a favor de la empresa “Touché-Moreno Ocampo y Otros UTE” pese a no ser competente.
Esa resolución le permitió a la empresa extraer unos 3 millones de pesos del banco, supuestamente en concepto por pagos pendientes por el cobro tercerizado de morosos de Rentas.
Antes de llegar al jury, el magistrado presentó la renuncia, pero el gobierno no se la aceptó. Tras su destitución, Reyes habló con el diario El Territorio y prometió: “Voy a reclamar hasta la última instancia porque considero justo, se violó mi derecho a la defensa y el debido proceso, eso tilda de nulo el proceso. Es una grosera sentencia”.
Décadas después, la contienda judicial llegó hasta la Corte Suprema, cuyos magistrados entendieron que a Reyes no le asistía la razón.
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