Judiciales
Policía bonaerense oriundo de Misiones condenado por liberar zona a narcos
Un misionero que se desempeñaba como oficial de la Policía Bonaerense fue condenado a 8 años de prisión por cobrar dinero a cambio de liberar zonas para el funcionamiento de una amplia red de narcomenudeo que operaba en distintos barrios del partido de General San Martin.
Según pudo establecer La Voz de Misiones, el misionero involucrado en esta compleja trama se trata de Alejandro Rafael Valiente, de 31 años, oriundo de Puerto Iguazú y actualmente alojado en el penal de Marcos Paz, donde también se encuentran detenidos los líderes e integrantes de la temible banda rosarina Los Monos, entre otros delincuentes de peso.
El hombre, junto a otros 18 imputados, entre ellos otros tres uniformados de la misma fuerza, fueron juzgados durante un largo debate oral que comenzó en abril y culminó en diciembre del año pasado, aunque recién ahora se difundieron las 800 páginas correspondientes a los fundamentos de la sentencia de dictada por el Tribunal Oral Federal (TOF) 3 de San Martín, provincia de Buenos Aires.
En ese fallo, publicado recientemente en el Centro de Información Judicial (CIJ), se asienta que la pesquisa en contra de la banda comenzó en 2018, luego de una serie de denuncias que daban cuenta del funcionamiento de una gran banda dedicada a la venta de drogas en diversos puntos de San Martín, la cual además contaba con connivencia policial.
De esa forma, las primeras labores fueron encargadas a la Prefectura Naval Argentina (PNA), pero la parte final y más importante fue llevada adelante por investigadores de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), quienes mediante actividades de vigilancia encubierta, revisión de cámaras de seguridad e intervención de líneas telefónicas lograron desmantelar la organización.
De ese compendio de pruebas se desprende que la banda era liderada por Carlos Javier “El Viejo” Ruiz y Leandro Lobo. La organización se dedicaba a la venta de marihuana y cocaína. Para ello contaban con vendedores ubicados en puntos estratégicos de los barrios de operación, “soldaditos” que alertaban la presencia de uniformados federales y miembros de la Unidad de Prevención de Policía Local de San Martín, entre ellos el misionero Valiente, que liberaban la zona y ahuyentaban narcos competidores a cambio de dinero.
El desmantelamiento del grupo se llevó a concretó en septiembre de 2019 y el procedimiento fue bautizado como “Operativo Arroyo Blanco” por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Allí se comunicó la detención de 16 personas, a las cuales luego se sumaron las capturas de los efectivos bonaerenses, quienes fueron arrestados en su lugar de trabajo bajo órdenes del juez federal Emiliano Ramón Canicoba.
En las audiencias de juicio, el misionero Valiente se despegó de la banda. Aseguró desconocer a todos los imputados civiles.
Durante la exposición de sus alegatos, los fiscales Eduardo Alberto Codesido y María José Meincke, consideraron acreditadas las acusaciones y solicitaron una pena de 11 años de prisión para el uniformado oriundo de Misiones.
Sin embargo, a la hora de dictar sentencia, el tribunal presidido por Esteban Carlos Rodríguez Eggers e integrado por Nada Flores Vega y Daniel Omar Guitiérrez, decidieron aplicarle al misionero una pena de 8 años de prisión al declararlo coautor del delito de “tráfico de estupefacientes, en su modalidad de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada y por ser un funcionario público encargado de la prevención o persecución de los delitos previstos en la ley de aplicación”.
Judiciales
Abogado de intendente denunciado por abuso: “Estaríamos ante una fábula”
Sergio Báez, el abogado de Mario Peyer, el intendente de Caraguatay que hoy retomó su cargo tras pedirse 30 días de licencia para ponerse a disposición de la Justicia por una denuncia por abuso sexual que pesaba en su contra, calificó el caso como una “falsa denuncia” y apuntó que la presentación en contra de su cliente consistió en una “fábula” por parte de la presunta víctima.
Las declaraciones de Báez se dieron esta mañana, en paralelo al pedido de sobreseimiento total y definitivo de Peyer solicitado por Héctor Simón, titular de la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico, interviniente en el expediente abierto en febrero pasado cuando se radicó la denuncia contra el jefe comunal.
“Hoy tuvimos varias novedades. Una fue el pedido de sobreseimiento total y definitivo del intendente Mario Peyer. Lógicamente el juez (Manuel Balanda Gómez) va a correr traslado a la querella y a las otras partes, para después tomar su decisión. Al ser el fiscal el dueño de la acción pública, esto es un tema prácticamente consumado”, aseveró Báez, en diálogo con Radio República.
Sobre el desarrollo de la causa en sí, el letrado consideró que “nos encontramos con una falsa denuncia, pero hemos demostrado que el intendente es inocente” y detalló que “hoy se agregaron las pericias psicológicas que establecen que la denuncian recurre a la fabulación y a la sobreactuación de sus síntomas como estrategia defensiva y tiende a reinterpretar su vivencia”.
“Esto significa que tiene un cuadro de magnificación y fabulación instrumental. Estos indicadores están en contra de una persona que haya sufrido un trauma de abuso sexual. Es decir, estaríamos ante una fábula”, resumió.
Báez también sostuvo que, en el marco de la investigación y análisis de pruebas, del teléfono de la denunciante se recuperó una grabación donde advierten que al momento de efectuar la presentación contra Peyer sus dichos estuvieron “semidirigidos” por su abogada.
“La víctima puede ir acompañada porque se siente protegida, pero lo que no puede pasar es que esa persona que la acompaña semidirija la denuncia acotando datos y solicitando que se agregue datos. Esa otra persona es la abogada de la supuesta víctima”, precisó.
“A pesar de eso, nosotros, durante todo el proceso, como estrategia defensiva, tratamos de ofrecer todo tipo de pruebas. Testigos, lugares donde podían haber cámaras y más”, agregó y explicó que en esa labor buscaron fotografías tomadas en fechas cercanas a los hechos denunciados para “demostrar que ni la denunciante ni el intendente presentaban signos de golpes o marcas en sus cuerpos como se señaló en la primera denuncia”.
Judiciales
La fiscalía pidió el sobreseimiento de Peyer, intendente denunciado por abuso
Tras el analizar el compendio de pruebas recabadas, entre las que se sumó ayer la declaración indagatoria del propio acusado, el fiscal Héctor Simón solicitó este jueves el sobreseimiento total y definitivo de Mario Peyer, el intendente de Caraguatay que hoy mismo retomó sus funciones tras tomarse una licencia de 30 días para ponerse a disposición de la Justicia y someterse a la investigación abierta en su contra.
El pedido fue planteado ante el magistrado Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, quien ahora deberá resolver la situación conforme a los elementos que obran en el expediente por abuso sexual con acceso carnal y amenazas abierto en febrero pasado, tras una denuncia radicada contra el intendente por parte de una trabajadora del concejo deliberante de Caraguatay.
En su presentación, la mujer acusó al jefe comunal por dos episodios puntuales. En uno afirmó que Peyer se sobrepasó con miramientos y tocamientos indebidos, mientras que en el segundo hecho fue sometida sexualmente.
En la indagatoria de ayer, el alcalde negó cada una de las acusaciones y en su defensa sostuvo que el día en que la muchacha afirma haber sido abusada él se encontraba en otro lugar.
Peyer retomó la intendencia de Caraguatay tras un mes de licencia
Judiciales
Este miércoles indagan a Mario Peyer, intendente denunciado por abuso
El Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, fijó para este miércoles la audiencia de declaración indagatoria para Mario Peyer, intendente en uso de licencia de Caraguatay, denunciado por abuso sexual en perjuicio de una trabajadora del concejo deliberante de ese mismo municipio.
La citación llega tras más de un mes de investigación, que incluyó secuestro de documentos, inspecciones oculares, pericias a dispositivos, informes médicos y toma de testimoniales por parte del juzgado que dirige el magistrado Balanda Gómez.
Al momento de comparecer ante la Justicia, Peyer tendrá la posibilidad de brindar su versión de los hechos o bien abstenerse de declarar, tal como lo ampara su derecho y sin que ese silencio le signifique presunción de culpabilidad.
La indagatoria, además, se dará un día antes del vencimiento de la licencia solicitada por el implicado como jefe comunal de Caraguatay, cargo que temporalmente quedó en menos de la concejal Norma Gularte, que obtuvo su banca por la Renovación y en diciembre se pasó a las filas de La Libertad Avanza (LLA).
Esta mañana, en diálogo con Radio Up, el letrado Sergio Rafael Báez, adelantó que Peyer aceptará declarar y ante la Justicia negará los hechos y reafirmará su inocencia, tal como lo hizo a través de sus redes sociales apenas estalló el escándalo.
Báez resaltó que desde el comienzo de la investigación el jefe comunal se puso a disposición de la Justicia y afirmó que durante el avance del expediente han presentado un “gran caudal de pruebas” para demostrar la inocencia de Peyer.
Denuncia y causa
La denuncia contra el jefe comunal fue radicada el pasado 25 de febrero, cuando una trabajadora del Concejo Deliberante de Caraguatay lo acusó por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.
Sumado a la presentación inicial, más tarde la denunciante volvió a comparecer ante el juzgado y ratificó cada una de sus acusaciones, brindando un detallado relato de los padecimientos que afirma haber sufrido en manos del alcalde que llegó al cargo en 2023.
Ante la Justicia, la joven denunció que primer suceso ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias -amplia la denuncia-, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Atento a que Peyer goza de inmunidad de arresto por su condición de alcalde, el magistrado que dirige la investigación dispuso una serie de medidas preventivas, entre ellas una restricción de acercamiento y contacto hacia la denunciante.
Violación, golpes y amenazas: la denuncia contra el intendente de Caraguatay
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