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Policía bonaerense oriundo de Misiones condenado por liberar zona a narcos

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Un misionero que se desempeñaba como oficial de la Policía Bonaerense fue condenado a 8 años de prisión por cobrar dinero a cambio de liberar zonas para el funcionamiento de una amplia red de narcomenudeo que operaba en distintos barrios del partido de General San Martin.

Según pudo establecer La Voz de Misiones, el misionero involucrado en esta compleja trama se trata de Alejandro Rafael Valiente, de 31 años, oriundo de Puerto Iguazú y actualmente alojado en el penal de Marcos Paz, donde también se encuentran detenidos los líderes e integrantes de la temible banda rosarina Los Monos, entre otros delincuentes de peso.

El hombre, junto a otros 18 imputados, entre ellos otros tres uniformados de la misma fuerza, fueron juzgados durante un largo debate oral que comenzó en abril y culminó en diciembre del año pasado, aunque recién ahora se difundieron las 800 páginas correspondientes a los fundamentos de la sentencia de dictada por el Tribunal Oral Federal (TOF) 3 de San Martín, provincia de Buenos Aires.

En ese fallo, publicado recientemente en el Centro de Información Judicial (CIJ), se asienta que la pesquisa en contra de la banda comenzó en 2018, luego de una serie de denuncias que daban cuenta del funcionamiento de una gran banda dedicada a la venta de drogas en diversos puntos de San Martín, la cual además contaba con connivencia policial.

De esa forma, las primeras labores fueron encargadas a la Prefectura Naval Argentina (PNA), pero la parte final y más importante fue llevada adelante por investigadores de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), quienes mediante actividades de vigilancia encubierta, revisión de cámaras de seguridad e intervención de líneas telefónicas lograron desmantelar la organización.

De ese compendio de pruebas se desprende que la banda era liderada por Carlos Javier “El Viejo” Ruiz y Leandro Lobo. La organización se dedicaba a la venta de marihuana y cocaína. Para ello contaban con vendedores ubicados en puntos estratégicos de los barrios de operación, “soldaditos” que alertaban la presencia de uniformados federales y miembros de la Unidad de Prevención de Policía Local de San Martín, entre ellos el misionero Valiente, que liberaban la zona y ahuyentaban narcos competidores a cambio de dinero.

El desmantelamiento del grupo se llevó a concretó en septiembre de 2019 y el procedimiento fue bautizado como “Operativo Arroyo Blanco” por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Allí se comunicó la detención de 16 personas, a las cuales luego se sumaron las capturas de los efectivos bonaerenses, quienes fueron arrestados en su lugar de trabajo bajo órdenes del juez federal Emiliano Ramón Canicoba.

En las audiencias de juicio, el misionero Valiente se despegó de la banda. Aseguró desconocer a todos los imputados civiles.

Durante la exposición de sus alegatos, los fiscales Eduardo Alberto Codesido y María José Meincke, consideraron acreditadas las acusaciones y solicitaron una pena de 11 años de prisión para el uniformado oriundo de Misiones.

Sin embargo, a la hora de dictar sentencia, el tribunal presidido por Esteban Carlos Rodríguez Eggers e integrado por Nada Flores Vega y Daniel Omar Guitiérrez, decidieron aplicarle al misionero una pena de 8 años de prisión al declararlo coautor del delito de “tráfico de estupefacientes, en su modalidad de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada y por ser un funcionario público encargado de la prevención o persecución de los delitos previstos en la ley de aplicación”.

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Maestro del Alta Gracia recibió otra denuncia y mañana tiene nueva indagatoria

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juzgado dos

El maestro del Instituto Adventista Alta Gracia, detenido desde el 23 de junio por delito contra la integridad sexual de una alumna, recibió otra denuncia por un hecho similar y mañana enfrentará una nueva audiencia de declaración indagatoria ante el magistrado Juan Manuel Monte.

La nueva presentación en contra de Pedro N. (55) fue radicada ayer a la mañana en la sede del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas, dependencia que ahora suma cuatro denuncias en contra del mismo sospechoso, aunque el número podría aumentar debido a que se aguarda la recepción de los expedientes iniciados en el Juzgado de Instrucción Tres.

Según pudo averiguar La Voz de Misiones, el docente continúa detenido y su defensa ya planteó un pedido de excarcelación, aunque el trámite recién será resuelto una vez que el implicado comparezca a otra indagatoria por la última denuncia recibida en su contra.

En la audiencia de la semana pasada el maestro se abstuvo de declarar y allí mismo fue formalmente imputado por hechos que configurarían abuso sexual simple.

Esa misma imputación recayó contra él en 2015, cuando fue denunciado por lo mismo y ante otra alumna del Alta Gracia, institución que ante los hechos recientes informó su “desvinculación inmediata”.

Por esa denuncia anterior Pedro N. afrontó un proceso judicial que e extendió durante varios años hasta que en 2018 se le dictó falta de mérito y dos años más tarde recibió el sobreseimiento, aunque esa resolución aún no está firme por lo que su situación es pasible de cambiar conforme al avance de esta nueva investigación.

Su situación actual ahora depende del avance la pesquisa que instruye el juez Monte, quien aguarda el resultado de pericias telefónicas y el informes de las cámaras Gesell efectuadas con las niñas denunciantes.

Maestro detenido por abuso había sido denunciado por lo mismo en 2015

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Rechazan pedidos defensivos y el ex diputado Germán Kiczka continuará preso

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Germán Kiczka

El Tribunal Penal Uno de Posadas, en un fallo dividido, resolvió rechazar el pedido de cese de prisión preventiva o, de forma subsidiaria, el otorgamiento de arresto domiciliario para el ex diputado provincial Germán Kiczka (46), que de esta manera continuará cumpliendo su pena de 14 años de prisión por delitos con archivos Masi en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul.

Fueron los magistrados Gustavo Bernie y César Yaya (subrogante) los que votaron contra el pedido formulado por el abogado defensor Gonzalo De Paula, mientras que Viviana Cukla opinó en disidencia. La jueza rechazó el cese de la prisión preventiva, pero se mostró a favor del otorgamiento de la prisión domiciliaria con tobillera.

Previo a la decisión de los jueces, el fiscal Vladimir Glinka también había dictaminado en contra del pedido defensivo, alegando, entre otras cosas, que un arresto domiciliario implicaba un riesgo de fuga.

En su dictamen, el fiscal consideró que “no resultaba posible equiparar la situación de una persona imputada sin sentencia condenatoria con la de quien ya fue condenado, aun cuando el pronunciamiento no se encontrara firme. Sobre esa base, consideró que la sentencia condenatoria no firme, la gravedad de la pena impuesta y el estado procesal de la causa constituían elementos relevantes para ponderar la subsistencia del riesgo de elusión procesal. En particular, sostuvo que la prisión domiciliaria con control electrónico no neutralizaría adecuadamente el riesgo de fuga”.

De esta manera, el ex diputado condenado a 14 años de prisión como autor de los delitos de “tenencia, facilitación y distribución de archivos con material de abuso sexual infantil (Masi), agravado por ser las víctimas menores de 13 años en concurso real”, continuará purgando su pena en la cárcel de Cerro Azul.

La sentencia emitida en abril del año pasado fue recurrida y aguarda un análisis del Superior Tribunal de Justicia (STJ), razón por la cual la condena aún no está firme, argumento utilizado para solicitar el cese de la prisión preventiva.

El tratamiento del pedido formulado por la defensa comenzó en paralelo al anuncio de una huelga de hambre anunciada por los hermanos Germán y Sebastián Kiczka (48) luego de una requisa en la que detectaron que tenían dispositivos electrónicos ocultos en su celda a fines de mayo. 

Fundamentos del fallo contra los Kiczka: “Cada uno actuó de manera autónoma”

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Maestro detenido por abuso se abstuvo de declarar y fue imputado

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Pedro N. (55), el docente detenido tras una serie de denuncias por hechos contra la integridad sexual de sus alumnas en el Instituto Adventista Alta Gracia, se abstuvo de declarar ayer ante la Justicia.

El maestro compareció ayer ante el magistrado Juan Manuel Monte, guardó silencio al momento de la indagatoria y fue imputado por hechos que configurarían abuso sexual simple.

Esa misma imputación recayó contra él en 2015, cuando fue denunciado por lo mismo y ante otra alumna del Alta Gracia, institución que ante los hechos recientes informó su “desvinculación inmediata”.

Por esa denuncia anterior Pedro N. afrontó un proceso judicial que e extendió durante varios años hasta que en 2018 se le dictó falta de mérito y dos años más tarde recibió el sobreseimiento, aunque esa resolución aún no está firme por lo que su situación es pasible de cambiar conforme al avance de esta nueva investigación.

Maestro detenido por abuso había sido denunciado por lo mismo en 2015

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