Judiciales
Policía bonaerense oriundo de Misiones condenado por liberar zona a narcos
Un misionero que se desempeñaba como oficial de la Policía Bonaerense fue condenado a 8 años de prisión por cobrar dinero a cambio de liberar zonas para el funcionamiento de una amplia red de narcomenudeo que operaba en distintos barrios del partido de General San Martin.
Según pudo establecer La Voz de Misiones, el misionero involucrado en esta compleja trama se trata de Alejandro Rafael Valiente, de 31 años, oriundo de Puerto Iguazú y actualmente alojado en el penal de Marcos Paz, donde también se encuentran detenidos los líderes e integrantes de la temible banda rosarina Los Monos, entre otros delincuentes de peso.
El hombre, junto a otros 18 imputados, entre ellos otros tres uniformados de la misma fuerza, fueron juzgados durante un largo debate oral que comenzó en abril y culminó en diciembre del año pasado, aunque recién ahora se difundieron las 800 páginas correspondientes a los fundamentos de la sentencia de dictada por el Tribunal Oral Federal (TOF) 3 de San Martín, provincia de Buenos Aires.
En ese fallo, publicado recientemente en el Centro de Información Judicial (CIJ), se asienta que la pesquisa en contra de la banda comenzó en 2018, luego de una serie de denuncias que daban cuenta del funcionamiento de una gran banda dedicada a la venta de drogas en diversos puntos de San Martín, la cual además contaba con connivencia policial.
De esa forma, las primeras labores fueron encargadas a la Prefectura Naval Argentina (PNA), pero la parte final y más importante fue llevada adelante por investigadores de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), quienes mediante actividades de vigilancia encubierta, revisión de cámaras de seguridad e intervención de líneas telefónicas lograron desmantelar la organización.
De ese compendio de pruebas se desprende que la banda era liderada por Carlos Javier “El Viejo” Ruiz y Leandro Lobo. La organización se dedicaba a la venta de marihuana y cocaína. Para ello contaban con vendedores ubicados en puntos estratégicos de los barrios de operación, “soldaditos” que alertaban la presencia de uniformados federales y miembros de la Unidad de Prevención de Policía Local de San Martín, entre ellos el misionero Valiente, que liberaban la zona y ahuyentaban narcos competidores a cambio de dinero.
El desmantelamiento del grupo se llevó a concretó en septiembre de 2019 y el procedimiento fue bautizado como “Operativo Arroyo Blanco” por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Allí se comunicó la detención de 16 personas, a las cuales luego se sumaron las capturas de los efectivos bonaerenses, quienes fueron arrestados en su lugar de trabajo bajo órdenes del juez federal Emiliano Ramón Canicoba.
En las audiencias de juicio, el misionero Valiente se despegó de la banda. Aseguró desconocer a todos los imputados civiles.
Durante la exposición de sus alegatos, los fiscales Eduardo Alberto Codesido y María José Meincke, consideraron acreditadas las acusaciones y solicitaron una pena de 11 años de prisión para el uniformado oriundo de Misiones.
Sin embargo, a la hora de dictar sentencia, el tribunal presidido por Esteban Carlos Rodríguez Eggers e integrado por Nada Flores Vega y Daniel Omar Guitiérrez, decidieron aplicarle al misionero una pena de 8 años de prisión al declararlo coautor del delito de “tráfico de estupefacientes, en su modalidad de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada y por ser un funcionario público encargado de la prevención o persecución de los delitos previstos en la ley de aplicación”.
Judiciales
Juzgan a un albañil acusado de matar a un compañero por una deuda de $500
El Tribunal Penal Uno de Posadas dio inicio este lunes al juicio oral contra Roberto “El Negro” Silvero (23), un albañil acusado de asesinar a puñaladas a un vecino de Candelaria por una deuda de $500.
El hecho que se ventila en debate ocurrió el 14 de noviembre de 2021, en horas del mediodía, en el barrio Niño Perdido de Candelaria, donde el paraguayo Luis Fernando Duarte Vázquez (23) murió como consecuencia de varias puñaladas que le perforaron tanto el pulmón como el corazón.
La instrucción de la causa, efectuada por el fiscal René Casals, sostiene que el autor del hecho fue el albañil Roberto Silvero, que ese mediodía fue al encuentro de Duarte Vázquez para reclamarle una deuda de $500 y al no obtener su dinero atacó a puñaladas a la víctima para luego escapar de la escena.
El sospechoso fue detenido horas después del hecho tras una serie de rastrillajes realizados por el personal de la Dirección Homicidios y desde ese momento se encuentra privado de su libertad.
A este juicio llega imputado por el delito de “homicidio simple”, figura que prevé una pena de entre 8 y 25 años de prisión. El acusado es representado por el defensor oficial Miguel Ángel Varela.

En la audiencia de hoy Silvero se abstuvo de declarar, pero se leyó su versión dada en la instrucción.
En la audiencia de hoy se procedió a la lectura del auto de elevación a juicio del expediente y luego Silvero se abstuvo de declarar. Acto seguido, se leyó su versión dada en etapa de instrucción, donde alegó que la víctima lo atacó primero.
“Le veo a Luisito y le pregunto si tenía los 500 pesos para pagarme, ahí él saca un cuchillo y me ataca, no sé si estaba drogado o qué. Me corro para atrás y le corro a mi señora. Agarro una rama y le pegó. Se le cae el cuchillo, agarra una piedra como para reventarme y lo único que hago es estiro mi brazo donde tenía el cuchillo. Yo veo que él se cae, me asusto y salgo corriendo”, fueron las palabras dadas por el albañil paraguayo nacionalizado argentino.
El debate continuará mañana con la declaración de cinco testigos, entre ellos la pareja de Silvero, quien estuvo presente al momento del hecho.
El tribunal encargado de llevar adelante el proceso es presidido por la magistrada Viviana Cukla e integrado por Gustavo Bernie y Carla Freitag (subrogante). En la fiscalía interviene Vladimir Glinka.
Judiciales
Maltrato animal: empleado de Emsa declaró que actuó en defensa y fue imputado
El empleado de Emsa detenido tras las viralización de unos videos donde se lo ve golpeando reiteradas veces con un palo a un perro en una casa de Itaembé Guazú de Posadas compareció esta mañana en audiencia de declaración indagatoria, instancia en la que se defendió de la acusación y fue formalmente imputado por maltrato animal.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, el joven identificado como Leandro Ruiz Díaz fue trasladado esta mañana al Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, donde compareció en indagatoria ante el magistrado Miguel Mattos.
Previo a ello el muchacho designó abogado defensor oficial y una vez frente al juez respondió a las acusaciones en su contra. Según las fuentes, en primer lugar Ruiz Díaz afirmó que el can agredido no era suyo y luego alegó que su accionar correspondió a un acto de defensa para proteger a sus hijos y a otro perro más pequeño que sí es de su propiedad.
De igual manera, fue notificado formalmente de una imputación por el delito de “maltrato animal” y por el momento continuará detenido, aunque su defensa muy probablemente inicie el trámite de excarcelación en las próximas horas.
El muchacho está detenido desde el lunes, luego que se viralizaran videos difundidos por grupos mascoteros y que la fundación Tu Mascota es Familia radicara una denuncia formal.
Las imágenes circularon rápidamente por todas las redes sociales, despertando indignación y bronca de parte de la comunidad. En uno de los videos se observaba al acusado golpear en reiteradas oportunidades a un perro pitbull con palo tipo bate.
Una vez detenido, los investigadores constataron que Ruiz Díaz además registra una causa por violencia familiar iniciada el pasado 16 de julio.
Detienen a agresor de animales y confirman denuncia por violencia familiar
Judiciales
Acusada de asesinar a su hijo en Santa Ana se abstuvo de declarar
La mujer acusada de asesinar a su hijo Ilán (8) en Santa Ana se abstuvo de declarar al momento de comparecer ante la Justicia este miércoles por la mañana y continuará detenida mientras los instructores de la causa avanzan con nuevas medidas de prueba para robustecer el expediente.
Luego de que una junta médica la calificara como una persona imputable y que comprende la criminalidad de sus actos, María Mareco (30) volvió a ser trasladada hoy al Juzgado de Instrucción Siete de Posadas para comparecer en audiencia de declaración indagatoria ante el magistrado Miguel Mattos.
En esa instancia, según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la mujer se abstuvo de declarar y fue formalmente imputado por “homicidio agravado por el vínculo”, figura que prevé una pena de prisión perpetua en caso de ser declarada culpable en un futuro debate oral.
Ahora, la Justicia avanzará con la toma de testimoniales y también se programará una audiencia en Cámara Gesell para las otras dos hijas de Mareco, quienes estaba presentes en el inmueble al momento del hecho y una de las cuales fue la que pidió auxilio al descubrir la escena.
El crimen
Mareco está detenida desde el martes 14 de julio, aunque previo a ello estuvo 24 horas internada con custodia policial por las lesiones autoinfligidas que presentaba cuando la socorrieron de su casa, donde fue hallada junto al cuerpo sin vida de su hijo Ilán.
El crimen de Ilán se descubrió el lunes 13, cerca de las 10, cuando un llamado al 911 alertó sobre un episodio de extrema violencia en una vivienda del barrio Nueva Ciudad del Este de Santa Ana.
Al llegar, los uniformados se encontraron con dos niñas adolescentes que narraron haberse topado con la escena luego de despertarse.
La escena era la siguiente: el niño Ilan Mareco Vázquez, de 8 años, sin vida sobre su cama, y su madre al lado, semi inconsciente, con lesiones cortantes en el cuello de características auto infligidas.
La autopsia practicada posteriormente confirmó que el niño falleció como consecuencia de una lesión corto-punzante en el cuello. En la escena los investigadores incautaron un cuchillo que será sometido a pericias. También encontraron una carta presuntamente escrita por su madre, ahora detenida.
El padre de Ilán, Manuel Vázquez, en diálogo con la presa confirmó que entre él y la madre del niño mantenían una relación conflictiva, marcada por denuncias recíprocas.
“Al más chiquito (por Ilán) ella le quería demasiado. No sé por qué hizo eso”, expresó Vázquez, al tiempo que contó que “una vez no me amenazó por el bebé, pero me dijo ‘vos te vas a colgar solito si no volves conmigo’. Yo pienso que hizo esto para lastimarme”, apuntó.
Declaran imputable a la madre de Ilán y será indagada por el crimen
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