Judiciales
Pidieron otra perpetua para militar misionero juzgado por lesa humanidad
El fiscal general de San Juan, Dante Vega, solicitó ayer que el represor misionero Jorge Antonio Olivera (71) reciba su tercera condena a prisión perpetua en el marco del juicio por la denominada “Megacausa III” que se le sigue a 24 policías, militares y ex funcionarios judiciales imputados por delitos de lesa humanidad cometidos en esa provincia cuyana con anterioridad y posterioridad al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
El pedido de Vega fue formulado ante el Tribunal Oral Federal de San Juan, luego de cuatro jornadas de alegatos y a más de tres años de haber comenzado el debate oral que inicialmente tenía 38 imputados, aunque a lo largo del proceso varios fallecieron y otros fueron apartados por cuestiones de salud.
En la denominada Megacausa III se acumularon seis expedientes con hechos padecidos por un total de 96 víctimas, de las cuales trece permanecen desaparecidas y cinco fueron ejecutadas. También se investigan secuestros, torturas y casos de violencia sexual.
En su alegato, el fiscal Vega solicitó penas de hasta 20 años de prisión para 16 acusados y prisión perpetua para ocho de ellos, entre los cuales aparece el militar misionero Jorge Antonio Olivera, quien ya tiene otras condenas del mismo tipo en su contra, aunque goza del beneficio de la prisión domiciliaria con tobillera electrónica a pesar de un amplio historial de maniobras realizadas para evadir a la Justicia.
Para la fiscalía, Olivera debe ser condenado por los delitos de “privación ilegítima agravada por mediar violencia y amenazas en dos hechos; tormentos agravados por condición de perseguido político de la víctima en dos hechos; y homicidio doblemente agravado en cinco hechos”.
En un tramo de su exposición final, el fiscal Vega destacó que “las estructuras y engranajes represores señalados, actuaban coordinados entre ellos y valiéndose de todo el poder que le daba el aparato estatal” y consideró que los acusados han “participado activamente en cada una de las instancias que conforman el terrorismo de Estado en San Juan, ya sea en los procedimientos de detención, en los centros clandestinos de detención, en los violentos interrogatorios que se llevaban a cabo, como así también en las actuaciones con las que se buscaba darle un marco de legalidad a muchas de las detenciones que se habían producido”, consignó el portal de oficial del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
De esta manera, Olivera, que según registros oficiales nació en Posadas el 10 de agosto de 1950 y en San Juan se desempeñaba bajo el rango de Teniente y operaba como jefe de Inteligencia del RIM 22 (Regimiento de Infantería de Montaña), en una de las esferas de mayor poder dentro de la estructura, quedó a las puertas de una tercera condena de prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
Condenas e historial de fuga
El primer fallo en su contra fue dictado en julio de 2013, mientras que la segunda fue impartida en octubre de 2018. Entre las víctimas de las desapariciones, secuestros y torturas que se investigaron en las causas donde Olivera fue imputado aparecen la francesa criada en Misiones, Marie Anne Erize, y el actual diputado y ex gobernador de San Juan en tres oportunidades, José Luis Gioja.
Actualmente, Olivera goza del beneficio de la prisión domiciliaria con tobillera electrónica tras una resolución de la Cámara Federal de Casación Penal de San Juan emitido horas antes del 24 de marzo de 2021.
La medida generó repudio y polémica de organizaciones por la Memoria, Verdad y Justicia, dado que los problemas de salud esgrimidos -insomnio, hipertensión arterial, hipoacusia del oído derecho, tabaquismo y sedentarismo- no representarían gravedad y el único fundamento para la concesión de la domiciliaria es haber superado los 70 años.
Sin embargo, en esa instancia también volvió a ponerse sobre el tapete el largo historial de maniobras ejecutadas por el militar misionero para evadir a la Justicia, según pudo reconstruir La Voz de Misiones.
Ese tendal de antecedentes comienza ya en la década del 2000, cuando viajó a refugiarse a Italia pero fue detenido tras un pedido de la Justicia de Francia que investigaba la desaparición de la joven Marie Anne Erize, aunque solo permaneció 43 días tras las rejas.
Es que sus defensores presentaron un documento que consignaba una supuesta fecha de fallecimiento de la joven francesa y los magistrados locales entonces entendieron que el delito estaba prescripto, aunque todo se trató de una maniobra fraudulenta y un certificado falso, dado que el paradero de Erize aún no fue revelado.
Posteriormente a ello, llegó la primera condena en Argentina contra Olivera. Fue el 3 de julio de 2013 y tan sólo 22 días logró escapar junto Gustavo De Marchi -otro represor condenado- del hospital militar Cosme Argerich de Buenos Aires, donde habían sido trasladados desde el Penal de Chimbas (San Juan) por supuestas dolencias.
Olivera permaneció en condición de prófugo de la Justicia y recién fue recapturado el 30 de enero de 2017, durante un allanamiento realizado en la casa de su esposa, Marta Ravasi, en la localidad bonaerense de San Isidro. El represor estaba escondido en el baúl de un auto.
Tras su recaptura, el misionero regresó a San Juan, donde quedó detenido y en 2018 fue condenado por segunda vez, pero desde el año pasado cumple arresto domiciliario.
Judiciales
Silvero dio sus últimas palabras y mañana dictan sentencia: “Yo me defendí”
Roberto “El Negro” Silvero (23), el albañil paraguayo nacionalizado argentino que es juzgado por el homicidio de un vecino del barrio Niño Perdido de Candelaria, insistió esta mañana en haberse defendido de un primer ataque de la víctima y la sentencia en su contra se conocerá mañana.
El imputado dio sus últimas palabras hoy al mediodía, luego de la ronda de alegatos donde el fiscal Vladimir Glinka pidió una condena de 18 años de prisión en su contra, mientras que su abogado defensor Miguel Ángel Varela pidió la absolución por legítima defensa.
“Yo estaba con mi hijo y mi señora. Le dije a ella para ir a comprar unas cosas y ahí me crucé con él -por Luis Fernando Duarte Vázquez (23)-. Yo necesitaba los $500 para ir a comprar pañales. Ahí él se enojó conmigo, no sé si estaba drogado o qué”, relató Silvero ante el tribunal presidido por Viviana Cukla e integrado por Gustavo Bernie y Carla Freitag (subrogante).
“Él me atacó primero con un cuchillo”, agregó el acusado y desarrolló su versión: “Yo ahí agarré una rama y él se cayó. Ahí yo agarré el cuchillo y se levantó con una piedra. Yo después ya no me acuerdo nada. Yo solo me defendí y defendí a mi familia”.
Después de oír su palabra, el tribunal declaró cerrado el debate y pasó a un cuarto intermedio hasta mañana para el dictado de la sentencia.
Dealer del barrio
Previo a ello, al momento de alegar, el fiscal Glinka describió a Silvero como una persona “peligrosa” y en su teoría del caso expuso que el imputado era “el dealer del barrio” y cometió el crimen de Vázquez para vengar una deuda de $500 por la venta de cocaína.
Glinka expuso que el imputado asesinó de varias puñaladas a Duarte Vázquez, lesiones que incluso fueron efectuadas con la víctima en el suelo y de espaldas.
“Esto fue un acto cobarde y traicionero”, achacó el fiscal y apuntó: “Silvero, como transa del barrio, ya había tomado la decisión de que ese vago iba a morir. Eran las 12 del mediodía y le apuñaló frente a todos los vecinos. Él estaba dando un mensaje ahí, que no se jode con el transa del barrio”.
El hecho ocurrió el 14 de noviembre de 2021 en el barrio Niño Perdido de Candelaria, donde ambos residían. El debate comenzó el lunes y a lo largo de esta semana declararon varios testigos, entre vecinos, familiares, peritos y agentes policiales.
FOTO: EL TERRITORIO
Fiscal pidió 18 años para Silvero: “Era el transa del barrio y mató por $500”
Judiciales
Fiscal pidió 18 años para Silvero: “Era el transa del barrio y mató por $500”
El fiscal Vladimir Glinka solicitó esta mañana la pena de 18 años de prisión como autor de homicidio simple para Roberto “El Negro” Silvero (23), quien esta semana llegó a juicio oral como acusado del crimen de su vecino Luis Fernando Duarte Vázquez (23), cometido el 14 de noviembre de 2021 en el barrio Niño Perdido de Candelaria.
Para el titular de la fiscalía, Silvero, paraguayo nacionalizado argentino, era “el dealer del barrio” y cometió el crimen de Vázquez para vengar una deuda de $500 por la venta de cocaína.
En su alegato, desarrollado esta mañana ante el Tribunal Penal Uno de Posadas, Glinka describió que el imputado asesinó de varias puñaladas a Duarte Vázquez, lesiones que incluso fueron efectuadas con la víctima en el suelo y de espaldas.
“Esto fue un acto cobarde y traicionero”, achacó el fiscal y señaló que Silvero “como transa del barrio ya había tomado la decisión de que ese vago iba a morir. Eran las 12 del mediodía y le apuñaló frente a todos los vecinos. Él estaba dando un mensaje ahí, que no se jode con el transa del barrio”.
Como cierre, Glinka mantuvo la acusación original, sin añadir agravantes, y solicitó que Silvero sea condenado a 18 años de prisión como autor del delito de homicidio simple.
En segundo turno expuso el defensor oficial Miguel Ángel Varela quien consideró que Duarte atacó primero utilizando piedras como armas y planteó que Silvero actuó en legítima defensa, tanto suya como de su familia.
Por esa razón, Varela solicitó la absolución de su defendido por haber obrado en legítima defensa o, en forma subsidiaria, se contemple la figura de exceso en la legítima defensa.
Una vez culminada la ronda de réplicas y dúplicas, el tribunal presidido por la magistrada Viviana Cukla e integrado por Gustavo Bernie y Carla Freitag (subrogante) pasará a reunión privada para deliberar la sentencia.
Ver el debate en vivo:
Juzgan a un albañil acusado de matar a un compañero por una deuda de $500
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Huyó de un operativo narco en Candelaria y cayó nueve años después en Madrid
Un ciudadano paraguayo que desde 2016 era buscado por delitos de narcotráfico en Misiones fue detenido por Interpol en uno de los principales aeropuertos de Europa y desde febrero se encuentra a disposición de la Justicia Federal para responder las acusaciones en su contra.
El caso involucra a Cristhian Ramón Colman Pereira, cuyo nombre apareció por primera vez tras un procedimiento de fuerzas federales que el 13 de octubre de 2016 logró incautar 269 kilogramos de marihuana en la localidad misionera de Candelaria.
Ese día, agentes de Gendarmería y de Prefectura siguieron diferentes pistas y confluyeron en el mismo punto de la ruta provincial 3, donde una Toyota Hilux con varios ocupantes transportaba una carga de estupefacientes que minutos antes había sido cargada en una zona costera del río Paraná.
Ese operativo culminó con tres detenidos, todos extranjeros: Hildo Reyes Martínez, Roberto Carlos Ortega Peralta y Francisco Blas Morbach. Solo uno logró escapar a las corridas por el monte en plena noche y todo indica que ese cuarto involucrado se trata de Colman Pereira, cuyo documento de identidad fue encontrado en la mochila de Reyes Martínez.
Con los tres detenidos, la causa siguió su curso normal, aunque toda la responsabilidad recayó en Reyes Martínez, que en octubre de 2018 fue condenado a 4 años y 2 meses de prisión por el delito de transporte de estupefacientes.

El operativo se ejecutó el 13 de octubre de 2016 en Candelaria.
Alerta aeropuerto
La sorpresa llegó muchos años después y a muchos kilómetros de distancia de Misiones, cuando Interpol notificó al Juzgado Federal de Posadas sobre el arresto de Colman Pereira en Madrid.
La captura ocurrió el 20 de noviembre de 2025, cuando el paraguayo arribó al aeropuerto de Barajas, donde quedó detenido hasta el 11 de febrero de este año, cuando culminó el proceso de extradición y fue enviado a la Argentina para responder ante las autoridades por aquel procedimiento realizado diez años atrás en Candelaria.
Colman Pereira ahora se encuentra detenido en Posadas y procesado con prisión preventiva, medida que fue apelada por su defensa y luego ratificada por la Cámara Federal de Apelaciones.
En un primer descargo, el paraguayo negó haber estado en Misiones al momento del operativo, aunque más tarde pidió volver a declarar y en esa instancia alegó que Reyes Martínez lo había invitado a realizar un contrabando electrónica.
Según sus palabras, una vez que supo que la mercadería a transportar iba a ser marihuana se negó, tras lo cual fue acusado de “entregar” a sus compañeros y tanto él como su familia en Encarnación sufrieron atentados por lo que debieron refugiarse en Asunción.
Colman Pereira sostuvo las intimidaciones y amenazas provenían de Blas Mordach, quien en 2022 fue asesinado en un presunto ajuste de cuentas cometido en Campichuelo, localidad paraguaya ubicada frente a Candelaria.
El detenido consignó que se enteró de la muerte de Blas Mordach una vez detenido en Posadas y por eso se animó a ampliar su declaración.
Todo esto fue volcado en la apelación presentada por su defensa, pero los argumentos no lograron revertir la situación.
Tal es así que en una resolución firmada este martes la Cámara Federal de Apelaciones confirmó su procesamiento con prisión preventiva y, en consecuencia, deberá seguir detenido hasta la elevación a juicio de la causa.
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