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Pidieron otra perpetua para militar misionero juzgado por lesa humanidad

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El fiscal general de San Juan, Dante Vega, solicitó ayer que el represor misionero Jorge Antonio Olivera (71) reciba su tercera condena a prisión perpetua en el marco del juicio por la denominada “Megacausa III” que se le sigue a 24 policías, militares y ex funcionarios judiciales imputados por delitos de lesa humanidad cometidos en esa provincia cuyana con anterioridad y posterioridad al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

El pedido de Vega fue formulado ante el Tribunal Oral Federal de San Juan, luego de cuatro jornadas de alegatos y a más de tres años de haber comenzado el debate oral que inicialmente tenía 38 imputados, aunque a lo largo del proceso varios fallecieron y otros fueron apartados por cuestiones de salud.

En la denominada Megacausa III se acumularon seis expedientes con hechos padecidos por un total de 96 víctimas, de las cuales trece permanecen desaparecidas y cinco fueron ejecutadas. También se investigan secuestros, torturas y casos de violencia sexual.

En su alegato, el fiscal Vega solicitó penas de hasta 20 años de prisión para 16 acusados y prisión perpetua para ocho de ellos, entre los cuales aparece el militar misionero Jorge Antonio Olivera, quien ya tiene otras condenas del mismo tipo en su contra, aunque goza del beneficio de la prisión domiciliaria con tobillera electrónica a pesar de un amplio historial de maniobras realizadas para evadir a la Justicia.

Para la fiscalía, Olivera debe ser condenado por los delitos de “privación ilegítima agravada por mediar violencia y amenazas en dos hechos; tormentos agravados por condición de perseguido político de la víctima en dos hechos; y homicidio doblemente agravado en cinco hechos”.

En un tramo de su exposición final, el fiscal Vega destacó que “las estructuras y engranajes represores señalados, actuaban coordinados entre ellos y valiéndose de todo el poder que le daba el aparato estatal” y consideró que los acusados han “participado activamente en cada una de las instancias que conforman el terrorismo de Estado en San Juan, ya sea en los procedimientos de detención, en los centros clandestinos de detención, en los violentos interrogatorios que se llevaban a cabo, como así también en las actuaciones con las que se buscaba darle un marco de legalidad a muchas de las detenciones que se habían producido”, consignó el portal de oficial del Ministerio Público Fiscal de la Nación. 

De esta manera, Olivera, que según registros oficiales nació en Posadas el 10 de agosto de 1950 y en San Juan se desempeñaba bajo el rango de Teniente y operaba como jefe de Inteligencia del RIM 22 (Regimiento de Infantería de Montaña), en una de las esferas de mayor poder dentro de la estructura, quedó a las puertas de una tercera condena de prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

Condenas e historial de fuga

El primer fallo en su contra fue dictado en julio de 2013, mientras que la segunda fue impartida en octubre de 2018. Entre las víctimas de las desapariciones, secuestros y torturas que se investigaron en las causas donde Olivera fue imputado aparecen la francesa criada en Misiones, Marie Anne Erize, y el actual diputado y ex gobernador de San Juan en tres oportunidades, José Luis Gioja.

Actualmente, Olivera goza del beneficio de la prisión domiciliaria con tobillera electrónica tras una resolución de la Cámara Federal de Casación Penal de San Juan emitido horas antes del 24 de marzo de 2021.

La medida generó repudio y polémica de organizaciones por la Memoria, Verdad y Justicia, dado que los problemas de salud esgrimidos -insomnio, hipertensión arterial, hipoacusia del oído derecho, tabaquismo y sedentarismo- no representarían gravedad y el único fundamento para la concesión de la domiciliaria es haber superado los 70 años.

Sin embargo, en esa instancia también volvió a ponerse sobre el tapete el largo historial de maniobras ejecutadas por el militar misionero para evadir a la Justicia, según pudo reconstruir La Voz de Misiones.

Ese tendal de antecedentes comienza ya en la década del 2000, cuando viajó a refugiarse a Italia pero fue detenido tras un pedido de la Justicia de Francia que investigaba la desaparición de la joven Marie Anne Erize, aunque solo permaneció 43 días tras las rejas.

Es que sus defensores presentaron un documento que consignaba una supuesta fecha de fallecimiento de la joven francesa y los magistrados locales entonces entendieron que el delito estaba prescripto, aunque todo se trató de una maniobra fraudulenta y un certificado falso, dado que el paradero de Erize aún no fue revelado.

Posteriormente a ello, llegó la primera condena en Argentina contra Olivera. Fue el 3 de julio de 2013 y tan sólo 22 días logró escapar junto Gustavo De Marchi -otro represor condenado- del hospital militar Cosme Argerich de Buenos Aires, donde habían sido trasladados desde el Penal de Chimbas (San Juan) por supuestas dolencias.

Olivera permaneció en condición de prófugo de la Justicia y recién fue recapturado el 30 de enero de 2017, durante un allanamiento realizado en la casa de su esposa, Marta Ravasi, en la localidad bonaerense de San Isidro. El represor estaba escondido en el baúl de un auto.

Tras su recaptura, el misionero regresó a San Juan, donde quedó detenido y en 2018 fue condenado por segunda vez, pero desde el año pasado cumple arresto domiciliario.

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Huyó de un operativo narco en Candelaria y cayó nueve años después en Madrid

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Un ciudadano paraguayo que desde 2016 era buscado por delitos de narcotráfico en Misiones fue detenido por Interpol en uno de los principales aeropuertos de Europa y desde febrero se encuentra a disposición de la Justicia Federal para responder las acusaciones en su contra.

El caso involucra a Cristhian Ramón Colman Pereira, cuyo nombre apareció por primera vez tras un procedimiento de fuerzas federales que el 13 de octubre de 2016 logró incautar 269 kilogramos de marihuana en la localidad misionera de Candelaria.

Ese día, agentes de Gendarmería y de Prefectura siguieron diferentes pistas y confluyeron en el mismo punto de la ruta provincial 3, donde una Toyota Hilux con varios ocupantes transportaba una carga de estupefacientes que minutos antes había sido cargada en una zona costera del río Paraná.

Ese operativo culminó con tres detenidos, todos extranjeros: Hildo Reyes Martínez, Roberto Carlos Ortega Peralta y Francisco Blas Morbach. Solo uno logró escapar a las corridas por el monte en plena noche y todo indica que ese cuarto involucrado se trata de Colman Pereira, cuyo documento de identidad fue encontrado en la mochila de Reyes Martínez.

Con los tres detenidos, la causa siguió su curso normal, aunque toda la responsabilidad recayó en Reyes Martínez, que en octubre de 2018 fue condenado a 4 años y 2 meses de prisión por el delito de transporte de estupefacientes.

El operativo se ejecutó el 13 de octubre de 2016 en Candelaria.

Alerta aeropuerto

La sorpresa llegó muchos años después y a muchos kilómetros de distancia de Misiones, cuando Interpol notificó al Juzgado Federal de Posadas sobre el arresto de Colman Pereira en Madrid.

La captura ocurrió el 20 de noviembre de 2025, cuando el paraguayo arribó al aeropuerto de Barajas, donde quedó detenido hasta el 11 de febrero de este año, cuando culminó el proceso de extradición y fue enviado a la Argentina para responder ante las autoridades por aquel procedimiento realizado diez años atrás en Candelaria.

Colman Pereira ahora se encuentra detenido en Posadas y procesado con prisión preventiva, medida que fue apelada por su defensa y luego ratificada por la Cámara Federal de Apelaciones.

En un primer descargo, el paraguayo negó haber estado en Misiones al momento del operativo, aunque más tarde pidió volver a declarar y en esa instancia alegó que Reyes Martínez lo había invitado a realizar un contrabando electrónica.

Según sus palabras, una vez que supo que la mercadería a transportar iba a ser marihuana se negó, tras lo cual fue acusado de “entregar” a sus compañeros y tanto él como su familia en Encarnación sufrieron atentados por lo que debieron refugiarse en Asunción.

Colman Pereira sostuvo las intimidaciones y amenazas provenían de Blas Mordach, quien en 2022 fue asesinado en un presunto ajuste de cuentas cometido en Campichuelo, localidad paraguaya ubicada frente a Candelaria.

El detenido consignó que se enteró de la muerte de Blas Mordach una vez detenido en Posadas y por eso se animó a ampliar su declaración.

Todo esto fue volcado en la apelación presentada por su defensa, pero los argumentos no lograron revertir la situación.

Tal es así que en una resolución firmada este martes la Cámara Federal de Apelaciones confirmó su procesamiento con prisión preventiva y, en consecuencia, deberá seguir detenido hasta la elevación a juicio de la causa.

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Juzgan a un albañil acusado de matar a un compañero por una deuda de $500

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El Tribunal Penal Uno de Posadas dio inicio este lunes al juicio oral contra Roberto “El Negro” Silvero (23), un albañil acusado de asesinar a puñaladas a un vecino de Candelaria por una deuda de $500.

El hecho que se ventila en debate ocurrió el 14 de noviembre de 2021, en horas del mediodía, en el barrio Niño Perdido de Candelaria, donde el paraguayo Luis Fernando Duarte Vázquez (23) murió como consecuencia de varias puñaladas que le perforaron tanto el pulmón como el corazón.

La instrucción de la causa, efectuada por el fiscal René Casals, sostiene que el autor del hecho fue el albañil Roberto Silvero, que ese mediodía fue al encuentro de Duarte Vázquez para reclamarle una deuda de $500 y al no obtener su dinero atacó a puñaladas a la víctima para luego escapar de la escena.

El sospechoso fue detenido horas después del hecho tras una serie de rastrillajes realizados por el personal de la Dirección Homicidios y desde ese momento se encuentra privado de su libertad.

A este juicio llega imputado por el delito de “homicidio simple”, figura que prevé una pena de entre 8 y 25 años de prisión. El acusado es representado por el defensor oficial Miguel Ángel Varela.

En la audiencia de hoy Silvero se abstuvo de declarar, pero se leyó su versión dada en la instrucción.

En la audiencia de hoy se procedió a la lectura del auto de elevación a juicio del expediente y luego Silvero se abstuvo de declarar. Acto seguido, se leyó su versión dada en etapa de instrucción, donde alegó que la víctima lo atacó primero.

“Le veo a Luisito y le pregunto si tenía los 500 pesos para pagarme, ahí él saca un cuchillo y me ataca, no sé si estaba drogado o qué. Me corro para atrás y le corro a mi señora. Agarro una rama y le pegó. Se le cae el cuchillo, agarra una piedra como para reventarme y lo único que hago es estiro mi brazo donde tenía el cuchillo. Yo veo que él se cae, me asusto y salgo corriendo”, fueron las palabras dadas por el albañil paraguayo nacionalizado argentino. 

El debate continuará mañana con la declaración de cinco testigos, entre ellos la pareja de Silvero, quien estuvo presente al momento del hecho.

El tribunal encargado de llevar adelante el proceso es presidido por la magistrada Viviana Cukla e integrado por Gustavo Bernie y Carla Freitag (subrogante). En la fiscalía interviene Vladimir Glinka.

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Maltrato animal: empleado de Emsa declaró que actuó en defensa y fue imputado

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El empleado de Emsa detenido tras las viralización de unos videos donde se lo ve golpeando reiteradas veces con un palo a un perro en una casa de Itaembé Guazú de Posadas compareció esta mañana en audiencia de declaración indagatoria, instancia en la que se defendió de la acusación y fue formalmente imputado por maltrato animal.

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, el joven identificado como Leandro Ruiz Díaz fue trasladado esta mañana al Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, donde compareció en indagatoria ante el magistrado Miguel Mattos.

Previo a ello el muchacho designó abogado defensor oficial y una vez frente al juez respondió a las acusaciones en su contra. Según las fuentes, en primer lugar Ruiz Díaz afirmó que el can agredido no era suyo y luego alegó que su accionar correspondió a un acto de defensa para proteger a sus hijos y a otro perro más pequeño que sí es de su propiedad.

De igual manera, fue notificado formalmente de una imputación por el delito de “maltrato animal” y por el momento continuará detenido, aunque su defensa muy probablemente inicie el trámite de excarcelación en las próximas horas.

El muchacho está detenido desde el lunes, luego que se viralizaran videos difundidos por grupos mascoteros y que la fundación Tu Mascota es Familia radicara una denuncia formal.

Las imágenes circularon rápidamente por todas las redes sociales, despertando indignación y bronca de parte de la comunidad. En uno de los videos se observaba al acusado golpear en reiteradas oportunidades a un perro pitbull con palo tipo bate.

Una vez detenido, los investigadores constataron que Ruiz Díaz además registra una causa por violencia familiar iniciada el pasado 16 de julio.

Detienen a agresor de animales y confirman denuncia por violencia familiar

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