Judiciales
Piden 12 años de cárcel para misionera que lideraba red de trata en Corrientes
El fiscal general ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes, Carlos Schaefer, solicitó esta mañana la pena de 12 años de prisión para la misionera Rosana Estela Rodríguez (38) acusada de liderar una red de trata de personas que operaba en moteles ubicados en la localidad correntina de Paso de los Libres, causa en la que hay otros 15 imputados, entre ellas otras tres personas de la tierra colorada, además de ex gendarmes y funcionarios judiciales que prestaban un marco de impunidad para el accionar de la organización.
El pedido planteado por Schaefer, en conjunto con las auxiliares fiscales Tamara Pourcel y Victoria Sassola -quien presta asistencia desde la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex)-, se dio en el inicio de la ronda de alegatos del juicio que desde el 10 de mayo se desarrolla en el TOF de Corrientes capital para esclarecer el complejo expediente que comenzó a investigarse a fines de 2015 tras una denuncia ante la Línea 145.
En su exposición, que comenzó ayer y culminó hoy, el fiscal Schaefer pidió la pena de 12 años de prisión para Rodríguez como coautora del delito de “trata de personas con fines de explotación sexual, mediante la captación, traslado, acogimiento y explotación sexual de una de las víctimas; traslado, acogimiento y explotación sexual de otra; acogimiento y explotación de otras 9 mujeres, todos ellos agravados por haber sido cometidos mediante abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, amenazas, violencia y engaños, por la intervención de más de tres personas y por la cantidad de víctimas también superior a tres, y por la consumación de la explotación sexual, reiterada en 11 oportunidades; y asociación ilícita”.
Según la información relevada por La Voz de Misiones, Rodríguez también es conocida como “Yani”, es oriunda de Jardín América y no es la primera vez que enfrenta la Justicia ya que en 2013 recibió una pena de seis años de prisión en una causa por lavado de dinero proveniente del narcotráfico en el que también fue condenado su concubino Pedro Norberto Sánchez, ex comandante de Gendarmería Nacional Argentina (GNA), quien llegó a construir una escuela privada Crisol Universal en Candelaria para blanquear sus ganancias.
En la causa que ahora se encuentra en etapa de debate además hay otros tres misioneros que, al igual que Rodríguez, son todos oriundos de Jardín América. Ellos son Juan Ramón Carpe, Silvio Antonio Dos Santos y Claudia María Dos Santos.
El fiscal Schaefer consideró que a Carpe y a Silvio Dos Santos como “partícipes necesarios” de los mismos delitos atribuidos a Rodríguez por lo cual pidió una pena de 8 años de prisión para los dos.
Por su parte, para Claudia María Dos Santos el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió la imposición de 5 años y 4 meses de prisión como partícipe secundaria de una serie de delitos de misma índole.
Para los restantes 11 imputados, varios de ellos oriundos de Paso de los Libres, como así también de Corrientes capital y Buenos Aires, la fiscalía efectuó planteos diversos y que van desde pedidos de 12 años de prisión hasta la absolución de dos acusados.
Según consignó el portal web del MPF, ahora será el turno de las respectivas defensas para exponer sus conclusiones finales y se prevé que el veredicto del caso se conocer en una audiencia programada para el próximo 12 de septiembre.
El TOF de Corrientes está integrado por los magistrados Víctor Alonso González, Fermín Amado Ceroleni y Manuel Alberto Jesús Moreira (miembro del TOF de Posadas, interviniente en carácter de subrogante).

El debate oral se desarrolla desde el 10 de mayo en el Tribunal Oral Federal de Corrientes. FOTO: Télam.
La causa: 36 víctimas y marco de impunidad
De acuerdo a lo que se pudo reconstruir, la causa comenzó a investigarse a fines de 2015 tras una denuncia anónima recibida en la Línea 145 de Protex.
Los elementos recolectados posteriormente dieron cuenta que en la localidad de correntina de Paso de los Libres funcionaban tres locales nocturnos donde se explotaba sexualmente a mujeres de diversas edades y ciudades de procedencia.
Esos locales eran “Roxi” o “Puro Movimiento”, “Balizas” y “Kilómetro de Oro”, los cuales finalmente fueron allanados durante operativos de la GNA ejecutados a comienzos de 2016.
Durante la pesquisa, se advirtió, además, que los locales Puro Movimiento y Momentos, ya habían sido decomisados en 2013 en el marco del juicio por lavado de activos de origen delictivo que tuvo como imputada a la misionera Rodríguez.
La investigación global determinó, entonces, que la organización que administraba los tres locales funcionó al menos desde el 17 de junio de 2010 hasta el 10 de enero de 2016, período en el cual se identificaron al menos 36 mujeres en estado de vulnerabilidad que fueron víctimas de explotación sexual, entre ellas 4 misioneras.
De acuerdo con la acusación, estos prostíbulos fueron comandados por distintos grupos criminales y uno de ellos estaba liderada por Rodríguez -entre otros imputados- e integrada por Carpe, Claudia y Silvio Dos Santos, además de otros involucrados.
A la investigación inicial impulsada por la PROTEX se acumuló luego una de las causas en la que intervenía el ex fiscal federal Benito Antonio Pont, aunque luego se determinó que el funcionario judicial era parte de la organización, desviando la pesquisa y garantizando la impunidad de la banda, al igual que su cuñado, el ex comandante de GNA José María Viero.
Los dos fueron imputados en la causa y para el ex gendarme el fiscal Schefer pidió una pena de 12 años de prisión, mientras que el ex fiscal fue apartado transitoriamente del debate oral por razones de salud.
Judiciales
Abogado de Oscar Thomas: “Es víctima de una gran operación política”
El abogado del ex director de Yacyretá, Oscar Thomas, imputado como miembro de una asociación ilícita en la denominada Causa Cuadernos, José Manuel Ubeira, defendió la inocencia de su cliente y lo consideró víctima de “una gran operación política”.
“Esto es una gran operación política que se montó sobre la base de decir que la obra pública es sinónimo de corrupción”, opinó Ubeira, en diálogo con La Voz de Misiones.
“El formato que buscaron cabalgó sobre la idea de Odebrecht”, dijo el letrado, comparando la causa en la que está imputado Thomas con el escándalo de la red de sobornos montada por la constructora brasileña homónima para obtener contratos de obras multimillonarios en 12 países del continente y África.
“Acá también se intentó criminalizar gobiernos”, afirmó Ubeira y explicó: “Arrancaron con una idea principal y después había que vestir el muñeco; se montó una gran operación de inteligencia, con los medios como agitadores y el Poder Judicial como ejecutor”.
“Los gobiernos de los Kirchner, más allá de las falencias, fueron muy prolijos; muchas de las obras eran heredadas, estaban inconclusas, como el caso de la represa de Yacyretá, y lo que hicieron fue ponerle el trámite final, darles término”, argumentó.
Ubeira señaló que el caso del misionero Thomas es el “más emblemático” de toda la trama de imputaciones de la causa, porque “Oscar no tenía manejo de dinero, no tenía control presupuestario”, ya que “los ingresos de Yacyretá están bancarizados y en los dos países se liquida de Banco Central a Banco Central; y los operadores mayoristas de energía no tienen trato con los funcionarios de la represa”.
Arrepentidos
En el contacto con LVM, Ubeira cargó contra el armado de la causa, que actualmente se encuentra en la etapa de juicio oral, y opinó que “ahora viene la parte más complicada”, con la declaración de los testigos, ya que “se tiene que hablar de la prueba principal, que son los cuadernos, que primero dijeron que eran originales, después que los originales se quemaron y después, que eran fotocopias”.
Según el letrado, la causa “pende un hilo” porque está apoyada en el testimonio de los denominados ‘imputados colaboradores’, conocidos como ‘arrepentidos’, varios de los cuales se retractaron ahora de sus dichos de cuando se instruyó el proceso en 2019.
Empresarios, como Mario Ludovico Rovella, de la constructora Rovella Carranza; Oscar Sansiñena, de la empresa Cleanosol Argentina; Guillermo Escolar, gerente de la misma firma; y el empresario entrerriano Daniel Claudio Pitón, de la constructora José Eleuterio Pitón, que habían declarado en contra de los imputados, ahora se desdijeron alegando “coacción psicológica” de parte del fallecido juez Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli.
“Todo lo que empieza mal es difícil que se enderece”, afirmó Ubeira y opinó que “es muy importante el arrepentimiento de los arrepentidos, porque hay penas de hasta 10 años de cárcel por falso testimonio”. “Es un riesgo muy grande el que están asumiendo, pero hay gente que ha decidido dar el paso al frente y mostrar los modos y medios que utilizaron para obtener las ‘confesiones’”, afirmó.
El letrado afirmó que las retractaciones de estos arrepentidos “va a generar un problema de consecuencias: no para Bonadío que se murió, sino para Stornelli, que la va a pasar muy mal”.
“Acá, hay otro gran responsable que es la Embajada de Estados Unidos”, apuntó el abogado de Oscar Thomas y disparó contra el embajador Edward Prado, que fue designado por Donald Trump en su primera presidencia y llegó al país en mayo de 2018.
Prado, un ex juez federal de Texas, tuvo una relación muy estrecha con el gobierno de Mauricio Macri y es a quien se menciona, frecuentemente, en relación con la Causa Cuadernos y la “Mesa Judicial”, el grupo de funcionarios, asesores y abogados de Cambiemos que, supuestamente, se reunían para coordinar estrategias judiciales, influir en jueces y fiscales, y promover causas contra opositores políticos o sindicales.
“Cuando llegó al país, ese embajador dijo que venía para darle una mano a la Justicia argentina y ahí se armó la Causa Cuadernos”, acusó Ubeira.
Blanco & Negro
“Ahora, todo está quedando blanco sobre negro”, ilustró Ubeira y reafirmó la “inocencia” de su defendido.
“Oscar Thomas debe ser uno de los mayores ejecutores de obra pública de Latinoamérica: U$S4.500 millones en obras”, señaló. “Él, reformuló las dos márgenes del río, Encarnación y posadas; y hoy, ustedes tienen un valor del metro cuadrado sobre el río que es como Puerto Madero”, indicó.
“Se equivocaron de personaje”, aseguró Ubeira sobre el misionero. “Después de 12 años, de certificar balances, de no tener ninguna queja, lo involucran; primero, dijeron que era un coimero, y después, no pudieron probar nada”, se quejó.
“Oscar es un tipo que le entregó 12 años de laburo a la Nación. Es un hombre del cual Misiones debería estar muy orgullosa”, ponderó Ubeira.
“Yo creo que una de las dos costaneras, de Posadas o Encarnación, va a llevar algún día el nombre de Oscar Thomas”, lanzó y aseguró que el ex director de Yacyretá “tiene un futuro muy importante”.
“Ustedes tienen a un gran comprovinciano, un hombre de bien, y uno de los mejores urbanistas de Latinoamérica”, aseguró.
Judiciales
Ex penitenciario irá a juicio por el crimen a martillazos de una jubilada
El magistrado Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas, decretó en las últimas horas la elevación a juicio de la causa por el femicidio de la jubilada Amanda Müller (70), perpetrado un año atrás en Santa Ana, y el expediente ya fue remitido al Tribunal Penal Uno de la capital provincial.
De acuerdo a fuentes consultadas por La Voz de Misiones, en el requerimiento de elevación a juicio se dispuso que el único acusado del hecho, el ex agente penitenciario Sebastián Isaías Keller (31), responda bajo la imputación de homicidio agravado por violencia de género (femicidio), figura contemplada por el artículo 80, inciso 11, del Código Penal de la Nación, y que prevé una pena de prisión perpetua.
Las mismas fuentes indicaron que el expediente ya fue remitido al Tribunal Penal Uno de Posadas, cuyas autoridades ahora deberán fijar fecha en su agenda para realización del debate oral y público.

El auto de la víctima fue encontrado días después en Posadas.
El caso
El femicidio de Müller fue descubierto el 18 de enero de 2025, en horas de la tarde, cuando vecinos del barrio Parque Industrial de Santa Ana alertaron sobre la presencia de un cadáver dentro de un inmueble de la zona.
Al llegar, los efectivos locales se toparon con el cuerpo de la dueña de casa masacrada a golpes. La autopsia luego estableció que la víctima recibió al menos diez martillazos que le fracturaron el cráneo y otras tantas heridas cortantes en la espalda que le perforaron un pulmón.
Tras las primeras averiguaciones, quien quedó bajo la lupa fue Keller, un ex penitenciario dado de baja en diciembre de 2024 por “conductas incompatibles” y que en el último tiempo se había convertido en un hombre de extrema confianza para Müller.
La relación entre ambos era tal que la mujer le encomendaba trabajos domésticos y mandados a Keller, además de que planeaba alquilarle su casa y que ese 16 de enero almorzaron juntos, según los últimos movimientos que pudieron reconstruir en ese momento los investigadores que intervinieron el caso bajo la supervisión del juez Monte.
Incluso, los pesquisas determinaron que ese mismo día el sospechoso llegó a la casa de su novia en Posadas totalmente ensangrentado y alegó haberse peleado con el presunto comprador de un auto que tenía en venta.
Tras quedar bajo la lupa, la Policía desplegó operativos en toda la provincia y el domingo 19 de enero, a la madrugada, detuvieron al sospechoso en Colonia Aurora, donde tenía previsto viajar para pasar el fin de semana junto a familiares.
Al momento de su detención, Keller iba al mando de un automóvil Volkswagen y en compañía de su novia. La joven, de 28 años, fue demorada inicialmente pero ya recuperó la libertad tras la constatación de antecedentes y fue desvinculada de la causa.
Dentro de ese auto incautaron una mochila que contenía 1,8 millones de pesos, dinero que se supone fue robado a Müller, además del Peugeot 208 negro, dominio AG-914-NL, que recién fue encontrado el 23 de enero en una vivienda de la comunidad gitana en Posadas.
Judiciales
Juzgan a Polaquito Ferreyra, acusado de matar a un amigo y violar a la novia
Tras la suspensión de la semana pasada, el Tribunal Penal Uno de Eldorado fijó para este martes a las 8.30 la nueva fecha de inicio del juicio oral contra Nazareno “Polaquito” Ferreyra (38), acusado de asesinar a su amigo Bruno Mendez (21) y violar a la novia de éste dentro de una casa del barrio Villa Alta de Puerto Iguazú, en uno de los crímenes más resonantes de los últimos años en la provincia.
El implicado, de 38 años, está imputado por “homicidio doblemente calificado por ensañamiento y criminis causa” en perjuicio de Mendez y por “abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma y privación ilegítima de la libertad agravada” en perjuicio de la muchacha.
Bajo esos cargos, que pueden significarle una pena de prisión perpetua al final del proceso, Polaquito enfrentará el debate oral que prevé una extensión de al menos tres jornadas y la participación de una quincena de testigos que fueron citados para prestar declaración.
El hecho que se ventilará en debate oral se registró el 4 de abril de 2022, en una vivienda del barrio Villa Alta de Puerto Iguazú y se descubrió a partir de que la joven abusada pudo escapar de su captor para pedir ayuda a los vecinos de la zona.
La reconstrucción del caso indica que esa madrugada Ferreyra estuvo compartiendo una ronda de tragos en su casa con Mendez y la novia de éste, de 18 años.
En determinado momento de la noche, se estima que Mendez le pidió al dueño de casa una habitación para tener intimidad con su novia y el acusado accedió, aunque luego intentó participar del encuentro sexual.
En esa instancia, se desató una pelea entre Mendez y Ferreyra, que alcanzó a tomar un cuchillo e hirió de al menos cuatro estocadas a su contrincante.

Bruno Mendez recibió al menos cuatro estocadas durante el ataque de su amigo.
Después de ello, el hombre abusó sexualmente de la joven y a la mañana siguiente se dispuso a esconder el cadáver de su amigo, pero la muchacha logró aprovechar un descuido suyo para escapar junto su bebé de un año.
Allí el acusado intentó darse a la fuga, pero fue detenido a los pocos minutos por una comisión policial.
Al momento de prestar declaración indagatoria, el acusado dio vuelta la versión de los hechos, afirmando que la relación sexual con la joven fue consentida y que a Mendez lo mató en defensa propia ya que él fue agredido en primera instancia. “Me defendí y me fui de mambo, me pasé”, declaró.
La joven sobreviviente luego dialogó con el canal CVI Noticias 5 de Iguazú y dio un testimonio que contrasta severamente con la versión del acusado: “Toda la noche abusó de mí. Mi hijo estaba cerca de nosotros y en un momento le pasó el cuchillo por el cuerpo de mi bebé para que yo le tratara con cariño. Me dijo que si no le hacía sentir placer, lo iba a matar”.
Ferreyra fue procesado con prisión preventiva en mayo 2022 y desde ese momento está preso en la Unidad Penal VII de Cerro Azul.
Además del testimonio de la sobreviviente, en la causa también obran informes periciales que confirman la presencia del perfil genético de Ferreyra tanto en el cuchillo utilizado para matar a Mendez, como en el cuerpo de la joven abusada sexualmente.
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