Judiciales
Pernigotti ante la Justicia: negó las acusaciones y fue imputado por amenazas
El periodista Mario Pernigotti (67), detenido ayer a la tarde a raíz de una denuncia radicada en su contra por agresiones y amenazas de muerte radicada por tres empleados municipales de Posadas, negó las acusaciones al momento de declarar ante las autoridades judiciales que dirigen la investigación del hecho.
El comunicador fue trasladado hoy hacia el Juzgado de Instrucción Dos de Posadas, para comparecer en audiencia de declaración indagatoria ante el magistrado Juan Manuel Monte. En esa instancia, Pernigotti tenía la posibilidad de abstenerse o bien brindar su versión de los hechos, opción que finalmente escogió.
Según pudo averiguar La Voz de Misiones, al hacer uso de la palabra, el periodista negó las acusaciones en su contra y alegó que bajó con el matafuego en manos porque así se lo habían solicitado para verificar su aptitud. Más allá de ello, no ahondó en mayores revelaciones ni tampoco hizo mención a las imágenes de seguridad que trascendieron y se viralizaron.
En la misma audiencia el periodista fue notificado de una imputación provisoria en su contra por el delito de “amenazas” y luego regresó a una celda policial, aunque podría recuperar la libertad en las próximos horas en virtud de un pedido de excarcelación y a raíz de otras aristas que podrían valer una morigeración de la medida en su contra como, por ejemplo, razones de salud (cuadro de hipertensión) y edad avanzada (67 años).
@lavozdemisiones
Denuncia y detención
Pernigotti fue detenido ayer, cuatro día después de ser denunciado por tres empleados municipales del Centro de Evaluación Vial de Posadas, dos de ellas mujeres, quienes acusaron al periodista por agresiones y amenazas de muerte. En el allanamiento de su casa y requisa de su vehículo no se hallaron armas de fuego, elemento que fue especialmente buscado después de una ampliación de denuncia por parte de las víctimas.
Según narraron los damnificados, el periodista fue el viernes a realizar el trámite de renovación del carnet de conducir, pero a pesar de tener la licencia vencida llegó al lugar al mando de una camioneta Nissan Frontier, ante lo cual estaba infringiendo una norma y en esas condiciones no iba a poder avanzar con el proceso.
Al ser notificado de ello, -denunciaron las víctimas- Pernigotti estalló en ira, empujando, arrinconando y amenazando con golpear a los empleados con el matafuego que tenía en sus manos. Toda la situación fue registrada por una cámara de seguridad y las imágenes no tardaron en trascender, dejando al descubierto el accionar del comunicador acusado.
“Sentí que no tenía escapatoria”
En una entrevista con este medio, las damnificadas Rocío Lemes y Vanesa Gómez, acompañadas por su abogada Juliana Queiróz, narraron el minuto a minuto del episodio padecido.
“Le dijimos que como tenía vencida la licencia no podía llegar manejando y nos empezó a decir como si a nosotros nunca se nos venció una boleta de luz”, contó Lemes, una de las más afectadas y shockeadas por la situación.
“Después en un momento agarró el matafuegos y sentí que no tenía escapatoria. Quise salir a pedir ayuda porque nosotros no estamos preparado con nada nuestra defensa”, agregó.
Y, entre lágrimas, sostuvo que “no quiero ir más a trabajar. Tengo mucho miedo de encontrarme contra persona así. Yo ese día pensé que no volvería a ver a mis compañeros. Tengo una hija también y no quiero que pierda a su mamá”.
Vanesa Gómez, la otra denunciante, añadió que “todo el tiempo se le habló bien, en ningún momento se le faltó el respeto”.
“A mí en un momento, se ve en las imágenes, me empujaba con la cabeza contra la pared. Ahí me decía que él después iba a volver y que yo me iba a quedar sin trabajo”, afirmó.
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó penas de 1 año y 10 meses de prisión, respectivamente, para los docentes Mónica Gurina y Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
El debate oral contra los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez se reanudó está mañana en el SUM del Palacio de Justicia.
Previo al inicio, se conocio un pedido de la fiscal María Laura Álvarez, quién planteó que la audiencia de hoy se realice a puertas cerradas, solo con la presencia de las partes y los medios acreditados.
En sus argumentos, expuso que se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
En el escrito sostuvo que en sus 13 años de trayectoria jamás experimento algo similar y recordó que la magistrada Marcela Leiva en varias oportunidades debió realizar llamados de atención a los asistentes para obtener el silencio adecuado en la sala.
La defensa, encabezada por el equipo legal integrado por los letrados Eduardo Paredes, Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, se opuso al pedido.
La magistrada Leiva, presidenta del tribunal unipersonal encargada de dirigir el proceso, no dió lugar al pedido y aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento.
Para este miércoles se prevé la declaración de al menos seis testigos, entre comerciantes y agentes policiales, principalmente.
Para hoy también está programado que se realice la ronda de alegatos y al culminar se decidirá el momento del dictado de sentencia.
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