Judiciales
Perito afirmó que el relato de Monzón “no impresionaba como verosímil”
Una vecina y dos peritos forenses cerraron hoy la etapa de testimoniales el juicio oral por el femicidio de Horacelia Marasca (16) y ahora las partes se preparan para exponer mañana sus alegatos finales, tras lo cual el Tribunal Penal Dos de Posadas podría dictar sentencia contra Martín Fernando Monzón (39), ex pareja de la víctima e único imputado en la causa.
La audiencia de hoy, la sexta desde el inicio del proceso oral, comenzó minutos después de las 9 y la primera en pasar a la sala de debates fue María Melgarejo, quien hace 28 años tiene un carrito de hamburguesas en la esquina del banco Macro de Villa Cabello y compartió varias noches de charla con Horacelia.
Justamente, la mujer fue convocada para recordar el tenor de esas conversaciones con la víctima y en esa instancia Melgarejo aseguró que la adolescente iba “día o día de por medio al carrito para hablar conmigo. Se quedaba una o dos horas por ahí, siempre con su bebé”.
Melgarejo afirmó que la joven le confesó los pesares que sufría en su relación, aunque aclaró en ningún momento observó nada, solo retransmitió lo que Horacelia le contó. “Ella me contó que su marido la hacía prostituirse para su cerveza, para su cigarrillo y para su droga. Yo le ofrecía hamburguesas porque decía que estaba sin cenar. Me decía que él la trataba mal y solo juntaba plata para tomar con su mala junta. Ella siempre estaba triste y venía a refugiarse conmigo”, relató.
La testigo describió a Horacelia como una persona “chiquitita” y “buenita”, al tiempo que aseguró que un momento se cruzó con Monzón y lo increpó para saber qué había sucedido con la adolescente que estuvo cerca de diez días en condición de desaparecida hasta que su cuerpo apareció descuartizado en varias alcantarillas de la zona Oeste de Posadas.
“Yo me crucé con él, le miré a la cara y le pregunté qué había hecho. Él me dijo que ella lo dejó y se fue con uno del Ejército. Estaba con el bebé en brazos, de verdad era como Judas”, sostuvo.
María Melgarejo, respondiendo las preguntas de Miguel Ángel Varela, defensor oficial de Monzón.
La junta psiquiátrica, en debate
En segundo orden, declararon Cintia Dipliotti y Jorge Spada, ambos peritos forenses que realizaron una junta psiquiátrica al imputado y fueron requeridos a prestar su testimonio por el defensor oficial Miguel Ángel Varela, quien buscada tener precisiones sobre el procedimiento y las metodologías utilizadas para arribar a las conclusiones expuestas en el informe final.
Tanto Dipliotti como Spada fueron claros al mencionar que el examen realizado por ellos no pretendía trazar un perfil del acusado, sino determinar si Monzón presentaba alguna patología mental que le impidiera comprender la criminalidad de sus actos, lo cual fue descartado por la pericia.
El testimonio de Spada fue resaltado tanto por el fiscal Vladimir Glinka como por el presidente del tribunal César Yaya, dado su nivel de didáctica, precisión y paciencia para atender todas las preguntas.
Es que Monzón asegura que la entrevista con la junta médica duró escasos minutos y solo fue preguntado por sus datos personales, pero Spada lo contradijo a punto tal que recordó las preguntas realizadas durante el procedimiento y repasó algunas de las respuestas brindadas por el imputado.
En esa línea, Spada aclaró todas las veces que fueron necesarias que Monzón siempre se refirió al crimen como “un accidente” y recordó que “en su relato él afirmó haberse sentido muy dolido por una hipotética infidelidad y que hubo una discusión al respecto donde él ejerció una defensa”.
También sostuvo que durante ese relato del hecho Monzón “no demostró un compromiso afectivo muy exagerado”.
A continuación, intervino el magistrado Gregorio Busse, para consultar a Spada si mediante sus conocimientos profesionales y su opinión personal creyó en el relato del acusado. El defensor Varela se opuso a la pregunta, pero el juez insistió: “No litigue contra el tribunal. Tendrá su momento de alegar. Al tribunal le interesa saber la opinión del perito”.
Autorizado a seguir, Spada se explayó: “Nosotros notamos contradicciones en su relato. El relato era completamente desafectivizado. De esto no puedo tener certezas, pero si alguien hubiera sido atacado y se produjera ese ‘accidente’ en general tendría que haber una repercusión de un tinte afectivo más intenso. No impresionaba como verosímil”.
En otro tramo del interrogatorio, el defensor Varela puso sobre la tapate la figura de la “emoción violenta”, a lo cual Spada explicó que se trata de un término jurídico y no médico.
Monzón puede ser condenado a prisión perpetua, lo que equivale a 35 años de prisión efectiva.
El debate continuará mañana, a partir de las 8.30, con la ronda de alegatos. El primero en exponer será el fiscal Glinka, quien ya adelantó que se apoyará en un muñeco de RCP para su reconstruir el hecho. Luego será el turno del defensor Varela, que desde comienzo planteó la hipótesis de que el crimen se produjo en el marco de un acto de defensa por parte del acusado.
Culminada la exposición de las conclusiones de ambas partes, el tribunal definirá los próximos pasos a seguir. Una posibilidad es que se dicte sentencia ese mismo día o el veredicto se posterga al viernes.
Monzón está acusado por el delito de “homicidio agravado por el vínculo”, que prevé una pena de prisión perpetua en caso de ser hallado autor penalmente responsable del hecho. De recibir dicha condena, deberá cumplir 35 años de prisión efectiva y recién en 2050 estaría habilitado a solicitar la libertad condicional.
En su defensa, el imputado planteó que actuó en defensa propia, dado que Horacelia lo atacó primero con un cuchillo y que luego de un forcejeo el arma acabó incrustada en el pecho de la adolescente. No niega el descuartizamiento del cadáver.
En instancias previas solicitó declarar bajo los efectos de pentotal sódico o suero de la verdad, pero el planteo fue rechazo una y otra vez.
Al inicio del juicio, al imputado volvió a plantear la misma cuestión: “Como sabía que desde el principio no me iban a creer, había solicitado a través de mi defensa que se me tome declaración bajo los efectos del suero de la verdad, porque encontraba en eso la única manera de hacer creíble mi relato”, sostuvo en la primera jornada del juicio.
El Juzgado Civil y Comercial Tres de Eldorado resolvió suspender de manera provisoria el desalojo en los lotes 48 y 49 de Montecarlo, previsto para este jueves, lo que habría afectado a 112 familias de campesinos que asisten a la escuela de formación agroecológica aledaña, espacio que sería trasladado a otra zona próximamente.
Luego de la mesa de diálogo concretada el pasado lunes 8 de junio, entre campesinos y docentes de la escuela Ñande Kokue, donde funciona el Bachillerato Provincial (BOP) 126, el ministro de Gabinete Carlos “Kako” Sartori, entre otras autoridades del gobierno provincial, el juzgado interviniente decidió postergar el desalojo “atento a las delicadas circunstancias sociales y humanas relevadas en las actuaciones efectuadas”.
En la resolución, a la que accedió La Voz de Misiones, la Justicia determinó que “corresponde imperioso destacar la preeminencia del orden institucional y el compromiso social que debe guiar la actividad jurisdiccional”.
En ese contexto, también advirtió sobre la configuración social del grupo en cuestión y la necesidad de garantizar los derechos humanos básicos: “Ante situaciones que evidencian un estado de vulnerabilidad de los sujetos que concurren -menores y adultos, días sábados- al inmueble, el servicio de justicia no puede permanecer ajeno a las derivaciones materiales de sus pronunciamientos, resultando indispensable articular mecanismos de contención interinstitucional que resguarde los derechos fundamentales en juego”.
En este sentido, asumieron el compromiso de diseñar y ejecutar medidas de apoyo específicas, por lo que también reiteraron la inmediata intervención a los organismos competentes: la secretaría de Niñez del municipio, la Dirección de Acción Social municipal, el Ministerio de Educación de la provincia, el Ministerio de Gobierno y la Secretaría de Gobierno e intendencia municipal.
A estos se sumarían la Secretaría de Gobierno, Asuntos Registrales y Tierras de la provincia y la Dirección de Catastro del municipio, a fin de adoptar las “medidas conducentes para la reubicación de las actividades de formación en oficios”, que actualmente se desarrollan en el mencionado espacio.
Finalmente, el juzgado interviniente dictaminó que, las instituciones mencionadas deberán informar, dentro del plazo de tres días de notificados, las acciones implementadas y, posteriormente, remitir informes periódicos cada cinco días hasta la efectiva solución de la situación planteada.
De esta manera, la sentencia de desalojo, firme ante la Cámara de Apelaciones, quedó suspendida provisoriamente, lo que “no altera ni afecta la firmeza de la sentencia de desalojo, limitándose exclusivamente a diferir temporalmente su ejecución material a fin de posibilitar la intervención coordinada, y de carácter urgente, de los organismos estatales involucrados en resguardo de la paz social y la tutela judicial efectiva para efectivizar la desocupación del inmueble”.
Abren mesa de diálogo entre La Misionera y campesinos de Montecarlo
El fiscal federal Ricardo Toranzos solicitó penas de entre 3 y 16 años de prisión para los siete integrantes de una organización narcocriminal integrada por gendarmes, ex miembros de la fuerza y aspirantes a ingresar a la institución, acusados de transportar 334 kilogramos de cocaína en dos operativos realizados en Salta durante 2024.
Entre los principales imputados aparecen varios misioneros, señalados como piezas clave de la estructura delictiva.
Durante su alegato ante el Tribunal Oral Federal N.º 2 de Salta, Toranzos pidió la pena máxima de 16 años de prisión para los misioneros Richar Ariel Delgado y Jonathan Leonel Ostapowicz (comerciante), además de Gabriel Ruiz Apaza, al considerarlos coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas en dos hechos distintos.
Para los otros ex gendarmes misioneros Adrián Emilio Escarlata y Diego Hernán Delgado, el fiscal solicitó 13 y 9 años y 6 meses de prisión, respectivamente.
La causa expuso el funcionamiento de una organización con fuerte impronta misionera que quedó al descubierto en mayo de 2024, cuando Diego Delgado fue detenido en Salta mientras trasladaba más de 300 kilos de cocaína ocultos en una Volkswagen Amarok. El secuestro de su teléfono celular permitió a los investigadores reconstruir la trama criminal, identificar a los demás involucrados y desarticular la estructura.
El fiscal solicitó 13 y 9 años y 6 meses de prisión para Adrián Emilio Escarlata y Diego Hernán Delgado
Según la investigación encabezada por Toranzos, Ostapowicz y Richar Delgado eran dos de los principales organizadores de la maniobra. Ambos fueron detenidos meses después en operativos realizados en Posadas y Bernardo de Irigoyen, respectivamente. Los investigadores sostienen que tenían un rol central en la logística de los viajes y en la provisión de vehículos utilizados para transportar la droga desde el norte salteño hacia Buenos Aires.
Richar Delgado, oriundo de Azara, había pertenecido a Gendarmería Nacional y llegó a desempeñarse en áreas de investigación de la fuerza. Su hermano menor, Diego Hernán Delgado, también integró la institución hasta ser expulsado tras quedar involucrado en actividades vinculadas al narcotráfico. Ambos quedaron ubicados por la fiscalía entre los actores más relevantes de la organización.
Otro de los misioneros alcanzados por el pedido de condena es Escarlata, domiciliado en Apóstoles. El ex gendarme fue detenido en octubre de 2024 cuando transportaba otros 31 kilos de cocaína ocultos en una rueda de auxilio. Junto a él viajaba su esposa, Marlene Leonor Hañek, también oriunda de esa localidad.
La fiscalía sostuvo que la banda operaba mediante una estructura estable y organizada, aprovechando conocimientos adquiridos dentro de las fuerzas de seguridad para ocultar cargamentos y eludir controles. Entre las pruebas incorporadas al debate figuran conversaciones extraídas de un grupo de WhatsApp denominado “Los Peluches”, donde los acusados coordinaban traslados y compartían instrucciones sobre cómo acondicionar la droga en los vehículos y cómo actuar ante eventuales inspecciones.
El tribunal ya declaró la responsabilidad penal de los acusados y resta conocer la sentencia definitiva, que se dará a conocer el próximo jueves. Además de las penas de prisión, el fiscal solicitó el decomiso de bienes secuestrados durante la investigación, entre ellos vehículos de alta gama, dinero en efectivo y otros activos que presuntamente habrían sido adquiridos con fondos provenientes de la actividad ilícita.
Contrabando de granos y lavado de activos, otras causas de los narcogendarmes
El remisero detenido por el femicidio de Dulce María Beatriz Candia (17) se abstuvo de declarar ayer y fue formalmente imputado por el hecho que investiga el Juzgado de Instrucción Uno de Eldorado, a cargo de la magistrada María Laura Rodríguez.
El hombre, identificado como Mario Alberto Yung (46), fue trasladado ayer a la mañana hasta la dependencia judicial y una vez dentro optó por guardar silencio, tal como lo ampara su derecho.
Un día antes había designado como abogado a un defensor oficial y ahora se aguarda que el juzgado continúe con la instrucción de la causa, que todavía aguarda por la recepción de testimoniales y el resultado de varias pericias que podrían arrojar luz sobre el hecho.
Entre esas pericias hay estudios de telefonía y análisis genéticos sobre prendas de vestir y, principalmente, sobre un retazo de tela que, se especula, pudo haber sido elemento utilizado para estrangular a la víctima.
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