Judiciales
Perito afirmó que el relato de Monzón “no impresionaba como verosímil”
Una vecina y dos peritos forenses cerraron hoy la etapa de testimoniales el juicio oral por el femicidio de Horacelia Marasca (16) y ahora las partes se preparan para exponer mañana sus alegatos finales, tras lo cual el Tribunal Penal Dos de Posadas podría dictar sentencia contra Martín Fernando Monzón (39), ex pareja de la víctima e único imputado en la causa.
La audiencia de hoy, la sexta desde el inicio del proceso oral, comenzó minutos después de las 9 y la primera en pasar a la sala de debates fue María Melgarejo, quien hace 28 años tiene un carrito de hamburguesas en la esquina del banco Macro de Villa Cabello y compartió varias noches de charla con Horacelia.
Justamente, la mujer fue convocada para recordar el tenor de esas conversaciones con la víctima y en esa instancia Melgarejo aseguró que la adolescente iba “día o día de por medio al carrito para hablar conmigo. Se quedaba una o dos horas por ahí, siempre con su bebé”.
Melgarejo afirmó que la joven le confesó los pesares que sufría en su relación, aunque aclaró en ningún momento observó nada, solo retransmitió lo que Horacelia le contó. “Ella me contó que su marido la hacía prostituirse para su cerveza, para su cigarrillo y para su droga. Yo le ofrecía hamburguesas porque decía que estaba sin cenar. Me decía que él la trataba mal y solo juntaba plata para tomar con su mala junta. Ella siempre estaba triste y venía a refugiarse conmigo”, relató.
La testigo describió a Horacelia como una persona “chiquitita” y “buenita”, al tiempo que aseguró que un momento se cruzó con Monzón y lo increpó para saber qué había sucedido con la adolescente que estuvo cerca de diez días en condición de desaparecida hasta que su cuerpo apareció descuartizado en varias alcantarillas de la zona Oeste de Posadas.
“Yo me crucé con él, le miré a la cara y le pregunté qué había hecho. Él me dijo que ella lo dejó y se fue con uno del Ejército. Estaba con el bebé en brazos, de verdad era como Judas”, sostuvo.
María Melgarejo, respondiendo las preguntas de Miguel Ángel Varela, defensor oficial de Monzón.
La junta psiquiátrica, en debate
En segundo orden, declararon Cintia Dipliotti y Jorge Spada, ambos peritos forenses que realizaron una junta psiquiátrica al imputado y fueron requeridos a prestar su testimonio por el defensor oficial Miguel Ángel Varela, quien buscada tener precisiones sobre el procedimiento y las metodologías utilizadas para arribar a las conclusiones expuestas en el informe final.
Tanto Dipliotti como Spada fueron claros al mencionar que el examen realizado por ellos no pretendía trazar un perfil del acusado, sino determinar si Monzón presentaba alguna patología mental que le impidiera comprender la criminalidad de sus actos, lo cual fue descartado por la pericia.
El testimonio de Spada fue resaltado tanto por el fiscal Vladimir Glinka como por el presidente del tribunal César Yaya, dado su nivel de didáctica, precisión y paciencia para atender todas las preguntas.
Es que Monzón asegura que la entrevista con la junta médica duró escasos minutos y solo fue preguntado por sus datos personales, pero Spada lo contradijo a punto tal que recordó las preguntas realizadas durante el procedimiento y repasó algunas de las respuestas brindadas por el imputado.
En esa línea, Spada aclaró todas las veces que fueron necesarias que Monzón siempre se refirió al crimen como “un accidente” y recordó que “en su relato él afirmó haberse sentido muy dolido por una hipotética infidelidad y que hubo una discusión al respecto donde él ejerció una defensa”.
También sostuvo que durante ese relato del hecho Monzón “no demostró un compromiso afectivo muy exagerado”.
A continuación, intervino el magistrado Gregorio Busse, para consultar a Spada si mediante sus conocimientos profesionales y su opinión personal creyó en el relato del acusado. El defensor Varela se opuso a la pregunta, pero el juez insistió: “No litigue contra el tribunal. Tendrá su momento de alegar. Al tribunal le interesa saber la opinión del perito”.
Autorizado a seguir, Spada se explayó: “Nosotros notamos contradicciones en su relato. El relato era completamente desafectivizado. De esto no puedo tener certezas, pero si alguien hubiera sido atacado y se produjera ese ‘accidente’ en general tendría que haber una repercusión de un tinte afectivo más intenso. No impresionaba como verosímil”.
En otro tramo del interrogatorio, el defensor Varela puso sobre la tapate la figura de la “emoción violenta”, a lo cual Spada explicó que se trata de un término jurídico y no médico.
Monzón puede ser condenado a prisión perpetua, lo que equivale a 35 años de prisión efectiva.
El debate continuará mañana, a partir de las 8.30, con la ronda de alegatos. El primero en exponer será el fiscal Glinka, quien ya adelantó que se apoyará en un muñeco de RCP para su reconstruir el hecho. Luego será el turno del defensor Varela, que desde comienzo planteó la hipótesis de que el crimen se produjo en el marco de un acto de defensa por parte del acusado.
Culminada la exposición de las conclusiones de ambas partes, el tribunal definirá los próximos pasos a seguir. Una posibilidad es que se dicte sentencia ese mismo día o el veredicto se posterga al viernes.
Monzón está acusado por el delito de “homicidio agravado por el vínculo”, que prevé una pena de prisión perpetua en caso de ser hallado autor penalmente responsable del hecho. De recibir dicha condena, deberá cumplir 35 años de prisión efectiva y recién en 2050 estaría habilitado a solicitar la libertad condicional.
En su defensa, el imputado planteó que actuó en defensa propia, dado que Horacelia lo atacó primero con un cuchillo y que luego de un forcejeo el arma acabó incrustada en el pecho de la adolescente. No niega el descuartizamiento del cadáver.
En instancias previas solicitó declarar bajo los efectos de pentotal sódico o suero de la verdad, pero el planteo fue rechazo una y otra vez.
Al inicio del juicio, al imputado volvió a plantear la misma cuestión: “Como sabía que desde el principio no me iban a creer, había solicitado a través de mi defensa que se me tome declaración bajo los efectos del suero de la verdad, porque encontraba en eso la única manera de hacer creíble mi relato”, sostuvo en la primera jornada del juicio.
Tras la condena a 16 de años de prisión impartida contra la empleada municipal Mariela Andrea Ramírez (48), acusada por la muerte de su hija con discapacidad Rocío Belén López (15), el abogado defensor oficial se despachó con críticas hacia parte del tribunal encargado de emitir la sentencia y adelantó que recurrirá el fallo, aunque tampoco confía que el Superior Tribunal Justicia (STJ) revierta la medida.
“Primó el patriarcado de dos jueces varones que no entienden nada sobre las desigualdades que ha sufrido una mujer”, manifestó Miguel Ángel Varela, haciendo referencia a los magistrados Gustavo Bernie y Miguel Mattos, quienes por mayoría decidieron condenar a la imputada y se impusieron frente a la jueza Viviana Cukla que opinó por la absolución.
Para el funcionario, hubo dos factores clave en el fallo: la “ignorancia” y la “falta de perspectiva de género”.
“En el caso de las vecinas, que supieron de la existencia de Belén, cinco años antes, no sabían de la enfermedad y es comprensible que confundieran, pero que el médico que hizo la autopsia no supiera nada de las manifestaciones y síntomas del Síndrome de Rett y que en base a esa ignorancia se condene a una mujer sin que se sepa la causa de muerte me parece lamentable”, apuntó.
Y sobre el segundo punto planteó que “no tener la perspectiva de género es vergonzoso”, instancia en la que también aprovechó para lanzar críticas hacia el fiscal Vladimir Glinka.
“Se la pasa llevando información a los diarios y no sé si será parte de una campaña de él para un cargo superior. Yo no busco prensa, esto es una cosa que surge del debate. Yo no llamo a la prensa ni buscando una foto”, disparó.
En esa línea, Varela adelantó que recurrirá la sentencia, aunque no espera una revisión favorable por parte del STJ.
“No sé si en el STJ se revierte esto, por el poder que tiene el señor fiscal y el cuál está usando. Quiero creer que la Corte Suprema sí va a revertir”, cerró.
Caso Belén: su madre fue condenada por homicidio y recibió 16 años de prisión
La empleada municipal Mariela Andrea Ramírez (48) fue declarada responsable por el homicidio de su hija con discapacidad Rocío Belén López (15) y fue condenada a 16 años de prisión, pena que desde hoy comenzará a cumplir en la Unidad Penal V de Mujeres de Miguel Lanús.
La sentencia fue impartida este mediodía por el Tribunal Penal Uno de Posadas, con los votos mayoritarios de los magistrados Gustavo Bernie y Miguel Mattos (subrogante), quienes se impusieron ante la jueza Viviana Cukla que se inclinó por la absolución.
De acuerdo a la parte resolutiva del fallo, Ramírez fue declarada penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo con circunstancias de atenuación, razón por la cual recibió 16 años de prisión y no perpetua, como había solicitado el fiscal Vladimir Antonio Glinka en su alegato.
Con una votación idéntica, el tribunal también resolvió disponer la inmediata detención de Ramírez, que llegó a este debate libre y se retiró esposada dentro de un vehículo del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), mientras sus familiares desde la vereda reprochan a gritos la resolución.
Los jueces Mattos y Bernie se impusieron con los votos y la decisión final fue condenar a la imputada.
El caso
La muerte de Belén López se registró el 23 de julio de 2013 en la casa de su madre, donde estuvo en forma transitoria durante diez días porque su abuela y tía materna, quienes la cuidaron gran parte de su vida, hicieron un viaje a Corrientes.
La autopsia determinó que la causa de muerte fue vinculante a un cuadro de desnutrición, deshidratación e hipotermia. Apoyado en esa conclusión y en el testimonio vertido por casi una veintena de testigos, el fiscal Glinka consideró que la mujer actuó en forma deliberada y desatendió a su hija con el objetivo de dejarla morir de hambre y sed para “eliminarla de su proyecto de vida”.
A partir de esa hipótesis, el fiscal amplió la acusación inicial de “abandono de persona doblemente agravado por el vínculo y por el resultado muerte” a “homicidio agravado por el vínculo en su modalidad por omisión”.
La defensa, en tanto, encabezada por el defensor oficial Miguel Ángel Varela, cuestionó severamente el informe forense y aseveró que la muerte se dio por causas naturales propias a la enfermedad Síndrome de Rett, factor que no fue tenido en cuenta por el médico encargado de efectuar la autopsia.
También criticó que el fallo no tuvo perspectiva de género y apuntó contra “el patriarcado de dos jueces varones que no entienden nada de las desigualdades que ha sufrido una mujer”.
Varela adelantó que recurrirá la resolución, aunque no confía en que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) revierta la medida y sí en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
Mariela Ramírez se quebró al recibir el abrazo de su hija y familiares después de la sentencia.
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Los 17 policías, entre activos y retirados, detenidos en el marco de la investigación por la desaparición forzada de Mario Fabián Golemba, ocurrida en marzo de 2008, quedaron este jueves bajo arresto domiciliario por disposición de la Justicia Federal de Posadas.
La medida fue adoptada por la magistrada María Verónica Skanata, titular del Juzgado Federal de Posadas, y la fiscal Silvina Gutiérrez analiza si presenta un recurso de apelación.
El beneficio alcanza a los 16 efectivos que habían sido detenidos durante los allanamientos realizados el lunes a la mañana y a Alfredo Lorenzo Ortiz, quien se presentó posteriormente de manera espontánea ante el juzgado.
De esta manera, los 17 sospechosos continuarán sujetos al proceso, aunque ya no permanecerán alojados en dependencias de Gendarmería Nacional. La resolución todavía puede ser apelada por la Fiscalía Federal Dos de Posadas, a cargo de Silvina Gutiérrez.
La investigación busca determinar qué ocurrió con Golemba, quien fue visto por última vez el 27 de marzo de 2008, cuando regresaba a su domicilio en la zona de Dos de Mayo después de haber viajado a Oberá.
La hipótesis de la desaparición forzada
La principal hipótesis que impulsa la Fiscalía Federal sostiene que Golemba fue privado ilegalmente de su libertad y que, posteriormente, habría sido trasladado y sometido a violencia en dependencias policiales.
De acuerdo con los elementos reunidos durante la investigación, distintos testimonios ubicaron al joven dentro de la comisaría de Dos de Mayo durante las horas posteriores a su desaparición.
La pesquisa también apunta a determinar la existencia de un presunto “pacto de silencio institucional” entre integrantes de la Policía para ocultar lo ocurrido y garantizar la impunidad de los responsables.
En ese sentido, la fiscalía analiza no solamente la posible participación de quienes pudieron haber intervenido directamente en la privación de la libertad de Golemba, sino también las conductas de aquellos funcionarios que eventualmente hayan colaborado con el encubrimiento o hayan omitido actuar ante lo sucedido.
Entre los imputados se encuentra el comisario retirado Ewaldo Katz, quien estaba al frente de la comisaría de Dos de Mayo al momento de la desaparición y durante su indagatoria decidió abstenerse de declarar.
Una causa que lleva 18 años
Golemba tenía 27 años cuando desapareció. El 27 de marzo de 2008 había viajado desde Dos de Mayo hasta Oberá para asistir a una consulta médica y posteriormente emprendió el regreso.
Sin embargo, nunca llegó a su casa y desde entonces nada se supo de su paradero.
La causa tuvo durante años una investigación en el ámbito de la Justicia provincial, hasta que posteriormente pasó al fuero federal. Con el avance de la pesquisa comenzaron a incorporarse nuevos testimonios y elementos que permitieron poner el foco sobre el accionar de policías que se encontraban en funciones durante los días posteriores a la desaparición.
Las detenciones concretadas esta semana marcaron un giro significativo en una investigación que llevaba casi dos décadas sin personas imputadas por la desaparición del joven.
Ahora, con los 17 acusados bajo arresto domiciliario, la Justicia Federal deberá avanzar con el análisis de las pruebas y determinar la situación procesal de cada uno de ellos.
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