Judiciales
Misionero nexo entre proveedores y jefes narcos fue condenado por segunda vez
Un misionero que operaba como nexo entre proveedores y jefes narcos fue condenado a seis años de prisión en Córdoba y acumuló su tercera condena -la segunda por narcotráfico-, por lo que ahora deberá purgar tras las rejas una pena única de diez años de cárcel.
El involucrado en esta historia narcocriminal es Gustavo Gabriel González (42), actualmente detenido pero con último domicilio radicado en el barrio Néstor Kirchner de Posadas y quien ya registra otra condena por narcotráfico impartida en 2020 por el Tribunal Oral Federal de Salta.
El posadeño fue recientemente juzgado en la provincia de Córdoba junto a otros siete integrantes de una banda imputada por delitos de asociación ilícita, confabulación, comercialización y transporte de estupefacientes, entre otros.
Según pudo reconstruir La Voz de Misiones en base a documentos recabados, la causa tuvo su inicio en marzo de 2014, cuando los investigadores federales posaron la lupa sobre una banda liderada por Juan Francisco “Gordo Loly” Britos, un hombre con presuntos vínculos con Héctor Alejandro “El Patrón” Gallardo, un sindicado capo de una organización narco acusada de tres homicidios en la zona comprendido en el límite entre las provincias de Santa Fe y Córdoba.
En el marco de la pesquisa contra Britos apareció el nombre del misionero González, quien -según la investigación- operaba como nexo en proveedores y compradores de marihuana.
En esta causa se ventilaron tres hechos, pero el que terminó condenando a González derivó de la incautación de casi 300 kilogramos de marihuana, carga que él había gestionado su compra y organizado su envío desde Paraná hasta Córdoba, donde iba a quedar en manos de la empresa criminal adjudicada a Britos.
El ardid finalmente se llevó adelante entre los días 20 y 24 de noviembre de 2014 y la carga de 276,992 kilogramos de marihuana en total, fue transportada en una Chevrolet S-10 robada pero con documentaciones adulteradas hasta una vivienda en el barrio Talleres Este de Córdoba, donde finalmente arribaron los agentes de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) que ya venían siguiendo a la banda a través de labores de vigilancia y escuchas telefónicas.
A partir de los elementos recabados en la pesquisa, el Tribunal Oral Federal Uno de Córdoba decidió condenar a González a la pena de seis años de prisión como autor de los delitos de comercialización de estupefacientes y encubrimiento agravado por el ánimo de lucro.
Sin embargo, el misionero deberá purgar un total de diez años de prisión, dado que el tribunal decidió unificar su pena teniendo en cuenta otro fallo en su contra dictado en 2020 por el Tribunal Oral Federal de Salta en el marco de otra investigación narcocriminal y en donde su función dentro de la operación fue prácticamente la misma.
La causa salteña
En su prontuario González suma otra dos condenas. Una fue de dos años de prisión en suspenso dictada en agosto de 2014 por Tribunal Penal Uno de Posadas por robo con escalamiento en grado de tentativa y otra de nueve años de cárcel impartida en marzo de 2020 por el mencionado tribunal federal salteño.
Esa causa investigada por autoridades judiciales salteñas fue producto del desprendimiento de una pesquisa local, en la cual un arrepentido aportó datos de una organización que operaba enviando droga desde Misiones hasta Córdoba, donde los líderes del grupo impartían órdenes desde la cárcel.
Allí el nombre de González -nuevamente libre después de la causa de 2014 iniciada en Córdoba- volvió a aparecer y el hombre cumplía la misma función dentro de la estructura criminal: ser el nexo entre los proveedores (esta vez en Paraguay) y los compradores (en Córdoba) de la droga y cabecillas de la maniobra.
El expediente vinculado a ese caso consigna que efectivos de la GNA volvieron a efectuar escuchas telefónicas y vigilancia encubierta, labores mediante las cuales pudieron determinar que en febrero de 2017 la banda iba a preparar el envío de una tonelada de marihuana desde Misiones hasta Córdoba.
En principio, el envío iba a ser de 500 kilogramos de cannabis sativa, pero luego apareció otro “inversor” que aportó el dinero suficiente como para poder llevar adelante la operación por una tonelada y de una sola vez.
Según reconstruyó en el juicio el fiscal Carlos Amad, el dinero -$100.000 en aquel entonces- llegó a manos del misionero González, quien pagó la carga procedente de Paraguay y se encargó de coordinar los preparativos para el transporte, para lo cual tenía listo un camión con un doble fondo acondicionado en la caja.
Sin embargo, la plan se frustró por un desperfecto mecánico que llevó al conductor del cambión abandonar todo y escapar. El rodado fue hallado e incautado a un costado de la ruta nacional 12, a la altura de la localidad de Eldorado, con más de una tonelada de marihuana oculta.

El camión abandonado con una tonelada de marihuana fue incautado el 19 de febrero de 2017 en Eldorado.
Después de ello, uno a uno fueron cayendo los involucrados en la frustrada maniobra, develando que los sindicados líderes del grupo, Juan Marcos Ríos y Roberto “Ñoño” Aguirre, ya estaban presos en distintas unidades penales de Córdoba y que González nuevamente aparecía vinculado al ardid.
El hecho fue ventilado en juicio y el 10 de marzo de 2020 el Tribunal Oral Federal de Salta impartió sentencia, condenando a González a la pena de nueve de prisión por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de participantes, en tanto que otros acusados recibieron condenas de hasta 12 años de encierro.
Durante el proceso de investigación penal, el misionero negó tener vinculación con la carga de una tonelada de marihuana hallada en el camión abandonado, pero los instructores del expediente -entre otras conclusiones- sostuvieron que “González sería un referente para el desarrollo de las actividades ilícitas que se venían planificando, por cuanto era “conocedor” de diferentes personas vinculadas al narcotráfico”, teniendo como prueba de ello el contenido de las interceptaciones telefónicas realizadas.
fallo - condena gonzálezJudiciales
Figura como deudor alimentario y se defiende: “Siempre cumplí con todo”
Marcelo Fabián Dudych (52) es una de las más de 800 personas que figuran en el Registro Público de Alimentantes Morosos de la provincia, aunque alega ser víctima de una “injusticia” y afirma que la “complejidad” de su caso sirve para exponer una problemática que alcanza a muchos hombres en su misma situación.
El abogado, procurador, asesor jurídico en dos municipalidades y pequeño productor rural visitó la redacción de La Voz de Misiones para contar su caso y dio un extenso relato de la historia familiar y de la contienda judicial que lo mantiene en la lista de deudores alimentarios por disposición de la magistrada Graciela Mana, titular del Juzgado de Familia Uno de Posadas.
“Mis hijos nunca se fueron a dormir con hambre. Siempre cumplí con mis obligaciones, pero me cortaron las piernas y me obligaron a correr. Ahora estoy tratando de defenderme de esta injusticia y de toda esta barbarie satánica que me hicieron”, afirmó apenas inició la entrevista.
Dudych relató que toda esta situación tuvo su inicio en 2014, cuando su ex pareja, la también abogada Mariana Lourdes Báez lo denunció por violencia familiar, aunque el conflicto se resolvió en menos de dos meses.
“Jamás ejercí violencia”
“Fue una falsa denuncia la que me hicieron, jamás ejercí violencia alguna. Yo estaba sometido a una constante manipulación por parte de mi ex esposa y mis suegros. Me pusieron de patas en la calle, pero en ese momento pedí apoyo a la iglesia católica, pude arrodillarme ante las circunstancias y en 40 días yo estaba viviendo de nuevo en mi casa, pude reconciliarme y todas las medidas procesales quedaron virtualmente difumadas”, se explayó.
El hombre contó que después de ello convivió once años junto a su pareja y sus dos hijos en una vivienda de Posadas, pero en 2025 el drama se repitió.
“Yo ahí ya tenía a mi primer hijo y volví a convivir once años más. Ahí nace mi otra hija, de actualmente seis años. Yo siempre fui el sostén de esa casa y ruego a Dios que así siga siendo. Así fue como en 2025, estando yo en Concepción de la Sierra, fui notificado de otra exclusión del hogar, ni siquiera estaba en mi casa en Posadas. Sabía que era falsa, porque jamás ejercí acto de violencia”, detalló.
La sorpresa para Dudych llegó después, cuando se enteró que la denuncia había sido radicada por el padre de su pareja, César Antonio Báez, quien lo acusó de “violencia económica” en perjuicio de la mujer, lo que el denunciado niega rotundamente y contraataca.

Marcelo Dudych afirma que la causa inició por una falsa denuncia orquestada por su ex pareja y su ex suegro.
“César tiene una voracidad feroz por el dinero. Él fue el que me denunció, con connivencia de mi ex, pero yo me pregunto cómo es que me denuncia él si no conoce, ni podía conocer la economía de mi hogar. Él estuvo más de diez años sin pisar mi casa”, exclamó Dudych entre lágrimas.
Y alegó: “Mis cuentas estaban todas al día cuando me echaron de mi casa. Mis hijos nunca se fueron a dormir con hambre. Compraba comida para repartir comida a los pobres que tocaban mi casa. La casa la construí yo y el auto estaba a mi nombre. Siempre me hice cargo de todo, siempre cumplí con todo. Es impresionante lo que me están haciendo”.
En ese punto también intervino Lucas Ortega, abogado defensor de Dudych, quien sostuvo que “la vivienda, el mobiliario del hogar y el vehículo son conceptos que cuentan como cuota alimentaria. Esto fue una estrategia montada a partir de la denuncia del abuelo de los chicos con el objetivo de poner a Marcelo en una situación de indefensión porque su estudio jurídico está integrado a su domicilio y hoy no puede ni acercarse a ese lugar, es decir, lo dejaron sin trabajo”.
Ortega entiende que “acá hay que alcanzar un equilibrio en el uso de las medidas cautelares, porque estas clases de medidas no resuelven la cuestión de fondo y los chicos pasan a ser un instrumento de presión”.
“Quiere que pague dos veces”
Respecto a la cuestión puntual del reclamo alimentario, Dudych aseguró que “mi ex hoy me pide 24 meses de alimentos atrasados, pero hasta el 19 de febrero de 2025, que fue cuando me notificaron la exclusión de hogar, yo había pagado en especias. Yo tenía las cuentas al día, en mi casa no faltaba nada si en la convivencia yo pagaba todo. Lo que pasa es que ahora ella pretende que yo vuelva a pagar todo en eso en dinero en efectivo, o sea, que pague dos veces lo mismo. Entonces estoy siendo sometido a una situación de fraude y por eso hice una contra denuncia por defraudación en grado de tentativa”.
El hombre, además, puso en números el reclamo y argumentó que la suma requerida es “exorbitante” para su capacidad económica. “Yo le venía girando dinero conforme a mis capacidades, pero ella pretende que yo le pase dos salarios mínimo, vital y móvil por cada hijo, es decir, aproximadamente 1,4 millones de pesos, suma que yo no alcanzo en bruto durante el mes, mucho menos excluido de mi trabajo”, explicó mientras mostraba su recibo de sueldo como asesor jurídico de Tres Capones, cuyos haberes ascienden a 250.000 pesos, que encima se encuentran embargados por este litigio.
“Ella especuló que yo cobraría 2,5 millones, cuando yo cobro 250 mil. Es extraordinaria la suma que ella pretende que yo le pase, excede mi capacidad económica. Ella dice que tengo campos y haciendas. Tengo una chacra de 12 hectáreas en el registro de agricultora familiar y por tener dos novillos y cuatro vacas tampoco soy un hacendado. Soy productor agropecuario primario”, añadió.

El abogado Lucas Ortega acciona como defensor de Dudych en la causa.
“Soy un muerto civil”
La causa hoy tiene al abogado Ortega como defensor de Dudych, articulando presentaciones y solicitudes a fin de revertir esta situación. Para el letrado, el solo hecho de que su defendido tenga el sueldo embargado ya es suficiente argumento para justificar el pago de la cuota alimentaria y, en consecuencia, la acción inmediata será solicitar su exclusión del registro.
Pero el trabajo no termina ahí. Ortega también busca que Dudych pueda reencontrarse con sus hijos, a quienes no ve hace seis meses, a pesar de un acuerdo de contacto y comunicación homologado por la misma jueza Mana, medida que la ex pareja del hombre incumple.
“Yo hoy soy un muerto civil. Ella me pidió la prohibición de salida del país y lo obtuvo. Pidió que no me renueven el carnet y lo tuvo. Me inscribió en el registro y me escrachó en todas las redes sociales. Yo no puedo ni trabajar porque los expedientes de mis clientes están en mi casa. Eso significa una catástrofe profesional para mí y un daño en lo justiciable para mis clientes”, graficó el denunciado.
Dudych tampoco se ahorró en críticas hacia el sistema y cuestionó el rol de magistrados que dictan medidas sin oír todas las partes.
“Acá hay jueces que sin conocer y sin indagar, reciben la denuncia y sentencian para resguardarse de alguna eventualidad periodística. Yo cuando todo este infierno termine sé que voy a trabajar para que estas situaciones no vuelven a repetirse con nadie. Yo acá solo quiero que se me escuche, que me dejen ser papá y que me dejen pagar a mí mis obligaciones”, cerró.
Apoderado legal de dos municipios en lista de deudores alimentarios
Judiciales
Imputaron al ex convicto detenido por el crimen del productor Von Steiger
El ex convicto detenido por el asesinato a machetazos de su patrón, el productor agrícola Hugo Orlando Von Steiger (75), se abstuvo de declarar y fue imputado por homicidio agravado.
La audiencia de declaración indagatoria se concretó en las últimas horas y fue realizada ante la magistrada Adriana Zajackowski, titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Oberá, pero actualmente a cargo por subrogancia del Juzgado de Instrucción Uno de la misma circunscripción judicial.
Frente a ella compareció Samuel de Almeida (45), ex convicto y peón rural de la víctima, quien decidió guardar silencio y acto seguido fue imputado preliminarmente por “homicidio agravado”.
De esta manera, el sospechoso continuará privado de su libertad y su futuro dependerá de los elementos probatorios que los instructores de la causa logren reunir para esclarecer el hecho.
El crimen de Von Steiger se registró el 9 de enero, cuando su cuerpo fue encontrado a un costado de su camioneta Volkswagen Saveiro sobre un camino vecinal en una zona de plantaciones en el límite entre Oberá y General Alvear.
El hombre presentaba múltiples lesiones de machetazos en miembros inferiores, superiores, tórax y rostro.
De Almeida fue la última persona vista junto a la víctima y después del hecho permaneció prófugo casi un día, hasta que efectivos policiales lo capturaron a unos 25 kilómetros de la escena del crimen.
El sospechoso trabajaba como peón de Von Steiger hace unos tres años. Antes de eso estuvo cuatro años preso por un delito contra la integridad sexual.
Atrapan a ex convicto acusado de matar a machetazos al productor Von Steiger
Judiciales
Fopea “deplora” el intento de censura del ex juez Reyes contra LVM
El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) se hizo eco del intento de censura contra La Voz de Misiones y mediante un comunicado expresó que “deplora” el accionar del abogado y ex juez penal José Antonio Reyes, autor de una carta documento enviada a este medio.
El caso fue relevado por integrantes del monitoreo de libertad de expresión de Fopea, quienes se interiorizaron en la situación y resolvieron expresar su postura a favor de La Voz de Misiones.
En el mismo comunicado señalaron que “Fopea advierte que pretender impedir o condicionar la publicación de información veraz sobre hechos juzgados constituye un intento de censura, incompatible con los principios constitucionales que protegen la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada”.
“La existencia de resoluciones judiciales refuerza el carácter público de la información difundida y el derecho de los medios a darla a conocer”, consignan después y cierran: “Reafirmamos que la libertad de expresión y el derecho a la información son pilares esenciales del sistema democrático, que deben ser garantizados y protegidos frente a cualquier intento de restricción”.
El intento de censura contra LVM provino de parte del ex juez penal de Apóstoles José Antonio Reyes –destituido en 2007-, quien ahora se desempeña como abogado particular y actuó como defensor de una pareja de bonaerenses condenada por participar de una maniobra de entrega de bebés en Concepción de la Sierra, ardid que fue expuesto por este medio mediante un informe publicado el pasado 5 de enero.
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Ex juez pide censura a LVM por nota sobre entrega de bebés en Concepción
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