Judiciales
Misionero nexo entre proveedores y jefes narcos fue condenado por segunda vez
Un misionero que operaba como nexo entre proveedores y jefes narcos fue condenado a seis años de prisión en Córdoba y acumuló su tercera condena -la segunda por narcotráfico-, por lo que ahora deberá purgar tras las rejas una pena única de diez años de cárcel.
El involucrado en esta historia narcocriminal es Gustavo Gabriel González (42), actualmente detenido pero con último domicilio radicado en el barrio Néstor Kirchner de Posadas y quien ya registra otra condena por narcotráfico impartida en 2020 por el Tribunal Oral Federal de Salta.
El posadeño fue recientemente juzgado en la provincia de Córdoba junto a otros siete integrantes de una banda imputada por delitos de asociación ilícita, confabulación, comercialización y transporte de estupefacientes, entre otros.
Según pudo reconstruir La Voz de Misiones en base a documentos recabados, la causa tuvo su inicio en marzo de 2014, cuando los investigadores federales posaron la lupa sobre una banda liderada por Juan Francisco “Gordo Loly” Britos, un hombre con presuntos vínculos con Héctor Alejandro “El Patrón” Gallardo, un sindicado capo de una organización narco acusada de tres homicidios en la zona comprendido en el límite entre las provincias de Santa Fe y Córdoba.
En el marco de la pesquisa contra Britos apareció el nombre del misionero González, quien -según la investigación- operaba como nexo en proveedores y compradores de marihuana.
En esta causa se ventilaron tres hechos, pero el que terminó condenando a González derivó de la incautación de casi 300 kilogramos de marihuana, carga que él había gestionado su compra y organizado su envío desde Paraná hasta Córdoba, donde iba a quedar en manos de la empresa criminal adjudicada a Britos.
El ardid finalmente se llevó adelante entre los días 20 y 24 de noviembre de 2014 y la carga de 276,992 kilogramos de marihuana en total, fue transportada en una Chevrolet S-10 robada pero con documentaciones adulteradas hasta una vivienda en el barrio Talleres Este de Córdoba, donde finalmente arribaron los agentes de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) que ya venían siguiendo a la banda a través de labores de vigilancia y escuchas telefónicas.
A partir de los elementos recabados en la pesquisa, el Tribunal Oral Federal Uno de Córdoba decidió condenar a González a la pena de seis años de prisión como autor de los delitos de comercialización de estupefacientes y encubrimiento agravado por el ánimo de lucro.
Sin embargo, el misionero deberá purgar un total de diez años de prisión, dado que el tribunal decidió unificar su pena teniendo en cuenta otro fallo en su contra dictado en 2020 por el Tribunal Oral Federal de Salta en el marco de otra investigación narcocriminal y en donde su función dentro de la operación fue prácticamente la misma.
La causa salteña
En su prontuario González suma otra dos condenas. Una fue de dos años de prisión en suspenso dictada en agosto de 2014 por Tribunal Penal Uno de Posadas por robo con escalamiento en grado de tentativa y otra de nueve años de cárcel impartida en marzo de 2020 por el mencionado tribunal federal salteño.
Esa causa investigada por autoridades judiciales salteñas fue producto del desprendimiento de una pesquisa local, en la cual un arrepentido aportó datos de una organización que operaba enviando droga desde Misiones hasta Córdoba, donde los líderes del grupo impartían órdenes desde la cárcel.
Allí el nombre de González -nuevamente libre después de la causa de 2014 iniciada en Córdoba- volvió a aparecer y el hombre cumplía la misma función dentro de la estructura criminal: ser el nexo entre los proveedores (esta vez en Paraguay) y los compradores (en Córdoba) de la droga y cabecillas de la maniobra.
El expediente vinculado a ese caso consigna que efectivos de la GNA volvieron a efectuar escuchas telefónicas y vigilancia encubierta, labores mediante las cuales pudieron determinar que en febrero de 2017 la banda iba a preparar el envío de una tonelada de marihuana desde Misiones hasta Córdoba.
En principio, el envío iba a ser de 500 kilogramos de cannabis sativa, pero luego apareció otro “inversor” que aportó el dinero suficiente como para poder llevar adelante la operación por una tonelada y de una sola vez.
Según reconstruyó en el juicio el fiscal Carlos Amad, el dinero -$100.000 en aquel entonces- llegó a manos del misionero González, quien pagó la carga procedente de Paraguay y se encargó de coordinar los preparativos para el transporte, para lo cual tenía listo un camión con un doble fondo acondicionado en la caja.
Sin embargo, la plan se frustró por un desperfecto mecánico que llevó al conductor del cambión abandonar todo y escapar. El rodado fue hallado e incautado a un costado de la ruta nacional 12, a la altura de la localidad de Eldorado, con más de una tonelada de marihuana oculta.

El camión abandonado con una tonelada de marihuana fue incautado el 19 de febrero de 2017 en Eldorado.
Después de ello, uno a uno fueron cayendo los involucrados en la frustrada maniobra, develando que los sindicados líderes del grupo, Juan Marcos Ríos y Roberto “Ñoño” Aguirre, ya estaban presos en distintas unidades penales de Córdoba y que González nuevamente aparecía vinculado al ardid.
El hecho fue ventilado en juicio y el 10 de marzo de 2020 el Tribunal Oral Federal de Salta impartió sentencia, condenando a González a la pena de nueve de prisión por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de participantes, en tanto que otros acusados recibieron condenas de hasta 12 años de encierro.
Durante el proceso de investigación penal, el misionero negó tener vinculación con la carga de una tonelada de marihuana hallada en el camión abandonado, pero los instructores del expediente -entre otras conclusiones- sostuvieron que “González sería un referente para el desarrollo de las actividades ilícitas que se venían planificando, por cuanto era “conocedor” de diferentes personas vinculadas al narcotráfico”, teniendo como prueba de ello el contenido de las interceptaciones telefónicas realizadas.
Judiciales
Perpetua para los sicarios brasileños por el asesinato de Cristian Díaz
Hay dos nuevos condenados a prisión perpetua en Misiones. Se trata de los brasileños David Weslley De Oliveira Silva (24) y Gabriel Junior Guimaraes Da Silva (24), quienes hoy al mediodía fueron hallados culpables del asesinato de Cristian Díaz (34), cometido el 8 de mayo de 2022 en el barrio Yacyretá de Posadas.
Los jóvenes oriundos de Porto Alegre fueron condenados como coautores del delito de “homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y uso de arma de fuego” y recibieron la pena de prisión perpetua, lo que equivale a 35 años de prisión efectiva, ante lo cual deberán permanecer privados de su libertad hasta 2057.
La sentencia fue impartida este mediodía por el Tribunal Penal Dos de Posadas, integrado por los magistrados César Yaya -presidente-, Martín Rau y Gregorio Busse, quienes coincidieron parcialmente con el pedido planteado por el fiscal Vladimir Glinka, ya que eliminaron el agravante de alevosía.
Para el fiscal no hubo dudas en la coautoría del hecho. “Weslley fue el tirador, Guimaraes asistió con su presencia en el lugar y Leche dio el apoyo logístico necesario”, argumentó Glinka.
Leche se trata de Héctor Rodríguez, tercer implicado en la causa que permanece prófugo desde el día del hecho. El hombre les brindó alojamiento en un “búnker” del barrio Luis Piedrabuena y además de aportar recursos también ofició como chofer de los extranjeros, tanto en la ida como en la fuga.

David Weslley De Oliveira Silva fue quien empuñó el arma y disparó siete veces contra la víctima, según pericias que ponderó el fiscal.
“Acuerdo de voluntades”
El representante de la fiscalía apoyó su teoría en la batería de pericias balísticas y en el testimonio brindado por vecinos que ubicaron a los sospechosos en la escena.
“Esto no pasó de arrebato. Acá hubo un acuerdo de voluntades entre Leche y los imputados para que Diez muera. Cada uno sabía lo que tenía que hacer. Había un plan para que todo que impune, un plan que se pensó bien, pero que se ejecutó mal”, desarrolló Glinka.
El fiscal puso sobre el tapete que entre la víctima y Leche existía un “estrecho vínculo previo”, posiblemente relacionado a la venta de estupefacientes, aunque consideró esa hipótesis no modificaba el escenario probado.
Glinka reconstruyó que en esa madrugada del 8 de mayo, Leche trasladó en su Fiat Duna a los extranjeros hasta el kiosco que Díaz abría por las noches en el barrio Yacyretá, donde los ahora condenados atacaron a tiros a la víctima a través de la ventana.
“No había ningún riesgo para ellos. Díaz no estaba armado y estaba enrejado. En esas condiciones, Weslley apuntó y disparó con una 9 milímetros. El primer disparo pegó en un mueble. Ahí Díaz se cae y queda acostado. Weslley ingresó la mano y tiró seis veces más, todas al cuerpo”, detalló.
Para el fiscal fueron clave los resultados de pericias balística, principalmente los exámenes científicos que encontraron presencia de “residuos de disparos” en la vestimenta de ambos involucrados, como así también en el habitáculo del Fiat Duna.

Gabriel Junior Guimaraes Da Silva llegó a Misiones con Weslley, estuvo con él en la escena y fue detenido con él.
Aventura
La abogada Ramona Gómez, defensora particular de los acusados, en tanto, solicitó la absolución de ambos al considerar que la autoría del hecho no estaba probada o, en su defecto, había dudas.
De manera subsidiaria, solicitó que, en caso de que el tribunal decidiera un fallo condenatorio, aplique una sentencia acorde a un homicidio simple para Weslley, mientras que para Guimareas correspondía la absolución o una pena menor como partícipe secundario.
Gómez planteó que “todo condice más con la versión de mis asistidos que con la hipótesis del fiscal” y recordó la declaración en la que Weslley afirmó haber llegado a Posadas para visitar a una mujer que había conocido en las playas de Florianópolis, tras lo cual conocieron de casualidad de Leche y en las noches que compartieron con él fueron testigos del crimen de Díaz.
“Eran dos chicos de 20 años que ingresaron a nuestro país impulsado por la aventura de uno de ellos”, señaló la letrada en relación y agregó que los imputados “han estado en el lugar y en el momento equivocado ya que se juntaron con una persona que no gozaba de la mejor conducta”.
“Es Rodríguez la persona que podía dar explicaciones más claras sobre lo sucedido, pero no lo tenemos en esta sala”, reclamó.
Antes de oír la sentencia, los dos jóvenes dieron sus últimas palabras y coincidieron al sostener su inocencia y reclamar que sus familias esperan por ellos en Brasil.
Piden prisión perpetua para brasileños acusados de acribillar a Cristian Díaz
Judiciales
Piden prisión perpetua para brasileños acusados de acribillar a Cristian Díaz
En la cuarta audiencia del juicio oral, el fiscal Vladimir Glinka solicitó la pena de prisión perpetua para los dos presuntos sicarios brasileños acusados de asesinar a balazos a Cristian Díaz (34), hecho cometido el 8 de mayo de 2022 en el barrio Yacyretá de Posadas.
Para el fiscal, no hubo dudas en la participación de los extranjeros en el hecho y los acusó como coautores del delito de “homicidio doblemente calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y alevosía“.
“Weslley fue el tirador, Guimaraes asistió con su presencia en el lugar y Leche dio el apoyo logístico necesario”, argumentó Glinka.
Leche se trata de Héctor Rodríguez, tercer implicado en la causa que permanece prófugo desde el día del hecho.
El representante de la fiscalía apoyó su teoría en la batería de pericias balísticas y en el testimonio brindado por vecinos que ubicaron a los sospechosos en la escena.
Ahora será el turno de alegar de Ramona Gómez, abogada defensora particular de los imputados Gabriel Junior Guimaraes Da Silva (24) y David Weslley De Olveira Silva (24).
Crimen de Díaz: de los tiros, a la pista del Duna y la captura de los brasileños
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Crimen de Díaz: de los tiros, a la pista del Duna y la captura de los brasileños
Cinco testigos declararon hoy en la tercera audiencia del juicio oral para esclarecer el crimen del kiosquero Cristian Díaz (34), hecho por el cual hay dos presuntos sicarios brasileños sentados en el banquillo de los acusados, y la etapa de incorporación de pruebas culminará mañana, tras lo cual se dará inicio a la ronda de alegatos.
Entre los testigos del día estuvieron Celeste Soto, viuda de Díaz, como así también una vecina, un taxista y dos comisarios que intervinieron en la pesquisa que permitió dar con los ahora imputados Gabriel Junior Guimaraes Da Silva (24) y David Weslley De Olveira Silva (24), quienes enfrentan una acusación por “homicidio doblemente calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y alevosía”, figura que prevé una pena de prisión perpetua.
Soto fue la primera en pasar a la sala de debates del Tribunal Penal Dos de Posadas y ante los magistrados contó que en la madrugada del hecho ella estaba mirando tele mientras su marido atendía el kiosco que tenían en su casa ubicada en la chacra 94 del barrio Yacyretá.
La viuda señaló que, si bien no alcanzó a ver nadie, sí escuchó que poco antes del ataque oyó que su marido “estaba hablando como en broma en portugués”. Al mismo tiempo, negó que clientes brasileños hayan ido a su comercio días antes del crimen como afirmaron los sospechosos en sus declaraciones dada en instrucción.
En segundo turno declaró Patricia Galeano, una de las vecinas que llegó a aportar datos que fueron clave para la detención de los extranjeros. “Yo ya estaba en mi casa y escuché los tiros. Después vi que dos personas pasaron corriendo y se subieron a un auto blanco”, recordó.

El Duna blanco con luces rotas fue captado por cámaras del 911 y más tarde localizado en el barrio Luis Piedrabuena.
El Duna y el “búnker”
Ese auto se trataba de un Fiat Duna blanco, con luces rotas tanto adelante como atrás, detalles particulares que permitieron ubicarlo en cámaras de seguridad y llegar hasta una casa del barrio Luis Piedrabuena donde los presuntos sicarios se alojaron cinco días del ataque.
Sobre ese mismo punto fueron interrogados los comisarios Oscar Sánchez y Antonio Comes. El primero de ellos era jefe de la comisaría Sexta, dependencia donde Guimaraes Da Silva estuvo preso inicialmente y se hizo viral por un video filmado desde su celda, episodio que derivó en el desplazamiento de la cúpula.
Sánchez recordó como jefe de la seccional arribó a la escena del hecho y participó de la primera toma de testimoniales con vecinos del barrio, instancia en la que le comentaron que después de los tiros vieron a dos personas correr del lugar y describieron que “uno era más bajito y el otro más alto”, contexturas que coinciden con los imputados.
Comes, ex jefe de la Dirección Homicidios, por su parte, resaltó que el dato del Fiat Duna blanco fue trascendental. Gracias a la descripción del vehículo, agentes del 911 lograron ubicarlo cruzando la avenida Quaranta en dirección hacia el barrio Luis Piedrabuena, donde tras un seguimiento encubierto descubrieron el momento exacto en que los sospechosos tomaron un taxi en dirección a la terminal.
“Estaban en una casa que era conocida como un búnker por los vecinos. Era un inmueble de dos plantas, semiabandonado”, describió Comes en referencia a la propiedad que pertenecía a Héctor Rodríguez, alias Leche, sindicado como el hombre que hospedó y ejerció como chofer de los presuntos de sicarios con su Fiat Duna.
“Lo seguí en mi auto y en la terminal los identificamos. Ahí quedaron detenidos. El más alto de ellos estaba más nervioso”, recordó Comes sobre la detención de los sospechosos, quienes ya tenían un pasaje rumbo a Santo Tomé para desde ahí regresar a su país.

El debate se realiza en el Tribunal Penal Dos de Posadas.
Cierre y alegatos
Como ocurrió en la primera audiencia, el fiscal Vladimir Glinka y la defensora particular Ramona Gómez acordaron desistir de tres testigos que estaban citados, entre ellos uno de identidad reservada.
Para mañana, en tanto, queda pendiente la recepción de los dos últimos testimonios. Se trata de una pareja que residía en el barrio Yacyretá pero que hoy no comparecieron y a pedido del tribunal se profundizará en la localización de ambos para llevarlos a declarar. Después de ello se dará inicio a la ronda de alegatos.
El debate se realiza en el TP Dos de Posadas, bajo la presidencia del magistrado César Yaya y el acompañamiento de Martín Rau y Gregorio Busse como vocales.
Cristian Díaz fue acribillado en la madrugada del 8 de mayo de 2022. Sus asesinos se presentaron en su kiosco de bebidas y lo ejecutaron de seis balazos. Uno de los proyectiles quedó alojado en su cerebro.
Los imputados admiten su presencia en la escena del hecho, pero niegan el crimen. En una declaración dada en instrucción, Weslley De Olveira Silva sostuvo que ellos fueron a comprar bebidas y en el kiosco había otra persona que abrió fuego contra la víctima.
Si bien no llegó a acreditarse, una hipótesis del caso es que detrás del crimen hay trasfondo vinculado al narcotráfico y que los ciudadanos oriundos de Porto Alegre son asesinos a sueldo que pertenecen a la organización criminal brasileña Bala Na Cara.
Juicio a sicarios: Díaz esquivó el primer disparo y recibió seis en el piso
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