Judiciales
Misionero nexo entre proveedores y jefes narcos fue condenado por segunda vez
Un misionero que operaba como nexo entre proveedores y jefes narcos fue condenado a seis años de prisión en Córdoba y acumuló su tercera condena -la segunda por narcotráfico-, por lo que ahora deberá purgar tras las rejas una pena única de diez años de cárcel.
El involucrado en esta historia narcocriminal es Gustavo Gabriel González (42), actualmente detenido pero con último domicilio radicado en el barrio Néstor Kirchner de Posadas y quien ya registra otra condena por narcotráfico impartida en 2020 por el Tribunal Oral Federal de Salta.
El posadeño fue recientemente juzgado en la provincia de Córdoba junto a otros siete integrantes de una banda imputada por delitos de asociación ilícita, confabulación, comercialización y transporte de estupefacientes, entre otros.
Según pudo reconstruir La Voz de Misiones en base a documentos recabados, la causa tuvo su inicio en marzo de 2014, cuando los investigadores federales posaron la lupa sobre una banda liderada por Juan Francisco “Gordo Loly” Britos, un hombre con presuntos vínculos con Héctor Alejandro “El Patrón” Gallardo, un sindicado capo de una organización narco acusada de tres homicidios en la zona comprendido en el límite entre las provincias de Santa Fe y Córdoba.
En el marco de la pesquisa contra Britos apareció el nombre del misionero González, quien -según la investigación- operaba como nexo en proveedores y compradores de marihuana.
En esta causa se ventilaron tres hechos, pero el que terminó condenando a González derivó de la incautación de casi 300 kilogramos de marihuana, carga que él había gestionado su compra y organizado su envío desde Paraná hasta Córdoba, donde iba a quedar en manos de la empresa criminal adjudicada a Britos.
El ardid finalmente se llevó adelante entre los días 20 y 24 de noviembre de 2014 y la carga de 276,992 kilogramos de marihuana en total, fue transportada en una Chevrolet S-10 robada pero con documentaciones adulteradas hasta una vivienda en el barrio Talleres Este de Córdoba, donde finalmente arribaron los agentes de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) que ya venían siguiendo a la banda a través de labores de vigilancia y escuchas telefónicas.
A partir de los elementos recabados en la pesquisa, el Tribunal Oral Federal Uno de Córdoba decidió condenar a González a la pena de seis años de prisión como autor de los delitos de comercialización de estupefacientes y encubrimiento agravado por el ánimo de lucro.
Sin embargo, el misionero deberá purgar un total de diez años de prisión, dado que el tribunal decidió unificar su pena teniendo en cuenta otro fallo en su contra dictado en 2020 por el Tribunal Oral Federal de Salta en el marco de otra investigación narcocriminal y en donde su función dentro de la operación fue prácticamente la misma.
La causa salteña
En su prontuario González suma otra dos condenas. Una fue de dos años de prisión en suspenso dictada en agosto de 2014 por Tribunal Penal Uno de Posadas por robo con escalamiento en grado de tentativa y otra de nueve años de cárcel impartida en marzo de 2020 por el mencionado tribunal federal salteño.
Esa causa investigada por autoridades judiciales salteñas fue producto del desprendimiento de una pesquisa local, en la cual un arrepentido aportó datos de una organización que operaba enviando droga desde Misiones hasta Córdoba, donde los líderes del grupo impartían órdenes desde la cárcel.
Allí el nombre de González -nuevamente libre después de la causa de 2014 iniciada en Córdoba- volvió a aparecer y el hombre cumplía la misma función dentro de la estructura criminal: ser el nexo entre los proveedores (esta vez en Paraguay) y los compradores (en Córdoba) de la droga y cabecillas de la maniobra.
El expediente vinculado a ese caso consigna que efectivos de la GNA volvieron a efectuar escuchas telefónicas y vigilancia encubierta, labores mediante las cuales pudieron determinar que en febrero de 2017 la banda iba a preparar el envío de una tonelada de marihuana desde Misiones hasta Córdoba.
En principio, el envío iba a ser de 500 kilogramos de cannabis sativa, pero luego apareció otro “inversor” que aportó el dinero suficiente como para poder llevar adelante la operación por una tonelada y de una sola vez.
Según reconstruyó en el juicio el fiscal Carlos Amad, el dinero -$100.000 en aquel entonces- llegó a manos del misionero González, quien pagó la carga procedente de Paraguay y se encargó de coordinar los preparativos para el transporte, para lo cual tenía listo un camión con un doble fondo acondicionado en la caja.
Sin embargo, la plan se frustró por un desperfecto mecánico que llevó al conductor del cambión abandonar todo y escapar. El rodado fue hallado e incautado a un costado de la ruta nacional 12, a la altura de la localidad de Eldorado, con más de una tonelada de marihuana oculta.
El camión abandonado con una tonelada de marihuana fue incautado el 19 de febrero de 2017 en Eldorado.
Después de ello, uno a uno fueron cayendo los involucrados en la frustrada maniobra, develando que los sindicados líderes del grupo, Juan Marcos Ríos y Roberto “Ñoño” Aguirre, ya estaban presos en distintas unidades penales de Córdoba y que González nuevamente aparecía vinculado al ardid.
El hecho fue ventilado en juicio y el 10 de marzo de 2020 el Tribunal Oral Federal de Salta impartió sentencia, condenando a González a la pena de nueve de prisión por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de participantes, en tanto que otros acusados recibieron condenas de hasta 12 años de encierro.
Durante el proceso de investigación penal, el misionero negó tener vinculación con la carga de una tonelada de marihuana hallada en el camión abandonado, pero los instructores del expediente -entre otras conclusiones- sostuvieron que “González sería un referente para el desarrollo de las actividades ilícitas que se venían planificando, por cuanto era “conocedor” de diferentes personas vinculadas al narcotráfico”, teniendo como prueba de ello el contenido de las interceptaciones telefónicas realizadas.
Tras la condena a 16 de años de prisión impartida contra la empleada municipal Mariela Andrea Ramírez (48), acusada por la muerte de su hija con discapacidad Rocío Belén López (15), el abogado defensor oficial se despachó con críticas hacia parte del tribunal encargado de emitir la sentencia y adelantó que recurrirá el fallo, aunque tampoco confía que el Superior Tribunal Justicia (STJ) revierta la medida.
“Primó el patriarcado de dos jueces varones que no entienden nada sobre las desigualdades que ha sufrido una mujer”, manifestó Miguel Ángel Varela, haciendo referencia a los magistrados Gustavo Bernie y Miguel Mattos, quienes por mayoría decidieron condenar a la imputada y se impusieron frente a la jueza Viviana Cukla que opinó por la absolución.
Para el funcionario, hubo dos factores clave en el fallo: la “ignorancia” y la “falta de perspectiva de género”.
“En el caso de las vecinas, que supieron de la existencia de Belén, cinco años antes, no sabían de la enfermedad y es comprensible que confundieran, pero que el médico que hizo la autopsia no supiera nada de las manifestaciones y síntomas del Síndrome de Rett y que en base a esa ignorancia se condene a una mujer sin que se sepa la causa de muerte me parece lamentable”, apuntó.
Y sobre el segundo punto planteó que “no tener la perspectiva de género es vergonzoso”, instancia en la que también aprovechó para lanzar críticas hacia el fiscal Vladimir Glinka.
“Se la pasa llevando información a los diarios y no sé si será parte de una campaña de él para un cargo superior. Yo no busco prensa, esto es una cosa que surge del debate. Yo no llamo a la prensa ni buscando una foto”, disparó.
En esa línea, Varela adelantó que recurrirá la sentencia, aunque no espera una revisión favorable por parte del STJ.
“No sé si en el STJ se revierte esto, por el poder que tiene el señor fiscal y el cuál está usando. Quiero creer que la Corte Suprema sí va a revertir”, cerró.
Caso Belén: su madre fue condenada por homicidio y recibió 16 años de prisión
La empleada municipal Mariela Andrea Ramírez (48) fue declarada responsable por el homicidio de su hija con discapacidad Rocío Belén López (15) y fue condenada a 16 años de prisión, pena que desde hoy comenzará a cumplir en la Unidad Penal V de Mujeres de Miguel Lanús.
La sentencia fue impartida este mediodía por el Tribunal Penal Uno de Posadas, con los votos mayoritarios de los magistrados Gustavo Bernie y Miguel Mattos (subrogante), quienes se impusieron ante la jueza Viviana Cukla que se inclinó por la absolución.
De acuerdo a la parte resolutiva del fallo, Ramírez fue declarada penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo con circunstancias de atenuación, razón por la cual recibió 16 años de prisión y no perpetua, como había solicitado el fiscal Vladimir Antonio Glinka en su alegato.
Con una votación idéntica, el tribunal también resolvió disponer la inmediata detención de Ramírez, que llegó a este debate libre y se retiró esposada dentro de un vehículo del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), mientras sus familiares desde la vereda reprochan a gritos la resolución.
Los jueces Mattos y Bernie se impusieron con los votos y la decisión final fue condenar a la imputada.
El caso
La muerte de Belén López se registró el 23 de julio de 2013 en la casa de su madre, donde estuvo en forma transitoria durante diez días porque su abuela y tía materna, quienes la cuidaron gran parte de su vida, hicieron un viaje a Corrientes.
La autopsia determinó que la causa de muerte fue vinculante a un cuadro de desnutrición, deshidratación e hipotermia. Apoyado en esa conclusión y en el testimonio vertido por casi una veintena de testigos, el fiscal Glinka consideró que la mujer actuó en forma deliberada y desatendió a su hija con el objetivo de dejarla morir de hambre y sed para “eliminarla de su proyecto de vida”.
A partir de esa hipótesis, el fiscal amplió la acusación inicial de “abandono de persona doblemente agravado por el vínculo y por el resultado muerte” a “homicidio agravado por el vínculo en su modalidad por omisión”.
La defensa, en tanto, encabezada por el defensor oficial Miguel Ángel Varela, cuestionó severamente el informe forense y aseveró que la muerte se dio por causas naturales propias a la enfermedad Síndrome de Rett, factor que no fue tenido en cuenta por el médico encargado de efectuar la autopsia.
También criticó que el fallo no tuvo perspectiva de género y apuntó contra “el patriarcado de dos jueces varones que no entienden nada de las desigualdades que ha sufrido una mujer”.
Varela adelantó que recurrirá la resolución, aunque no confía en que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) revierta la medida y sí en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
Mariela Ramírez se quebró al recibir el abrazo de su hija y familiares después de la sentencia.
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Los 17 policías, entre activos y retirados, detenidos en el marco de la investigación por la desaparición forzada de Mario Fabián Golemba, ocurrida en marzo de 2008, quedaron este jueves bajo arresto domiciliario por disposición de la Justicia Federal de Posadas.
La medida fue adoptada por la magistrada María Verónica Skanata, titular del Juzgado Federal de Posadas, y la fiscal Silvina Gutiérrez analiza si presenta un recurso de apelación.
El beneficio alcanza a los 16 efectivos que habían sido detenidos durante los allanamientos realizados el lunes a la mañana y a Alfredo Lorenzo Ortiz, quien se presentó posteriormente de manera espontánea ante el juzgado.
De esta manera, los 17 sospechosos continuarán sujetos al proceso, aunque ya no permanecerán alojados en dependencias de Gendarmería Nacional. La resolución todavía puede ser apelada por la Fiscalía Federal Dos de Posadas, a cargo de Silvina Gutiérrez.
La investigación busca determinar qué ocurrió con Golemba, quien fue visto por última vez el 27 de marzo de 2008, cuando regresaba a su domicilio en la zona de Dos de Mayo después de haber viajado a Oberá.
La hipótesis de la desaparición forzada
La principal hipótesis que impulsa la Fiscalía Federal sostiene que Golemba fue privado ilegalmente de su libertad y que, posteriormente, habría sido trasladado y sometido a violencia en dependencias policiales.
De acuerdo con los elementos reunidos durante la investigación, distintos testimonios ubicaron al joven dentro de la comisaría de Dos de Mayo durante las horas posteriores a su desaparición.
La pesquisa también apunta a determinar la existencia de un presunto “pacto de silencio institucional” entre integrantes de la Policía para ocultar lo ocurrido y garantizar la impunidad de los responsables.
En ese sentido, la fiscalía analiza no solamente la posible participación de quienes pudieron haber intervenido directamente en la privación de la libertad de Golemba, sino también las conductas de aquellos funcionarios que eventualmente hayan colaborado con el encubrimiento o hayan omitido actuar ante lo sucedido.
Entre los imputados se encuentra el comisario retirado Ewaldo Katz, quien estaba al frente de la comisaría de Dos de Mayo al momento de la desaparición y durante su indagatoria decidió abstenerse de declarar.
Una causa que lleva 18 años
Golemba tenía 27 años cuando desapareció. El 27 de marzo de 2008 había viajado desde Dos de Mayo hasta Oberá para asistir a una consulta médica y posteriormente emprendió el regreso.
Sin embargo, nunca llegó a su casa y desde entonces nada se supo de su paradero.
La causa tuvo durante años una investigación en el ámbito de la Justicia provincial, hasta que posteriormente pasó al fuero federal. Con el avance de la pesquisa comenzaron a incorporarse nuevos testimonios y elementos que permitieron poner el foco sobre el accionar de policías que se encontraban en funciones durante los días posteriores a la desaparición.
Las detenciones concretadas esta semana marcaron un giro significativo en una investigación que llevaba casi dos décadas sin personas imputadas por la desaparición del joven.
Ahora, con los 17 acusados bajo arresto domiciliario, la Justicia Federal deberá avanzar con el análisis de las pruebas y determinar la situación procesal de cada uno de ellos.
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