Judiciales
La fiscalía pidió perpetua para Policeno por el femicidio de Betiana Machado
El fiscal Federico Rodríguez solicitó esta mañana la pena de prisión perpetua para Pablo Rafael Álves Policeno (29), único imputado por el femicidio de su ex pareja Beatriz Betiana Machado (17), perpetrado el 24 de julio de 2022 en la localidad de San Antonio, donde ambos residían.
El pedido del representante del Ministerio Público Fiscal fue planteado esta mañana, en el inicio de la ronda de alegatos correspondiente a la última audiencia del juicio oral que se desarrolla en el Tribunal Penal Uno de Eldorado.
En su exposición, Rodríguez consideró plenamente probado el crimen y consideró que la única coartada defensiva fue desarticulada por los elementos incorporados durante el proceso, además de considerarla un “sin sentido”.
“Es muy difícil defender a una persona cuando la única alegación que se hizo aquí fue decir que estaba inconsciente después de un vaso de cerveza y que no se acuerda de nada después de eso. Esto no solo ha desvirtuado por toda la prueba. Esa coartada ha sido deslegitimada por la prueba que se introdujo en el proceso. Además de no tener sentido”, apuntó el fiscal.
Rodríguez reconstruyó que la noche previa al crimen Álves Policeno “persiguió” a Machado hasta el boliche El Cóndor de San Antonio y que a la salida, mientras la joven regresaba a su casa junto a una amiga, él la interceptó en dos oportunidades. En primera instancia hablaron, pero en la segunda la atacó con un cuchillo.
Para graficar la violencia del suceso, repasó que la víctima recibió puñaladas que ocasionaron lesiones en cortantes brazo, antebrazo, cuello, vesícula y espalda, provocando a su vez daños en el riñón y salida de vísceras.
Rodríguez también repasó la historia previa al femicidio, marcada por situaciones de violencia y constantes amenazas de muerte proferidas contra Machado, según describieron varios familiares de la víctima.
“Estamos hablando de sucesos previos de violencia y esto sumado a la anterior condena que tiene el imputado indican inexorablemente la configuración del delito de femicidio, denota el desprecio de la víctima. El imputado no aceptaba que Machado quería dar por terminada la relación”, resumió.
“La atacó aprovechándose de su estado de vulnerabilidad y a sabiendas que sobre él ya pesaba una restricción de acercamiento por violencia familiar. Por el absoluto desprecio por la vida de una mujer y por un rechazo en la continuidad de la pareja decidió asestarle siete puñaladas que provocaron la muerte de la víctima”, ahondó, al tiempo que recordó que el implicado ya tenía una condena en suspenso previa por lesiones leves en contexto de violencia de género.
Ante todo lo expuesto, el fiscal Rodríguez procedió a solicitar la pena de prisión perpetua para Álves Policeno al considerarlo autor de los delitos de “homicidio doblemente agravado por la relación de pareja y por violencia de género (femicidio), en concurso real con desobediencia judicial”.
Lesiones graves
A su turno, la defensora oficial Ana María Mayerhoefer expuso sus conclusiones finales y en esa instancia solicitó que Álves Policeno sea condenado por el delito de “lesiones graves” y no por femicidio.
La letrada consideró probable que efectivamente su defendido experimentara un proceso de “amnesia” como consecuencia de la mezcla de bebidas alcohólicas y energizantes. Además, postuló que Policeno no recuerda nada desde el momento en que salió del boliche, es decir varios minutos antes del ataque.
En esa línea, sostuvo que el encartado debería ser condenado por lesiones graves al plantear que hubo una desviación del nexo causal entre el hecho y la muerte, dado que el deceso se produjo por una sepsis producida después de varios días de internación. “Esa sepsis no ha estado en la mente del imputado”, planteó.
Culminada la etapa de réplicas y dúplicas, el imputado tuvo la oportunidad de brindar sus últimas palabras, pero optó por mantenerse en silencio.
El juicio oral se desarrolla ante el Tribunal Penal Uno de Eldorado, presidido por el magistrado Atilio León e integrado por su par Adriana Andino y Liliana Komisarski (subrogante).
El tribunal pasó a un cuarto intermedio para deliberar y más tarde comunicar la sentencia. La continuidad del proceso puede seguirse en vivo, a través de una transmisión emitida por Youtube: ver en vivo.
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El ex convicto detenido por el asesinato a machetazos de su patrón, el productor agrícola Hugo Orlando Von Steiger (75), se abstuvo de declarar y fue imputado por homicidio agravado.
La audiencia de declaración indagatoria se concretó en las últimas horas y fue realizada ante la magistrada Adriana Zajackowski, titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Oberá, pero actualmente a cargo por subrogancia del Juzgado de Instrucción Uno de la misma circunscripción judicial.
Frente a ella compareció Samuel de Almeida (45), ex convicto y peón rural de la víctima, quien decidió guardar silencio y acto seguido fue imputado preliminarmente por “homicidio agravado”.
De esta manera, el sospechoso continuará privado de su libertad y su futuro dependerá de los elementos probatorios que los instructores de la causa logren reunir para esclarecer el hecho.
El crimen de Von Steiger se registró el 9 de enero, cuando su cuerpo fue encontrado a un costado de su camioneta Volkswagen Saveiro sobre un camino vecinal en una zona de plantaciones en el límite entre Oberá y General Alvear.
El hombre presentaba múltiples lesiones de machetazos en miembros inferiores, superiores, tórax y rostro.
De Almeida fue la última persona vista junto a la víctima y después del hecho permaneció prófugo casi un día, hasta que efectivos policiales lo capturaron a unos 25 kilómetros de la escena del crimen.
El sospechoso trabajaba como peón de Von Steiger hace unos tres años. Antes de eso estuvo cuatro años preso por un delito contra la integridad sexual.
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El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) se hizo eco del intento de censura contra La Voz de Misiones y mediante un comunicado expresó que “deplora” el accionar del abogado y ex juez penal José Antonio Reyes, autor de una carta documento enviada a este medio.
El caso fue relevado por integrantes del monitoreo de libertad de expresión de Fopea, quienes se interiorizaron en la situación y resolvieron expresar su postura a favor de La Voz de Misiones.
En el mismo comunicado señalaron que “Fopea advierte que pretender impedir o condicionar la publicación de información veraz sobre hechos juzgados constituye un intento de censura, incompatible con los principios constitucionales que protegen la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada”.
“La existencia de resoluciones judiciales refuerza el carácter público de la información difundida y el derecho de los medios a darla a conocer”, consignan después y cierran: “Reafirmamos que la libertad de expresión y el derecho a la información son pilares esenciales del sistema democrático, que deben ser garantizados y protegidos frente a cualquier intento de restricción”.
El intento de censura contra LVM provino de parte del ex juez penal de Apóstoles José Antonio Reyes –destituido en 2007-, quien ahora se desempeña como abogado particular y actuó como defensor de una pareja de bonaerenses condenada por participar de una maniobra de entrega de bebés en Concepción de la Sierra, ardid que fue expuesto por este medio mediante un informe publicado el pasado 5 de enero.
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Ex juez pide censura a LVM por nota sobre entrega de bebés en Concepción
José Antonio Reyes, el abogado que pidió censurar a La Voz de Misiones por una nota sobre entrega de bebés que involucraba a dos de sus defendidos, fue juez penal de Apóstoles hasta su destitución en 2007, aunque eso ya se sabía y múltiples publicaciones dan cuenta de ello.
En contrapartida, lo que en estos años pasó desapercibido es que la destitución de Reyes fue ratificada en 2021 por la mismísima Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), hasta donde el ex magistrado recurrió para tratar de revertir el fallo que le quitó el cargo por incumplimiento de sus deberes.
La medida del máximo órgano judicial del país fue firmada por los jueces Carlos Fernando Rosenkratz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Daniel Rosatti, quienes analizaron el recurso de casación interpuesto y desestimaron uno por uno los argumentos esgrimidos por Reyes en su escrito.
La resolución tiene 17 páginas, es información pública en internet y en uno de sus apartados los jueces la Corte concluyen, sin vueltas: “Que, en las condiciones expresadas, no puede ponerse fundadamente en tela de juicio que el ex magistrado fue imputado por un cargo definido, en base a una conducta descripta con suficiente precisión; que pudo ejercer su derecho de defensa, efectuando su descargo sobre la base de los hechos concretos que le fueron imputados; que su conducta fue evaluada y juzgada dentro de un plazo razonable; y que fue destituido, con sustento en los mismos hechos”.
De esta manera, quedó ratificada la destitución resuelta por el jurado de enjuiciamiento que analizó el caso en 2007 y encontró a Reyes responsable de “incumplimiento de sus deberes”.
El pedido de jury había sido formulado por Gabriel Díaz, por aquel entonces gerente regional del banco Macro, quien acusó a Reyes de emitir un recurso de amparo a favor de la empresa “Touché-Moreno Ocampo y Otros UTE” pese a no ser competente.
Esa resolución le permitió a la empresa extraer unos 3 millones de pesos del banco, supuestamente en concepto por pagos pendientes por el cobro tercerizado de morosos de Rentas.
Antes de llegar al jury, el magistrado presentó la renuncia, pero el gobierno no se la aceptó. Tras su destitución, Reyes habló con el diario El Territorio y prometió: “Voy a reclamar hasta la última instancia porque considero justo, se violó mi derecho a la defensa y el debido proceso, eso tilda de nulo el proceso. Es una grosera sentencia”.
Décadas después, la contienda judicial llegó hasta la Corte Suprema, cuyos magistrados entendieron que a Reyes no le asistía la razón.
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